Así, el contraste con la situación en Europa no puede ser más elocuente: en España, por ejemplo, los sindicatos sufrieron una reforma laboral regresiva que rebana el costo del despido, y destruye los convenios colectivos sectoriales en empresas por la sola invocación de una situación de “crisis”, y el gobierno de Rajoy acaba de presentar los presupuestos generales con más ajuste de gasto respecto del año anterior desde la restauración democrática. En este contexto mundial, hablar de ajuste en la Argentina es entonces pura ideología o internacionalidad política. Además, no olvidemos que el término “ajuste” remite necesariamente a esquemas de política económica neoclásica que están en las antípodas de los vigentes hoy en la Argentina.
Sin embargo, una parte –casi personalizada– del sindicalismo en Argentina ha optado por una actitud más confrontativa hacia el gobierno. En principio, esto no debería despertar tanta sorpresa: la Argentina y Uruguay son los dos países que, dentro de la ola de gobiernos populares y anti-neoliberales iniciada en los 2000, han fortalecido más a los sindicatos en el mercado de trabajo vía movilizaciones y restauración de la negociación colectiva. No es casualidad, entonces, que sea justamente en el Río de la Plata, donde se han registrado mas fricciones entre los gobiernos y el aliado sindical, incluyendo una huelga general del PIT-CNT contra el presidente Mujica.
Los sindicatos legítimamente aspiran a seguir recobrando terreno perdido bajo el neoliberalismo. Aun así, cuesta mucho encontrar razones objetivas para esta ofensiva. Más allá de las chispas iniciales de todos los años, las paritarias comienzan a encauzarse y el gobierno y los actores empresariales y sindicales son conscientes de la necesidad de mayor responsabilidad, y de coordinar salarios nominales, preservando el salario real. La resolución de los conflictos sindicales docentes en casi todos los distritos luego de las rispideces en la paritaria docente y la progresiva consolidación de las paritarias más grandes en torno de un razonable aumento salarial en un contexto de menor inflación esperada, son muestras de que la situación laboral en lo esencial transita los mismos carriles de normalidad vigentes desde 2003.
Entonces, canalizando por supuesto sus demandas legítimas, todos los actores de la producción tienen que estar más que nunca atentos al contexto político y mundial. El proyecto político iniciado en 2003 impulsó la negociación colectiva como nunca antes, restauró el Consejo de Salario Mínimo, diseño la paritaria docente, recuperó la Inspección del Trabajo, reconstruyó el sistema público de seguridad social y aumentó sideralmente el presupuesto educativo y el de capacitación laboral. El mismo gobierno que ahora expande la inversión pública y social, termina con las rémoras neoliberales del Banco Central para mantener la demanda agregada, y pone en discusión democrática la propiedad de los hidrocarburos. Un gobierno de este tipo no puede sino estar del lado de los trabajadores. El espejo europeo, donde la huelga general campea contra reformas laborales regresivas y unilaterales, y contra un ajuste del gasto sin precedentes, es una muestra palpable de la necesidad de mantener responsablemente todas las conquistas de estos años.
Sin embargo, una parte –casi personalizada– del sindicalismo en Argentina ha optado por una actitud más confrontativa hacia el gobierno. En principio, esto no debería despertar tanta sorpresa: la Argentina y Uruguay son los dos países que, dentro de la ola de gobiernos populares y anti-neoliberales iniciada en los 2000, han fortalecido más a los sindicatos en el mercado de trabajo vía movilizaciones y restauración de la negociación colectiva. No es casualidad, entonces, que sea justamente en el Río de la Plata, donde se han registrado mas fricciones entre los gobiernos y el aliado sindical, incluyendo una huelga general del PIT-CNT contra el presidente Mujica.
Los sindicatos legítimamente aspiran a seguir recobrando terreno perdido bajo el neoliberalismo. Aun así, cuesta mucho encontrar razones objetivas para esta ofensiva. Más allá de las chispas iniciales de todos los años, las paritarias comienzan a encauzarse y el gobierno y los actores empresariales y sindicales son conscientes de la necesidad de mayor responsabilidad, y de coordinar salarios nominales, preservando el salario real. La resolución de los conflictos sindicales docentes en casi todos los distritos luego de las rispideces en la paritaria docente y la progresiva consolidación de las paritarias más grandes en torno de un razonable aumento salarial en un contexto de menor inflación esperada, son muestras de que la situación laboral en lo esencial transita los mismos carriles de normalidad vigentes desde 2003.
Entonces, canalizando por supuesto sus demandas legítimas, todos los actores de la producción tienen que estar más que nunca atentos al contexto político y mundial. El proyecto político iniciado en 2003 impulsó la negociación colectiva como nunca antes, restauró el Consejo de Salario Mínimo, diseño la paritaria docente, recuperó la Inspección del Trabajo, reconstruyó el sistema público de seguridad social y aumentó sideralmente el presupuesto educativo y el de capacitación laboral. El mismo gobierno que ahora expande la inversión pública y social, termina con las rémoras neoliberales del Banco Central para mantener la demanda agregada, y pone en discusión democrática la propiedad de los hidrocarburos. Un gobierno de este tipo no puede sino estar del lado de los trabajadores. El espejo europeo, donde la huelga general campea contra reformas laborales regresivas y unilaterales, y contra un ajuste del gasto sin precedentes, es una muestra palpable de la necesidad de mantener responsablemente todas las conquistas de estos años.
