Cledis Candelaresi
Alternativas para recuperar soberanía
La contratapa de Cledis Candelaresi, prosecretaria de redacción de BAEAun en el caso de que perdiera participación en YPF, Repsol seguiría teniendo un rol protagónico en la vida energética local. Es operadora de Margarita, el campo boliviano desde el que se exporta gas a la Argentina en cantidades que indefectiblemente irán en aumento en los próximos años. La radicación en ese país contribuyó al entrenamiento de la firma hispana para negociar con gobiernos que aspiran consolidar el dominio estatal en el área de hidrocarburos, por todos los caminos que la legalidad y el consenso político les permite.
Ambas partes, el gobierno socialista y la empresa, quizás hayan llegado hasta aquí con la común conclusión de que es productivo negociar, especulando con las necesidades y tiempos del otro.
Evo Morales modificó la Ley de Hidrocarburos boliviana, con el primer propósito de socializar la renta petrolera por la vía de un aumento en las regalías. El mismo afán que la llevó a promover un trabajoso cambio en los contratos con las petroleras privadas para asociarlas con distintos mecanismos a la estatal YPFB.
Tal vez un poco más expeditivo –aunque no menos audaz– fue el camino transitado por Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes resultaron más contundentes a la hora de promover esos cambios legales. Con las diferencias del caso, los presidentes de Venezuela y Ecuador probaron reconvertir los acuerdos con las empresas que operaban en sus territorios, transformándolas en meras contratistas.
Según esta fórmula el dueño del petróleo y gas es el Estado, quien a través de firmas como la venezolana Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) o la ecuatoriana Petroecuador disponen del recurso resolviendo si lo venden al mercado interno o lo exportan y a qué condiciones lo comercializan. El esquema tiene sus complejidades, que suelen resolverse contrato por contrato. Resulta clave definir cómo se remunera al proveedor del servicio y quién asume las inversiones de riesgo.
En todos los casos, la gran mayoría de empresas se avino a negociar, sobre el supuesto de que en algún momento las reglas podrían volver a cambiar y con la certeza de que aun si eso no ocurre era preferible conservar el negocio en otras condiciones que resignarlo. Sólo algún que otro caso aislado apostó por ir al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, en busca de un resarcimiento.
La imposición gubernamental se transformó finalmente en un convite para que la explotación privada continúe, sólo que bajo otras pautas.
En otros casos el Estado simplemente se asocia como un accionista más, aunque reservando para sí el poder de veto de ciertas decisiones estratégicas. Con un 37% del capital accionario, Repsol es dueño del 37% y operador de Caipipendi, consorcio que opera Margarita junto a la estatal YPFB. Allí acaba de ejecutar una obra que permitirá subir de 3 millones a 9 millones de metros cúbicos la producción diaria de ese fluido, que tiene como destino casi natural el mercado argentino.
Último capítulo: por el producto importado desde el Altiplano la estatal argentina Enarsa paga u$s10 el millón de BTU, bastante por encima de lo que cobran los productores locales. No da la impresión de que Repsol esté padeciendo el embate del partido gobernante. Necesidad más que ideología.
La producción de petróleo en la Argentina derrapó de poco más de 38 millones de metros cúbicos en el 2006 a 30 millones el año pasado, algo que contrasta con el aumento constante de la demanda de estos productos, lo que obliga a importarlos. La producción cae porque las empresas en condiciones de invertir son renuentes a hacerlo más allá de las utilidades probadas en sus balances.
Aunque es sólo coprotagonista del fenómeno, resulta imposible eximir a YPF de responsabilidad en este cuadro de inversión insuficiente, habida cuenta de que lidera cómoda tanto el mercado de los hidrocarburos como el de los combustibles. Para el Estado no es factible ganar soberanía sobre un recurso estratégico sin dominar a la principal empresa privada del país. Enarsa, la firma estatal fundada con el afán de ser “testigo”, se transformó en un intento fallido por falta de capital propio.
Aquí es cuando la ideología y el pragmatismo se encuentran.
Para recuperar injerencia en las decisiones de la principal petrolera del país ajustándose a derecho, tal como desea el gobierno, tallaron por estos días varias hipótesis de trabajo. Desde las más osadas, alentadas por Axel Kicillof, a las más recatadas sostenidas por un peronista más convencional como Guillermo Moreno.
El viceministro de Economía, devenido en un arquitecto clave de las iniciativas oficiales, imagina las distintas formas de asociación entre el Estado y los accionistas privados, posiblemente sin descartar las variantes ecuatoriana o venezolana. El secretario de Comercio se mostró más proclive de inducir decisiones desde afuera, sin necesidad de intervenir en el capital.
Cualquier modelo que se abrace servirá para reformular íntegramente la relación con las petroleras privadas que operan en el país más allá de YPF. Así lo prueba la reversión de áreas que aplicó ayer Neuquén a otras tres compañías, tanto como los reclamos de inversión que llegaron a todas, so pena de que las provincias le rescaten la concesión de las áreas con baja productividad.
Tal vez una manera de iniciar una negociación para que se avengan a un cambio de reglas sin amenazar con juicios. Finalmente, el barril de petróleo y las naftas vienen aumentando su precio más de un 30% por año. Un dato que puede resultar suficiente para estimular la gula empresarial.
Cledis Candelaresi
Alternativas para recuperar soberanía
La contratapa de Cledis Candelaresi, prosecretaria de redacción de BAEAun en el caso de que perdiera participación en YPF, Repsol seguiría teniendo un rol protagónico en la vida energética local. Es operadora de Margarita, el campo boliviano desde el que se exporta gas a la Argentina en cantidades que indefectiblemente irán en aumento en los próximos años. La radicación en ese país contribuyó al entrenamiento de la firma hispana para negociar con gobiernos que aspiran consolidar el dominio estatal en el área de hidrocarburos, por todos los caminos que la legalidad y el consenso político les permite.
Ambas partes, el gobierno socialista y la empresa, quizás hayan llegado hasta aquí con la común conclusión de que es productivo negociar, especulando con las necesidades y tiempos del otro.
Evo Morales modificó la Ley de Hidrocarburos boliviana, con el primer propósito de socializar la renta petrolera por la vía de un aumento en las regalías. El mismo afán que la llevó a promover un trabajoso cambio en los contratos con las petroleras privadas para asociarlas con distintos mecanismos a la estatal YPFB.
Tal vez un poco más expeditivo –aunque no menos audaz– fue el camino transitado por Hugo Chávez y Rafael Correa, quienes resultaron más contundentes a la hora de promover esos cambios legales. Con las diferencias del caso, los presidentes de Venezuela y Ecuador probaron reconvertir los acuerdos con las empresas que operaban en sus territorios, transformándolas en meras contratistas.
Según esta fórmula el dueño del petróleo y gas es el Estado, quien a través de firmas como la venezolana Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) o la ecuatoriana Petroecuador disponen del recurso resolviendo si lo venden al mercado interno o lo exportan y a qué condiciones lo comercializan. El esquema tiene sus complejidades, que suelen resolverse contrato por contrato. Resulta clave definir cómo se remunera al proveedor del servicio y quién asume las inversiones de riesgo.
En todos los casos, la gran mayoría de empresas se avino a negociar, sobre el supuesto de que en algún momento las reglas podrían volver a cambiar y con la certeza de que aun si eso no ocurre era preferible conservar el negocio en otras condiciones que resignarlo. Sólo algún que otro caso aislado apostó por ir al Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, en busca de un resarcimiento.
La imposición gubernamental se transformó finalmente en un convite para que la explotación privada continúe, sólo que bajo otras pautas.
En otros casos el Estado simplemente se asocia como un accionista más, aunque reservando para sí el poder de veto de ciertas decisiones estratégicas. Con un 37% del capital accionario, Repsol es dueño del 37% y operador de Caipipendi, consorcio que opera Margarita junto a la estatal YPFB. Allí acaba de ejecutar una obra que permitirá subir de 3 millones a 9 millones de metros cúbicos la producción diaria de ese fluido, que tiene como destino casi natural el mercado argentino.
Último capítulo: por el producto importado desde el Altiplano la estatal argentina Enarsa paga u$s10 el millón de BTU, bastante por encima de lo que cobran los productores locales. No da la impresión de que Repsol esté padeciendo el embate del partido gobernante. Necesidad más que ideología.
La producción de petróleo en la Argentina derrapó de poco más de 38 millones de metros cúbicos en el 2006 a 30 millones el año pasado, algo que contrasta con el aumento constante de la demanda de estos productos, lo que obliga a importarlos. La producción cae porque las empresas en condiciones de invertir son renuentes a hacerlo más allá de las utilidades probadas en sus balances.
Aunque es sólo coprotagonista del fenómeno, resulta imposible eximir a YPF de responsabilidad en este cuadro de inversión insuficiente, habida cuenta de que lidera cómoda tanto el mercado de los hidrocarburos como el de los combustibles. Para el Estado no es factible ganar soberanía sobre un recurso estratégico sin dominar a la principal empresa privada del país. Enarsa, la firma estatal fundada con el afán de ser “testigo”, se transformó en un intento fallido por falta de capital propio.
Aquí es cuando la ideología y el pragmatismo se encuentran.
Para recuperar injerencia en las decisiones de la principal petrolera del país ajustándose a derecho, tal como desea el gobierno, tallaron por estos días varias hipótesis de trabajo. Desde las más osadas, alentadas por Axel Kicillof, a las más recatadas sostenidas por un peronista más convencional como Guillermo Moreno.
El viceministro de Economía, devenido en un arquitecto clave de las iniciativas oficiales, imagina las distintas formas de asociación entre el Estado y los accionistas privados, posiblemente sin descartar las variantes ecuatoriana o venezolana. El secretario de Comercio se mostró más proclive de inducir decisiones desde afuera, sin necesidad de intervenir en el capital.
Cualquier modelo que se abrace servirá para reformular íntegramente la relación con las petroleras privadas que operan en el país más allá de YPF. Así lo prueba la reversión de áreas que aplicó ayer Neuquén a otras tres compañías, tanto como los reclamos de inversión que llegaron a todas, so pena de que las provincias le rescaten la concesión de las áreas con baja productividad.
Tal vez una manera de iniciar una negociación para que se avengan a un cambio de reglas sin amenazar con juicios. Finalmente, el barril de petróleo y las naftas vienen aumentando su precio más de un 30% por año. Un dato que puede resultar suficiente para estimular la gula empresarial.
Cledis Candelaresi
