Manuel A. Solanet, Director de la Fundación Libertad y Progreso
Se dice que alguien está jugando con fuego cuando por hacer algo se pone en condiciones de alto riesgo. La modificación de la carta orgánica del Banco Central crea el espacio para una situación de riesgo. Es la puerta que se abre para que el elefante entre en el bazar. El creciente déficit fiscal es ese elefante. Su financiamiento con emisión monetaria es el eslabón con la inflación, y ahí está el riesgo.
La flexibilización de los límites en la utilización de las reservas, así como en aumento de los adelantos transitorios a los que puede apelar el Tesoro, implican un reconocimiento del ahogo financiero del gobierno. No dispone de otras fuentes de crédito significativas, habiendo ya exprimido las cuentas oficiales y los fondos del Anses. La palabra ajuste está fuera del diccionario oficial y la sintonía fina parece no ir más allá que la reducción de una parte, no todos, los subsidios al consumo de energía. No hay programas de racionalización de un aparato estatal al que en los últimos nueve años se le incorporaron más de un millón de empleados adicionales, más de dos millones de nuevos jubilados que no habían hecho aportes y alrededor de cuatro millones de beneficiarios de planes sociales. No hay forma hoy de bancar con mayor recaudación un aumento del gasto de alrededor de 10 puntos del PBI, ni siquiera si la soja volviera a alcanzar los 600 dólares por tonelada.
Vale entonces analizar cuál es la posibilidad real del Banco Central para financiar el déficit. Desde el punto de vista de su balance, esa posibilidad es nula. Si se considera un valor no significativo para los papeles no negociables que el Tesoro le ha entregado en compensación al uso de reservas y de adelantos transitorios, el activo, incluyendo las reservas internacionales y otros activos líquidos, a fin de febrero alcanzaba a 221.800 millones de pesos. Si se deduce de este monto el pasivo por Nobac y Lebac y otras obligaciones reclamables, el saldo para respaldar la base monetaria alcanza a 45.800 millones de pesos. Esto es solo un 22,3 % de dicha base. Es un porcentaje muy escaso para defender con firmeza una eventual corrida cambiaria. No parece por lo tanto, haber ninguna capacidad del Banco Central ni para seguir entregando reservas, ni para emitir moneda aumentando la base, recibiendo en su activo sólo papeles del gobierno sin valor de realización.
Ahora bien, ¿hay riesgo que el público pretenda transformar en dólares una parte relevante de la base monetaria? En rigor estamos hablando de la evolución de la demanda de dinero, o sea de cuántos pesos el conjunto de la gente está dispuesta a mantener en sus billeteras y en sus cuentas bancarias. Si computamos el M2 (circulante más depósitos a la vista), actualmente alcanza al 18 % del PBI. Este nivel se ha mantenido estable en los últimos años y solo hubo un proceso algo más intenso de cambio de pesos por dólares durante la crisis del campo en 2008 y en los meses de octubre y noviembre de 2011. Esta última corrida fue detenida a fuerza de controles y de miedo, en tanto la demanda de divisas para importaciones o para remisión de utilidades, fue también sometida a limitaciones artificiales y compulsivas. La persecución a las operaciones informales evitó que se produzca una brecha mayor entre el dólar oficial y el paralelo. La economía real se ha enfriado contribuyendo de esa forma a limitar la demanda de importaciones. Así estamos hoy.
La caída de la demanda de pesos y la corrida hacia el dólar son un fenómeno que depende básicamente de las expectativas de inflación y de devaluación. Ambas merodean hoy la cabeza de los argentinos. Por eso debe evitarse dar señales que aumenten la percepción de riesgo inflacionario, como lo es la modificación de la Carta Orgánica. Si, como ha dicho algún funcionario, es mejor facilitar el financiamiento al gobierno que producir un ajuste, se confirma el camino elegido. Entonces no hay ningún motivo para que la gente piense que la inflación será controlada en rangos moderados, sino lo contrario. Quienes juegan con fuego no debieran olvidar que en más de una oportunidad de fuertes expectativas devaluatorias (en 1989, 1990 y fines de 2001) la relación de M2 /PBI cayó bien por debajo del 10%. Esto significaría, de ocurrir hoy, que el público podría llegar a transformar pesos por divisas por un equivalente a 40.000 millones de dólares. Se entiende porqué es necesario trabajar seriamente en el plano fiscal y en el de la política anti inflacionaria.
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La flexibilización de los límites en la utilización de las reservas, así como en aumento de los adelantos transitorios a los que puede apelar el Tesoro, implican un reconocimiento del ahogo financiero del gobierno. No dispone de otras fuentes de crédito significativas, habiendo ya exprimido las cuentas oficiales y los fondos del Anses. La palabra ajuste está fuera del diccionario oficial y la sintonía fina parece no ir más allá que la reducción de una parte, no todos, los subsidios al consumo de energía. No hay programas de racionalización de un aparato estatal al que en los últimos nueve años se le incorporaron más de un millón de empleados adicionales, más de dos millones de nuevos jubilados que no habían hecho aportes y alrededor de cuatro millones de beneficiarios de planes sociales. No hay forma hoy de bancar con mayor recaudación un aumento del gasto de alrededor de 10 puntos del PBI, ni siquiera si la soja volviera a alcanzar los 600 dólares por tonelada.
Vale entonces analizar cuál es la posibilidad real del Banco Central para financiar el déficit. Desde el punto de vista de su balance, esa posibilidad es nula. Si se considera un valor no significativo para los papeles no negociables que el Tesoro le ha entregado en compensación al uso de reservas y de adelantos transitorios, el activo, incluyendo las reservas internacionales y otros activos líquidos, a fin de febrero alcanzaba a 221.800 millones de pesos. Si se deduce de este monto el pasivo por Nobac y Lebac y otras obligaciones reclamables, el saldo para respaldar la base monetaria alcanza a 45.800 millones de pesos. Esto es solo un 22,3 % de dicha base. Es un porcentaje muy escaso para defender con firmeza una eventual corrida cambiaria. No parece por lo tanto, haber ninguna capacidad del Banco Central ni para seguir entregando reservas, ni para emitir moneda aumentando la base, recibiendo en su activo sólo papeles del gobierno sin valor de realización.
Ahora bien, ¿hay riesgo que el público pretenda transformar en dólares una parte relevante de la base monetaria? En rigor estamos hablando de la evolución de la demanda de dinero, o sea de cuántos pesos el conjunto de la gente está dispuesta a mantener en sus billeteras y en sus cuentas bancarias. Si computamos el M2 (circulante más depósitos a la vista), actualmente alcanza al 18 % del PBI. Este nivel se ha mantenido estable en los últimos años y solo hubo un proceso algo más intenso de cambio de pesos por dólares durante la crisis del campo en 2008 y en los meses de octubre y noviembre de 2011. Esta última corrida fue detenida a fuerza de controles y de miedo, en tanto la demanda de divisas para importaciones o para remisión de utilidades, fue también sometida a limitaciones artificiales y compulsivas. La persecución a las operaciones informales evitó que se produzca una brecha mayor entre el dólar oficial y el paralelo. La economía real se ha enfriado contribuyendo de esa forma a limitar la demanda de importaciones. Así estamos hoy.
La caída de la demanda de pesos y la corrida hacia el dólar son un fenómeno que depende básicamente de las expectativas de inflación y de devaluación. Ambas merodean hoy la cabeza de los argentinos. Por eso debe evitarse dar señales que aumenten la percepción de riesgo inflacionario, como lo es la modificación de la Carta Orgánica. Si, como ha dicho algún funcionario, es mejor facilitar el financiamiento al gobierno que producir un ajuste, se confirma el camino elegido. Entonces no hay ningún motivo para que la gente piense que la inflación será controlada en rangos moderados, sino lo contrario. Quienes juegan con fuego no debieran olvidar que en más de una oportunidad de fuertes expectativas devaluatorias (en 1989, 1990 y fines de 2001) la relación de M2 /PBI cayó bien por debajo del 10%. Esto significaría, de ocurrir hoy, que el público podría llegar a transformar pesos por divisas por un equivalente a 40.000 millones de dólares. Se entiende porqué es necesario trabajar seriamente en el plano fiscal y en el de la política anti inflacionaria.
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