En la jerga periodística, que a los gobiernos «no le entren las balas» significa que la información negativa o las denuncias contra sus funcionarios no hacen impacto en su buena imagen o en la «intención de voto». Desde hace poco, la idea de que al «nuevo gobierno» de Cristina Fernández «no le entran las balas» está empezando a ponerse en cuestión.
A sólo 17 días de la denuncia pública de la ex mujer de quien sería uno de los testaferros del vicepresidente Amado Boudou para hacer negocios con el propio Estado, las alarmas dentro y fuera del Gobierno comienzan a sonar. Se sabe: el pequeño círculo íntimo de la Presidenta ahora se pregunta «hasta dónde podría salpicarnos el escándalo». La administración ya encargó encuestas a medidoras «amigas» para que analicen el impacto que podría tener el caso. Y no sólo en la imagen del vicepresidente, sino también en la de la Presidenta, quien ordenó mantener silencio absoluto, con la convicción de que el tiempo terminaría diluyendo lo que fue presentado, en principio, como «otra de las mentiras del Grupo Clarín».
¿Armó, en efecto, Boudou, un grupo de empresas amigas para hacer negocios con dinero del Estado? ¿Lo hizo por las suyas o con el guiño de alguien que estaba o está por encima de él? Esto es lo que se preguntan ahora tres personas de la máxima confianza de la Presidenta: el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; quien maneja la secretaría de Inteligencia (SI), Héctor Icazuriaga, y Máximo Kirchner, definitivamente transformado en el más celoso defensor de la carrera y el prestigio de su mamá.
En esos ámbitos ya se empieza a hablar de Boudou como alguien «desprolijo». Y, aunque todavía no dan por acreditada la denuncia que Laura Muñoz, ex del supuesto prestanombre Alejandro Vandenbroele, hizo en el programa de Jorge Lanata, recuerdan que el juez federal Claudio Bonadio podría llamar al ex ministro de Economía a declaración indagatoria por haber comprado y vendido un auto «con papeles falsos».
Cristina Fernández no puede argumentar que ignoraba a quién elegía como compañero de fórmula, porque las causas judiciales y las sospechas sobre el estilo de vida de Boudou son previas a su designación. Tampoco debería estar tan preocupada por las consecuencias judiciales, porque hace tiempo que el fuero federal parece responder a las necesidades políticas de la administración. De otra forma, no se explica por qué, por ejemplo, sigue «dormido» el expediente que vincula a la esposa del responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, con el trámite de un subsidio para un feet lot , en la época en que el alto funcionario infuía sobre la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, a través de terceros. O por qué ya nadie espera que se llegue al fondo de la cuestión en el juicio que involucra a Sergio Schoklender y salpica a Hebe de Bonafini y por la que el Estado distribuyó 750 millones de pesos para planes de viviendas sin auditoría ni licitación, y de manera discrecional.
Hay que decirlo aunque moleste: este tipo de causas son tomadas con cierta frivolidad por una buena parte de la sociedad, impregnada de un «clima de época» dominado por los feriados de Carnaval, el Fútbol para Todos y cierta capacidad de consumo que hoy envidiarían en Grecia o España. Sin embargo, asuntos como éste podrían transformarse, de un día para el otro, en las razones del malhumor colectivo, como sucedió con la figura de Carlos Menem después del efecto tequila. Y no sólo eso: también colocarían en crisis el núcleo del relato que todos los días repiten, a través del enorme aparato de difusión oficial y paraoficial, periodistas militantes, filósofos e intelectuales kirchneristas.
Para ponerlo en los términos que alguna vez utilizó Beatriz Sarlo: sería un tremendo golpe en la batalla cultural que el kirchnerismo, o el cristinismo, venía ganando con creces.
A propósito de eso, a los intelectuales oficiales de Carta Abierta les apareció un «primo hermano» descarriado que los corre «por izquierda». Se llama Plataforma 2012 y no reniega de las buenas cosas que se le adjudican al «modelo», sino que denuncia el doble discurso, el falso progresismo y la elección de enemigos ficticios que inventa el Gobierno para acumular más poder. Y trascartón, a los estrategas del Poder Ejecutivo y al intento semántico de malvinizar el año lectivo le salió otro grano: se trata de un grupo de intelectuales antipatrioteros, convencidos de que a las Malvinas no la vamos a recuperar a golpe de declaraciones rimbombantes y exacerbación nacionalista, sino a través de una estrategia que deberá trascender el gobierno de Cristina Fernández.
Entiéndase bien. Nadie está diciendo que la Presidenta está a punto de perder, de la noche a la mañana, el enorme espaldarazo que significó su victoria en las elecciones de octubre del año pasado. Tampoco que se viene el apocalipsis, como tantas veces anunciaron dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, quien ahora intenta regresar a la base del espacio político que lideró durante los últimos años. El verdadero impacto del daño se conocerá cuando se termine de registrar la dimensión del ajuste al que el Gobierno insiste en denominar sintonía fina.
El sociólogo Artemio López sostiene que la quita de subsidios y la «sintonía fina» no afectarán en nada ni la imagen ni la intención de voto de Cristina Fernández. Explica que los aumentos sólo incidirán en el 30% del total del padrón electoral. Para ser más precisos: enojarán a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano. López también afirma que casi no se sentirán en el resto del país. Es decir: el 70% del padrón donde Cristina obtuvo, en las últimas elecciones, un porcentaje cercano al 70% de los votos. El sociólogo descuenta que con estos guarismos y una oposición que no termina de despertar, las posibilidades de la Presidenta para intentar la reelección se mantienen intactas, y que sólo resta determinar el momento adecuado para instalar la reforma de la Constitución.
Por supuesto, nadie incluye, en este análisis, «imponderables» como la conmocionante tragedia ferroviaria del día ayer, quizá la más grave de la historia reciente. Se trata de episodios que, por su naturaleza, podrían cambiar el humor de un país entero. Algo parecido a lo que sucedió con Cromagnon, aunque entonces el impacto sólo alcanzó al gobierno de la ciudad.
© La Nacion .
A sólo 17 días de la denuncia pública de la ex mujer de quien sería uno de los testaferros del vicepresidente Amado Boudou para hacer negocios con el propio Estado, las alarmas dentro y fuera del Gobierno comienzan a sonar. Se sabe: el pequeño círculo íntimo de la Presidenta ahora se pregunta «hasta dónde podría salpicarnos el escándalo». La administración ya encargó encuestas a medidoras «amigas» para que analicen el impacto que podría tener el caso. Y no sólo en la imagen del vicepresidente, sino también en la de la Presidenta, quien ordenó mantener silencio absoluto, con la convicción de que el tiempo terminaría diluyendo lo que fue presentado, en principio, como «otra de las mentiras del Grupo Clarín».
¿Armó, en efecto, Boudou, un grupo de empresas amigas para hacer negocios con dinero del Estado? ¿Lo hizo por las suyas o con el guiño de alguien que estaba o está por encima de él? Esto es lo que se preguntan ahora tres personas de la máxima confianza de la Presidenta: el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; quien maneja la secretaría de Inteligencia (SI), Héctor Icazuriaga, y Máximo Kirchner, definitivamente transformado en el más celoso defensor de la carrera y el prestigio de su mamá.
En esos ámbitos ya se empieza a hablar de Boudou como alguien «desprolijo». Y, aunque todavía no dan por acreditada la denuncia que Laura Muñoz, ex del supuesto prestanombre Alejandro Vandenbroele, hizo en el programa de Jorge Lanata, recuerdan que el juez federal Claudio Bonadio podría llamar al ex ministro de Economía a declaración indagatoria por haber comprado y vendido un auto «con papeles falsos».
Cristina Fernández no puede argumentar que ignoraba a quién elegía como compañero de fórmula, porque las causas judiciales y las sospechas sobre el estilo de vida de Boudou son previas a su designación. Tampoco debería estar tan preocupada por las consecuencias judiciales, porque hace tiempo que el fuero federal parece responder a las necesidades políticas de la administración. De otra forma, no se explica por qué, por ejemplo, sigue «dormido» el expediente que vincula a la esposa del responsable de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, con el trámite de un subsidio para un feet lot , en la época en que el alto funcionario infuía sobre la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, a través de terceros. O por qué ya nadie espera que se llegue al fondo de la cuestión en el juicio que involucra a Sergio Schoklender y salpica a Hebe de Bonafini y por la que el Estado distribuyó 750 millones de pesos para planes de viviendas sin auditoría ni licitación, y de manera discrecional.
Hay que decirlo aunque moleste: este tipo de causas son tomadas con cierta frivolidad por una buena parte de la sociedad, impregnada de un «clima de época» dominado por los feriados de Carnaval, el Fútbol para Todos y cierta capacidad de consumo que hoy envidiarían en Grecia o España. Sin embargo, asuntos como éste podrían transformarse, de un día para el otro, en las razones del malhumor colectivo, como sucedió con la figura de Carlos Menem después del efecto tequila. Y no sólo eso: también colocarían en crisis el núcleo del relato que todos los días repiten, a través del enorme aparato de difusión oficial y paraoficial, periodistas militantes, filósofos e intelectuales kirchneristas.
Para ponerlo en los términos que alguna vez utilizó Beatriz Sarlo: sería un tremendo golpe en la batalla cultural que el kirchnerismo, o el cristinismo, venía ganando con creces.
A propósito de eso, a los intelectuales oficiales de Carta Abierta les apareció un «primo hermano» descarriado que los corre «por izquierda». Se llama Plataforma 2012 y no reniega de las buenas cosas que se le adjudican al «modelo», sino que denuncia el doble discurso, el falso progresismo y la elección de enemigos ficticios que inventa el Gobierno para acumular más poder. Y trascartón, a los estrategas del Poder Ejecutivo y al intento semántico de malvinizar el año lectivo le salió otro grano: se trata de un grupo de intelectuales antipatrioteros, convencidos de que a las Malvinas no la vamos a recuperar a golpe de declaraciones rimbombantes y exacerbación nacionalista, sino a través de una estrategia que deberá trascender el gobierno de Cristina Fernández.
Entiéndase bien. Nadie está diciendo que la Presidenta está a punto de perder, de la noche a la mañana, el enorme espaldarazo que significó su victoria en las elecciones de octubre del año pasado. Tampoco que se viene el apocalipsis, como tantas veces anunciaron dirigentes de la oposición como Elisa Carrió, quien ahora intenta regresar a la base del espacio político que lideró durante los últimos años. El verdadero impacto del daño se conocerá cuando se termine de registrar la dimensión del ajuste al que el Gobierno insiste en denominar sintonía fina.
El sociólogo Artemio López sostiene que la quita de subsidios y la «sintonía fina» no afectarán en nada ni la imagen ni la intención de voto de Cristina Fernández. Explica que los aumentos sólo incidirán en el 30% del total del padrón electoral. Para ser más precisos: enojarán a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el primer cordón del conurbano. López también afirma que casi no se sentirán en el resto del país. Es decir: el 70% del padrón donde Cristina obtuvo, en las últimas elecciones, un porcentaje cercano al 70% de los votos. El sociólogo descuenta que con estos guarismos y una oposición que no termina de despertar, las posibilidades de la Presidenta para intentar la reelección se mantienen intactas, y que sólo resta determinar el momento adecuado para instalar la reforma de la Constitución.
Por supuesto, nadie incluye, en este análisis, «imponderables» como la conmocionante tragedia ferroviaria del día ayer, quizá la más grave de la historia reciente. Se trata de episodios que, por su naturaleza, podrían cambiar el humor de un país entero. Algo parecido a lo que sucedió con Cromagnon, aunque entonces el impacto sólo alcanzó al gobierno de la ciudad.
© La Nacion .
