María Inés de Lafuente es una de los cinco argentinos que figuran en el ranking de los milmillonarios que acaba publicar la revista Forbes, con una fortuna estimada en 1.200 millones de dólares. Ella dispone de ese patrimonio por el sólo y simple hecho de ser la hija de la recientemente fallecida Amalia Lacroze de Fortabat. Además, por todo eso que heredó no pagó absolutamente nada de impuestos, ya que, increíblemente, en la Argentina la herencia no está gravada.
Hace mucho que se debate acerca de si la herencia es un derecho o un privilegio, pero lo que está fuera de discusión es que se trata de la causa primaria de la desigualdad social, y que por lo tanto debe ser gravada con el objetivo de atenuar la injusticia que significa que unos nazcan en la miseria y otros habiendo ganado la lotería del ovario, como ilustró con crudeza Warren Buffett, el tercer hombre más rico en el ranking donde María Inés de Lafuente aparece en el puesto 1015. Buffett usó esa figura un par de años atrás cuando, junto con Bill Gates y varios otros multimillonarios, se comprometieron a donar la mitad de sus respectivas fortunas (www.givingpledge.com).
Y eso que en Estados Unidos hay impuesto a la herencia, con un mínimo no imponible de 1 millón de dólares y alícuotas progresivas que alcanzan un máximo del 48 por ciento. En 1976 la tasa máxima era del 70 por ciento. No es una excepción. La herencia está gravada en casi todo el Primer Mundo. En Gran Bretaña, por ejemplo, hay un monto exento de 350.000 euros y una alícuota máxima de 40 por ciento; en Alemania los hijos pagan por encima de 204.000 euros y la tasa llega al 30 por ciento.
El impuesto también está presente en algunos países vecinos como Brasil y Chile.
En la Argentina había sido sancionado en 1907, aunque hay antecedentes de impuesto sucesorio que fue ratificado por la Revolución de Mayo de 1810. En 1973 tenía una alícuota promedio del 19 por ciento, una tasa máxima del 33 por ciento, y un monto exento que hoy equivaldría a unos 150.000 pesos. El impuesto, cuya recaudación tenía como destino específico la educación, fue derogado por la última dictadura militar, y una leyenda nunca desmentida cuenta que la decisión no fue ajena a un legado en la familia del entonces ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Con la vuelta de la democracia hubo algunas iniciativas para restablecer un impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. Hubo proyectos de ley de diputados radicales K, de otros del centroizquierda y también de la Coalición Cívica. El del diputado Adrián Pérez establecía un mínimo no imponible que a valores ajustados hoy rondaría los 400.000 pesos, y alícuotas progresivas hasta un máximo de 35 por ciento.
Su aporte recaudatorio no es nada despreciable. En una propuesta que elaboró Francisco Eggers en el 2006 en el ministerio de Economía para el entonces secretario de Hacienda, Carlos Mosse, que dejaba exentos a hijos y cónyugues de clase media y baja y contemplaba una tasa máxima del 30 por ciento para el monto imponible, se señala que el potencial recaudatorio oscilaba entre el 0,2 y 0,3 por ciento del PBI; es decir entre 800 y 1200 millones de dólares, o el equivalente a más de una cuarta parte del presupuesto de todas las universidades nacionales.
La propuesta quedó en un cajón. Al igual que los proyectos de ley. El kirchnerismo no ha sido muy proclive a modificar la estructura tributaria, y la única vez que lo intentó con la recordada Resolución 125 fracasó por los groseros errores técnicos y la enorme torpeza política de la jugada.
En cambio, la provincia de Buenos Aires sancionó hace un par de años una ley que grava la herencia (Transmisión Gratuita de Bienes) a partir de los 200.000 pesos con una alícuota promedio del 9 por ciento y una máxima del 16 por ciento. El año pasado recaudó por eso unos 26 millones de pesos.
En una presentación que Agustín Lódola y Pedro Velasco, dos economistas del ministerio de Economía bonaerense, realizaron en setiembre pasado en la 44 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, hay una rica exposición sobre los atributos del tributo a la herencia. Entre otros, señala como ventaja que ataca a la concentración de la riqueza (que es) contraria al buen funcionamiento de un sistema de gobierno democrático.
El ensayo más citado sobre el tema lo escribió Fernando Seppi, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), bajo el título Consideraciones acerca de la imposición sobre herencias y donaciones. Entre los varios fundamentos sobre la justicia del impuesto que el autor enumera, están las dos siguientes:
-La sociedad quiere limitar el derecho a adquirir riqueza sin su esfuerzo para equilibrar condiciones iniciales;
-La sociedad quiere utilizar esta figura impositiva para gravar, aunque sea tardíamente, réditos y ganancias de capital que hayan escapado, por razones de exención o por evasión, en el momento que se produjeron.
La primera le cabe perfectamente a María Inés de Lafuente. Y también a los hermanos Paolo y Gianfelice Rocca, los herederos del grupo Techint que son los argentinos mejor posicionados en el ranking de Forbes. También le cabe a Mauricio Macri, a Francisco de Narváez, y a Máximo y Florencia Kirchner.
La segunda consideración también le cae como anillo al dedo a la heredera de Amalita Fortabat. La justicia probó que parte de su fortuna la acumuló con prácticas violatorias de la ley de Defensa de la Competencia. Hace cinco años multó a Loma Negra en 167 millones de pesos como líder de un cartel que acordaba precios y se repartía licitaciones.
La multa todavía no se pagó.
Hace mucho que se debate acerca de si la herencia es un derecho o un privilegio, pero lo que está fuera de discusión es que se trata de la causa primaria de la desigualdad social, y que por lo tanto debe ser gravada con el objetivo de atenuar la injusticia que significa que unos nazcan en la miseria y otros habiendo ganado la lotería del ovario, como ilustró con crudeza Warren Buffett, el tercer hombre más rico en el ranking donde María Inés de Lafuente aparece en el puesto 1015. Buffett usó esa figura un par de años atrás cuando, junto con Bill Gates y varios otros multimillonarios, se comprometieron a donar la mitad de sus respectivas fortunas (www.givingpledge.com).
Y eso que en Estados Unidos hay impuesto a la herencia, con un mínimo no imponible de 1 millón de dólares y alícuotas progresivas que alcanzan un máximo del 48 por ciento. En 1976 la tasa máxima era del 70 por ciento. No es una excepción. La herencia está gravada en casi todo el Primer Mundo. En Gran Bretaña, por ejemplo, hay un monto exento de 350.000 euros y una alícuota máxima de 40 por ciento; en Alemania los hijos pagan por encima de 204.000 euros y la tasa llega al 30 por ciento.
El impuesto también está presente en algunos países vecinos como Brasil y Chile.
En la Argentina había sido sancionado en 1907, aunque hay antecedentes de impuesto sucesorio que fue ratificado por la Revolución de Mayo de 1810. En 1973 tenía una alícuota promedio del 19 por ciento, una tasa máxima del 33 por ciento, y un monto exento que hoy equivaldría a unos 150.000 pesos. El impuesto, cuya recaudación tenía como destino específico la educación, fue derogado por la última dictadura militar, y una leyenda nunca desmentida cuenta que la decisión no fue ajena a un legado en la familia del entonces ministro de economía, José Alfredo Martínez de Hoz.
Con la vuelta de la democracia hubo algunas iniciativas para restablecer un impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. Hubo proyectos de ley de diputados radicales K, de otros del centroizquierda y también de la Coalición Cívica. El del diputado Adrián Pérez establecía un mínimo no imponible que a valores ajustados hoy rondaría los 400.000 pesos, y alícuotas progresivas hasta un máximo de 35 por ciento.
Su aporte recaudatorio no es nada despreciable. En una propuesta que elaboró Francisco Eggers en el 2006 en el ministerio de Economía para el entonces secretario de Hacienda, Carlos Mosse, que dejaba exentos a hijos y cónyugues de clase media y baja y contemplaba una tasa máxima del 30 por ciento para el monto imponible, se señala que el potencial recaudatorio oscilaba entre el 0,2 y 0,3 por ciento del PBI; es decir entre 800 y 1200 millones de dólares, o el equivalente a más de una cuarta parte del presupuesto de todas las universidades nacionales.
La propuesta quedó en un cajón. Al igual que los proyectos de ley. El kirchnerismo no ha sido muy proclive a modificar la estructura tributaria, y la única vez que lo intentó con la recordada Resolución 125 fracasó por los groseros errores técnicos y la enorme torpeza política de la jugada.
En cambio, la provincia de Buenos Aires sancionó hace un par de años una ley que grava la herencia (Transmisión Gratuita de Bienes) a partir de los 200.000 pesos con una alícuota promedio del 9 por ciento y una máxima del 16 por ciento. El año pasado recaudó por eso unos 26 millones de pesos.
En una presentación que Agustín Lódola y Pedro Velasco, dos economistas del ministerio de Economía bonaerense, realizaron en setiembre pasado en la 44 Jornadas Internacionales de Finanzas Públicas, hay una rica exposición sobre los atributos del tributo a la herencia. Entre otros, señala como ventaja que ataca a la concentración de la riqueza (que es) contraria al buen funcionamiento de un sistema de gobierno democrático.
El ensayo más citado sobre el tema lo escribió Fernando Seppi, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp), bajo el título Consideraciones acerca de la imposición sobre herencias y donaciones. Entre los varios fundamentos sobre la justicia del impuesto que el autor enumera, están las dos siguientes:
-La sociedad quiere limitar el derecho a adquirir riqueza sin su esfuerzo para equilibrar condiciones iniciales;
-La sociedad quiere utilizar esta figura impositiva para gravar, aunque sea tardíamente, réditos y ganancias de capital que hayan escapado, por razones de exención o por evasión, en el momento que se produjeron.
La primera le cabe perfectamente a María Inés de Lafuente. Y también a los hermanos Paolo y Gianfelice Rocca, los herederos del grupo Techint que son los argentinos mejor posicionados en el ranking de Forbes. También le cabe a Mauricio Macri, a Francisco de Narváez, y a Máximo y Florencia Kirchner.
La segunda consideración también le cae como anillo al dedo a la heredera de Amalita Fortabat. La justicia probó que parte de su fortuna la acumuló con prácticas violatorias de la ley de Defensa de la Competencia. Hace cinco años multó a Loma Negra en 167 millones de pesos como líder de un cartel que acordaba precios y se repartía licitaciones.
La multa todavía no se pagó.
