Argentina
¿Cambios en la relación gobierno – sociedad?
El análisis de Sergio De Piero, politólogo UBA-FlacsoHace poco más de cuatro meses la Presidenta obtenía el 54% de respaldo para un nuevo mandato. Hoy la conflictividad parece ajena a ese dato, y actores políticos, sociales y económicos presentan en la arena política diversas cuestiones, cuyos canales de mediación no siempre son claros. No parece existir, sin embargo, una ola de cambio de humor en la relación de la sociedad con el Gobierno, sino un momento de bisagra en algunas áreas. Las situaciones son muy diversas y parecen atravesadas por lógicas diferentes, aunque el receptor es siempre el mismo. Por eso obliga al Gobierno nacional a reformular también estrategias o al menos saber que en cada acción que se lleve adelante las reacciones pueden traducirse en malhumores sociales. Porque lo que se denomina una “pelea” con la CGT o los empresarios o la oposición aunque ocupe mucho espacio en los medios, siempre es distante y ajena para la vida cotidiana de millones de personas, pero no sucede lo mismo con otras cuestiones. Por caso, el Gobierno ha decidido cambiar el perfil de su política de subsidios, en algunos casos anulándola, y esa acción generará ruidos; y tal vez molestia y acaso algunos rechazos. Aquí la capacidad estatal por distribuir el subsidio entre todos lo que lo necesitan será clave. El problema es que algunos sectores que ya no lo reciban creerán que la situación es injusta y de allí los descontentos. Otro caso: los reproches de la Presidenta a los sindicatos docentes, con argumentos ya esgrimidos en otras ocasiones, tienen más que ver con que la pauta salarial docente marca niveles para el acuerdo con otros gremios estatales como la salud o la policía, que con una disputa específica con ese sector. Con todo, la situación puede generar cierto enfriamiento en una relación que parecía tener buena sintonía, ya que se le reconocía al Gobierno la prioridad dada a la educación. Algunas palabras dieron pie esta semana a respuestas algo desmedidas y probablemente terminaron de “justificar” la realización del paro. Pero sin duda el hecho que ocupa el mayor espacio es la tragedia en la estación Once, que continúa generando impactos en el conjunto de la sociedad. El pasado viernes los familiares y amigos de las víctimas fatales realizaron una marcha desde el obelisco hasta la plaza de Mayo reclamando justicia, esperando que los responsables de la tragedia sean condenados. Saben que la acción en los tribunales no es suficiente y que ello debe ser acompañado por la presencia en el espacio público, logrando que el tema no quede relegado detrás de la compleja agenda política y social de nuestro país. Pero también saben que su demanda no es una construcción política y lo dejaron en claro en el acto, tomando distancia de las agrupaciones políticas presentes, algunas de las cuales necesitan de estas tragedias para lograr cierta presencia, en el vano intento por hacer confluir a ese dolor, una identidad política. Desde hace algunos años, pero con cierto incremento o visibilidad en los últimos meses, poblaciones cordilleranas se han opuesto a la instalación o continuidad de proyectos mineros “a cielo abierto” cuestionado a los estados provinciales y al nacional. Eso abre también un dilema porque los planteos se presentan de modo maximalista, en un época de creciente demanda de minerales en el mercado mundial, que rechazan la explotación tanto privada como estatal.
Estos casos, donde podríamos incluir algunos otros, muestran, más que un golpe a la relación gobierno – sociedad, la complejidad en la trama de nuestras sociedades posindustriales, cuya conflictividad tiende más a la fragmentación. Pero las demandas por un transporte seguro, la distribución del ingreso, el desarrollo sustentable, y ese cúmulo de demandas que se presentan, sólo pueden encontrar cauce a través de un Estado más involucrado y con sus capacidades de intervención y regulación mejoradas. Probablemente esa ecuación fue la que concluyó en el 54% de octubre.
¿Cambios en la relación gobierno – sociedad?
El análisis de Sergio De Piero, politólogo UBA-FlacsoHace poco más de cuatro meses la Presidenta obtenía el 54% de respaldo para un nuevo mandato. Hoy la conflictividad parece ajena a ese dato, y actores políticos, sociales y económicos presentan en la arena política diversas cuestiones, cuyos canales de mediación no siempre son claros. No parece existir, sin embargo, una ola de cambio de humor en la relación de la sociedad con el Gobierno, sino un momento de bisagra en algunas áreas. Las situaciones son muy diversas y parecen atravesadas por lógicas diferentes, aunque el receptor es siempre el mismo. Por eso obliga al Gobierno nacional a reformular también estrategias o al menos saber que en cada acción que se lleve adelante las reacciones pueden traducirse en malhumores sociales. Porque lo que se denomina una “pelea” con la CGT o los empresarios o la oposición aunque ocupe mucho espacio en los medios, siempre es distante y ajena para la vida cotidiana de millones de personas, pero no sucede lo mismo con otras cuestiones. Por caso, el Gobierno ha decidido cambiar el perfil de su política de subsidios, en algunos casos anulándola, y esa acción generará ruidos; y tal vez molestia y acaso algunos rechazos. Aquí la capacidad estatal por distribuir el subsidio entre todos lo que lo necesitan será clave. El problema es que algunos sectores que ya no lo reciban creerán que la situación es injusta y de allí los descontentos. Otro caso: los reproches de la Presidenta a los sindicatos docentes, con argumentos ya esgrimidos en otras ocasiones, tienen más que ver con que la pauta salarial docente marca niveles para el acuerdo con otros gremios estatales como la salud o la policía, que con una disputa específica con ese sector. Con todo, la situación puede generar cierto enfriamiento en una relación que parecía tener buena sintonía, ya que se le reconocía al Gobierno la prioridad dada a la educación. Algunas palabras dieron pie esta semana a respuestas algo desmedidas y probablemente terminaron de “justificar” la realización del paro. Pero sin duda el hecho que ocupa el mayor espacio es la tragedia en la estación Once, que continúa generando impactos en el conjunto de la sociedad. El pasado viernes los familiares y amigos de las víctimas fatales realizaron una marcha desde el obelisco hasta la plaza de Mayo reclamando justicia, esperando que los responsables de la tragedia sean condenados. Saben que la acción en los tribunales no es suficiente y que ello debe ser acompañado por la presencia en el espacio público, logrando que el tema no quede relegado detrás de la compleja agenda política y social de nuestro país. Pero también saben que su demanda no es una construcción política y lo dejaron en claro en el acto, tomando distancia de las agrupaciones políticas presentes, algunas de las cuales necesitan de estas tragedias para lograr cierta presencia, en el vano intento por hacer confluir a ese dolor, una identidad política. Desde hace algunos años, pero con cierto incremento o visibilidad en los últimos meses, poblaciones cordilleranas se han opuesto a la instalación o continuidad de proyectos mineros “a cielo abierto” cuestionado a los estados provinciales y al nacional. Eso abre también un dilema porque los planteos se presentan de modo maximalista, en un época de creciente demanda de minerales en el mercado mundial, que rechazan la explotación tanto privada como estatal.
Estos casos, donde podríamos incluir algunos otros, muestran, más que un golpe a la relación gobierno – sociedad, la complejidad en la trama de nuestras sociedades posindustriales, cuya conflictividad tiende más a la fragmentación. Pero las demandas por un transporte seguro, la distribución del ingreso, el desarrollo sustentable, y ese cúmulo de demandas que se presentan, sólo pueden encontrar cauce a través de un Estado más involucrado y con sus capacidades de intervención y regulación mejoradas. Probablemente esa ecuación fue la que concluyó en el 54% de octubre.
