El retorno de la escribanía

Uno de los últimos ataques que se lanzó sobre el primer gobierno de CFK tuvo que ver con lo que se denominó como “baja productividad del Congreso”. Sustentado, claro, y como siempre, en la ignorancia o la mala fe (queda a consideración de cada uno). Tanto del que escribe como del que lee. La “baja productividad” fue por culpa, faltaba más, de la Presidenta y del bloque legislativo que, como en toda democracia seria que se precie de tal, le responde. Las cosas, como siempre con lo que opina el “sentido común” sobre política, son bien distintas. Veamos.

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Poco importa la cantidad de leyes que se sancionan. Es, el cuantitativo, un dato que dice nada. Lo que cuentan son los intereses que defiende y/o afecta el Congreso. Bien me dijo alguna vez Marcelo Koenig que lo que define la tipología de un fenómeno político, cualquiera ése sea, es la composición social de intereses que lo sustenta: por eso, concluye, sólo un idiota o un mala leche puede equiparar al fascismo (representación de clases medias en peligro de descenso social) con el peronismo (fenómeno de clases bajas que buscaban ascenso ciudadano). Volvamos a lo nuestro.

La “baja productividad”, ante todo, corresponde sólo a la segunda mitad del mandato de CFK (‘09/’11), luego de que perdió la mayoría en las elecciones de medio término de 2009. Hasta ese momento, el Congreso, con mayoría kirchnerista (‘07/’09), había producido cuantiosos y profundos cambios, siempre en beneficio de las mayorías populares y desvalidas: movilidad jubilatoria, reestatización de la administración del sistema previsional, Ley de Medios, etc. Esto porque, mal que les pese a algunos, son (y han sido, serán, ojala sigan siendo y está perfecto que sean) los bloques parlamentarios mayoritarios los que cargan con la responsabilidad del funcionamiento de las Cámaras legislativas.

Para más, el Grupo A repartió, los espacios en Comisiones de ambas Cámaras en forma totalmente desconsiderada para con lo que eran, a ese momento, las magnitudes de las representaciones políticas en “el pleno”. Esto es, se atribuyeron en Comisiones un número de sillas porcentualmente superior al que les hubiera correspondido de haber procedido como es regla en el Congreso: trasladando calcado el proporcional del pleno a las Comisiones. En cambio, y valiéndose de una mínima ventaja, avanzaron hasta parecer que poseían mayorías muy superiores a las que realmente detentaban.

Ello produjo una disfuncionalidad operativa importante: los proyectos obtenían dictamen con una rapidez y facilidad que hacían presuponer un consenso superior al que realmente se comprobaba cuando llegaba la hora de debatirlos en sesión, por divergencias al interior del bloque mayoritario, heterogéneo y contradictorio, artificial e inconvenientemente unido (pegado con moco, en realidad). Eso fue lo que ocurrió, y no un supuesto “bloqueo K al Congreso”, que no existió. Al bloque K no le correspondía aportar al quórum, por cuanto nada se le permitía decir acerca de los distintos proyectos de ley. Como hubiese correspondido que ocurriera, si era tan necesario el bloque del FPV para que se garantizara el funcionamiento de las Cámaras.

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Antes y después del período durante el cual hubo la hegemonía (en varios sentidos) del Grupo A –que le significó al país que por primera vez en 28 años de democracia recuperada no se haya sancionado Presupuesto–, con Cristina, por el contrario, el Congreso fue la plataforma ideal de la puesta en escena de grandes debates en la sociedad que hasta entonces parecían vedados siquiera de ser mencionados. Una verdadera metáfora de lo que ha sido el kirchnerismo como proceso histórico socio-político.

En los últimos quince días, en sesiones extraordinarias convocadas por la Presidenta, y merced a la recuperación de fuerzas legislativas que le significó su rotundo triunfo del 23 de octubre de 2011, el Congreso se sacudió la modorra que lo tuvo adormecido durante todo el año y logró sancionar la friolera de doce leyes. Altísima productividad cuantitativa que, ahora, se critica. Prueba de que no era por el cuánto si no por el qué que se criticaba antes y se critica ahora.

Vale recordar que todos los proyectos que el Congreso manejado por el Grupo A pretendió sancionar apuntaban directamente a revertir el proceso de recupero de las capacidades de decisión estatal inaugurado en 2003. Tanto por el lado del financiamiento: reparto inconstitucionalmente reformulado del “impuesto al cheque” y ley de quiebra del Estado mal llamada “82% móvil”; como por el de las potestades del Ejecutivo en sí: desnaturalización del sentido constitucional de los DNU, entrega del Consejo de la Magistratura a las corporaciones de jueces y abogados quebrando así el equilibrio representativo que manda la Constitución nacional y garantiza su actual composición.

Casi un intento, sí que burdo, de reformular por vía legislativa el régimen presidencialista consagrado constitucionalmente para, de ese modo, esterilizar la reconstitución de autoridad presidencial en función de garantizar que el Estado volviera a ser gestionado a partir del programa del bloque de clases dominantes, hegemónico entre 1976 y 2003 (bien que una democracia condicionada fue la clave para que todo aquello fuera posible), y no, como ha sido siempre durante el kirchnerismo, respetando la noción de gobierno representativo que opera el programa electoral consagrado democráticamente por la soberanía popular.

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¿Qué ha cambiado, operativamente hablando, para que ahora sí funcione el Congreso? Ante todo, es un dato poco explorado que el presidente, en nuestro régimen constitucional, es titular del Poder Ejecutivo pero también participa del proceso de formación y sanción de leyes como co-legislador. Esto significa que es, en los hechos, como si se tratara de un legislador más, con el que necesariamente deben acordarse los proyectos a tratarse. Si se pretende desatender ese detalle, se requiere, para el partido opositor al de gobierno, la mayoría agravada -dos tercios de ambas Cámaras– que permite eludir la facultad del veto, acordada constitucionalmente al presidente.

Segundo: la agenda de temas a discutirse en el Legislativo corresponde que esté integrada, mayoritariamente por las iniciativas que promueven los Ejecutivos. Así ocurre, incluso, en los países cuyo sistema de gobierno es parlamentario, tal como apunta Gianfranco Pasquino en su recomendable obra Los poderes de los jefes de gobierno: en Suecia las leyes que se sancionan se originan en un 96% en el Ejecutivo; en Irlanda, el 98%; en Alemania, 76%; Francia, 81%; Italia, 75%; Gran Bretaña, 92%; España 92%. En Argentina, sin embargo, se desmerece con el mote de “escribanía”, lo que no es más que el funcionamiento normal que uno encuentra en legislación comparada a nivel mundial. Agrega, Pasquino, que por buenas razones: cumplir con el programa de gobierno, para lo cual nadie está más (ni mejor) capacitado que el Poder Ejecutivo.

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Hace, también, a la coherencia. Flor de berenjenal implicaría que todos y cada uno de los 257 diputados y 72 senadores que componen nuestro Congreso se soltaran generando proyectos propios: unos creando impuestos, otros eliminándolos, por caso. Por demás, una lectura bien intencionada de nuestra Constitución dispone que así sea. La primera parte del texto fundamental se rige por la máxima de que para los ciudadanos “todo aquello que no está taxativamente prohibido, está implícitamente permitido”. En lo que hace a los poderes orgánicos, es exactamente al revés: y los poderes instituidos no puede explorar más allá de donde les está explícitamente permitido hacerlo.

Muchas veces me han dicho, por ejemplo, “en ningún lado dice que está prohibido que un diputado presente un proyecto de Presupuesto”. Ocurre que no hace falta, sino que, por el contrario, no pueden porque no se dice textualmente que puedan. Y porque la CN no fue pensada para imbéciles ni malintencionados, además.

Ergo, debería inferirse, si se pone buena voluntad, que el Congreso no puede inmiscuirse en cuestiones de gestión cuya conducción está expresamente asignada al Gobierno (incluso hay Comisiones de labor parlamentaria que se denominan “de gobierno”, cuya conducción y mayorías tradicionalmente se asigna a los oficialismos, excepto entre 2009 y 2011): por ejemplo, nadie, excepto el presidente, puede presentar proyectos de Presupuesto, el único que puede tratarse es el que confecciona el Ejecutivo. Y lo mismo podría decirse, por caso, de la política en materia impositiva.

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Resulta que lo que hasta ayer era malo, esto es, la inactividad del Legislativo; hoy que se ha revertido es un exceso. Lo cierto es que la totalidad de los proyectos convertidos en ley dormían hace rato en los cajones de Diputados y del Senado, y que solamente se trató de dar un corte definitivo a las estrategias de bloque a la gobernabilidad operada en el bienio anterior. No se obturó el debate en ningún caso ni cosa por el estilo.

Ocurre, sencillamente, que hay que decir eso porque resulta muy complicado oponerse por oponerse a: dar al Gobierno las herramientas de gestión que todos los presidentes históricamente han tenido, desmonopolizar el mercado de papel de diarios, ampliar los derechos de los trabajadores rurales –los asalariados que, por lejos, en peor situación se encuentran en términos de derechos laborales del país– y liquidar la caja de financiamiento electoral espurio del “peronismo” “federal” (el RENATRE, que siempre administró mal “la plata de los jubilados” rurales) o limitar las posibilidades de adquirir tierras por parte de extranjeros.

Es decir, tiene mala prensa oponerse a normas que amplían el proceso de creación o reparación en términos de derechos de toda clase operado a partir de 2003 y recientemente refrendado por nada menos que el 54,11% del electorado. Como lo son las sancionadas en los últimos quince días. Entonces hay que poner excusas basadas en “lo formal”. Que no son más que eso: meras excusas.