Tras las fricciones abiertas entre Gran Bretaña y Argentina, Cristina renovó el apoyo regional luego de recibir el espaldarazo del presidente de Chile y el respaldo de la Unasur. Pero la noticia que más alegró a cancillería provino de EEUU, que ratificó su “neutralidad”, aunque reconoció “de facto” el dominio británico sobre las islas.
En este marco, Cristina propuso sustituir los dos vuelos semanales a las islas que partían de Punta Arenas, por tres que despegarían de Buenos Aires. Paso seguido, anunció la intención de iniciar “acciones administrativas, penales y civiles dentro del país y en el exterior” contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago del Atlántico Sur. Las estimaciones más conservadoras registran que en la plataforma submarina donde operan Falkland Oil Gas, Rockhooper, Desire y Borders and Southern, hay reservas que superan los 60.000 millones de barriles de petróleo. Pero detrás de las petroleras británicas está la gran inversora Blackrock, accionista nada menos que de Repsol-YPF y de Panamerican Energy-Bridas, la que adquirió la concesión de la explotación de las reservas de Santa Cruz por 40 años. ¡Cerca de cien empresas amigas del kirchnerismo efectúan negocios derivados con las petroleras británicas!
La medida “disuasiva” anunciada por Cristina apunta a “presionar para negociar” la obtención de una parte de la renta hidrocarburífera, un fraude que enmascara su real orientación proimperialista. Tan conservadora es la medida que hasta elude el uso de la Ley 26.659, que establece la inhabilitación inmediata por 5 a 20 años de las empresas y asociados partícipes de la explotación de recursos renovables y no renovables de las islas. Amigos son los amigos.
De nada sirven estas medidas timoratas. Para responder a la altura de la prepotencia imperialista hay que afectar sus intereses expropiando las empresas y capitales británicos y romper todos los acuerdos políticos, económicos y militares, apelando a la movilización de los trabajadores y los pueblos oprimidos del continente. También llamando a los trabajadores ingleses, quienes hace poco protagonizaron una gran huelga contra su gobierno.
Piratería intelectual
Periodistas e intelectuales opositores –entre ellos Beatriz Sarlo y Luis A. Romero– dieron a conocer un documento en el que proponen aceptar el principio de “autodeterminación” de los kelpers y renunciar de hecho al reclamo de soberanía. Los habitantes de Malvinas, señala el documento, deben ser reconocidos como “sujeto de derecho”, lo que implica “abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean”. Para llegar a un acuerdo –sostiene Romero– se debe seducir a los isleños, “demostrarles las ventajas de integrar el territorio argentino”. “Estimularlos a que lo conozcan”. “Seguramente a Gran Bretaña le será cada vez más difícil competir en esos terrenos” (La Nación, 14/2). Aunque utilicen palabras edulcoradas, en los hechos terminan cediendo el archipiélago a Gran Bretaña.
Los kelpers son ciudadanos de Reino Unido y defienden su actitud colonialista. Ellos mismos sostienen: “La Carta Orgánica de la ONU defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y los isleños decidimos mantener nuestros vínculos con el Reino Unido” (Página 12, 6/3). El gobierno británico utiliza el principio de autodeterminación como requisito inapelable para entablar negociaciones trilaterales, o sea, como juez y parte; como país negociador y al mismo tiempo, como representante de los isleños. Por otra parte, el Foreing Office utiliza este principio para justificar la explotación económica de los recursos naturales en las islas. Ante las últimas medidas de la cancillería argentina, voceros de Cameron aseguraron “el gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las islas Falkland a desarrollar su sector de hidrocarburos” (…) “este derecho es una parte integral del principio de autodeterminación (…)” (Página/12, 16/3).
La autodeterminación de los kelpers, como el de cualquier población trasplantada por un país colonialista, es insostenible. Como señala James Petras, “es como decir que en Sudáfrica los blancos tienen el derecho de autodeterminación por el solo hecho de ocupar un territorio”. Los kelpers fueron trasplantados por el Reino Unido; por más que ocupen el territorio desde hace casi 200 años, no representan una nacionalidad o una minoría sojuzgada, son ciudadanos británicos de primera clase, es decir “sujetos de derecho” que viven de las subvenciones del Estado inglés, de la renta que obtiene éste de la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. Las posiciones de estos intelectuales constituyen el último eslabón del proceso de “desmalvinización” que comenzó tras la derrota de la guerra bajo la batuta de Alfonsín, quien más tarde presidió “la recuperación de la democracia” subordinada completamente al imperialismo. Naturalizando las consecuencias de la derrota, Sarlo y cía. se apoyan sobre el espantajo de la aventura militar lanzada por la dictadura para desacreditar toda iniciativa que desafíe al imperialismo.Debates
En este marco, Cristina propuso sustituir los dos vuelos semanales a las islas que partían de Punta Arenas, por tres que despegarían de Buenos Aires. Paso seguido, anunció la intención de iniciar “acciones administrativas, penales y civiles dentro del país y en el exterior” contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en el archipiélago del Atlántico Sur. Las estimaciones más conservadoras registran que en la plataforma submarina donde operan Falkland Oil Gas, Rockhooper, Desire y Borders and Southern, hay reservas que superan los 60.000 millones de barriles de petróleo. Pero detrás de las petroleras británicas está la gran inversora Blackrock, accionista nada menos que de Repsol-YPF y de Panamerican Energy-Bridas, la que adquirió la concesión de la explotación de las reservas de Santa Cruz por 40 años. ¡Cerca de cien empresas amigas del kirchnerismo efectúan negocios derivados con las petroleras británicas!
La medida “disuasiva” anunciada por Cristina apunta a “presionar para negociar” la obtención de una parte de la renta hidrocarburífera, un fraude que enmascara su real orientación proimperialista. Tan conservadora es la medida que hasta elude el uso de la Ley 26.659, que establece la inhabilitación inmediata por 5 a 20 años de las empresas y asociados partícipes de la explotación de recursos renovables y no renovables de las islas. Amigos son los amigos.
De nada sirven estas medidas timoratas. Para responder a la altura de la prepotencia imperialista hay que afectar sus intereses expropiando las empresas y capitales británicos y romper todos los acuerdos políticos, económicos y militares, apelando a la movilización de los trabajadores y los pueblos oprimidos del continente. También llamando a los trabajadores ingleses, quienes hace poco protagonizaron una gran huelga contra su gobierno.
Piratería intelectual
Periodistas e intelectuales opositores –entre ellos Beatriz Sarlo y Luis A. Romero– dieron a conocer un documento en el que proponen aceptar el principio de “autodeterminación” de los kelpers y renunciar de hecho al reclamo de soberanía. Los habitantes de Malvinas, señala el documento, deben ser reconocidos como “sujeto de derecho”, lo que implica “abdicar de la intención de imponerles una soberanía, una ciudadanía y un gobierno que no desean”. Para llegar a un acuerdo –sostiene Romero– se debe seducir a los isleños, “demostrarles las ventajas de integrar el territorio argentino”. “Estimularlos a que lo conozcan”. “Seguramente a Gran Bretaña le será cada vez más difícil competir en esos terrenos” (La Nación, 14/2). Aunque utilicen palabras edulcoradas, en los hechos terminan cediendo el archipiélago a Gran Bretaña.
Los kelpers son ciudadanos de Reino Unido y defienden su actitud colonialista. Ellos mismos sostienen: “La Carta Orgánica de la ONU defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y los isleños decidimos mantener nuestros vínculos con el Reino Unido” (Página 12, 6/3). El gobierno británico utiliza el principio de autodeterminación como requisito inapelable para entablar negociaciones trilaterales, o sea, como juez y parte; como país negociador y al mismo tiempo, como representante de los isleños. Por otra parte, el Foreing Office utiliza este principio para justificar la explotación económica de los recursos naturales en las islas. Ante las últimas medidas de la cancillería argentina, voceros de Cameron aseguraron “el gobierno británico apoya el derecho de los habitantes de las islas Falkland a desarrollar su sector de hidrocarburos” (…) “este derecho es una parte integral del principio de autodeterminación (…)” (Página/12, 16/3).
La autodeterminación de los kelpers, como el de cualquier población trasplantada por un país colonialista, es insostenible. Como señala James Petras, “es como decir que en Sudáfrica los blancos tienen el derecho de autodeterminación por el solo hecho de ocupar un territorio”. Los kelpers fueron trasplantados por el Reino Unido; por más que ocupen el territorio desde hace casi 200 años, no representan una nacionalidad o una minoría sojuzgada, son ciudadanos británicos de primera clase, es decir “sujetos de derecho” que viven de las subvenciones del Estado inglés, de la renta que obtiene éste de la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur. Las posiciones de estos intelectuales constituyen el último eslabón del proceso de “desmalvinización” que comenzó tras la derrota de la guerra bajo la batuta de Alfonsín, quien más tarde presidió “la recuperación de la democracia” subordinada completamente al imperialismo. Naturalizando las consecuencias de la derrota, Sarlo y cía. se apoyan sobre el espantajo de la aventura militar lanzada por la dictadura para desacreditar toda iniciativa que desafíe al imperialismo.Debates
