La Ministra de Seguridad, Nilda Garré repasó hoy junto al Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior (CSI), Miguel Ángel Bermejo, el estado de cumplimiento del protocolo de actuación de fuerzas de seguridad y policiales en manifestaciones públicas.
La titular de la cartera de Seguridad destacó que a la fecha 19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”.
El documento presentado en la primera reunión plenaria del CSI del 20 de marzo de 2011, promueve una actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas garantizando “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.
En aquel primer encuentro participó la entonces Presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, Griselda Baldata.
Garré analizó también las reuniones periódicas que se desarrollan en cada una de las siete regiones que componen el CSI, lo cual incluye el proceso de adhesiones completado en noviembre, en ocasión del el Segundo Plenario.
Las únicas jurisdicciones que no adhirieron al protocolo propuesto por el Gobierno Nacional hasta la fecha son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, esta última en razón de encontrarse el tema en el ámbito del poder legislativo con el fin de elevarlo a la jerarquía de ley.
En el marco de los nuevos paradigmas de seguridad democrática que impulsa el Ministerio de Seguridad este protocolo implica la profundización de una práctica iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, consistente en garantizar “una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación”.
Para ello se establece, entre otros numerosos preceptos, la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, así como la restricción respecto a la utilización de postas de goma exclusivamente con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad o de manifestantes o terceras personas.
Expresamente se consigna “la obligatoriedad, para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad interviniente en operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes”, debiendo adoptarse “todos los resguardos y controles necesarios para asegurar el respeto, en todas las etapas del operativo, de lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el Decreto Reglamentario PEN 950/2002 y sus modificatorias”.
El Ministerio de Seguridad lleva un un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y además ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas. La última reunión en que se propuso esta cooperación tuvo lugar el 8 de febrero durante la Región Noroeste en Tucumán de la que participaron las seis provincias integrantes.
“El gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad. Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial. El camino para seguir avanzando en el consenso en todo el país y colaboración del Gobierno Nacional que ha instruido la presidenta Cristina fernández de Kirchner”, afirmó la Ministra Garré.
La titular de la cartera de Seguridad destacó que a la fecha 19 de las 24 jurisdicciones del país ya adhirieron a los “Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”.
El documento presentado en la primera reunión plenaria del CSI del 20 de marzo de 2011, promueve una actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas garantizando “el respeto y la protección de los derechos de los participantes”.
En aquel primer encuentro participó la entonces Presidenta de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados de la Nación, Griselda Baldata.
Garré analizó también las reuniones periódicas que se desarrollan en cada una de las siete regiones que componen el CSI, lo cual incluye el proceso de adhesiones completado en noviembre, en ocasión del el Segundo Plenario.
Las únicas jurisdicciones que no adhirieron al protocolo propuesto por el Gobierno Nacional hasta la fecha son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Santa Fe, Córdoba y Corrientes, esta última en razón de encontrarse el tema en el ámbito del poder legislativo con el fin de elevarlo a la jerarquía de ley.
En el marco de los nuevos paradigmas de seguridad democrática que impulsa el Ministerio de Seguridad este protocolo implica la profundización de una práctica iniciada en el gobierno de Néstor Kirchner, consistente en garantizar “una resolución de conflictos que no implique daños para la integridad física de las personas involucradas y no involucradas en la manifestación”.
Para ello se establece, entre otros numerosos preceptos, la prohibición de portar armas de fuego para el personal que pudiera entrar en contacto directo con los manifestantes, así como la restricción respecto a la utilización de postas de goma exclusivamente con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro de las instituciones de seguridad o de manifestantes o terceras personas.
Expresamente se consigna “la obligatoriedad, para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad interviniente en operativos, de portar una identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes correspondientes”, debiendo adoptarse “todos los resguardos y controles necesarios para asegurar el respeto, en todas las etapas del operativo, de lo establecido por la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el Decreto Reglamentario PEN 950/2002 y sus modificatorias”.
El Ministerio de Seguridad lleva un un seguimiento permanente de las condiciones en que cada provincia aplica el protocolo vigente y además ha ofrecido mejorar la formación y capacitación de los cuerpos que se emplean en el tratamiento de manifestaciones públicas. La última reunión en que se propuso esta cooperación tuvo lugar el 8 de febrero durante la Región Noroeste en Tucumán de la que participaron las seis provincias integrantes.
“El gobierno nacional jamás se ha apartado de la ley en materia de seguridad. Desde la gestión del presidente Néstor Kirchner es la administración que con más firmeza condujo su acción contra la impunidad, la no criminalización de la protesta social y los límites a la acción policial. El camino para seguir avanzando en el consenso en todo el país y colaboración del Gobierno Nacional que ha instruido la presidenta Cristina fernández de Kirchner”, afirmó la Ministra Garré.
