«El socialismo no tienen una política de DDHH», dijo una víctima de la dictadura

Patricia Isasa, una de las primeras denunciantes de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la capital santafesina y principal testigo en la causa Brusa, criticó al gobierno provincial: calificó de «ineficiente» al sistema de protección de testigos, y aseveró que «los socialistas no tienen política de derechos humanos».
La sobreviviente también aseguró que «son una barbaridad» las salidas transitorias otorgadas por la Justicia federal a tres de los condenados en la causa Brusa —el ex juez Víctor Brusa, la ex carcelera María Eva Aebi y el ex policía Eduardo Ramos— sentenciados a penas de entre 19 y 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
Isasa advirtió que «a esta gente, verdaderos asesinos seriales, ahora el Tribunal Oral Federal les dio salidas cada 15 días sin restricciones», lo que representa «un riesgo altísimo, porque ya se fugaron antes».
«Es gravísimo. ¿Cómo no se trabaja desde la Secretaría de Derechos Humanos (de la provincia) con información que tienen testigos y querellantes?», resaltó.
En ese marco, se preguntó: «Â¿Cómo no se hace una mesa de trabajo, cómo no hay un protocolo de actuación que coordine Juzgado Federal, Ministerio Público Fiscal, Secretaría de Derechos Humanos, Programa de Protección de Testigos, y los psicólogos que asisten a los testigos y querellantes. Así se trabaja en el gobierno nacional», destacó.
Sobre el programa de protección a testigos en Santa Fe, destacó: «Mi sensación es que no tiene programa o aplica una política errática».
«Los socialistas no tienen política de derechos humanos, por eso pusieron antes (durante la gestión de Hermes Binner) al frente de ese área a Rosa Acosta, de bochornosa administración, y ahora a un joven abogado de derechos humanos (Horacio Coutaz). Realmente hacen agua», agregó.
Sostuvo que «no es válida la excusa de que recién asumen, porque por un lado en lo administrativo heredan la estructura ya armada y funcionando, y en cuanto a política, debieron presentar un plan de acción de gobierno cuando se postularon para las elecciones un año atrás. Lo que pasa es que son improvisados, sin política de derechos humanos».
«Los socialistas no tienen política de derechos humanos. En 30 años de democracia, no desarrollaron cuadros políticos, ni de trabajo», aseguró.
Señaló que «no nos informan a los testigos y querellantes, tenemos nosotros que llamarlos a ellos, es una vergüenza», y añadió que «reclaman del Poder Judicial cosas que ellos mismos no hacen con nosotros. No me llamaron, ni a los testigos, ni a mis abogados».
«Ya pasó lo de Silvia Suppo (ex detenida, testigo de la causa Brusa y asesinada en 2010) y no la protegieron. Cuando ocurrió el crimen, salieron a decir que ella no quiso que la protegieran, pero yo digo: ¿no se les planteó que podía haber riesgo? No hicieron nada, siempre detrás de los hechos, nunca hacen prevención», se quejó.
Una larga lucha. Isasa recordó que «en el año 1998, en soledad, le pedí el juicio político al juez federal Brusa». Añadió que «en 1997 realicé un trabajo de investigación. En septiembre del 98 viajé a España, presenté todo ante el juez Baltasar Garzón y el magistrado pidió inmediatamente la captura internacional de Brusa a Interpol. En septiembre de 2001, el mismo juez pidió la extradición de seis represores de Santa Fe y doce de la Esma».
«Inmediatamente, Brusa presentó un hábeas corpus, la Justicia comenzó a tomarle declaración, lo fueron a buscar a su domicilio y se fugó. Lo mismo pasó con Ramos», indicó.
«Recién unos 10 días después se entregó Ramos y lo hizo en el Arzobispado de Santa Fe, en ese entonces a cargo de monseñor Gabriel Storni. Paralelamente, Brusa fue detenido en Buenos Aires», repasó Isasa.
Por estas razones, insistió en la gravedad de que estos represores condenados hoy gocen de salidas transitorias de prisión, ya que ambos se han fugado en el pasado.
Búsqueda en un dique salteño
El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos solicitó a la Secretaria de Seguridad de esa provincia realizar una inspección ocular subacuática en el dique Cabra Corral con el fin de establecer si allí fueron arrojadas víctimas de la última dictadura. El funcionario solicitó esa medida a raíz de los dichos de un ex comisario que manifestó haber visto cuerpos “fondeados” en ese dique salteño.
“No esperamos encontrar esqueletos —aclaró el fiscal— pero sí elementos que nos indiquen si hubo hechos que pretendieron ocultar delitos”. Se estima que los rastrillajes podrían comenzar en diez días.
Incluso, se menciono que el cuerpo del ex gobernador Miguel Ragone habría sido arrojado allí poco después de haber sido secuestrado en marzo de 1976, días antes del golpe militar. Según se explico, las declaraciones publicas formuladas por el ex comisario Eduardo Medina al diario El Tribuno fueron tomadas por la Fiscalía como “notitia criminis”, es decir el acto de comunicar o noticiar la perpetración de un hecho delictivo.
El ex policía relató a ese diario haber asistido al rescate de un cuerpo que presentaba impactos de bala y que había sido arrojado al fondo del dique.