Hugo Yasky
Secretario general de la CTA.
Libertad para sostener el rumbo
A diferencia del sector empresario, los trabajadores no tenemos la posibilidad de remarcar el precio de nuestro trabajo tantas veces como se nos antoja. Lo fijamos una vez al año en Paritarias y no hay indexación posible.
Aunque pueda parecer obvia, se hace necesario partir de esta observación, a raíz de las últimas declaraciones del ex presidente de la UIA Héctor Méndez, quien en un tono catastrófico advirtió acerca de la tragedia que supuestamente podrían generar las Paritarias, desatando una estampida de aumentos de salarios y de precios que pusiera en riesgo la estabilidad económica.
Llama la atención que las corridas cambiarias promovidas por sectores del poder financiero, o el tarifazo de Macri en el pasaje de subte o las prácticas especulativas de cinco petroleras aplicando sobreprecios que se descargan sobre el conjunto de la población, verdaderos factores de desestabilización, no despierten ningún tipo de temor ni merezcan consideración alguna por parte de aquellos empresarios a los que parece preocuparles mucho la estabilidad de la economía.
Pero sí los alarma, en vísperas de la reapertura de las discusiones paritarias, el supuesto poder desestabilizante de la recomposición de los salarios. Esta mirada, típica de la cultura depredadora de un empresariado que creció en una economía altamente extranjerizada, concentrada y especulativa, se da de narices contra la realidad. Porque si a partir de 2003 creció la economía y el empleo, no fue por el viento de cola como despectivamente suelen decir, sino a causa de la recuperación del ingreso de las mayorías populares que en la década del ’90 conocieron la tragedia de verdad, la que significó desocupación masiva y proliferación del hambre.
Fue precisamente el estimulo al consumo, elevando la capacidad adquisitiva de los sectores más postergados, el resorte que disparó la producción y la generación de empleos. Aunque el bloque dominante simule ignorarlo también se disparó la tasa de rentabilidad empresaria que tuvo un sensible aumento en la post Convertibilidad, ubicándose el promedio de 2003-2010 en 8,5%, mientras que en el periodo 1991-2001 había alcanzado sólo al 3,1%. Durante todo este ciclo, el sector empresario también se vio favorecido por la recuperación de la productividad, que creció invariablemente por encima de los salarios, lo cual demuestra de manera incontrastable que no son los aumentos de las remuneraciones la causa de la inflación.
Esta ha sido la lógica del modelo a lo largo de estos últimos nueve años en que se apostó a sostener el ingreso de los sectores populares para mover la rueda de la economía, generando producción en lugar de especulación financiera.
Por esto estamos convencidos de que sostener este rumbo implica mantener férreamente las políticas públicas que posibilitaron incrementar la participación de los trabajadores en la renta nacional. Si miramos para atrás, es mucho lo que se avanzó. Aunque si miramos para adelante está claro que es mucho lo que queda por hacer. Todavía tenemos un porcentaje enorme de asalariados por debajo de la línea de la pobreza, todavía tenemos la herida abierta de la explotación infantil y todavía tenemos un 35% de los trabajadores no registrado, la mayoría de ellos con salarios por debajo del mínimo vital y móvil.
Desde esta mirada creemos necesario que las discusiones paritarias tanto del sector público como del privado vuelvan a tener como punto de referencia el aumento de los precios de la canasta básica. El intento de poner techo en base a cifras de fantasía fracasó reiteradamente, incluso las veces que se lo intentó en los últimos años. Por otra parte entendemos imprescindible la convocatoria a un ámbito tripartito para discutir políticas públicas para ese 35% de trabajadores no registrados.
Por último hay que decir que no ignoramos ni subestimamos la crisis económica que sacude a los países del norte. Esas naciones sometidas al ajuste van a tener mercaderías excedentes que intentarán ser colocadas en nuestro mercado y a la vez van a demandar a las filiales de las transnacionales instaladas en nuestro territorio, el giro de las utilidades a sus casas matrices. Por eso las políticas públicas dirigidas al control de las importaciones, de la compra de dólares, del movimiento de los flujos financieros y de la cadena de formación de precios tienen que ser parte de una agenda en que las cámaras empresarias, las centrales de trabajadores y las autoridades del gobierno definamos un compromiso con la defensa de la producción nacional, del empleo y nivel de vida de nuestro pueblo.
Claudio Marín
Secretario general adjunto de FOETRA Buenos Aires.
La responsabilidad del movimiento obrero organizado
Las paritarias salariales de este año se desarrollarán en medio de una contradicción que el movimiento obrero organizado por intermedio de sus centrales nacionales CGT y CTA tendrá que tener en cuenta so pena de incurrir en faltas graves: por un lado no cabe duda de que debemos responder a las necesidades reivindicativas de nuestros representados. Esa es nuestra función principal y por la que ocupamos los lugares que ocupamos. Pero por el otro, no cumpliríamos nuestra función en forma eficiente si no entendiéramos que también tenemos que defender un modelo de acumulación que es diametralmente opuesto al que se implementó en la década del ’90 y que generó una crisis sin precedentes.
¿En qué momento la reivindicación salarial se transforma en cuestionamiento político? Pregunta difícil de responder.
Si dijéramos que los ajustes salariales en estas paritarias deberían estar entre el 18 y el 25 por ciento no cumpliríamos con los objetivos de esta nota por que de lo que se trata es de fijar un criterio. Este criterio para los aumentos de ninguna manera puede estar atado a una receta única para todos los trabajadores: de ninguna manera es lo mismo ganar 12 mil pesos por mes que 3000 o menos. La inflación no afecta de la misma manera a los que menos ganan que a los que la canasta alimentaria les consume sólo una pequeña porción del salario. Nuevamente la medida “changuito” pasa a resultar la más criteriosa.
¿Esto significa que aquellos sectores que más ganan deberán resignarse en esta oportunidad? De ninguna manera. La clave está en negociar por rama de actividad y dentro de cada una de ellas, por cada segmento laboral.
También debemos pensar que por fuera del discurso siempre catastrofista de las patronales de distintos sectores, la tasa de ganancia se ha mantenido en aumento y no se visualiza que deje de crecer en este año.
Ante este panorama la idea nunca dicha del gobierno de abocarse a los sectores más sumergidos en el plano laboral salarial de ninguna manera puede sustentarse en la resignación de los trabajadores que más ganan. Sencillamente porque una idea de este tipo no tiene sustento social y no se podrá pedir a los gremios que lo consigan porque los enfrentará a los trabajadores que representan.
Pero, ¿qué pasa con la pregunta de cómo negociar sin defraudar a los trabajadores cuidando el modelo y sin jaquear al gobierno que lo implementa?
La respuesta no está en manos exclusivas ni es responsabilidad sólo de las centrales sindicales. El gobierno deberá también entender que el elemento que define a cualquier dirigente honesto es su relación con la gente y nosotros deberemos hacer todo nuestro esfuerzo para no tirar el agua con el chico adentro.
Sebastián Etchemendy
Director de la Maestría en Ciencia Política, U. Di Tella.
Consolidar lo conseguido, en un contexto diferente
Antes de evaluar el contexto de las paritarias para el año 2012 conviene hacer un breve repaso de dónde venimos. Desde 2003 hasta 2011, la Argentina ha vivido un proceso fenomenal de recuperación de la institucionalidad laboral en general y de la negociación colectiva por salarios y condiciones de trabajo en particular. Los datos hablan por sí solos. En 2011 se registraron aproximadamente la misma cantidad de convenios o acuerdos colectivos entre trabajadores y empresarios que en toda la década de 1990. El Consejo de Salario, que había hibernado durante todos los ’90, se restauró desde 2004 a través de reuniones anuales donde el Estado y las organizaciones empresariales y sindicales discuten un piso salarial general legal. La Paritaria Nacional Docente, organizada por el gobierno de Néstor Kirchner, creó un mecanismo de negociación de un piso salarial docente nacional.
Este marco inédito de institucionalidad laboral fue posible gracias a las políticas económicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que favorecieron el mantenimiento de la demanda agregada y la creación de empleo. También fue y es clave el rol del Ministerio de Trabajo fortaleciendo a un actor sindical que venía del subsuelo neoliberal mediante la administración cuidadosa de las conciliaciones obligatorias y la obligación vía decreto de incluir los aumentos de suma fija en paritarias (lo que lanzó definitivamente el engranaje de la negociación). Este fortalecimiento del actor sindical y su capacidad de movilización vía respaldo del Estado explica en buena medida la recuperación del salario y el Diálogo Social: como bien nos explican los textos básicos de Economía Política, la negociación colectiva organizada con el actor sindical es siempre la segunda opción del empresariado. La primera es el unilateralismo, la imposición y el mercado.
De este modo, la Argentina se situó durante la última década a la vanguardia de los países emergentes (y delante de muchos desarrollados, espacialmente los anglosajones) en cuanto a densidad y vigencia de la institucionalidad laboral y participación sindical. Para dar una idea, la negociación colectiva salarial cubre en Chile al 5,6% de los trabajadores, en México al 10% y en la Argentina casi al 60% de los trabajadores asalariados, es decir, casi todos los registrados. Por otro lado, ni Brasil, ni Chile ni México cuentan con instancias tripartitas con participación sindical para definir salarios mínimos para trabajadores privados, docentes o estatales nacionales.
La impresionante recuperación de la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones en la discusión salarial, que fue parte central de la inclusión social vivida en los últimos años, es un proceso que hay que cuidar. En efecto, 2012 ofrece un escenario menos amigable que años anteriores. La crisis de la deuda en Europa y la desaceleración de la economía estadounidense auguran un nivel de retracción internacional. El nivel del tipo de cambio ha sido erosionado por los aumentos de precios domésticos (empujados por la suba de los alimentos a nivel mundial) y por la misma recuperación salarial de los últimos años. Por el lado de los empresarios, tienen que aprender que las viejas opciones de ajuste unilateral y despidos no son viables con un gobierno y una fuerza sindical como los actuales. Por el lado de los sindicatos, deben internalizar que cuidar el salario real no implica siempre grandes aumentos del salario nominal, y pensar en el impacto de la inflación en los trabajadores menos protegidos por la negociación colectiva. Coordinar con el Estado una política salarial es una opción anti ortodoxa que los actores populares deben valorar y oponer a las recetas de la derecha de ajustes monetarios y fiscales unilaterales. Como ha dicho repetidamente la presidenta Cristina Kirchner, los actores sociales deber tener la capacidad de mirar el conjunto y no solo sus intereses sectoriales.
Secretario general de la CTA.
Libertad para sostener el rumbo
A diferencia del sector empresario, los trabajadores no tenemos la posibilidad de remarcar el precio de nuestro trabajo tantas veces como se nos antoja. Lo fijamos una vez al año en Paritarias y no hay indexación posible.
Aunque pueda parecer obvia, se hace necesario partir de esta observación, a raíz de las últimas declaraciones del ex presidente de la UIA Héctor Méndez, quien en un tono catastrófico advirtió acerca de la tragedia que supuestamente podrían generar las Paritarias, desatando una estampida de aumentos de salarios y de precios que pusiera en riesgo la estabilidad económica.
Llama la atención que las corridas cambiarias promovidas por sectores del poder financiero, o el tarifazo de Macri en el pasaje de subte o las prácticas especulativas de cinco petroleras aplicando sobreprecios que se descargan sobre el conjunto de la población, verdaderos factores de desestabilización, no despierten ningún tipo de temor ni merezcan consideración alguna por parte de aquellos empresarios a los que parece preocuparles mucho la estabilidad de la economía.
Pero sí los alarma, en vísperas de la reapertura de las discusiones paritarias, el supuesto poder desestabilizante de la recomposición de los salarios. Esta mirada, típica de la cultura depredadora de un empresariado que creció en una economía altamente extranjerizada, concentrada y especulativa, se da de narices contra la realidad. Porque si a partir de 2003 creció la economía y el empleo, no fue por el viento de cola como despectivamente suelen decir, sino a causa de la recuperación del ingreso de las mayorías populares que en la década del ’90 conocieron la tragedia de verdad, la que significó desocupación masiva y proliferación del hambre.
Fue precisamente el estimulo al consumo, elevando la capacidad adquisitiva de los sectores más postergados, el resorte que disparó la producción y la generación de empleos. Aunque el bloque dominante simule ignorarlo también se disparó la tasa de rentabilidad empresaria que tuvo un sensible aumento en la post Convertibilidad, ubicándose el promedio de 2003-2010 en 8,5%, mientras que en el periodo 1991-2001 había alcanzado sólo al 3,1%. Durante todo este ciclo, el sector empresario también se vio favorecido por la recuperación de la productividad, que creció invariablemente por encima de los salarios, lo cual demuestra de manera incontrastable que no son los aumentos de las remuneraciones la causa de la inflación.
Esta ha sido la lógica del modelo a lo largo de estos últimos nueve años en que se apostó a sostener el ingreso de los sectores populares para mover la rueda de la economía, generando producción en lugar de especulación financiera.
Por esto estamos convencidos de que sostener este rumbo implica mantener férreamente las políticas públicas que posibilitaron incrementar la participación de los trabajadores en la renta nacional. Si miramos para atrás, es mucho lo que se avanzó. Aunque si miramos para adelante está claro que es mucho lo que queda por hacer. Todavía tenemos un porcentaje enorme de asalariados por debajo de la línea de la pobreza, todavía tenemos la herida abierta de la explotación infantil y todavía tenemos un 35% de los trabajadores no registrado, la mayoría de ellos con salarios por debajo del mínimo vital y móvil.
Desde esta mirada creemos necesario que las discusiones paritarias tanto del sector público como del privado vuelvan a tener como punto de referencia el aumento de los precios de la canasta básica. El intento de poner techo en base a cifras de fantasía fracasó reiteradamente, incluso las veces que se lo intentó en los últimos años. Por otra parte entendemos imprescindible la convocatoria a un ámbito tripartito para discutir políticas públicas para ese 35% de trabajadores no registrados.
Por último hay que decir que no ignoramos ni subestimamos la crisis económica que sacude a los países del norte. Esas naciones sometidas al ajuste van a tener mercaderías excedentes que intentarán ser colocadas en nuestro mercado y a la vez van a demandar a las filiales de las transnacionales instaladas en nuestro territorio, el giro de las utilidades a sus casas matrices. Por eso las políticas públicas dirigidas al control de las importaciones, de la compra de dólares, del movimiento de los flujos financieros y de la cadena de formación de precios tienen que ser parte de una agenda en que las cámaras empresarias, las centrales de trabajadores y las autoridades del gobierno definamos un compromiso con la defensa de la producción nacional, del empleo y nivel de vida de nuestro pueblo.
Claudio Marín
Secretario general adjunto de FOETRA Buenos Aires.
La responsabilidad del movimiento obrero organizado
Las paritarias salariales de este año se desarrollarán en medio de una contradicción que el movimiento obrero organizado por intermedio de sus centrales nacionales CGT y CTA tendrá que tener en cuenta so pena de incurrir en faltas graves: por un lado no cabe duda de que debemos responder a las necesidades reivindicativas de nuestros representados. Esa es nuestra función principal y por la que ocupamos los lugares que ocupamos. Pero por el otro, no cumpliríamos nuestra función en forma eficiente si no entendiéramos que también tenemos que defender un modelo de acumulación que es diametralmente opuesto al que se implementó en la década del ’90 y que generó una crisis sin precedentes.
¿En qué momento la reivindicación salarial se transforma en cuestionamiento político? Pregunta difícil de responder.
Si dijéramos que los ajustes salariales en estas paritarias deberían estar entre el 18 y el 25 por ciento no cumpliríamos con los objetivos de esta nota por que de lo que se trata es de fijar un criterio. Este criterio para los aumentos de ninguna manera puede estar atado a una receta única para todos los trabajadores: de ninguna manera es lo mismo ganar 12 mil pesos por mes que 3000 o menos. La inflación no afecta de la misma manera a los que menos ganan que a los que la canasta alimentaria les consume sólo una pequeña porción del salario. Nuevamente la medida “changuito” pasa a resultar la más criteriosa.
¿Esto significa que aquellos sectores que más ganan deberán resignarse en esta oportunidad? De ninguna manera. La clave está en negociar por rama de actividad y dentro de cada una de ellas, por cada segmento laboral.
También debemos pensar que por fuera del discurso siempre catastrofista de las patronales de distintos sectores, la tasa de ganancia se ha mantenido en aumento y no se visualiza que deje de crecer en este año.
Ante este panorama la idea nunca dicha del gobierno de abocarse a los sectores más sumergidos en el plano laboral salarial de ninguna manera puede sustentarse en la resignación de los trabajadores que más ganan. Sencillamente porque una idea de este tipo no tiene sustento social y no se podrá pedir a los gremios que lo consigan porque los enfrentará a los trabajadores que representan.
Pero, ¿qué pasa con la pregunta de cómo negociar sin defraudar a los trabajadores cuidando el modelo y sin jaquear al gobierno que lo implementa?
La respuesta no está en manos exclusivas ni es responsabilidad sólo de las centrales sindicales. El gobierno deberá también entender que el elemento que define a cualquier dirigente honesto es su relación con la gente y nosotros deberemos hacer todo nuestro esfuerzo para no tirar el agua con el chico adentro.
Sebastián Etchemendy
Director de la Maestría en Ciencia Política, U. Di Tella.
Consolidar lo conseguido, en un contexto diferente
Antes de evaluar el contexto de las paritarias para el año 2012 conviene hacer un breve repaso de dónde venimos. Desde 2003 hasta 2011, la Argentina ha vivido un proceso fenomenal de recuperación de la institucionalidad laboral en general y de la negociación colectiva por salarios y condiciones de trabajo en particular. Los datos hablan por sí solos. En 2011 se registraron aproximadamente la misma cantidad de convenios o acuerdos colectivos entre trabajadores y empresarios que en toda la década de 1990. El Consejo de Salario, que había hibernado durante todos los ’90, se restauró desde 2004 a través de reuniones anuales donde el Estado y las organizaciones empresariales y sindicales discuten un piso salarial general legal. La Paritaria Nacional Docente, organizada por el gobierno de Néstor Kirchner, creó un mecanismo de negociación de un piso salarial docente nacional.
Este marco inédito de institucionalidad laboral fue posible gracias a las políticas económicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner que favorecieron el mantenimiento de la demanda agregada y la creación de empleo. También fue y es clave el rol del Ministerio de Trabajo fortaleciendo a un actor sindical que venía del subsuelo neoliberal mediante la administración cuidadosa de las conciliaciones obligatorias y la obligación vía decreto de incluir los aumentos de suma fija en paritarias (lo que lanzó definitivamente el engranaje de la negociación). Este fortalecimiento del actor sindical y su capacidad de movilización vía respaldo del Estado explica en buena medida la recuperación del salario y el Diálogo Social: como bien nos explican los textos básicos de Economía Política, la negociación colectiva organizada con el actor sindical es siempre la segunda opción del empresariado. La primera es el unilateralismo, la imposición y el mercado.
De este modo, la Argentina se situó durante la última década a la vanguardia de los países emergentes (y delante de muchos desarrollados, espacialmente los anglosajones) en cuanto a densidad y vigencia de la institucionalidad laboral y participación sindical. Para dar una idea, la negociación colectiva salarial cubre en Chile al 5,6% de los trabajadores, en México al 10% y en la Argentina casi al 60% de los trabajadores asalariados, es decir, casi todos los registrados. Por otro lado, ni Brasil, ni Chile ni México cuentan con instancias tripartitas con participación sindical para definir salarios mínimos para trabajadores privados, docentes o estatales nacionales.
La impresionante recuperación de la participación de los trabajadores a través de sus organizaciones en la discusión salarial, que fue parte central de la inclusión social vivida en los últimos años, es un proceso que hay que cuidar. En efecto, 2012 ofrece un escenario menos amigable que años anteriores. La crisis de la deuda en Europa y la desaceleración de la economía estadounidense auguran un nivel de retracción internacional. El nivel del tipo de cambio ha sido erosionado por los aumentos de precios domésticos (empujados por la suba de los alimentos a nivel mundial) y por la misma recuperación salarial de los últimos años. Por el lado de los empresarios, tienen que aprender que las viejas opciones de ajuste unilateral y despidos no son viables con un gobierno y una fuerza sindical como los actuales. Por el lado de los sindicatos, deben internalizar que cuidar el salario real no implica siempre grandes aumentos del salario nominal, y pensar en el impacto de la inflación en los trabajadores menos protegidos por la negociación colectiva. Coordinar con el Estado una política salarial es una opción anti ortodoxa que los actores populares deben valorar y oponer a las recetas de la derecha de ajustes monetarios y fiscales unilaterales. Como ha dicho repetidamente la presidenta Cristina Kirchner, los actores sociales deber tener la capacidad de mirar el conjunto y no solo sus intereses sectoriales.
