Hernán Lorenzino
Por orden de Cristina Fernández de Kirchner, varias áreas del Gobierno están concentradas en un desafío en el que muchos otros no pudieron avanzar: reducir el régimen las jubilaciones especiales que tiene la Justicia argentina. La intención es cortar al máximo la indexación, más bien multiplicación, que tienen los pagos a los retirados del Poder Judicial de la Nación y otros regímenes especiales.
Según los cálculos oficiales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida jubilaciones mensuales de hasta 60.000 pesos a exmagistrados. El objetivo de máxima es poder retrotraer estas liquidaciones a números más cercanos al promedio de la ANSES, incluyendo los pagos a exfuncionarios. El de mínima es sancionar una nueva ley que directamente impida el régimen de indexación judicial, y equipare en el futuro los pagos a los jueces con el resto de los exempleados públicos de línea.
En la mira del Gobierno no sólo están los pagos a los jueces. Desde siempre es intención de la jefa de Estado terminar con el resabio del régimen de jubilaciones de privilegio, por el cual se destinan unos 400 millones de pesos anuales en pagos a exfuncionarios, legisladores y jueces. Por ahora, el Gobierno sólo pudo avanzar en 2008 eliminando del privilegio a los beneficiarios de los gobiernos militares. Sin embargo, aún quedan en la larga lista de la ANSES exfuncionarios de gobiernos democráticos, algunos de ellos más que conocidos y que estuvieron sólo algunos meses en la gestión.
La embestida contra las jubilaciones especiales de la Justicia no será fácil. En casos similares han fracasado prácticamente todos los gobiernos democráticos, especialmente en la intención de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, los magistrados son los únicos argentinos «privilegiados» en no pagar el tributo, objetivo permanente de embestidas de Hugo Moyano por el alcance que tiene el mínimo no imponible en estos tiempos sobre el sueldo de los trabajadores. Tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde fracasaron constantemente en la intención de avanzar sobre la obligación para que los jueces paguen Ganancias y en el recorte del sistema de indexación de las jubilaciones de los magistrados y los empleados del Poder Judicial. Siempre hasta ahora «la familia» judicial logró que finalmente la Corte Suprema de Justicia determinara la inconstitucionalidad de cualquier embestida de este tipo, bajo la fórmula de la intangibilidad de los salarios de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo o el Legislativo. Según la Corte, la posibilidad de que los jueces liquiden Ganancias o que se modifique su sistema de liquidación de jubilaciones sólo puede ser modificado con una reforma constitucional.
Igualmente, y por una cuestión de derechos adquiridos, cualquier alteración en el régimen de pensión especial de los magistrados deberá ser hacia delante. Para los técnicos que trabajan en el nuevo esquema dentro del Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino, es difícil que cualquier cambio pueda alterar el actual estado de situación de las abultadas jubilaciones judiciales. En la ANSES se mencionan incluso casos provinciales en los que los beneficios de los exmagistrados son aún mayores que los de los propios exintegrantes de la Corte.
El propio titular de la ANSES, Diego Bossio, habló ayer sobre la situación previsional de la Justicia. El funcionario mencionó en declaraciones a radio La Red que «hay jueces jubilados con haberes de 60 mil pesos mensuales, y el promedio de las jubilaciones de unos cuatro mil exfuncionarios judiciales es de 22 mil pesos». Bossio también denunció otro costado crítico para el Gobierno dentro de la situación previsional al afirmar que existe una «connivencia entre abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes» que autorizan, por ejemplo, el pago de jubilaciones superiores a los 100 mil pesos mensuales.
El funcionario reveló que durante 2011 la ANSES «inició una serie de denuncias a distintos juzgados por algunos fraudes, ante la connivencia entre los abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes, con sumas realmente abultadas». «Eso es injusto porque altera los procesos y también genera privilegios. Por caso, en la Argentina hay jubilaciones superiores a los 100 mil pesos que paga la ANSES, producto de sentencias judiciales con retroactivos muy grandes», aseguró Bossio.
El funcionario precisó que uno de los casos denunciados involucraba a «dos secretarios, dos funcionarios judiciales, que embargaban a la ANSES y sacaban expedientes con sentencias todas superiores a un millón de pesos o retroactivos de un millón de pesos». El funcionario admitió que «éste es un tipo de operación que estamos viendo muy recurrentemente» y recordó cuando «la presidenta Cristina de Kirchner habló de los caranchos previsionales».
Por orden de Cristina Fernández de Kirchner, varias áreas del Gobierno están concentradas en un desafío en el que muchos otros no pudieron avanzar: reducir el régimen las jubilaciones especiales que tiene la Justicia argentina. La intención es cortar al máximo la indexación, más bien multiplicación, que tienen los pagos a los retirados del Poder Judicial de la Nación y otros regímenes especiales.
Según los cálculos oficiales, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) liquida jubilaciones mensuales de hasta 60.000 pesos a exmagistrados. El objetivo de máxima es poder retrotraer estas liquidaciones a números más cercanos al promedio de la ANSES, incluyendo los pagos a exfuncionarios. El de mínima es sancionar una nueva ley que directamente impida el régimen de indexación judicial, y equipare en el futuro los pagos a los jueces con el resto de los exempleados públicos de línea.
En la mira del Gobierno no sólo están los pagos a los jueces. Desde siempre es intención de la jefa de Estado terminar con el resabio del régimen de jubilaciones de privilegio, por el cual se destinan unos 400 millones de pesos anuales en pagos a exfuncionarios, legisladores y jueces. Por ahora, el Gobierno sólo pudo avanzar en 2008 eliminando del privilegio a los beneficiarios de los gobiernos militares. Sin embargo, aún quedan en la larga lista de la ANSES exfuncionarios de gobiernos democráticos, algunos de ellos más que conocidos y que estuvieron sólo algunos meses en la gestión.
La embestida contra las jubilaciones especiales de la Justicia no será fácil. En casos similares han fracasado prácticamente todos los gobiernos democráticos, especialmente en la intención de que los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias. En la actualidad, los magistrados son los únicos argentinos «privilegiados» en no pagar el tributo, objetivo permanente de embestidas de Hugo Moyano por el alcance que tiene el mínimo no imponible en estos tiempos sobre el sueldo de los trabajadores. Tanto Raúl Alfonsín como Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde fracasaron constantemente en la intención de avanzar sobre la obligación para que los jueces paguen Ganancias y en el recorte del sistema de indexación de las jubilaciones de los magistrados y los empleados del Poder Judicial. Siempre hasta ahora «la familia» judicial logró que finalmente la Corte Suprema de Justicia determinara la inconstitucionalidad de cualquier embestida de este tipo, bajo la fórmula de la intangibilidad de los salarios de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo o el Legislativo. Según la Corte, la posibilidad de que los jueces liquiden Ganancias o que se modifique su sistema de liquidación de jubilaciones sólo puede ser modificado con una reforma constitucional.
Igualmente, y por una cuestión de derechos adquiridos, cualquier alteración en el régimen de pensión especial de los magistrados deberá ser hacia delante. Para los técnicos que trabajan en el nuevo esquema dentro del Ministerio de Economía de Hernán Lorenzino, es difícil que cualquier cambio pueda alterar el actual estado de situación de las abultadas jubilaciones judiciales. En la ANSES se mencionan incluso casos provinciales en los que los beneficios de los exmagistrados son aún mayores que los de los propios exintegrantes de la Corte.
El propio titular de la ANSES, Diego Bossio, habló ayer sobre la situación previsional de la Justicia. El funcionario mencionó en declaraciones a radio La Red que «hay jueces jubilados con haberes de 60 mil pesos mensuales, y el promedio de las jubilaciones de unos cuatro mil exfuncionarios judiciales es de 22 mil pesos». Bossio también denunció otro costado crítico para el Gobierno dentro de la situación previsional al afirmar que existe una «connivencia entre abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes» que autorizan, por ejemplo, el pago de jubilaciones superiores a los 100 mil pesos mensuales.
El funcionario reveló que durante 2011 la ANSES «inició una serie de denuncias a distintos juzgados por algunos fraudes, ante la connivencia entre los abogados previsionales y la Justicia para sacar determinados expedientes, con sumas realmente abultadas». «Eso es injusto porque altera los procesos y también genera privilegios. Por caso, en la Argentina hay jubilaciones superiores a los 100 mil pesos que paga la ANSES, producto de sentencias judiciales con retroactivos muy grandes», aseguró Bossio.
El funcionario precisó que uno de los casos denunciados involucraba a «dos secretarios, dos funcionarios judiciales, que embargaban a la ANSES y sacaban expedientes con sentencias todas superiores a un millón de pesos o retroactivos de un millón de pesos». El funcionario admitió que «éste es un tipo de operación que estamos viendo muy recurrentemente» y recordó cuando «la presidenta Cristina de Kirchner habló de los caranchos previsionales».
