La resolución del más alto tribunal indica de qué forma interpretar el artículo 86 del Código Penal y no deja margen para dudas. Dice, claramente, que “la judicialización de esta cuestión, que por su reiteración constituye una verdadera práctica institucional, además de ser innecesaria e ilegal, es cuestionable porque obliga a la víctima del delito a exponer públicamente su vida privada, y es también contraproducente porque la demora que apareja en su realización pone en riesgo tanto el derecho a la salud de la solicitante como su derecho al acceso a la interrupción del embarazo en condiciones seguras”. “Innecesaria e ilegal”, y Urtubey lo sabe perfectamente, pero tiene la decisión de rebelarse e impedir que una mujer violada pueda ejercer su derecho a interrumpir un embarazo.
No es extraño: el gobernador es el mismo que rechaza que en Salta se dicte educación sexual integral, como promueve el Ministerio de Educación de la Nación. Es el mismo que impuso el catecismo obligatorio en las escuelas públicas; el mismo que no destina presupuesto al programa de salud reproductiva y el que, entre otras cosas, nunca reglamentó la ley de sexualidad responsable.
Lo que intenta Urtubey es confundir y atemorizar a los médicos salteños que deben cumplir lo que establece la ley. Él sabe que ningún mandatario provincial, ni siquiera logrando la sanción de leyes locales, puede burlarse de lo que establece el máximo tribunal de justicia de la Nación.
Lejos de estar destinado a un caso puntual, como señala el gobernador, los ministros de la Nación opinaron respecto a una situación devenida en abstracta –porque el embarazo de la niña chubutense violada ya había sido interrumpido– con el propósito de aclarar a futuro cualquier interpretación de ese artículo 86 y allanar el camino a los médicos y médicas que se encuentren ante casos similares.
Urtubey no puede desconocer las consecuencias de una decisión tan importante y humanitaria como la dispuesta por el alto tribunal. Si lo hace, además de reafirmar convicciones profundamente reaccionarias, estará generando un enorme daño para toda la sociedad salteña y el funcionamiento de la democracia en esa hermosa provincia.
