El año pasado, unas 8.500.000 personas recibieron “subsidios personales”, en pesos o en especie, por $ 22.516 millones, de acuerdo a las cifras difundidas ayer por ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto).
Para el Gobierno esos “subsidios personales” forman parte de una estrategia de “inclusión social” y de educación.
Sin negar muchas de esas acciones, los críticos apuntan a que se otorgan en forma discrecional y clientelística . Y varios de esos programas se financian con dinero del sistema previsional, de asignaciones familiares y del seguro de desempleo. También que muchos de esos programas deberían ser ampliados y mejorados.
Estos aportes que entrega el Gobierno nacional no incluye 1,1 millones de pensiones no contributivas a cargo de Desarrollo Social y 2,3 millones jubilaciones por moratoria. Tampoco comprende los subsidios indiscriminados a las tarifas de los servicios esenciales.
El principal “subsidio personal” es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que beneficia a 3.560.000 chicos con $ 270 mensuales y que se paga con fondos de la ANSeS. También con la pérdida de las asignaciones por parte de trabajadores formales por el tope salarial de $ 5.200. En 2011 la AUH insumió $ 9.293 millones.
El segundo programa, con $4.549 millones, es el Conectar – computadoras para chicos en edad escolar – que también se financia con fondos de la ANSeS.
Le sigue en importancia el plan “Argentina Trabaja”. Este programa, por $ 3.050 millones, consiste en la ejecución de obras de infraestructura local, a través de cooperativas en la que “cada miembro activo recibe una suma fija de 1.200 pesos, más una parte del monotributo social”.
Muchas organizaciones sociales cuestionan la distribución discrecional y el bajo monto del programa. Reclaman, entre otras mejoras, el pago del sueldo mínimo, es decir 2.300 pesos.
ASAP aclara que este programa se implementa en 13 provincias, pero la Provincia de Buenos Aires se lleva el 70%.
El cuarto programa es el de Seguridad Alimentaria – $ 2.041 millones – que otorga bolsones de alimentos a “familias con niños menores de 14 años, embarazadas, discapacitados y adultos mayores en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional”.
El quinto programa “Acciones de Empleo” incluye subsidios por capacitación o de reinserción laboral. Este programa se financia con los aportes sobre la masa salarial registrada al Fondo Nacional de Empleo. Ese Fondo es superavitario porque debería financiar el seguro de desempleo, un beneficio que al tener un tope de $ 400 mensuales y con menor desempleo, deja fondos excedentes que se derivan a ese programa.
Aquí se critica que el seguro de desempleo esté congelado hace años, cuando debería equivaler a la mitad de sueldo.
Para el Gobierno esos “subsidios personales” forman parte de una estrategia de “inclusión social” y de educación.
Sin negar muchas de esas acciones, los críticos apuntan a que se otorgan en forma discrecional y clientelística . Y varios de esos programas se financian con dinero del sistema previsional, de asignaciones familiares y del seguro de desempleo. También que muchos de esos programas deberían ser ampliados y mejorados.
Estos aportes que entrega el Gobierno nacional no incluye 1,1 millones de pensiones no contributivas a cargo de Desarrollo Social y 2,3 millones jubilaciones por moratoria. Tampoco comprende los subsidios indiscriminados a las tarifas de los servicios esenciales.
El principal “subsidio personal” es el de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que beneficia a 3.560.000 chicos con $ 270 mensuales y que se paga con fondos de la ANSeS. También con la pérdida de las asignaciones por parte de trabajadores formales por el tope salarial de $ 5.200. En 2011 la AUH insumió $ 9.293 millones.
El segundo programa, con $4.549 millones, es el Conectar – computadoras para chicos en edad escolar – que también se financia con fondos de la ANSeS.
Le sigue en importancia el plan “Argentina Trabaja”. Este programa, por $ 3.050 millones, consiste en la ejecución de obras de infraestructura local, a través de cooperativas en la que “cada miembro activo recibe una suma fija de 1.200 pesos, más una parte del monotributo social”.
Muchas organizaciones sociales cuestionan la distribución discrecional y el bajo monto del programa. Reclaman, entre otras mejoras, el pago del sueldo mínimo, es decir 2.300 pesos.
ASAP aclara que este programa se implementa en 13 provincias, pero la Provincia de Buenos Aires se lleva el 70%.
El cuarto programa es el de Seguridad Alimentaria – $ 2.041 millones – que otorga bolsones de alimentos a “familias con niños menores de 14 años, embarazadas, discapacitados y adultos mayores en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional”.
El quinto programa “Acciones de Empleo” incluye subsidios por capacitación o de reinserción laboral. Este programa se financia con los aportes sobre la masa salarial registrada al Fondo Nacional de Empleo. Ese Fondo es superavitario porque debería financiar el seguro de desempleo, un beneficio que al tener un tope de $ 400 mensuales y con menor desempleo, deja fondos excedentes que se derivan a ese programa.
Aquí se critica que el seguro de desempleo esté congelado hace años, cuando debería equivaler a la mitad de sueldo.
