El delincuente baleado, Andrés Lezcano, al parecer no era un delincuente. O, por lo menos, en ese momento no estaba cometiendo un delito. Los agentes que lo mataron cuando salía armado de una casa de Valeria del Mar están presos desde ayer porque, se presume, lo habían enviado a ese lugar para «recibir unos fierros».
La leyenda urbana según la cual la policía puede teatralizar procedimientos para complacer a los gobernantes y tranquilizar a la población cobra este caso una sanguinaria verosimilitud. Al montaje le falló una pieza clave. Aquel 3 de enero Lezcano estaba acompañado por un secuaz que se escapó. Pasó un año huyendo de las balas que, sospechaba, la policía tenía preparadas para él. Al final se entregó a la Justicia y reveló, como testigo reservado, el revés de la trama.
El escándalo complica al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y al jefe de la policía bonaerense, comisario general Hugo Matzkin.
Pocos días antes del falso procedimiento, Casal había exigido una acción contundente en Valeria a los comisarios Juan Carlos Paggi, Salvador Baratta, Matzkin y Claudio Fernández, que integraban por entonces la conducción de la fuerza.
Quien, pareció en aquel momento, cumplió la orden con mayor eficacia, fue Matzkin, que estaba a cargo de la Superintendencia de Investigaciones. El ataque contra Lezcano lo organizó uno de sus hombres, el ahora preso Claudio Arnouk, jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell.
Según fuentes policiales, la dueña de la casa a la que Lezcano habría sido enviado, Alejandra González, estaba relacionada con este subcomisario. Y el propio Lezcano, que durante el año vivía en Quilmes, era un hombre al servicio de la policía, como demuestra la aparición reiterada de su nombre como testigo en varios procedimientos realizados en la costa. Esos datos, que circulan en el seno de la fuerza desde hace un año, provocaron suspicacias en varios oficiales superiores. Pero, por lo visto, no inquietaron a Maztkin, ni a Paggi, ni a Casal.
Un capítulo de esta historia queda, todavía, en penumbras. La investigación se aceleró cuando Gustavo García se hizo cargo de la fiscalía de Dolores. Mientras el responsable había sido Cristian Centurión, la causa avanzó muy poco. Centurión fue desplazado, acusado de extorsionar a políticos y a empresarios con el armado de causas ficticias. El Foro de Seguridad de Pinamar denunció hace casi un año el vínculo estrecho que existiría entre él y Arnouk, el jefe de los agentes detenidos ayer. ¿Qué influencia tuvo Casal en la designación de Centurión en aquella fiscalía? Cerca de la procuradora María del Carmen Falbo creen que mucha.
Daniel Scioli debe estar atribulado. ¿Quién lo hizo caer en el ridículo de prometer tolerancia cero a los turistas sobre el cadáver de Lezcano? ¿Hubo otros episodios inventados, de los que participaron los mismos delincuentes, puestos al servicio del marketing policial? ¿Qué intervención habrá tenido el gobierno nacional en la revelación de esta trama? Cada vez hay más preguntas en la cabeza de Scioli..
La leyenda urbana según la cual la policía puede teatralizar procedimientos para complacer a los gobernantes y tranquilizar a la población cobra este caso una sanguinaria verosimilitud. Al montaje le falló una pieza clave. Aquel 3 de enero Lezcano estaba acompañado por un secuaz que se escapó. Pasó un año huyendo de las balas que, sospechaba, la policía tenía preparadas para él. Al final se entregó a la Justicia y reveló, como testigo reservado, el revés de la trama.
El escándalo complica al ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, y al jefe de la policía bonaerense, comisario general Hugo Matzkin.
Pocos días antes del falso procedimiento, Casal había exigido una acción contundente en Valeria a los comisarios Juan Carlos Paggi, Salvador Baratta, Matzkin y Claudio Fernández, que integraban por entonces la conducción de la fuerza.
Quien, pareció en aquel momento, cumplió la orden con mayor eficacia, fue Matzkin, que estaba a cargo de la Superintendencia de Investigaciones. El ataque contra Lezcano lo organizó uno de sus hombres, el ahora preso Claudio Arnouk, jefe de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Villa Gesell.
Según fuentes policiales, la dueña de la casa a la que Lezcano habría sido enviado, Alejandra González, estaba relacionada con este subcomisario. Y el propio Lezcano, que durante el año vivía en Quilmes, era un hombre al servicio de la policía, como demuestra la aparición reiterada de su nombre como testigo en varios procedimientos realizados en la costa. Esos datos, que circulan en el seno de la fuerza desde hace un año, provocaron suspicacias en varios oficiales superiores. Pero, por lo visto, no inquietaron a Maztkin, ni a Paggi, ni a Casal.
Un capítulo de esta historia queda, todavía, en penumbras. La investigación se aceleró cuando Gustavo García se hizo cargo de la fiscalía de Dolores. Mientras el responsable había sido Cristian Centurión, la causa avanzó muy poco. Centurión fue desplazado, acusado de extorsionar a políticos y a empresarios con el armado de causas ficticias. El Foro de Seguridad de Pinamar denunció hace casi un año el vínculo estrecho que existiría entre él y Arnouk, el jefe de los agentes detenidos ayer. ¿Qué influencia tuvo Casal en la designación de Centurión en aquella fiscalía? Cerca de la procuradora María del Carmen Falbo creen que mucha.
Daniel Scioli debe estar atribulado. ¿Quién lo hizo caer en el ridículo de prometer tolerancia cero a los turistas sobre el cadáver de Lezcano? ¿Hubo otros episodios inventados, de los que participaron los mismos delincuentes, puestos al servicio del marketing policial? ¿Qué intervención habrá tenido el gobierno nacional en la revelación de esta trama? Cada vez hay más preguntas en la cabeza de Scioli..
