La reforma de la Carta Orgánica obedece a un patrón de comportamiento del Gobierno: el avance sobre organismos autónomos y cajas para concentrar poder, dinero y discrecionalidad en la toma de decisiones. La reforma propone modificaciones en cuatro ejes. Primero habilita el uso de reservas no sólo para el pago de la deuda sino incluso para cubrir déficits fiscales. A su vez propone un cambio en la política de redescuentos a bancos, permitiendo una mayor emisión monetaria, con su consecuente riesgo inflacionario.
Aún más, la nueva regulación elimina la obligación de establecer metas indicativas de inflación y un programa monetario anual.
En un tercer punto, el Banco Central avanza sobre su capacidad de regulación del sistema financiero con la fijación de tasas, plazos, comisiones y recargos . Esto nos lleva al cuarto y último eje, que es la resultante discrecionalidad a la hora de la toma de decisiones. La falta de una normativa estable y de largo plazo nos dejará con más inflación y menos reservas.
Para emparchar los problemas que generó por malas decisiones anteriores, el Gobierno destruye instituciones. El populismo energético y fiscal nos dejó con un gasto que no se puede cubrir con impuestos, entonces quiere hacerse de las reservas. La inflación y la consecuente apreciación cambiaria, junto con las importaciones de energía nos dejan sin dólares, entonces cierra las importaciones, impide la compra de dólares y sienta las bases para una mayor inflación debilitando al BCRA. El Gobierno debería sanear los problemas: combatir la inflación con un programa creíble de metas de inflación y un INDEC que no mienta; evitar la apreciación real promoviendo mayor inversión y competitividad y concentrar el gasto público en fines más productivos que los subsidios. El Gobierno debe fomentar la inversión y el trabajo. En definitiva, desprenderse del poder, para dárselo a cada uno de los argentinos.
Aún más, la nueva regulación elimina la obligación de establecer metas indicativas de inflación y un programa monetario anual.
En un tercer punto, el Banco Central avanza sobre su capacidad de regulación del sistema financiero con la fijación de tasas, plazos, comisiones y recargos . Esto nos lleva al cuarto y último eje, que es la resultante discrecionalidad a la hora de la toma de decisiones. La falta de una normativa estable y de largo plazo nos dejará con más inflación y menos reservas.
Para emparchar los problemas que generó por malas decisiones anteriores, el Gobierno destruye instituciones. El populismo energético y fiscal nos dejó con un gasto que no se puede cubrir con impuestos, entonces quiere hacerse de las reservas. La inflación y la consecuente apreciación cambiaria, junto con las importaciones de energía nos dejan sin dólares, entonces cierra las importaciones, impide la compra de dólares y sienta las bases para una mayor inflación debilitando al BCRA. El Gobierno debería sanear los problemas: combatir la inflación con un programa creíble de metas de inflación y un INDEC que no mienta; evitar la apreciación real promoviendo mayor inversión y competitividad y concentrar el gasto público en fines más productivos que los subsidios. El Gobierno debe fomentar la inversión y el trabajo. En definitiva, desprenderse del poder, para dárselo a cada uno de los argentinos.
