El desarrollo por parte de la Gendarmería Nacional de labores de “inteligencia” sobre dirigentes gremiales y referentes de organizaciones sociales movilizadas da cuenta de que un conjunto de prácticas institucionales y de plexos organizacionales tradicionales permanecen incólumes dentro de nuestras policías y fuerzas de seguridad federales, al amparo de décadas de una autonomía resultante del desgobierno político de la seguridad que ha primado en nuestro país desde la instauración democrática en 1983. En la Argentina democrática nunca se ha debatido institucionalmente para qué están estas instituciones, cómo se deben organizar, sobre qué bases doctrinarias deben actuar y, lo más importante, cómo y para qué deben llevar a cabo sus labores específicas. Gran parte de la clase política argentina tiene miedo de meter mano en las policías porque, aun con sus profundas deficiencias funcionales y organizacionales y sus notorias prácticas abusivas o protectivas de los empredimientos ilegales de mayor rentabilidad –narcotráfico y trata de personas, entre otras–, constituyen instrumentos útiles de gestión de las conflictividades mediante el disciplinamiento de los excluidos, la impunidad de los poderosos y la regulación del delito mediante su protección. Y en ese sentido, reestructurar las instituciones policiales equivale a reformar las formas de gobierno de la seguridad que han primado durante las tres últimas décadas.
Por ello, la reforma policial es una tarea pendiente cada vez más insoslayable. Resta saber si se va a llegar a ella mediante un abordaje estratégico hasta ahora ausente y a través de acuerdos políticos y sociales de base democrática o mediante un cúmulo de tragedias que obligen a la dirigencia política y, en especial, a los gobiernos de turno a tomar cartas en el asunto, dejando de lado las habituales declamaciones altisonantes carentes de plan, de equipo de gestión y de estrategias de poder. La trayectoria política de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y la reivindicación clara que ha hecho de la conducción política sobre las policías la ubican en la primera alternativa.
Pues bien, más allá de la auditoría ordenada por el Ministerio de Seguridad sobre el área de inteligencia de la Gendarmería Nacional, hace un par de décadas que esta fuerza, al igual de otras, tiene un triple comando institucional fluctuante pero simultáneo, según las coyunturas: su propia comandancia superior; ciertas agencias de seguridad estadounidenses, en particular la Drug Enforcement Administration (DEA); y las autoridades gubernamentales cuando están dispuestas a ejercer el mando.
Desde hace años, la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses vienen alentando a las policías y fuerzas de seguridad federales hacer un seguimiento de las redes y grupos locales dedicados al narcotráfico y de los movimientos y manifestaciones colectivas de protesta social. Para estas agencias, el “narco-terrorismo” –de eso se trata– constituye un peligro continental cuya conjuración debe conformar el horizonte funcional fundamental de las policías criollas. Para ello, ofrecen tecnologías, capacitaciones, instructores y financiamiento a los efectos de conformar, entre otras cosas, “bases de datos” sobre información producida en el marco de las investigaciones criminales llevadas a cabo por la justicia intervinente, esto es, la “justicia federal”.
Este es justamente el “manto de legalidad” de esta trama de inteligencia interna al servicio de los intereses norteamericanos en el que no se distinguen las actividades criminales de aquellas que no constituyen delitos y cuyo seguimiento informativo nos rememora a épocas lúgubres de la seguridad nacional. Una gran parte de los jueces y fiscales federales de nuestro país reportan cotidianamente a los designios y a los funcionarios de aquellas agencias del norte. En la trastienda se los llama los “jueces y fiscales de la Embajada”. Son estas autoridades las que convalidan aquellas labores de inteligencia y esas bases de datos contrarias a toda modalidad democrática de gestión de los conflictos y, en particular, a la orientación inaugurada al respecto en la Argentina por Néstor Kirchner en 2003. Y lo hacen cuando ordenan “tareas de inteligencia o de investigación” poco precisas y tan inciertas en cuyo marco les delegan a las fuerzas policiales la decisión de cómo hacerlas, con qué medios y sobre quiénes ejecutarlas. Después, las convalidan cuando las toman en el sumario como pruebas para acusar penalmente a dirigentes sociales. Allí se cierra el círculo perverso entre agencias estadounidenses, policías criollas y justicia cipaya.
Ahora bien, la crisis siempre abre oportunidades, aunque no siempre estas son inteligentemente aprovechadas. El accionar de Gendarmería Nacional sobre dirigentes sociales abre la oportunidad de revisar la institucionalidad policial abocada a la inteligencia criminal, en particular, la superación del anacronismo existente en esta materia en las policías y fuerzas de seguridad federales. Veamos.
En 1963, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto-Ley 9021/63 que instituyó la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina” y que fue posteriormente reglamentado a través del Decreto 2322/67. Estas normas son formalmente secretas, como lo es el funcionamiento de este cuerpo y los verdaderos objetivos de su vida institucional. En ellas, se establece la conformación de un “cuerpo de informaciones” integrado por “agentes secretos” –los llamados “plumas”– abocados a desarrollar tareas específicas de la “especialidad de informaciones”. Sus cargos y funciones no son equivalentes ni guardan relación jerárquica con el personal policial de la institución y cuentan con un régimen de empleo y escalafonario propio. Además, sus labores no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”, es decir, pueden ser contratados o admitidos como funcionarios o empleados en cualquier organismo público y privado. En la actualidad, este dispositivo sigue funcionando a pleno, cuenta con más de un millar de agentes y constituye un verdadero servicio para-estatal de informaciones destinado a hacer inteligencia y operaciones política de diversa calaña.
Cuarenta y cinco años después, en mayo de 2008, la presidenta Cristina Fernández emitió el Decreto 785/08, mediante el cual aprobó la estructura orgánico-funcional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la primera institución policial de rango federal creada en democracia y conducida por civiles. Allí, se instituyó el sistema de “inteligencia criminal aeroportuaria”, destinado a “la producción y gestión del conocimiento criminal referido a los problemas delictivos desarrollados en el ámbito aeroportuario, a los efectos de elaborar, planificar, diagramar y formular las estrategias y directivas operacionales en materia de seguridad aeroportuaria preventiva y compleja, sean generales o específicas, que deberán ser implementadas por las diferentes unidades operativas de la institución”. Se trató del primer sistema de inteligencia policial de carácter público, lo que ha sido ignorado hasta por el progresismo criollo temeroso de los cambios reales.
Las desinteligencias de esta inteligencia bipolar es llamativa. La mayor institución policial federal y las más mimada por los sucesivos gobiernos cuenta con un verdadero servicio para-estatal de informaciones destinado a hacer inteligencia y operaciones política de diversa calaña. Ciro James, uno de sus notorios agentes, dio cuenta de ello. Al mismo tiempo, la más pequeña institución policial federal y la menos considerada por la política detenta un sistema de inteligencia específicamente abocado a conocer las problemáticas criminales en su jurisdicción, sin perder de vista que sus deficiencias y anacronismos actuales facilitaron el “avionazo” de enero de 2011 cuando el escamoteo de información entre unidades de esa novel policía impidió dar cuenta de la avioneta estacionada por 48 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que luego trasladó una tonelada de cocaína al aeropuerto de Barcelona y permitió, con ello, perpetrar una operación pergeñada por la DEA contra el gobierno argentino.
En este contexto, la crisis desatada por el accionar de la Gendarmería Nacional debería constituir el puntapié inicial de una reestructuración integral de la institucionalidad policial abocada a la inteligencia criminal en nuestro país y de la perversa incidencia que sobre ella ejercen en la clandestinidad ciertas agencias extranjeras. En la Argentina, las problemáticas criminales relativas al narcotráfico, la trata de personas para su explotación sexual y a otros mercados ilegales son complejas y de amplia envergadura. No hay ninguna razón para no direccionar las labores de la inteligencia criminal de las policías y fuerzas federales de seguridad a su identificación, conocimiento y desarticulación. Dedicarse a seguir movimientos sociales y acciones de protesta es oprobioso y dilapida los esfuerzos institucionales de las policías que deberían estar enfocados en aquellas cuestiones.
La política de seguridad inaugurada por Néstor Kirchner en 2003 acerca de las protestas sociales y el compromiso indiscutible de Nilda Garré con la seguridad democrática brindan un marco fundamental para emprender este conjunto de reformas institucionales. <
Por ello, la reforma policial es una tarea pendiente cada vez más insoslayable. Resta saber si se va a llegar a ella mediante un abordaje estratégico hasta ahora ausente y a través de acuerdos políticos y sociales de base democrática o mediante un cúmulo de tragedias que obligen a la dirigencia política y, en especial, a los gobiernos de turno a tomar cartas en el asunto, dejando de lado las habituales declamaciones altisonantes carentes de plan, de equipo de gestión y de estrategias de poder. La trayectoria política de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y la reivindicación clara que ha hecho de la conducción política sobre las policías la ubican en la primera alternativa.
Pues bien, más allá de la auditoría ordenada por el Ministerio de Seguridad sobre el área de inteligencia de la Gendarmería Nacional, hace un par de décadas que esta fuerza, al igual de otras, tiene un triple comando institucional fluctuante pero simultáneo, según las coyunturas: su propia comandancia superior; ciertas agencias de seguridad estadounidenses, en particular la Drug Enforcement Administration (DEA); y las autoridades gubernamentales cuando están dispuestas a ejercer el mando.
Desde hace años, la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses vienen alentando a las policías y fuerzas de seguridad federales hacer un seguimiento de las redes y grupos locales dedicados al narcotráfico y de los movimientos y manifestaciones colectivas de protesta social. Para estas agencias, el “narco-terrorismo” –de eso se trata– constituye un peligro continental cuya conjuración debe conformar el horizonte funcional fundamental de las policías criollas. Para ello, ofrecen tecnologías, capacitaciones, instructores y financiamiento a los efectos de conformar, entre otras cosas, “bases de datos” sobre información producida en el marco de las investigaciones criminales llevadas a cabo por la justicia intervinente, esto es, la “justicia federal”.
Este es justamente el “manto de legalidad” de esta trama de inteligencia interna al servicio de los intereses norteamericanos en el que no se distinguen las actividades criminales de aquellas que no constituyen delitos y cuyo seguimiento informativo nos rememora a épocas lúgubres de la seguridad nacional. Una gran parte de los jueces y fiscales federales de nuestro país reportan cotidianamente a los designios y a los funcionarios de aquellas agencias del norte. En la trastienda se los llama los “jueces y fiscales de la Embajada”. Son estas autoridades las que convalidan aquellas labores de inteligencia y esas bases de datos contrarias a toda modalidad democrática de gestión de los conflictos y, en particular, a la orientación inaugurada al respecto en la Argentina por Néstor Kirchner en 2003. Y lo hacen cuando ordenan “tareas de inteligencia o de investigación” poco precisas y tan inciertas en cuyo marco les delegan a las fuerzas policiales la decisión de cómo hacerlas, con qué medios y sobre quiénes ejecutarlas. Después, las convalidan cuando las toman en el sumario como pruebas para acusar penalmente a dirigentes sociales. Allí se cierra el círculo perverso entre agencias estadounidenses, policías criollas y justicia cipaya.
Ahora bien, la crisis siempre abre oportunidades, aunque no siempre estas son inteligentemente aprovechadas. El accionar de Gendarmería Nacional sobre dirigentes sociales abre la oportunidad de revisar la institucionalidad policial abocada a la inteligencia criminal, en particular, la superación del anacronismo existente en esta materia en las policías y fuerzas de seguridad federales. Veamos.
En 1963, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó el Decreto-Ley 9021/63 que instituyó la “Orgánica del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina” y que fue posteriormente reglamentado a través del Decreto 2322/67. Estas normas son formalmente secretas, como lo es el funcionamiento de este cuerpo y los verdaderos objetivos de su vida institucional. En ellas, se establece la conformación de un “cuerpo de informaciones” integrado por “agentes secretos” –los llamados “plumas”– abocados a desarrollar tareas específicas de la “especialidad de informaciones”. Sus cargos y funciones no son equivalentes ni guardan relación jerárquica con el personal policial de la institución y cuentan con un régimen de empleo y escalafonario propio. Además, sus labores no son “incompatibles con otro empleo de la administración pública, provincial, municipal y privados”, es decir, pueden ser contratados o admitidos como funcionarios o empleados en cualquier organismo público y privado. En la actualidad, este dispositivo sigue funcionando a pleno, cuenta con más de un millar de agentes y constituye un verdadero servicio para-estatal de informaciones destinado a hacer inteligencia y operaciones política de diversa calaña.
Cuarenta y cinco años después, en mayo de 2008, la presidenta Cristina Fernández emitió el Decreto 785/08, mediante el cual aprobó la estructura orgánico-funcional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la primera institución policial de rango federal creada en democracia y conducida por civiles. Allí, se instituyó el sistema de “inteligencia criminal aeroportuaria”, destinado a “la producción y gestión del conocimiento criminal referido a los problemas delictivos desarrollados en el ámbito aeroportuario, a los efectos de elaborar, planificar, diagramar y formular las estrategias y directivas operacionales en materia de seguridad aeroportuaria preventiva y compleja, sean generales o específicas, que deberán ser implementadas por las diferentes unidades operativas de la institución”. Se trató del primer sistema de inteligencia policial de carácter público, lo que ha sido ignorado hasta por el progresismo criollo temeroso de los cambios reales.
Las desinteligencias de esta inteligencia bipolar es llamativa. La mayor institución policial federal y las más mimada por los sucesivos gobiernos cuenta con un verdadero servicio para-estatal de informaciones destinado a hacer inteligencia y operaciones política de diversa calaña. Ciro James, uno de sus notorios agentes, dio cuenta de ello. Al mismo tiempo, la más pequeña institución policial federal y la menos considerada por la política detenta un sistema de inteligencia específicamente abocado a conocer las problemáticas criminales en su jurisdicción, sin perder de vista que sus deficiencias y anacronismos actuales facilitaron el “avionazo” de enero de 2011 cuando el escamoteo de información entre unidades de esa novel policía impidió dar cuenta de la avioneta estacionada por 48 horas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que luego trasladó una tonelada de cocaína al aeropuerto de Barcelona y permitió, con ello, perpetrar una operación pergeñada por la DEA contra el gobierno argentino.
En este contexto, la crisis desatada por el accionar de la Gendarmería Nacional debería constituir el puntapié inicial de una reestructuración integral de la institucionalidad policial abocada a la inteligencia criminal en nuestro país y de la perversa incidencia que sobre ella ejercen en la clandestinidad ciertas agencias extranjeras. En la Argentina, las problemáticas criminales relativas al narcotráfico, la trata de personas para su explotación sexual y a otros mercados ilegales son complejas y de amplia envergadura. No hay ninguna razón para no direccionar las labores de la inteligencia criminal de las policías y fuerzas federales de seguridad a su identificación, conocimiento y desarticulación. Dedicarse a seguir movimientos sociales y acciones de protesta es oprobioso y dilapida los esfuerzos institucionales de las policías que deberían estar enfocados en aquellas cuestiones.
La política de seguridad inaugurada por Néstor Kirchner en 2003 acerca de las protestas sociales y el compromiso indiscutible de Nilda Garré con la seguridad democrática brindan un marco fundamental para emprender este conjunto de reformas institucionales. <
