Es el mismo proyecto que comenzó a tratarse en noviembre y perdió estado parlamentario. Vuelve al ruedo una semana después del fallo de la Corte sobre aborto no punible. Lo apoyan diputados del FpV, la UCR, el GEN, el socialismo y Nuevo Encuentro.
Con la firma de más de cuarenta diputados y diputadas del oficialismo y la oposición, se presentará hoy nuevamente en el Congreso el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La kirchnerista Adela Segarra encabeza la iniciativa. Este debate está mucho más instalado en la sociedad de lo que suponemos. Hay mucho más consenso del que podíamos pensar, señaló Segarra ayer a Página/12. El proyecto vuelve a la Cámara de Diputados una semana después del fallo de la Corte Suprema sobre aborto no punible. La propuesta despenaliza y legaliza la práctica en las primeras doce semanas de gestación con el único requisito de la decisión de la mujer. También la suscriben los presidentes de los bloques de la UCR, Ricardo Gil Lavedra; del GEN, Margarita Stolbizer; de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, y de Unidad Popular, Claudio Lozano. Entre los firmantes hay, además, legisladores y legisladoras de Proyecto Sur, Libres del Sur, el Partido Socialista, el PRO y la Coalición Cívica.
El proyecto propone despenalizar y legalizar el aborto para que toda mujer que así lo requiera sea atendida por el sistema de salud, tanto público como privado y las obras sociales del país, hasta las doce semanas de gestación. Además, no pone límite de tiempo para las actuales causales de no punibilidad que contempla el Código Penal, en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer o si la gestación proviene de una violación.
El texto es el mismo que se empezó a discutir en noviembre en la Comisión de Legislación Penal. Pero a fin de año perdió estado parlamentario. Entre los firmantes del proyecto había hasta anoche 16 integrantes del bloque kirchnerista. Entre ellas, las diputadas Silvia Risko y María Elena Chieno, que presiden las comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y de Salud, respectivamente. Es muy probable que ésas sean dos de las comisiones a las que será girado el proyecto y en las que tendrá que empezar a discutirse, además de la de Legislación Penal, que encabeza otro kirchnerista, Oscar Albrieu. Este legislador no suscribió la iniciativa, pero ha expresado su simpatía con el proyecto a integrantes de la Campaña. Por el PRO, la única firmante es Laura Alonso, que ya lo había suscripto en 2010. Pero por primera vez lo firma el presidente de la bancada radical. Comparto la idea de la necesidad de establecer pautas para la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras semanas de gestación. Creo que hay una tensión de grado entre el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo y el del no nacido. En las primeras semanas prevalece el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Es una posición mía, individual. No es un tema que se haya discutido en el bloque, pero seguramente habrá libertad de conciencia a la hora de votar. Es un tema espinoso. Pero es muy importante la posibilidad de discutirlo, explicó Gil Lavedra a Página/12.
Otro de los diputados que firmaron el proyecto es el kirchnerista Horacio Pietragalla Corti, nieto recuperado. En diálogo con este diario contó las razones por las cuales está a favor de la despenalización y legalización del aborto: Tuve que acompañar a parejas a hacerse abortos desde mi adolescencia. Vi lo que se sufre por tener que hacerlo a escondidas, juntando plata, con el temor de que pueda caer la policía y sin saber en qué puede terminar la intervención, señaló.
El proyecto fue elaborado en el marco de la Campaña por el Derecho al Aborto, que integran más de 250 organizaciones sociales, sindicales, de mujeres, de derechos humanos, a través de un extenso proceso de consultas y búsqueda de consenso. Estela Díaz, responsable de Género de la CTA alineada con Hugo Yasky entidad que forma parte de la Campaña, recordó que en 2007 el proyecto se presentó en el Congreso como una iniciativa de la sociedad civil, sin firmas de diputados. Un año después, en 2008, ingresó con 22 firmas, en 2010 con 33, pero varios meses después ya tenía cincuenta. Veinte de los legisladores que lo apoyaron terminaron su mandato en diciembre. Ahora, en una sola semana, se consiguieron más de 40 firmas, destacó Díaz. Lo que ratifica esta nueva presentación es la gran instalación social de este debate. Esta discusión hace años que se viene saldando en la sociedad. Reconocemos que es un tema controvertido, pero en un marco de ampliación de derechos no puede dejarse de lado la injusticia social que implica el impacto de la criminalización del aborto ni la falta de respuestas a los riesgos a la salud a los que son expuestas las mujeres y la falta de respeto de la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo. Nuestra expectativa es que se empiece a debatir en comisiones, subrayó Díaz.
Para evitar interpretaciones restrictivas y arbitrarias, como ocurrió históricamente con la regulación de los abortos no punibles, el proyecto está escrito en un lenguaje muy claro. Sus puntos principales son:
Consagra el derecho de toda mujer a interrumpir voluntariamente un embarazo dentro de las primeras doce semanas del proceso gestacional.
Fuera de ese plazo, contempla la intervención en caso de que el embarazo fuera producto de una violación y si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer.
La práctica del aborto deberá garantizarse gratuitamente en los servicios públicos de salud. Las obras sociales y las prepagas deberán cubrirla.
Contempla la objeción de conciencia. Los objetores deberán inscribirse en un registro en cada establecimiento de salud. Pero en todos los casos la autoridad responsable deberá garantizar la realización de la práctica.
Si el aborto se debe realizar a una mujer de menos de 14 años, se requerirá el asentimiento de al menos uno de sus representantes legales.
Si se trata de una mujer declarada incapaz en juicio, se pedirá el consentimiento informado de su representante legal.
No se podrá exigir una autorización judicial en ningún caso.
La penalización del aborto se elimina del Código Penal, con excepción de los casos en que la práctica se realice sin el consentimiento de la mujer.
