Foto: LA NACION
Las crisis económicas y los debates acerca de sus orígenes nos han acompañado durante décadas y aun siglos. Por eso no es de extrañar que ese debate vuelva a instalarse en relación con la actual crisis europea, la principal amenaza para la recuperación de la economía mundial.
Si bien las crisis suelen reconocer causas de distinto tipo, hay una tendencia a aprovechar su surgimiento para proponer reformas que en situaciones de normalidad son difíciles de realizar. La situación de inestabilidad que atraviesa Europa no ha sido inmune al intento de encontrar en cada crisis una falla del modelo de desarrollo y, por ende, de plantear grandes cambios estructurales. Por cierto, este diagnóstico no ha sido siempre acertado, por lo que antes de enfocarme en Europa quisiera ilustrar la relevancia de estos factores estructurales en dos crisis previas, la de la década de 1980 en América latina y la de varios países asiáticos en la segunda mitad de la década de 1990.
Durante los años 80, América latina tuvo una disminución de su producto por habitante del 8% y un fuerte aumento de la cantidad de pobres (80 millones de personas), por lo que no es de extrañar que se la reconozca como la «década perdida», un calificativo que no se aplica a todos los ámbitos, dado que ésa fue la década del restablecimiento de la democracia en varios países de la región. Se trató de un período caracterizado por la crisis de la deuda, que había aumentado al calor de la abundancia de capitales de la segunda mitad de los 70. En algunos casos el aumento de la deuda pública se originó en crisis financieras que culminaron en una gran estatización de la deuda privada. Si bien se podría argumentar sobre los errores macroeconómicos de ese período, más evidentes en los países del Cono Sur y en Brasil, el excesivo endeudamiento y la falta de crecimiento se explican básicamente por el escaso dinamismo que mostraba a mediados de los años 70 el modelo previo de industrialización sustitutiva de importaciones impulsado por el Estado. Ese modelo tuvo sus años de gloria, en especial en algunos países de la región como México y Brasil, pero ya hacía un tiempo que venía mostrando signos de fatiga.
Podemos decir, entonces, que si las causas de las crisis se clasificaran en macroeconómicas y estructurales, entendiendo por estas últimas aquellas vinculadas con el modelo de desarrollo, las causas de la crisis de los años 80, con una gran heterogeneidad entre países, fueron en su mayor parte estructurales. Desafortunadamente, la idea algo simplista de creer que si algo funciona mal se debe hacer todo lo contrario fue responsable de propuestas desacertadas y de las crisis posteriores.
En cierta medida, y sin querer comparar situaciones económicas y políticas muy distintas entre sí, un caso extremo de «crisis del modelo» se dio en la ex URSS a comienzos de los años 90. Ahí también se observó un agotamiento del modelo, seguido de cambios radicales, muchas veces equivocados, para superarlo.
La otra crisis que dio lugar a largas discusiones sobre sus orígenes y, por lo tanto, respecto de las soluciones, fue la que afectó a varios países asiáticos en 1997-98. Organismos internacionales, analistas y políticos argumentaron que se estaba en presencia del agotamiento de una estrategia de crecimiento basada en una fuerte presencia del Estado, la cual había generado una mala asignación de recursos al priorizar, con distintos incentivos, ciertos sectores y mercados. Esas políticas públicas habrían generado una corrupción que las tornaba aún más ineficientes. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en América latina durante los 80, los hechos mostraron que el agotamiento del modelo no era tal. La explicación de la crisis estaba relacionada más bien con un elevado déficit en cuenta corriente y un excesivo endeudamiento de corto plazo en moneda extranjera, en ambos casos generados básicamente por el sector privado en un contexto de fuertes aumentos en los precios del mercado inmobiliario y de apreciación cambiaria. ¿Esto implica que estaba todo bien en términos del modelo de crecimiento? Definitivamente, no; había cuestiones que corregir, pero se estaba lejos, como mostraron los años posteriores, de una crisis terminal de la estrategia de acumulación que había generado un espectacular crecimiento de esos países. En síntesis, en este caso, pareciera que los problemas macroeconómicos fueron más relevantes que los estructurales para explicar la crisis.
Llegando ahora al tema de Europa, hay explicaciones, como ocurriera en Asia, que remiten a factores estructurales, en particular el agotamiento del modelo de bienestar y el «insostenible» tamaño del sector público. Pero ¿puede ser insostenible la presencia del Estado cuando los países del norte de Europa, con la mayor presión tributaria del mundo, hace años que aparecen en los primeros lugares del ranking sobre competitividad y, en especial, por su capacidad innovadora? ¿Se puede desconocer que Europa, con una cierta heterogeneidad entre países, ha sido un ejemplo en términos de equidad, entre otras cosas con la mejor distribución del ingreso del mundo? ¿Se puede argumentar que la crisis se debe a un excesivo gasto público en países como España e Irlanda, que tenían en 2008 una deuda pública que estaba entre las más bajas de Europa? Pareciera más razonable buscar las razones de la crisis de la zona euro en una prematura adopción de una moneda común, sin mecanismos fiscales de compensación y, en el caso de los países del Mediterráneo e Irlanda, en un excesivo nivel de gasto -público y privado- que generó una exagerada dependencia del ahorro externo, o sea, un elevado déficit en cuenta corriente.
Eso nos lleva a dos reflexiones finales. Por un lado, si bien digerir los excesos que no se supo controlar en tiempo y forma llevará tiempo, la situación actual requiere que mientras se toman medidas para mejorar la competitividad y la deficiente estructura institucional, esenciales para reducir el riesgo de crisis futuras, se adopten decisiones que permitan disminuir la incertidumbre y, con ello, evitar la continua caída de la demanda.
Poco se ha avanzado en este terreno, más allá de que el cambio en la presidencia del Banco Central Europeo ha permitido ganar tiempo y evitar el colapso bancario y de la deuda soberana de varios países. Tampoco se logran avances con una reestructuración insuficiente de la deuda griega que sólo posterga las soluciones permanentes y genera dudas sobre si Alemania, el indiscutible líder económico y político de la región, tiene alguna otra propuesta más allá de pedir más reformas estructurales y más ajuste fiscal. Sin duda, ciertas reformas son necesarias y en algunos casos se requiere reducir el déficit fiscal, pero se debe ser consciente de que en esta coyuntura lo urgente es reducir la incertidumbre de inversores y consumidores, algo que sólo se logrará con una decisión clara, apoyada con recursos suficientes, en relación con las deudas soberanas que se reestructurarán y de aquellas que serán respaldadas por la eurozona.
Por el otro, no responsabilizar al Estado de bienestar de los males de Europa no significa ignorar la existencia de problemas de los sistemas de protección social o de rigideces en la estructura económica que afectan la competitividad de algunos países. Pero sería un error proponer cambiar el modelo de inclusión y de protección social europeo, que ha sido durante décadas un ejemplo para el mundo. Por el contrario, los cambios que se hagan deben preservar los principios de cohesión social, indispensables para combatir el aumento de las desigualdades que, junto con las oportunidades, acompañan a la globalización.
© La Nacion.
Las crisis económicas y los debates acerca de sus orígenes nos han acompañado durante décadas y aun siglos. Por eso no es de extrañar que ese debate vuelva a instalarse en relación con la actual crisis europea, la principal amenaza para la recuperación de la economía mundial.
Si bien las crisis suelen reconocer causas de distinto tipo, hay una tendencia a aprovechar su surgimiento para proponer reformas que en situaciones de normalidad son difíciles de realizar. La situación de inestabilidad que atraviesa Europa no ha sido inmune al intento de encontrar en cada crisis una falla del modelo de desarrollo y, por ende, de plantear grandes cambios estructurales. Por cierto, este diagnóstico no ha sido siempre acertado, por lo que antes de enfocarme en Europa quisiera ilustrar la relevancia de estos factores estructurales en dos crisis previas, la de la década de 1980 en América latina y la de varios países asiáticos en la segunda mitad de la década de 1990.
Durante los años 80, América latina tuvo una disminución de su producto por habitante del 8% y un fuerte aumento de la cantidad de pobres (80 millones de personas), por lo que no es de extrañar que se la reconozca como la «década perdida», un calificativo que no se aplica a todos los ámbitos, dado que ésa fue la década del restablecimiento de la democracia en varios países de la región. Se trató de un período caracterizado por la crisis de la deuda, que había aumentado al calor de la abundancia de capitales de la segunda mitad de los 70. En algunos casos el aumento de la deuda pública se originó en crisis financieras que culminaron en una gran estatización de la deuda privada. Si bien se podría argumentar sobre los errores macroeconómicos de ese período, más evidentes en los países del Cono Sur y en Brasil, el excesivo endeudamiento y la falta de crecimiento se explican básicamente por el escaso dinamismo que mostraba a mediados de los años 70 el modelo previo de industrialización sustitutiva de importaciones impulsado por el Estado. Ese modelo tuvo sus años de gloria, en especial en algunos países de la región como México y Brasil, pero ya hacía un tiempo que venía mostrando signos de fatiga.
Podemos decir, entonces, que si las causas de las crisis se clasificaran en macroeconómicas y estructurales, entendiendo por estas últimas aquellas vinculadas con el modelo de desarrollo, las causas de la crisis de los años 80, con una gran heterogeneidad entre países, fueron en su mayor parte estructurales. Desafortunadamente, la idea algo simplista de creer que si algo funciona mal se debe hacer todo lo contrario fue responsable de propuestas desacertadas y de las crisis posteriores.
En cierta medida, y sin querer comparar situaciones económicas y políticas muy distintas entre sí, un caso extremo de «crisis del modelo» se dio en la ex URSS a comienzos de los años 90. Ahí también se observó un agotamiento del modelo, seguido de cambios radicales, muchas veces equivocados, para superarlo.
La otra crisis que dio lugar a largas discusiones sobre sus orígenes y, por lo tanto, respecto de las soluciones, fue la que afectó a varios países asiáticos en 1997-98. Organismos internacionales, analistas y políticos argumentaron que se estaba en presencia del agotamiento de una estrategia de crecimiento basada en una fuerte presencia del Estado, la cual había generado una mala asignación de recursos al priorizar, con distintos incentivos, ciertos sectores y mercados. Esas políticas públicas habrían generado una corrupción que las tornaba aún más ineficientes. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido en América latina durante los 80, los hechos mostraron que el agotamiento del modelo no era tal. La explicación de la crisis estaba relacionada más bien con un elevado déficit en cuenta corriente y un excesivo endeudamiento de corto plazo en moneda extranjera, en ambos casos generados básicamente por el sector privado en un contexto de fuertes aumentos en los precios del mercado inmobiliario y de apreciación cambiaria. ¿Esto implica que estaba todo bien en términos del modelo de crecimiento? Definitivamente, no; había cuestiones que corregir, pero se estaba lejos, como mostraron los años posteriores, de una crisis terminal de la estrategia de acumulación que había generado un espectacular crecimiento de esos países. En síntesis, en este caso, pareciera que los problemas macroeconómicos fueron más relevantes que los estructurales para explicar la crisis.
Llegando ahora al tema de Europa, hay explicaciones, como ocurriera en Asia, que remiten a factores estructurales, en particular el agotamiento del modelo de bienestar y el «insostenible» tamaño del sector público. Pero ¿puede ser insostenible la presencia del Estado cuando los países del norte de Europa, con la mayor presión tributaria del mundo, hace años que aparecen en los primeros lugares del ranking sobre competitividad y, en especial, por su capacidad innovadora? ¿Se puede desconocer que Europa, con una cierta heterogeneidad entre países, ha sido un ejemplo en términos de equidad, entre otras cosas con la mejor distribución del ingreso del mundo? ¿Se puede argumentar que la crisis se debe a un excesivo gasto público en países como España e Irlanda, que tenían en 2008 una deuda pública que estaba entre las más bajas de Europa? Pareciera más razonable buscar las razones de la crisis de la zona euro en una prematura adopción de una moneda común, sin mecanismos fiscales de compensación y, en el caso de los países del Mediterráneo e Irlanda, en un excesivo nivel de gasto -público y privado- que generó una exagerada dependencia del ahorro externo, o sea, un elevado déficit en cuenta corriente.
Eso nos lleva a dos reflexiones finales. Por un lado, si bien digerir los excesos que no se supo controlar en tiempo y forma llevará tiempo, la situación actual requiere que mientras se toman medidas para mejorar la competitividad y la deficiente estructura institucional, esenciales para reducir el riesgo de crisis futuras, se adopten decisiones que permitan disminuir la incertidumbre y, con ello, evitar la continua caída de la demanda.
Poco se ha avanzado en este terreno, más allá de que el cambio en la presidencia del Banco Central Europeo ha permitido ganar tiempo y evitar el colapso bancario y de la deuda soberana de varios países. Tampoco se logran avances con una reestructuración insuficiente de la deuda griega que sólo posterga las soluciones permanentes y genera dudas sobre si Alemania, el indiscutible líder económico y político de la región, tiene alguna otra propuesta más allá de pedir más reformas estructurales y más ajuste fiscal. Sin duda, ciertas reformas son necesarias y en algunos casos se requiere reducir el déficit fiscal, pero se debe ser consciente de que en esta coyuntura lo urgente es reducir la incertidumbre de inversores y consumidores, algo que sólo se logrará con una decisión clara, apoyada con recursos suficientes, en relación con las deudas soberanas que se reestructurarán y de aquellas que serán respaldadas por la eurozona.
Por el otro, no responsabilizar al Estado de bienestar de los males de Europa no significa ignorar la existencia de problemas de los sistemas de protección social o de rigideces en la estructura económica que afectan la competitividad de algunos países. Pero sería un error proponer cambiar el modelo de inclusión y de protección social europeo, que ha sido durante décadas un ejemplo para el mundo. Por el contrario, los cambios que se hagan deben preservar los principios de cohesión social, indispensables para combatir el aumento de las desigualdades que, junto con las oportunidades, acompañan a la globalización.
© La Nacion.
