La Comunidad Valenciana vivió ayer una jornada de contestación a los recortes de 1.000 millones de euros aprobados por el Gobierno valenciano el pasado viernes, y cuyo principal impacto se produce en el sueldo de los funcionarios de sanidad y educación, así como de los trabajadores interinos. Los sindicatos convocaron para el mediodía de ayer concentraciones en todos los centros de trabajo de la Generalitat valenciana (hospitales, centros educativos, consejerías…) durante cinco minutos, mientras los delegados sindicales realizaban asambleas en las sedes del Consell en Valencia, Alicante y Castellón.
El seguimiento en centros sanitarios y educativos, a falta de cifras oficiales, fue elevado y el malestar afloró a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, donde la policía tuvo que intervenir para desalojar de forma pacífica a unos 50 sindicalistas que penetraron en el Palau de Fuentehermosa (sede de la Portavocía del Gobierno valenciano), donde iba a comenzar la habitual rueda de prensa del Consell tras la celebración del pleno de la mañana.
Los concentrados, más de dos centenares, exigieron la dimisión del consejero de Hacienda, José Manuel Vela, quien lleva más de 16 años en cargos de decisión en el mismo departamento, a la vez que lanzaron gritos de «chorizos» y «ladrones».
Tras el alboroto, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, aseguró que el Gobierno valenciano respetaba el derecho a manifestarse de los ciudadanos e hizo una llamada a la calma. Ciscar insistió en que los recortes «son unas medidas transitorias para ayudar a la estabilidad de la Comunidad Valenciana». «Que la ciudadanía entienda que estamos pasando una situación complicada y las medidas son para superar los problemas. Vamos a salir de esta situación», añadió. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, instó a los empleados de la Administración valenciana, en una entrevista en Onda Cero, a «apretar los dientes, cerrar los puños y seguir adelante». Fabra les pidió esfuerzo y comprensión para salir de la grave crisis.
Las protestas alcanzaron también al sector público de la Generalitat. Tras el anuncio de un expediente de regulación de empleo en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que afectará a más de 1.000 de los 1.800 empleados, un nutrido grupo de trabajadores ocupó la octava planta de Canal 9. El incidente se produjo tras una asamblea de trabajadores. Cerca de 300 personas, según los sindicatos, ocuparon pacíficamente la planta en la que se encuentra el despacho del director general de RTVV, José López Jaraba, a quien le expresaron su indignación y le exigieron que se depuren las responsabilidades de la mala gestión.
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El seguimiento en centros sanitarios y educativos, a falta de cifras oficiales, fue elevado y el malestar afloró a las puertas del Palau de la Generalitat, en Valencia, donde la policía tuvo que intervenir para desalojar de forma pacífica a unos 50 sindicalistas que penetraron en el Palau de Fuentehermosa (sede de la Portavocía del Gobierno valenciano), donde iba a comenzar la habitual rueda de prensa del Consell tras la celebración del pleno de la mañana.
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Tras el alboroto, el vicepresidente del Consell, José Ciscar, aseguró que el Gobierno valenciano respetaba el derecho a manifestarse de los ciudadanos e hizo una llamada a la calma. Ciscar insistió en que los recortes «son unas medidas transitorias para ayudar a la estabilidad de la Comunidad Valenciana». «Que la ciudadanía entienda que estamos pasando una situación complicada y las medidas son para superar los problemas. Vamos a salir de esta situación», añadió. El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, instó a los empleados de la Administración valenciana, en una entrevista en Onda Cero, a «apretar los dientes, cerrar los puños y seguir adelante». Fabra les pidió esfuerzo y comprensión para salir de la grave crisis.
Las protestas alcanzaron también al sector público de la Generalitat. Tras el anuncio de un expediente de regulación de empleo en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) que afectará a más de 1.000 de los 1.800 empleados, un nutrido grupo de trabajadores ocupó la octava planta de Canal 9. El incidente se produjo tras una asamblea de trabajadores. Cerca de 300 personas, según los sindicatos, ocuparon pacíficamente la planta en la que se encuentra el despacho del director general de RTVV, José López Jaraba, a quien le expresaron su indignación y le exigieron que se depuren las responsabilidades de la mala gestión.
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