RIBAMAR OLIVEIRA Brasilia
El gasto en “abonos salariales” en Brasil (complemento del salario pagado por el estado en el sector formal) está en una trayectoria explosiva, con su duplicación en los últimos cuatro años. En 2007, ese gasto fue de R$ 5.100 millones y, el año pasado, alcanzó R$ 10.380 millones, de acuerdo con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal.
La previsión del ministerio de Planificación es que el gasto en este subisidio alcance R$ 13.300 millones este año, lo que representa un aumento de 28%.
El número de trabajadores con derecho a recibir anualmente el abono, que equivale a un salario mÃnimo, más que triplicó en los últimos once años, pasando de 5,6 millones en 2000 a 20,3 millones en 2011. En ese total se incluyen los trabajadores de la iniciativa privada y los empleados públicos civiles y militares.
En función del crecimiento acelerado, el equipo económico del gobierno comenzó a estudiar las maneras en que podrÃan controlarse ese gasto. El Palacio do Planalto acompaña las discusiones, aunque el tema todavÃa no fue llevado a la mesa de decisión de la presidenta Dilma Rousseff.
La evaluación inicial del área técnica es que las actuales reglas de concesión del beneficio son demasiado generosas y precisan revisarse. Para recibir el abono, el trabajador precisa solamente haberse desempeñado con vÃnculo de dependencia al menos por 30 dÃas, consecutivos o no, en el año base que se considere para la tributación del beneficio.
Los trabajadores precisan además haber recibido remuneración mensual de hasta dos salarios mÃnimos el año anterior y estar registrados, desde hace cinco años, en el Programa de Integración Social (PIS) y en el Programa de Formación del Patrimonio del Empleado Público (Pasep). No tienen derecho al beneficio los trabajadores urbanos y rurales vinculados a un empleador Persona FÃsica, empleados domésticos y menores de edad que realizan tareas de aprendices.
La mayor dificultad para los cambios en las reglas es que el abono salarial, previsto en la Constitución, fue reglamentado por la ley 7.859, de 1989. Cualquier alteración tendrá, por lo tanto, que someterse al Congreso Nacional, lo que envolverá seguramente una difÃcil negociación polÃtica.
Algunos sectores del gobierno defienden también la reglamentación del del artÃculo 239 de la Constitución, que prevé una contribución adicional para el financiamiento del seguro desempleo. Las empresas cuyo Ãndice de rotación de la fuerza de trabajo supere el Ãndice promedio de rotación del sector pagarÃan ese adicional.
Aunque la economÃa del paÃs creó un alto número de nuevos puestos de trabajo formal en los últimos años, el gasto del gobierno con el seguro desempleo batió record en 2011, alcanzando R$ 23.800 millones. Cuando recortó el presupuesto en R$ 50.600 millones el año pasado, el gobierno esperaba mantener el gasto total con el seguro desempleo y el abono salarial en R$ 27.100 millones. Pero el gasto llegó a R$ 34.200 millones el año pasado, según datos de la SecretarÃa del Tesoro Nacional.
Como el abono salarial y el seguro desempleo se pagan con recursos del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), cuya principal fuente es la contribución del PIS/Pasep, el adicional previsto en la Constitución ayudarÃa a contrabalancear el aumento de los gastos, según esos sectores. El riesgo que corre el gobierno es que, en el futuro, los recursos de FAT no sean suficientes para costear los dos beneficios y obligue al Tesoro a complementar ese pago.
Instituido en la década del 70, durante el gobierno militar, el abono es una especie de décimo cuarto salario que se paga al trabajador con vÃnculo con empleadores contribuyentes del PIS/Pasep y que gane como máximo dos salarios mÃnimos.
El objetivo del beneficio era asegurar una participación del empleado en la vida y en el desarrollo de la empresa y, en el caso de los empleados públicos, participar del ingreso de los organismos y entidades integrantes de la administración pública directa e indirecta.
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El gasto en “abonos salariales” en Brasil (complemento del salario pagado por el estado en el sector formal) está en una trayectoria explosiva, con su duplicación en los últimos cuatro años. En 2007, ese gasto fue de R$ 5.100 millones y, el año pasado, alcanzó R$ 10.380 millones, de acuerdo con el Sistema Integrado de Administración Financiera del Gobierno Federal.
La previsión del ministerio de Planificación es que el gasto en este subisidio alcance R$ 13.300 millones este año, lo que representa un aumento de 28%.
El número de trabajadores con derecho a recibir anualmente el abono, que equivale a un salario mÃnimo, más que triplicó en los últimos once años, pasando de 5,6 millones en 2000 a 20,3 millones en 2011. En ese total se incluyen los trabajadores de la iniciativa privada y los empleados públicos civiles y militares.
En función del crecimiento acelerado, el equipo económico del gobierno comenzó a estudiar las maneras en que podrÃan controlarse ese gasto. El Palacio do Planalto acompaña las discusiones, aunque el tema todavÃa no fue llevado a la mesa de decisión de la presidenta Dilma Rousseff.
La evaluación inicial del área técnica es que las actuales reglas de concesión del beneficio son demasiado generosas y precisan revisarse. Para recibir el abono, el trabajador precisa solamente haberse desempeñado con vÃnculo de dependencia al menos por 30 dÃas, consecutivos o no, en el año base que se considere para la tributación del beneficio.
Los trabajadores precisan además haber recibido remuneración mensual de hasta dos salarios mÃnimos el año anterior y estar registrados, desde hace cinco años, en el Programa de Integración Social (PIS) y en el Programa de Formación del Patrimonio del Empleado Público (Pasep). No tienen derecho al beneficio los trabajadores urbanos y rurales vinculados a un empleador Persona FÃsica, empleados domésticos y menores de edad que realizan tareas de aprendices.
La mayor dificultad para los cambios en las reglas es que el abono salarial, previsto en la Constitución, fue reglamentado por la ley 7.859, de 1989. Cualquier alteración tendrá, por lo tanto, que someterse al Congreso Nacional, lo que envolverá seguramente una difÃcil negociación polÃtica.
Algunos sectores del gobierno defienden también la reglamentación del del artÃculo 239 de la Constitución, que prevé una contribución adicional para el financiamiento del seguro desempleo. Las empresas cuyo Ãndice de rotación de la fuerza de trabajo supere el Ãndice promedio de rotación del sector pagarÃan ese adicional.
Aunque la economÃa del paÃs creó un alto número de nuevos puestos de trabajo formal en los últimos años, el gasto del gobierno con el seguro desempleo batió record en 2011, alcanzando R$ 23.800 millones. Cuando recortó el presupuesto en R$ 50.600 millones el año pasado, el gobierno esperaba mantener el gasto total con el seguro desempleo y el abono salarial en R$ 27.100 millones. Pero el gasto llegó a R$ 34.200 millones el año pasado, según datos de la SecretarÃa del Tesoro Nacional.
Como el abono salarial y el seguro desempleo se pagan con recursos del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT), cuya principal fuente es la contribución del PIS/Pasep, el adicional previsto en la Constitución ayudarÃa a contrabalancear el aumento de los gastos, según esos sectores. El riesgo que corre el gobierno es que, en el futuro, los recursos de FAT no sean suficientes para costear los dos beneficios y obligue al Tesoro a complementar ese pago.
Instituido en la década del 70, durante el gobierno militar, el abono es una especie de décimo cuarto salario que se paga al trabajador con vÃnculo con empleadores contribuyentes del PIS/Pasep y que gane como máximo dos salarios mÃnimos.
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