La Argentina experimentó durante el despliegue de un nuevo paradigma económico desde 2003 tasas de crecimiento inéditas de su producto bruto, acompañadas del aumento del empleo y del consumo.
Esa evolución del nivel de actividad significó, también, cambios cualitativos que devinieron en un mayor crecimiento del sector industrial en relación a los demás rubros de la economía. El ritmo de avance del producto y su sesgo condujeron a un requerimiento creciente de energía. Los hidrocarburos son insumos esenciales para su generación.
Estos, así como otras esferas estratégicas de la economía, fueron sustraídos de las definiciones públicas por el proceso de privatizaciones de la década del noventa. Proceso regresivo que los transformó en commodities, bajo un modelo de país de carácter desindustrializador que mercantilizó las decisiones de exploración, producción y comercialización de esos recursos estratégicos no renovables. Esto significó que las decisiones sobre los hidrocarburos fueran cedidas a las lógicas de la financiarización globalizada. La transformación de recursos estratégicos en commodities se sostuvo en el mismo dispositivo ideológico que degradó Derechos Humanos como la educación y la salud, convirtiéndolos en objetos mercantiles.
La política inaugurada en el año 2003 se encontró con el petróleo y el gas, vitales para su proyecto reindustrializador, explotados con las características de la época neoliberal. La introducción de un socio local no modificó las conductas de la YPF privatizada caracterizadas, entre otros, por los siguientes rasgos:
1) Una conducta especulativa, de lógica financiera, que llevó a sostener comportamientos exportadores irresponsables en un país que tiene petróleo, pero no es petrolero.
2) Un extractivismo de rapiña que redujo sustancialmente las reservas de hidrocarburos, comprometiendo la disposición de esos recursos en el mediano plazo.
3) Un nivel de inversiones deprimido en las actividades de exploración.
4) Un comportamiento empresario que reclamó constantemente el alineamiento de los precios de los combustibles a sus niveles internacionales sin reparar en los menores costos de producción local.
5) Una política intensa de remisión de utilidades al exterior, en lugar de su reinversión.
Este perfil de la empresa hegemónica de producción hidrocarburífera indujo a un desempeño que predominó en el conjunto del sector y condujo a un deterioro del resultado de las cuentas externas de 9000 millones de dólares entre los años 2006 y 2011, que explicó una parte clave del descenso del superávit del balance comercial. Las conductas de financiarización en el sector se manifestaron en su sustantiva participación en el giro de utilidades al exterior hacia fines del 2011, cuando hubo que afrontar las agudas turbulencias en el mercado de cambios.
La construcción de un política hidrocarburífera que sintonice con la continuidad del crecimiento económico y despliegue del proyecto en curso requerirá de la recuperación por parte del Estado, como representante de la ciudadanía, del lugar de dirección de la política energética. El manejo de los recursos estratégicos, que significan decisiones sobre exploración, explotación, precios, comercialización, debe ser sustraído de las señales mercantiles y subordinado a las definiciones de las representaciones populares, en función del proyecto de país en construcción.
Esa evolución del nivel de actividad significó, también, cambios cualitativos que devinieron en un mayor crecimiento del sector industrial en relación a los demás rubros de la economía. El ritmo de avance del producto y su sesgo condujeron a un requerimiento creciente de energía. Los hidrocarburos son insumos esenciales para su generación.
Estos, así como otras esferas estratégicas de la economía, fueron sustraídos de las definiciones públicas por el proceso de privatizaciones de la década del noventa. Proceso regresivo que los transformó en commodities, bajo un modelo de país de carácter desindustrializador que mercantilizó las decisiones de exploración, producción y comercialización de esos recursos estratégicos no renovables. Esto significó que las decisiones sobre los hidrocarburos fueran cedidas a las lógicas de la financiarización globalizada. La transformación de recursos estratégicos en commodities se sostuvo en el mismo dispositivo ideológico que degradó Derechos Humanos como la educación y la salud, convirtiéndolos en objetos mercantiles.
La política inaugurada en el año 2003 se encontró con el petróleo y el gas, vitales para su proyecto reindustrializador, explotados con las características de la época neoliberal. La introducción de un socio local no modificó las conductas de la YPF privatizada caracterizadas, entre otros, por los siguientes rasgos:
1) Una conducta especulativa, de lógica financiera, que llevó a sostener comportamientos exportadores irresponsables en un país que tiene petróleo, pero no es petrolero.
2) Un extractivismo de rapiña que redujo sustancialmente las reservas de hidrocarburos, comprometiendo la disposición de esos recursos en el mediano plazo.
3) Un nivel de inversiones deprimido en las actividades de exploración.
4) Un comportamiento empresario que reclamó constantemente el alineamiento de los precios de los combustibles a sus niveles internacionales sin reparar en los menores costos de producción local.
5) Una política intensa de remisión de utilidades al exterior, en lugar de su reinversión.
Este perfil de la empresa hegemónica de producción hidrocarburífera indujo a un desempeño que predominó en el conjunto del sector y condujo a un deterioro del resultado de las cuentas externas de 9000 millones de dólares entre los años 2006 y 2011, que explicó una parte clave del descenso del superávit del balance comercial. Las conductas de financiarización en el sector se manifestaron en su sustantiva participación en el giro de utilidades al exterior hacia fines del 2011, cuando hubo que afrontar las agudas turbulencias en el mercado de cambios.
La construcción de un política hidrocarburífera que sintonice con la continuidad del crecimiento económico y despliegue del proyecto en curso requerirá de la recuperación por parte del Estado, como representante de la ciudadanía, del lugar de dirección de la política energética. El manejo de los recursos estratégicos, que significan decisiones sobre exploración, explotación, precios, comercialización, debe ser sustraído de las señales mercantiles y subordinado a las definiciones de las representaciones populares, en función del proyecto de país en construcción.
