En Foco – 05/04/12
Ocurrió ayer en la Argentina un hecho de gravedad institucional y política inédito, por lo menos, desde la recuperación de la democracia. Fue allanada una propiedad en Puerto Madero perteneciente a Amado Boudou en la causa donde se investiga su posible tráfico de influencia para el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica.
El vicepresidente vivió allí en épocas en que ejerció como ministro de Economía. Ahora reside en otro apartamento del mismo barrio. El domicilio allanado es alquilado por Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Alejandro Vandenbroele, titular de Ciccone. Vandenbroele fue acusado por su ex esposa, Laura Muñoz, de ser testaferro de Boudou. El vice y Vandenbroeole negaron siquiera conocerse. El allanamiento iría en búsqueda de esa verificación que, de concretarse, dejaría tambaleando a Boudou.
Las primeras informaciones indican el hallazgo de comprobantes de expensas a nombre del mencionado Vandenbroele.
Esa constituye la historia escueta de un escándalo que tiene en jaque al gobierno de Cristina Fernández desde hace más de dos meses. Su segundo mandato lleva recorridos apenas cuatro. Pero empiezan a aflorar también l as consecuencias políticas que, antes o después, se convertirán en una crisis severa para el oficialismo. El sospechoso principal en esta investigación es el vicepresidente, primero en la línea sucesoria del poder . También ejerce como titular del Senado, la Cámara parlamentaria de mayor relevancia.
La orden de allanamiento fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas. Ese magistrado había relativizado el fin de semana, en declaraciones al diario Perfil , las pruebas disponibles hasta ahora para ligar a Boudou con Ciccone Calcográfica. El pedido lo formuló el fiscal que interviene en la causa, Carlos Rívolo. Rafecas no puso objeciones a las argumentaciones del fiscal y firmó la solicitud.
Si hubiera que atenerse a aquellas primeras manifestaciones de Rafecas, podría inferirse que el juez habría encontrado entre las pruebas de Rívolo fundamentos que podrían compremeter a Boudou en el affaire. Fuentes judiciales opinaron en el mismo sentido. “Antes de un allanamiento podría haberle requerido una declaración escrita como testigo, simplemente”, explicaron.
El allanamiento tiene un doble valor público: el del impacto y el de la fuerte instalación de un sentimiento de sospecha . Esa tendencia parecía prevalecer en la sociedad aun antes del episodio de ayer: según un trabajo de la consultora OSMP el 43% de los argentinos considera que el vicepresidente habría incurrido en un acto de corrupción.
La rapidez con que actuó Rafecas también habría resultado llamativa. Si hizo o no una consulta en zonas elevadas del poder K, es imposible aún certificarlo. Pero en cualquier caso se estaría desnudando el elocuente abandono político de Boudou. Nadie avanza, como lo hizo el juez, sobre un vicepresidente sin tener ciertas garantías.
Menos aún, en un sistema de poder tan rígido y gendarme como el que estructuró el kirchnerismo.
Las señales que precedieron la determinación de Rafecas también podrían haber incidido. Desde el Gabinete (Florencio Randazzo, ministro del Interior) y desde el Congreso (los K Aníbal Fernández y Carlos Kunkel) se ensayó sólo una defensa formal y poco convincente sobre el vice.
El caso podría ir adquiriendo, con el tiempo, tal vez, la característica de cascada para el Gobierno. En el circuito de la investigación están además la AFIP de Ricardo Echegaray, el Banco Central, la UIF (Unidad de Informaciones Financieras) y la Casa de Moneda.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pudo haber errado de nuevo cuando vaticinó que el caso Ciccone concluiría como Skanska. Es decir, en la nada. Aquel episodio, además, lejos estuvo de envolver a un funcionario de rango tan alto como Boudou.
Un cerco parece ir cerrándose en torno al vice.
A la par, habría que observar hasta dónde se expande la onda de su escándalo. Es muy difícil que la propia Cristina no sea alcanzada por alguna de esas secuelas.
Boudou fue un encumbramiento de su autoría, cuando Néstor Kirchner ya había muerto. Lo ungió como compañero de fórmula para octubre desairando al peronismo, a postulantes dentro del universo K y a La Cámpora, el principal engranaje de su maquinaria política. Semejante conducta le terminará acarreando costos.
Cristina nunca habló sobre Boudou desde que detonó el escándalo. Pero lo sostuvo en público a su lado, incluso, en los actos en Ushuaia, por Malvinas, y Bariloche. Quizá creyó, porque le gusta creer , en la teoría conspirativa que urdió el vice para explicar el entuerto. Denunció a la empresa Boldt, que maneja el juego en Buenos Aires, al posduhaldismo y al periodismo.
Esa defensa se empezó a desmembrar ayer con la decisión de Rafecas.
Ocurrió ayer en la Argentina un hecho de gravedad institucional y política inédito, por lo menos, desde la recuperación de la democracia. Fue allanada una propiedad en Puerto Madero perteneciente a Amado Boudou en la causa donde se investiga su posible tráfico de influencia para el levantamiento de la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica.
El vicepresidente vivió allí en épocas en que ejerció como ministro de Economía. Ahora reside en otro apartamento del mismo barrio. El domicilio allanado es alquilado por Fabián Carosso Donatiello, socio y amigo de Alejandro Vandenbroele, titular de Ciccone. Vandenbroele fue acusado por su ex esposa, Laura Muñoz, de ser testaferro de Boudou. El vice y Vandenbroeole negaron siquiera conocerse. El allanamiento iría en búsqueda de esa verificación que, de concretarse, dejaría tambaleando a Boudou.
Las primeras informaciones indican el hallazgo de comprobantes de expensas a nombre del mencionado Vandenbroele.
Esa constituye la historia escueta de un escándalo que tiene en jaque al gobierno de Cristina Fernández desde hace más de dos meses. Su segundo mandato lleva recorridos apenas cuatro. Pero empiezan a aflorar también l as consecuencias políticas que, antes o después, se convertirán en una crisis severa para el oficialismo. El sospechoso principal en esta investigación es el vicepresidente, primero en la línea sucesoria del poder . También ejerce como titular del Senado, la Cámara parlamentaria de mayor relevancia.
La orden de allanamiento fue dispuesta por el juez Daniel Rafecas. Ese magistrado había relativizado el fin de semana, en declaraciones al diario Perfil , las pruebas disponibles hasta ahora para ligar a Boudou con Ciccone Calcográfica. El pedido lo formuló el fiscal que interviene en la causa, Carlos Rívolo. Rafecas no puso objeciones a las argumentaciones del fiscal y firmó la solicitud.
Si hubiera que atenerse a aquellas primeras manifestaciones de Rafecas, podría inferirse que el juez habría encontrado entre las pruebas de Rívolo fundamentos que podrían compremeter a Boudou en el affaire. Fuentes judiciales opinaron en el mismo sentido. “Antes de un allanamiento podría haberle requerido una declaración escrita como testigo, simplemente”, explicaron.
El allanamiento tiene un doble valor público: el del impacto y el de la fuerte instalación de un sentimiento de sospecha . Esa tendencia parecía prevalecer en la sociedad aun antes del episodio de ayer: según un trabajo de la consultora OSMP el 43% de los argentinos considera que el vicepresidente habría incurrido en un acto de corrupción.
La rapidez con que actuó Rafecas también habría resultado llamativa. Si hizo o no una consulta en zonas elevadas del poder K, es imposible aún certificarlo. Pero en cualquier caso se estaría desnudando el elocuente abandono político de Boudou. Nadie avanza, como lo hizo el juez, sobre un vicepresidente sin tener ciertas garantías.
Menos aún, en un sistema de poder tan rígido y gendarme como el que estructuró el kirchnerismo.
Las señales que precedieron la determinación de Rafecas también podrían haber incidido. Desde el Gabinete (Florencio Randazzo, ministro del Interior) y desde el Congreso (los K Aníbal Fernández y Carlos Kunkel) se ensayó sólo una defensa formal y poco convincente sobre el vice.
El caso podría ir adquiriendo, con el tiempo, tal vez, la característica de cascada para el Gobierno. En el circuito de la investigación están además la AFIP de Ricardo Echegaray, el Banco Central, la UIF (Unidad de Informaciones Financieras) y la Casa de Moneda.
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, pudo haber errado de nuevo cuando vaticinó que el caso Ciccone concluiría como Skanska. Es decir, en la nada. Aquel episodio, además, lejos estuvo de envolver a un funcionario de rango tan alto como Boudou.
Un cerco parece ir cerrándose en torno al vice.
A la par, habría que observar hasta dónde se expande la onda de su escándalo. Es muy difícil que la propia Cristina no sea alcanzada por alguna de esas secuelas.
Boudou fue un encumbramiento de su autoría, cuando Néstor Kirchner ya había muerto. Lo ungió como compañero de fórmula para octubre desairando al peronismo, a postulantes dentro del universo K y a La Cámpora, el principal engranaje de su maquinaria política. Semejante conducta le terminará acarreando costos.
Cristina nunca habló sobre Boudou desde que detonó el escándalo. Pero lo sostuvo en público a su lado, incluso, en los actos en Ushuaia, por Malvinas, y Bariloche. Quizá creyó, porque le gusta creer , en la teoría conspirativa que urdió el vice para explicar el entuerto. Denunció a la empresa Boldt, que maneja el juego en Buenos Aires, al posduhaldismo y al periodismo.
Esa defensa se empezó a desmembrar ayer con la decisión de Rafecas.
