Senadores que quebraron el compromiso con sus electores

En las sesiones maratónicas celebradas la semana de Navidad para aprobar en tiempo acelerado los proyectos enviados por el PEN a sesiones extraordinarias, se repitió la misma situación del 22 de diciembre de 2010, cuando la conducta de un senador elegido por un sector político de marcado sesgo opositor -con el cual rompió poco tiempo después de su asunción- permitió el quórum para que el oficialismo aprobara el pliego de un militar con activa participación en la última dictadura militar, entre otras trescientas propuestas.
Este año la mayoría oficialista no necesitaba colaboraciones foráneas, pero senadores electos por partidos de oposición votaron positivamente leyes que restringen severamente derechos fundamentales de los habitantes y contradicen pactos internacionales de derechos humanos.
La circunstancia es grave para el funcionamiento de la república porque impide que el Senado sea reflejo de la pluralidad existente en la sociedad , pues si bien hay un alto porcentaje de adhesión al oficialismo, hay un sector significativo de la sociedad que se manifestó por otras opciones o no concurrió a votar.
La conducta errática de un grupo de senadores que hemos observado durante los últimos períodos parlamentarios, y que culminó con las situaciones indicadas precedentemente, debe poner en el centro de la reflexión institucional la legitimidad de los cambios de posición política de los senadores electos.
Tales cambios han creado en la opinión pública un estado de sospecha que debe ser rectificado urgentemente máxime cuando en la memoria colectiva todavía están presentes graves actos contra el sistema democrático que tuvieron al Senado como escenario: desde el asesinato de Enzo Bordabehere al fracaso de la democratización sindical en el comienzo del gobierno de Alfonsín, o el más reciente caso de la “compra de votos” que inició la crisis del gobierno de la Alianza.
Pero más allá de la labor que le compete a la Justicia para investigar y determinar si han existido o existen conductas tipificadas como delitos en el Código Penal, hay que señalar que las bancas que ocupan los senadores corresponden al partido y no a la persona electa . Esta afirmación no es una interpretación discutible de la normativa aplicable, sino lo que dispone el texto constitucional luego de su reforma en 1994 . Así el art. 54 determina: “El Senado se compondrá de tres senadores por cada provincia y tres por la ciudad de Buenos Aires, elegidos en forma directa y conjunta, correspondiendo dos bancas al partido político que obtenga el mayor número de votos y la restante al partido político que le siga en número de votos”.
La letra de la norma es clara en cuanto adjudica las bancas de mayoría y minoría a los partidos, así como imposibilita la intermediación entre elector y candidato de ninguna otra asociación que no tenga el reconocimiento de partido político.
Esta decisión del constituyente de reforma impone al senador electo ajustar su conducta en el cuerpo a las disposiciones partidarias y al mandato que recibió de la ciudadanía para cumplir con los compromisos que el partido que lo llevó como candidato asumió en la campaña electoral.
De ninguna manera impone al senador que asuma una fidelidad canina incompatible con sus convicciones éticas, pero en caso que el partido tome posturas que no cuenten con la aceptación del legislador ni sus órganos decidan que un tema o proyecto de ley quede librado a su conciencia, éste puede abandonar la banca y permitir que asuma el suplente que siempre integra la lista, precisamente también para solucionar este tipo de situaciones entre titulares y partido intermediario.
La conducta asumida por varios senadores nacionales que fueron candidatos de partidos marcadamente opositores al gobernante o fracciones del partido Justicialista confrontados al actual Ejecutivo nacional, de actuar en el Senado como “independientes” al partido que les posibilitó la banca y funcionales a las estrategias del oficialismo, viola la norma constitucional antes citada y el compromiso que cada uno de estos legisladores asumió con el electorado de su distrito .
Por consiguiente, l a conducta no sólo es reprochable desde lo estrictamente legal sino desde las bases del sistema republicano y democrático . Las bancas no son un privilegio para quien las ocupa ni plataforma de lanzamiento para carreras individuales sino el sitio que el pueblo le ha otorgado para cumplir con determinados compromisos electorales. No puede el senador electo por ningún motivo cambiar esos compromisos luego de haber usado a un partido y a su plataforma para arribar a su función pues debilita la esencia del sistema y el principio de representación. Como afirma Alain Touraine, para los demócratas el poder del pueblo no significa que el pueblo se siente en el trono del príncipe, sino que ya no haya trono.
Es obligación de la sociedad civil que con su voto permitió el acceso al Senado de un grupo de legisladores que han decidido alejarse de su compromiso electoral, exigirles que cesen el bloqueo al que han sometido al órgano y voten de acuerdo al mandato otorgado o abandonen sus bancas para permitir que el mandato sea cumplido.