Por Zenon A. Biagosch // FIDESnet y UCA
10/03/12 – 12:18
En 1996, cuando la Argentina expresó por primera vez, de modo formal, su voluntad de ser uno de los miembros plenos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), era difícil de prever por entonces que, quince años después, ese organismo llegaría a ser, como lo es hoy, el gran vigía de las finanzas y la economía mundiales.
Las graves consecuencias de los excesos en la desregulación de la circulación financiera, que tuvieron dramática verificación en la crisis que estalló en 2008, contribuyeron a que el GAFI pasara a ser la expresión orgánica de un irrefrenable movimiento internacional, comparable a un tsunami, del que nadie puede evadirse sin pagar altísimos costos políticos, económicos y reputacionales.
El GAFI es uno de los organismos veedores de la transparencia financiera internacional y aplica políticas globales generadas en instancias muchas veces superiores, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o el G20, dirigidas a investigar, prevenir y perseguir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo –delitos que reclama sean debidamente tipificados– lo que hace promoviendo la adopción de sus ahora cuarenta recomendaciones muy claras y concretas sobre medidas a ser aplicadas, y cuyo incumplimiento deberá ser pagado por quien pretenda escapar de ellas.
Hoy integran el GAFI 36 miembros plenos (34 países y dos organizaciones internacionales), más de veinte miembros observadores y ocho organismos subregionales, todos los cuales adhieren a sus políticas. Sus recomendaciones son aplicadas en mayor o menor medida por más de 180 gobiernos y son ya muchos los actores económicos que asumieron sus recomendaciones como un estándar corporativo en su quehacer cotidiano, tales como la banca de inversión o corresponsal, inversores tradicionales o fondos de inversión, calificadoras de riesgo, etc.
El camino recorrido en estos quince años muestra el acierto de la decisión adoptada por la Argentina en 1996 al promover, por aquel entonces, su incorporación al organismo multilateral. La última novedad en ese tsunami llamado GAFI fue la actualización de sus anteriores 49 recomendaciones, hoy cuarenta, dada a conocer el pasado 16 de febrero, mediante una revisión –a la que precedieron otras en 1996 y 2003– que tiende a hacer de esos estándares pautas efectivas de actuación para los gobiernos y también para las corporaciones del sector financiero y de la economía real.
Las decisiones principales incorporadas a las recomendaciones son, entre otras, las siguientes:
Combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme lo requiera y establezca el Consejo de Seguridad de la ONU.
Acentuar la transparencia que haga más difícil a criminales y terroristas encubrir sus identidades u ocultar sus recursos mediante personas o arreglos legales.
Mejorar y promover la utilización del método conocido como “enfoque basado en riesgo” para posibilitar a los gobiernos y al sector privado aplicar sus recursos con más eficiencia, focalizándolos en las áreas de mayor peligro.
Aclarar los términos de la información exigida en las transferencias electrónicas sobre ordenante y beneficiario de las mismas.
Lograr una más efectiva cooperación internacional, incluyendo el intercambio de información entre autoridades y concretar acciones conjuntas en la investigación, inmovilización y confiscación de fondos ilegales, acentuando el equilibrio entre la cooperación y la confidencialidad de la información.
Mejorar las herramientas operativas y ampliar el rango de los recursos tecnológicos y facultades de las unidades de inteligencia financiera y las fuerzas de seguridad.
Reforzar las exigencias para la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), ampliando también para los nacionales y miembros de organismos internacionales la actual exigencia hoy aplicada a los PEP extranjeros, en cuanto realizarles un seguimiento reforzado. Asimismo a los familiares y asociados cercanos de todos ellos.
Ampliar la persecución del blanqueo de capitales realizado en relación a delitos tributarios graves y clarificación del contrabando para incluir delitos relativos en materia aduanera.
Acerca de las dos últimas revisiones mencionadas –que distan de ser de las menos importantes– podría decirse que la Argentina, en cierta forma, se anticipó al GAFI dado que ya había establecido un criterio amplio respecto de las diligencias a seguir en relación a los PEP e incluyó en el ordenamiento legal a la evasión impositiva como delito originante, inclusive imponiendo a la Unidad de Información Financiera (UIF) la obligación de atender al lavado proveniente de evasión como acción primordial, según lo establece la última reforma legal.
A propósito, es estimulante que el GAFI, en su última reunión de París en febrero, manifestara su congratulación por los esfuerzos de la Argentina, expresados en la nueva ley contra la financiación del terrorismo y su plan de acción de medidas y jalones para una efectiva implementación de la lucha contra el lavado, en una declaración que también insta a nuestro país para seguir en ese camino y subsanar las deficiencias que aún existen.
Esos pasos que viene dando la Argentina, a impulso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fundan nuestra esperanza en que, en la reunión plenaria del GAFI que se hará en Roma en junio próximo, dejemos de figurar en la mal llamada “lista gris” y nos afirmemos como partícipes y no como víctimas de ese tsunami.
En esa perspectiva, debemos ahondar nuestros esfuerzos en la vertebración de una política de Estado contra estos delitos que elabore y aplique una estrategia técnico-profesional superadora, en el plano local e internacional, y que implemente, mediante un amplio acuerdo público-privado, un régimen consensuado de contralor equilibrado e independiente de vaivenes políticos.
Son muchos los desafíos que nuestra sociedad tiene por delante en esta materia. Sólo un accionar conjunto y coordinado de todos los actores involucrados en esta lucha permitirá alcanzarlos. Ahora bien, quien no se involucre en dicha lucha, estará colaborando en construir una sociedad resignada a que nuestras generaciones venideras convivan con el crimen organizado.
10/03/12 – 12:18
En 1996, cuando la Argentina expresó por primera vez, de modo formal, su voluntad de ser uno de los miembros plenos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), era difícil de prever por entonces que, quince años después, ese organismo llegaría a ser, como lo es hoy, el gran vigía de las finanzas y la economía mundiales.
Las graves consecuencias de los excesos en la desregulación de la circulación financiera, que tuvieron dramática verificación en la crisis que estalló en 2008, contribuyeron a que el GAFI pasara a ser la expresión orgánica de un irrefrenable movimiento internacional, comparable a un tsunami, del que nadie puede evadirse sin pagar altísimos costos políticos, económicos y reputacionales.
El GAFI es uno de los organismos veedores de la transparencia financiera internacional y aplica políticas globales generadas en instancias muchas veces superiores, como la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) o el G20, dirigidas a investigar, prevenir y perseguir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo –delitos que reclama sean debidamente tipificados– lo que hace promoviendo la adopción de sus ahora cuarenta recomendaciones muy claras y concretas sobre medidas a ser aplicadas, y cuyo incumplimiento deberá ser pagado por quien pretenda escapar de ellas.
Hoy integran el GAFI 36 miembros plenos (34 países y dos organizaciones internacionales), más de veinte miembros observadores y ocho organismos subregionales, todos los cuales adhieren a sus políticas. Sus recomendaciones son aplicadas en mayor o menor medida por más de 180 gobiernos y son ya muchos los actores económicos que asumieron sus recomendaciones como un estándar corporativo en su quehacer cotidiano, tales como la banca de inversión o corresponsal, inversores tradicionales o fondos de inversión, calificadoras de riesgo, etc.
El camino recorrido en estos quince años muestra el acierto de la decisión adoptada por la Argentina en 1996 al promover, por aquel entonces, su incorporación al organismo multilateral. La última novedad en ese tsunami llamado GAFI fue la actualización de sus anteriores 49 recomendaciones, hoy cuarenta, dada a conocer el pasado 16 de febrero, mediante una revisión –a la que precedieron otras en 1996 y 2003– que tiende a hacer de esos estándares pautas efectivas de actuación para los gobiernos y también para las corporaciones del sector financiero y de la economía real.
Las decisiones principales incorporadas a las recomendaciones son, entre otras, las siguientes:
Combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, conforme lo requiera y establezca el Consejo de Seguridad de la ONU.
Acentuar la transparencia que haga más difícil a criminales y terroristas encubrir sus identidades u ocultar sus recursos mediante personas o arreglos legales.
Mejorar y promover la utilización del método conocido como “enfoque basado en riesgo” para posibilitar a los gobiernos y al sector privado aplicar sus recursos con más eficiencia, focalizándolos en las áreas de mayor peligro.
Aclarar los términos de la información exigida en las transferencias electrónicas sobre ordenante y beneficiario de las mismas.
Lograr una más efectiva cooperación internacional, incluyendo el intercambio de información entre autoridades y concretar acciones conjuntas en la investigación, inmovilización y confiscación de fondos ilegales, acentuando el equilibrio entre la cooperación y la confidencialidad de la información.
Mejorar las herramientas operativas y ampliar el rango de los recursos tecnológicos y facultades de las unidades de inteligencia financiera y las fuerzas de seguridad.
Reforzar las exigencias para la identificación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), ampliando también para los nacionales y miembros de organismos internacionales la actual exigencia hoy aplicada a los PEP extranjeros, en cuanto realizarles un seguimiento reforzado. Asimismo a los familiares y asociados cercanos de todos ellos.
Ampliar la persecución del blanqueo de capitales realizado en relación a delitos tributarios graves y clarificación del contrabando para incluir delitos relativos en materia aduanera.
Acerca de las dos últimas revisiones mencionadas –que distan de ser de las menos importantes– podría decirse que la Argentina, en cierta forma, se anticipó al GAFI dado que ya había establecido un criterio amplio respecto de las diligencias a seguir en relación a los PEP e incluyó en el ordenamiento legal a la evasión impositiva como delito originante, inclusive imponiendo a la Unidad de Información Financiera (UIF) la obligación de atender al lavado proveniente de evasión como acción primordial, según lo establece la última reforma legal.
A propósito, es estimulante que el GAFI, en su última reunión de París en febrero, manifestara su congratulación por los esfuerzos de la Argentina, expresados en la nueva ley contra la financiación del terrorismo y su plan de acción de medidas y jalones para una efectiva implementación de la lucha contra el lavado, en una declaración que también insta a nuestro país para seguir en ese camino y subsanar las deficiencias que aún existen.
Esos pasos que viene dando la Argentina, a impulso del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fundan nuestra esperanza en que, en la reunión plenaria del GAFI que se hará en Roma en junio próximo, dejemos de figurar en la mal llamada “lista gris” y nos afirmemos como partícipes y no como víctimas de ese tsunami.
En esa perspectiva, debemos ahondar nuestros esfuerzos en la vertebración de una política de Estado contra estos delitos que elabore y aplique una estrategia técnico-profesional superadora, en el plano local e internacional, y que implemente, mediante un amplio acuerdo público-privado, un régimen consensuado de contralor equilibrado e independiente de vaivenes políticos.
Son muchos los desafíos que nuestra sociedad tiene por delante en esta materia. Sólo un accionar conjunto y coordinado de todos los actores involucrados en esta lucha permitirá alcanzarlos. Ahora bien, quien no se involucre en dicha lucha, estará colaborando en construir una sociedad resignada a que nuestras generaciones venideras convivan con el crimen organizado.
