En Foco – 05/04/12
Ocurrió ayer en la Argentina un hecho de gravedad institucional y polÃtica inédito, por lo menos, desde la recuperación de la democracia. Fue allanada una propiedad en Puerto Madero perteneciente a Amado Boudou en la causa donde se investiga su posible tráfico de influencia para el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica.
El vicepresidente vivió allà en épocas en que ejerció como ministro de EconomÃa. Ahora reside en otro apartamento del mismo barrio. El domicilio allanado es alquilado por Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Alejandro Vandenbroele, titular de Ciccone. Vandenbroele fue acusado por su ex esposa, Laura Muñoz, de ser testaferro de Boudou. El vice y Vandenbroeole negaron siquiera conocerse. El allanamiento irÃa en búsqueda de esa verificación que, de concretarse, dejarÃa tambaleando a Boudou.
Las primeras informaciones indican el hallazgo de comprobantes de expensas a nombre del mencionado Vandenbroele.
Esa constituye la historia escueta de un escándalo que tiene en jaque al gobierno de Cristina Fernández desde hace más de dos meses. Su segundo mandato lleva recorridos apenas cuatro. Pero empiezan a aflorar también l as consecuencias polÃticas que, antes o después, se convertirán en una crisis severa para el oficialismo. El sospechoso principal en esta investigación es el vicepresidente, primero en la lÃnea sucesoria del poder . También ejerce como titular del Senado, la Cámara parlamentaria de mayor relevancia.
La orden de allanamiento fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas. Ese magistrado habÃa relativizado el fin de semana, en declaraciones al diario Perfil , las pruebas disponibles hasta ahora para ligar a Boudou con Ciccone Calcográfica. El pedido lo formuló el fiscal que interviene en la causa, Carlos RÃvolo. Rafecas no puso objeciones a las argumentaciones del fiscal y firmó la solicitud.
Si hubiera que atenerse a aquellas primeras manifestaciones de Rafecas, podrÃa inferirse que el juez habrÃa encontrado entre las pruebas de RÃvolo fundamentos que podrÃan compremeter a Boudou en el affaire. Fuentes judiciales opinaron en el mismo sentido. “Antes de un allanamiento podrÃa haberle requerido una declaración escrita como testigo, simplementeâ€, explicaron.
El allanamiento tiene un doble valor público: el del impacto y el de la fuerte instalación de un sentimiento de sospecha . Esa tendencia parecÃa prevalecer en la sociedad aun antes del episodio de ayer: según un trabajo de la consultora OSMP el 43% de los argentinos considera que el vicepresidente habrÃa incurrido en un acto de corrupción.
La rapidez con que actuó Rafecas también habrÃa resultado llamativa. Si hizo o no una consulta en zonas elevadas del poder K, es imposible aún certificarlo. Pero en cualquier caso se estarÃa desnudando el elocuente abandono polÃtico de Boudou. Nadie avanza, como lo hizo el juez, sobre un vicepresidente sin tener ciertas garantÃas.
Menos aún, en un sistema de poder tan rÃgido y gendarme como el que estructuró el kirchnerismo.
Las señales que precedieron la determinación de Rafecas también podrÃan haber incidido. Desde el Gabinete (Florencio Randazzo, ministro del Interior) y desde el Congreso (los K AnÃbal Fernández y Carlos Kunkel) se ensayó sólo una defensa formal y poco convincente sobre el vice.
El caso podrÃa ir adquiriendo, con el tiempo, tal vez, la caracterÃstica de cascada para el Gobierno. En el circuito de la investigación están además la AFIP de Ricardo Echegaray, el Banco Central, la UIF (Unidad de Informaciones Financieras) y la Casa de Moneda.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pudo haber errado de nuevo cuando vaticinó que el caso Ciccone concluirÃa como Skanska. Es decir, en la nada. Aquel episodio, además, lejos estuvo de envolver a un funcionario de rango tan alto como Boudou.
Un cerco parece ir cerrándose en torno al vice.
A la par, habrÃa que observar hasta dónde se expande la onda de su escándalo. Es muy difÃcil que la propia Cristina no sea alcanzada por alguna de esas secuelas.
Boudou fue un encumbramiento de su autorÃa, cuando Néstor Kirchner ya habÃa muerto. Lo ungió como compañero de fórmula para octubre desairando al peronismo, a postulantes dentro del universo K y a La Cámpora, el principal engranaje de su maquinaria polÃtica. Semejante conducta le terminará acarreando costos.
Cristina nunca habló sobre Boudou desde que detonó el escándalo. Pero lo sostuvo en público a su lado, incluso, en los actos en Ushuaia, por Malvinas, y Bariloche. Quizá creyó, porque le gusta creer , en la teorÃa conspirativa que urdió el vice para explicar el entuerto. Denunció a la empresa Boldt, que maneja el juego en Buenos Aires, al posduhaldismo y al periodismo.
Esa defensa se empezó a desmembrar ayer con la decisión de Rafecas.
Ocurrió ayer en la Argentina un hecho de gravedad institucional y polÃtica inédito, por lo menos, desde la recuperación de la democracia. Fue allanada una propiedad en Puerto Madero perteneciente a Amado Boudou en la causa donde se investiga su posible tráfico de influencia para el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica.
El vicepresidente vivió allà en épocas en que ejerció como ministro de EconomÃa. Ahora reside en otro apartamento del mismo barrio. El domicilio allanado es alquilado por Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Alejandro Vandenbroele, titular de Ciccone. Vandenbroele fue acusado por su ex esposa, Laura Muñoz, de ser testaferro de Boudou. El vice y Vandenbroeole negaron siquiera conocerse. El allanamiento irÃa en búsqueda de esa verificación que, de concretarse, dejarÃa tambaleando a Boudou.
Las primeras informaciones indican el hallazgo de comprobantes de expensas a nombre del mencionado Vandenbroele.
Esa constituye la historia escueta de un escándalo que tiene en jaque al gobierno de Cristina Fernández desde hace más de dos meses. Su segundo mandato lleva recorridos apenas cuatro. Pero empiezan a aflorar también l as consecuencias polÃticas que, antes o después, se convertirán en una crisis severa para el oficialismo. El sospechoso principal en esta investigación es el vicepresidente, primero en la lÃnea sucesoria del poder . También ejerce como titular del Senado, la Cámara parlamentaria de mayor relevancia.
La orden de allanamiento fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas. Ese magistrado habÃa relativizado el fin de semana, en declaraciones al diario Perfil , las pruebas disponibles hasta ahora para ligar a Boudou con Ciccone Calcográfica. El pedido lo formuló el fiscal que interviene en la causa, Carlos RÃvolo. Rafecas no puso objeciones a las argumentaciones del fiscal y firmó la solicitud.
Si hubiera que atenerse a aquellas primeras manifestaciones de Rafecas, podrÃa inferirse que el juez habrÃa encontrado entre las pruebas de RÃvolo fundamentos que podrÃan compremeter a Boudou en el affaire. Fuentes judiciales opinaron en el mismo sentido. “Antes de un allanamiento podrÃa haberle requerido una declaración escrita como testigo, simplementeâ€, explicaron.
El allanamiento tiene un doble valor público: el del impacto y el de la fuerte instalación de un sentimiento de sospecha . Esa tendencia parecÃa prevalecer en la sociedad aun antes del episodio de ayer: según un trabajo de la consultora OSMP el 43% de los argentinos considera que el vicepresidente habrÃa incurrido en un acto de corrupción.
La rapidez con que actuó Rafecas también habrÃa resultado llamativa. Si hizo o no una consulta en zonas elevadas del poder K, es imposible aún certificarlo. Pero en cualquier caso se estarÃa desnudando el elocuente abandono polÃtico de Boudou. Nadie avanza, como lo hizo el juez, sobre un vicepresidente sin tener ciertas garantÃas.
Menos aún, en un sistema de poder tan rÃgido y gendarme como el que estructuró el kirchnerismo.
Las señales que precedieron la determinación de Rafecas también podrÃan haber incidido. Desde el Gabinete (Florencio Randazzo, ministro del Interior) y desde el Congreso (los K AnÃbal Fernández y Carlos Kunkel) se ensayó sólo una defensa formal y poco convincente sobre el vice.
El caso podrÃa ir adquiriendo, con el tiempo, tal vez, la caracterÃstica de cascada para el Gobierno. En el circuito de la investigación están además la AFIP de Ricardo Echegaray, el Banco Central, la UIF (Unidad de Informaciones Financieras) y la Casa de Moneda.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pudo haber errado de nuevo cuando vaticinó que el caso Ciccone concluirÃa como Skanska. Es decir, en la nada. Aquel episodio, además, lejos estuvo de envolver a un funcionario de rango tan alto como Boudou.
Un cerco parece ir cerrándose en torno al vice.
A la par, habrÃa que observar hasta dónde se expande la onda de su escándalo. Es muy difÃcil que la propia Cristina no sea alcanzada por alguna de esas secuelas.
Boudou fue un encumbramiento de su autorÃa, cuando Néstor Kirchner ya habÃa muerto. Lo ungió como compañero de fórmula para octubre desairando al peronismo, a postulantes dentro del universo K y a La Cámpora, el principal engranaje de su maquinaria polÃtica. Semejante conducta le terminará acarreando costos.
Cristina nunca habló sobre Boudou desde que detonó el escándalo. Pero lo sostuvo en público a su lado, incluso, en los actos en Ushuaia, por Malvinas, y Bariloche. Quizá creyó, porque le gusta creer , en la teorÃa conspirativa que urdió el vice para explicar el entuerto. Denunció a la empresa Boldt, que maneja el juego en Buenos Aires, al posduhaldismo y al periodismo.
Esa defensa se empezó a desmembrar ayer con la decisión de Rafecas.