Domingo 15 de Enero de 2012 | Los líderes de esa región se negaban a hablar, siquiera, de medidas que ahora analizan, como gravar las transacciones financieras. Merkel y Sarkozy analizan seriamente la posibilidad de instaurar ese impuesto y esperan para marzo un informe de sus ministros. Por Nicolás Tereschuk – Analista de la agencia NA
BUENOS AIRES.- La crisis global que comenzó a desencadenarse con las hipotecas en los Estados Unidos en 2007 no deja de sorprender a los observadores: los líderes europeos ponen ahora sobre la mesa iniciativas que eran consideradas «tabú» hace algunas décadas, como la propuesta de un impuesto a las transacciones financieras o la posibilidad de desoír a las influyentes calificadoras de riesgo.
Se sabe que ningún jefe de Estado europeo podría ser tildado de «revolucionario» ni de enemigo del sistema financiero internacional, pero ahora avanzan con discursos que en otro tiempo hubieran sido impensables.
La decisión de los mandatarios de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, Nicolás Sarkozy, de impulsar una medida similar a la tasa propuesta por el premio Nobel James Tobin en 1972, para gravar las transacciones financieras comienza a impactar en el sentido común de los países desarrollados.
Es que se trata de una medida que fue debatida por la izquierda de los países del Sur durante la década del 90, como ocurrió en el ámbito del Foro de San Pablo, en América latina, o por parte de la organización europea favorable al cambio social, Attac, a fines de aquel decenio.
En su última cumbre con Sarkozy, Merkel dijo que quiere un informe final sobre el tema por parte de los ministros de finanzas europeos para marzo a más tardar.
El presidente francés aseguró que el impuesto se necesita para que los bancos ayuden a pagar los costos de la crisis que iniciaron: advirtió también que está dispuesto a avanzar con una ley en su país para implementarlo, aún si no lo siguen el resto de sus vecinos europeos.
Se juega la reelección
El ministro de finanzas francés, Francois Baroin, dijo esta semana que la idea del gobierno es gravar también la compraventa de bonos, derivados y acciones.
Es que no todo es economía en Francia: Sarkozy se juega la reelección en abril próximo y al parecer su estrategia es mostrarse hiperactivo, liderando al país en la crisis y tomando parte del discurso propio de los Socialistas.
Tanto el presidente francés como Merkel adelantaron que buscarán un acuerdo de los 27 países de la Unión Europea, pero que si eso no es posible impulsarán la iniciativa sólo entre aquellos adheridos al euro. Pero luego, cuando esta semana Merkel se reunió con su par italiano, Mario Monti, dio a entender que sólo podría apoyar la iniciativa si hay consenso en toda la Unión Europea.
Más allá de las idas y vueltas y los detalles de la iniciativa, el hecho de que se haya pasado ahora de la mera idea a los papeles hizo que los lobbystas del sector financiero no se quedaron quietos. Los representantes del sector en Holanda advirtieron que una medida de ese tipo le podría costar a los fondos de pensión, aseguradoras y otras instituciones financieras 4.000 millones de euros anuales, solamente en ese país.
Según informó el diario The Wall Street Journal, las quejas también aparecieron en la propia tierra de Sarkozy: la influyente Asociación Francesa de Gerenciamiento Financiero advirtió que habrá una fuga de divisas al exterior de implementarse la medida.
A su vez, la consultora Ernst & Young aseguró que el impuesto podría dejar un «hueco» fiscal de 116 billones de euros en Europa.
El otro elemento que parece una novedad para los habituales cánones económicos es que la decisión de la calificodora Standard & Poor’s de rebajar la calificación de la deuda de nueve de los 17 países de la eurozona si bien provocó un impacto no fue tomada «al pie de la letra» por los dirigentes políticos europeos.
El primer ministro francés, Francois Fillon, admitió que la medida constituye un alerta pero que no debe ser dramatizada.
Además, deslizó críticas a la calificadora, al indicar que si bien la decisión «era esperada» llegó «en un mal momento, si se tienen en cuenta los esfuerzos hechos por la eurozona».
Cuando se hace algo de memoria, surge que las calificadoras de riesgo no eran criticadas hasta hace algunos años por los líderes europeos, menos por aquellos de signo político conservador.
Aún con final abierto, la forma en que la política pueda encarar en los países centrales la crisis económica, al parecer, no dejará de deparar sorpresas.
Se sabe que ningún jefe de Estado europeo podría ser tildado de «revolucionario» ni de enemigo del sistema financiero internacional, pero ahora avanzan con discursos que en otro tiempo hubieran sido impensables.
La decisión de los mandatarios de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, Nicolás Sarkozy, de impulsar una medida similar a la tasa propuesta por el premio Nobel James Tobin en 1972, para gravar las transacciones financieras comienza a impactar en el sentido común de los países desarrollados.
Es que se trata de una medida que fue debatida por la izquierda de los países del Sur durante la década del 90, como ocurrió en el ámbito del Foro de San Pablo, en América latina, o por parte de la organización europea favorable al cambio social, Attac, a fines de aquel decenio.
En su última cumbre con Sarkozy, Merkel dijo que quiere un informe final sobre el tema por parte de los ministros de finanzas europeos para marzo a más tardar.
El presidente francés aseguró que el impuesto se necesita para que los bancos ayuden a pagar los costos de la crisis que iniciaron: advirtió también que está dispuesto a avanzar con una ley en su país para implementarlo, aún si no lo siguen el resto de sus vecinos europeos.
Se juega la reelección
El ministro de finanzas francés, Francois Baroin, dijo esta semana que la idea del gobierno es gravar también la compraventa de bonos, derivados y acciones.
Es que no todo es economía en Francia: Sarkozy se juega la reelección en abril próximo y al parecer su estrategia es mostrarse hiperactivo, liderando al país en la crisis y tomando parte del discurso propio de los Socialistas.
Tanto el presidente francés como Merkel adelantaron que buscarán un acuerdo de los 27 países de la Unión Europea, pero que si eso no es posible impulsarán la iniciativa sólo entre aquellos adheridos al euro. Pero luego, cuando esta semana Merkel se reunió con su par italiano, Mario Monti, dio a entender que sólo podría apoyar la iniciativa si hay consenso en toda la Unión Europea.
Más allá de las idas y vueltas y los detalles de la iniciativa, el hecho de que se haya pasado ahora de la mera idea a los papeles hizo que los lobbystas del sector financiero no se quedaron quietos. Los representantes del sector en Holanda advirtieron que una medida de ese tipo le podría costar a los fondos de pensión, aseguradoras y otras instituciones financieras 4.000 millones de euros anuales, solamente en ese país.
Según informó el diario The Wall Street Journal, las quejas también aparecieron en la propia tierra de Sarkozy: la influyente Asociación Francesa de Gerenciamiento Financiero advirtió que habrá una fuga de divisas al exterior de implementarse la medida.
A su vez, la consultora Ernst & Young aseguró que el impuesto podría dejar un «hueco» fiscal de 116 billones de euros en Europa.
El otro elemento que parece una novedad para los habituales cánones económicos es que la decisión de la calificodora Standard & Poor’s de rebajar la calificación de la deuda de nueve de los 17 países de la eurozona si bien provocó un impacto no fue tomada «al pie de la letra» por los dirigentes políticos europeos.
El primer ministro francés, Francois Fillon, admitió que la medida constituye un alerta pero que no debe ser dramatizada.
Además, deslizó críticas a la calificadora, al indicar que si bien la decisión «era esperada» llegó «en un mal momento, si se tienen en cuenta los esfuerzos hechos por la eurozona».
Cuando se hace algo de memoria, surge que las calificadoras de riesgo no eran criticadas hasta hace algunos años por los líderes europeos, menos por aquellos de signo político conservador.
Aún con final abierto, la forma en que la política pueda encarar en los países centrales la crisis económica, al parecer, no dejará de deparar sorpresas.
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BUENOS AIRES.- La crisis global que comenzó a desencadenarse con las hipotecas en los Estados Unidos en 2007 no deja de sorprender a los observadores: los líderes europeos ponen ahora sobre la mesa iniciativas que eran consideradas «tabú» hace algunas décadas, como la propuesta de un impuesto a las transacciones financieras o la posibilidad de desoír a las influyentes calificadoras de riesgo.
Se sabe que ningún jefe de Estado europeo podría ser tildado de «revolucionario» ni de enemigo del sistema financiero internacional, pero ahora avanzan con discursos que en otro tiempo hubieran sido impensables.
La decisión de los mandatarios de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, Nicolás Sarkozy, de impulsar una medida similar a la tasa propuesta por el premio Nobel James Tobin en 1972, para gravar las transacciones financieras comienza a impactar en el sentido común de los países desarrollados.
Es que se trata de una medida que fue debatida por la izquierda de los países del Sur durante la década del 90, como ocurrió en el ámbito del Foro de San Pablo, en América latina, o por parte de la organización europea favorable al cambio social, Attac, a fines de aquel decenio.
En su última cumbre con Sarkozy, Merkel dijo que quiere un informe final sobre el tema por parte de los ministros de finanzas europeos para marzo a más tardar.
El presidente francés aseguró que el impuesto se necesita para que los bancos ayuden a pagar los costos de la crisis que iniciaron: advirtió también que está dispuesto a avanzar con una ley en su país para implementarlo, aún si no lo siguen el resto de sus vecinos europeos.
Se juega la reelección
El ministro de finanzas francés, Francois Baroin, dijo esta semana que la idea del gobierno es gravar también la compraventa de bonos, derivados y acciones.
Es que no todo es economía en Francia: Sarkozy se juega la reelección en abril próximo y al parecer su estrategia es mostrarse hiperactivo, liderando al país en la crisis y tomando parte del discurso propio de los Socialistas.
Tanto el presidente francés como Merkel adelantaron que buscarán un acuerdo de los 27 países de la Unión Europea, pero que si eso no es posible impulsarán la iniciativa sólo entre aquellos adheridos al euro. Pero luego, cuando esta semana Merkel se reunió con su par italiano, Mario Monti, dio a entender que sólo podría apoyar la iniciativa si hay consenso en toda la Unión Europea.
Más allá de las idas y vueltas y los detalles de la iniciativa, el hecho de que se haya pasado ahora de la mera idea a los papeles hizo que los lobbystas del sector financiero no se quedaron quietos. Los representantes del sector en Holanda advirtieron que una medida de ese tipo le podría costar a los fondos de pensión, aseguradoras y otras instituciones financieras 4.000 millones de euros anuales, solamente en ese país.
Según informó el diario The Wall Street Journal, las quejas también aparecieron en la propia tierra de Sarkozy: la influyente Asociación Francesa de Gerenciamiento Financiero advirtió que habrá una fuga de divisas al exterior de implementarse la medida.
A su vez, la consultora Ernst & Young aseguró que el impuesto podría dejar un «hueco» fiscal de 116 billones de euros en Europa.
El otro elemento que parece una novedad para los habituales cánones económicos es que la decisión de la calificodora Standard & Poor’s de rebajar la calificación de la deuda de nueve de los 17 países de la eurozona si bien provocó un impacto no fue tomada «al pie de la letra» por los dirigentes políticos europeos.
El primer ministro francés, Francois Fillon, admitió que la medida constituye un alerta pero que no debe ser dramatizada.
Además, deslizó críticas a la calificadora, al indicar que si bien la decisión «era esperada» llegó «en un mal momento, si se tienen en cuenta los esfuerzos hechos por la eurozona».
Cuando se hace algo de memoria, surge que las calificadoras de riesgo no eran criticadas hasta hace algunos años por los líderes europeos, menos por aquellos de signo político conservador.
Aún con final abierto, la forma en que la política pueda encarar en los países centrales la crisis económica, al parecer, no dejará de deparar sorpresas.
Se sabe que ningún jefe de Estado europeo podría ser tildado de «revolucionario» ni de enemigo del sistema financiero internacional, pero ahora avanzan con discursos que en otro tiempo hubieran sido impensables.
La decisión de los mandatarios de Alemania, Angela Merkel, y de Francia, Nicolás Sarkozy, de impulsar una medida similar a la tasa propuesta por el premio Nobel James Tobin en 1972, para gravar las transacciones financieras comienza a impactar en el sentido común de los países desarrollados.
Es que se trata de una medida que fue debatida por la izquierda de los países del Sur durante la década del 90, como ocurrió en el ámbito del Foro de San Pablo, en América latina, o por parte de la organización europea favorable al cambio social, Attac, a fines de aquel decenio.
En su última cumbre con Sarkozy, Merkel dijo que quiere un informe final sobre el tema por parte de los ministros de finanzas europeos para marzo a más tardar.
El presidente francés aseguró que el impuesto se necesita para que los bancos ayuden a pagar los costos de la crisis que iniciaron: advirtió también que está dispuesto a avanzar con una ley en su país para implementarlo, aún si no lo siguen el resto de sus vecinos europeos.
Se juega la reelección
El ministro de finanzas francés, Francois Baroin, dijo esta semana que la idea del gobierno es gravar también la compraventa de bonos, derivados y acciones.
Es que no todo es economía en Francia: Sarkozy se juega la reelección en abril próximo y al parecer su estrategia es mostrarse hiperactivo, liderando al país en la crisis y tomando parte del discurso propio de los Socialistas.
Tanto el presidente francés como Merkel adelantaron que buscarán un acuerdo de los 27 países de la Unión Europea, pero que si eso no es posible impulsarán la iniciativa sólo entre aquellos adheridos al euro. Pero luego, cuando esta semana Merkel se reunió con su par italiano, Mario Monti, dio a entender que sólo podría apoyar la iniciativa si hay consenso en toda la Unión Europea.
Más allá de las idas y vueltas y los detalles de la iniciativa, el hecho de que se haya pasado ahora de la mera idea a los papeles hizo que los lobbystas del sector financiero no se quedaron quietos. Los representantes del sector en Holanda advirtieron que una medida de ese tipo le podría costar a los fondos de pensión, aseguradoras y otras instituciones financieras 4.000 millones de euros anuales, solamente en ese país.
Según informó el diario The Wall Street Journal, las quejas también aparecieron en la propia tierra de Sarkozy: la influyente Asociación Francesa de Gerenciamiento Financiero advirtió que habrá una fuga de divisas al exterior de implementarse la medida.
A su vez, la consultora Ernst & Young aseguró que el impuesto podría dejar un «hueco» fiscal de 116 billones de euros en Europa.
El otro elemento que parece una novedad para los habituales cánones económicos es que la decisión de la calificodora Standard & Poor’s de rebajar la calificación de la deuda de nueve de los 17 países de la eurozona si bien provocó un impacto no fue tomada «al pie de la letra» por los dirigentes políticos europeos.
El primer ministro francés, Francois Fillon, admitió que la medida constituye un alerta pero que no debe ser dramatizada.
Además, deslizó críticas a la calificadora, al indicar que si bien la decisión «era esperada» llegó «en un mal momento, si se tienen en cuenta los esfuerzos hechos por la eurozona».
Cuando se hace algo de memoria, surge que las calificadoras de riesgo no eran criticadas hasta hace algunos años por los líderes europeos, menos por aquellos de signo político conservador.
Aún con final abierto, la forma en que la política pueda encarar en los países centrales la crisis económica, al parecer, no dejará de deparar sorpresas.
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