Los derechos humanos como política de Estado. Este concepto ha sido enunciado más de una vez por el presidente de la Corte Suprema, doctor Ricardo Lorenzetti, y es impulsado por el Gobierno a partir de 2003 en relación con la violencia desatada en el país durante los años 70. La decisión oficial ha consistido en delegarle toda la responsabilidad y las consecuencias de su ejecución al Poder Judicial. El resultado es que la política de derechos humanos ha sustituido al derecho, y consecuentemente se ha minado el Estado de Derecho que debiera regir en la Argentina, y en especial en la administración de la justicia federal en todo el territorio de la Nación.
La nueva mayoría de la Corte instalada a partir de 2003 se encargó de «remover los obstáculos» que se presentaban para la concreción de esta política, y a partir de allí poder juzgar hechos ocurridos hace 35 años. Para ello arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- aplicando con retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos. Empleó además retroactivamente, en perjuicio de los imputados, leyes más gravosas; desconoció el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende revisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los cometidos en escenarios políticos. La «política de Estado» fijada en la era Kirchner es aplicada sólo a sus enemigos, una de las partes de aquella violencia, tomando el cariz de venganza, sin justicia. No se justifica de ninguna manera el remanido alegato de que en su momento, en el plano de una guerra revolucionaria, quienes son ahora juzgados omitieran respetar las garantías de la defensa en juicio. La sociedad fue atacada sin contemplaciones, con prescindencia de cual fuera el carácter del gobierno de turno, constitucional o de facto. Si la derrota militar del ataque terrorista hizo posible que finalmente rija la Constitución y el estado de derecho, es obligación de quienes hoy gobiernan asegurarlo plenamente.
Los precedentes judiciales resueltos por la Corte, útiles para esta llamada «política de Estado», abrieron las puertas para la persecución ilimitada de los opositores. Así es como estableció una sinuosa jurisprudencia, mediante la cual sólo los actos protagonizados por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad constituirían delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles e imperdonables. No así los cometidos por los terroristas del ERP, Montoneros, ETA, cualquiera fuera la aberración de sus acciones; sólo éstos fueron prescriptibles y perdonados.
Esta «política de Estado» está encaminada no sólo a encarcelar a cientos de oficiales, suboficiales y hasta soldados y policías, sino también a civiles que formaron parte del gobierno militar. Por ello se abrieron causas sobre quienes actuaron como gobernadores, ministros o secretarios de Estado, aunque jamás hayan participado de la lucha antiterrorista, únicamente por haber formado parte de aquel gobierno. La amenaza se ha extendido al mundo laboral y a la Iglesia. Sindicalistas fueron acusados de pertenecer en su juventud a la Triple A, mientras obispos y sacerdotes desfilan en los Tribunales como imputados o testigos para responder preguntas incriminantes, como presuntos colaboradores o encubridores. Todas estas personas representan hoy una minoría vulnerable y discriminada a la cual no sólo se la ha privado de las garantías elementales que asegura la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Código Penal de la Nación, sino que se los juzga con un proceso hecho a su medida y en su perjuicio. Así, se les niega la detención domiciliaria a quienes tienen más de 70 años. Se los mantiene sine die , por cuatro, cinco y hasta nueve años en prisión preventiva sin condena. Se los juzga y pena no por su actuación sino simplemente por el destino que revistaban en sus legajos, es decir la supuesta función cumplida en su puesto sin importar si tenían o no el dominio de los hechos. Se condena a guardiacárceles y agentes de policía por cumplir órdenes de custodia hace 35 años. Se mantiene en la cárcel o en proceso a personas discapacitadas, mental y físicamente, de 80 y más años de edad. Muchos de ellos padecen cáncer, o siendo cardíacos se los lleva a juicio con oxígeno o con suero. Ya se elevan a 147 los presos en estas condiciones que han muerto en cautiverio sin haber recibido condena. Se impide que quienes ya cumplieron sobradamente los requisitos obtengan la libertad condicional, sometiéndolos a nuevos procesos constantemente, máxime si se trata de presos «emblemáticos». Ellos saben que con esta justicia están condenados a morir en la cárcel.
La llamada «política de Estado» se ha extendido inevitablemente a la prensa. A la permanente amenaza que sufrió la señora Ernestina Herrera de Noble se agregaron las denuncias y pedidos de detención para los titulares de los medios más importantes del país, por hechos acaecidos aún antes del golpe militar. Tal es el caso Papel Prensa, en el cual algunos jueces han evitado la disparatada calificación de delito de lesa humanidad, resistiendo las presiones con la mínima independencia que les queda.
Toda esta tarea requirió disciplinar a la magistratura federal, acusando, apartando y relegando de ascensos y nombramientos a jueces que no garantizaran la continuidad de esta «política de Estado». Mientras tanto, la Justicia Federal, responsable en todo el territorio de investigar -entre otros graves delitos- la corrupción de los funcionarios nacionales y perseguir el narcotráfico que se enseñorea impunemente en nuestra sociedad, se encuentra ocupada casi en su totalidad por audiencias que duran y continuarán durando años enteros para juzgar hechos ocurridos hace 35 años.
No ha surgido entre nosotros un Adenauer, ni un Mandela, ni senadores y diputados como los que celebraron el Pacto de la Moncloa. Ellos les dieron a sus países un punto de apoyo desde donde comenzar la convivencia pacífica posible, la reconciliación, la concordia verdadera, la amistad política, como legado para los hijos y nietos que no vivieron el odio, el enfrentamiento y la violencia.
El resultado de la ausencia del principio de legalidad es que todos los ciudadanos estamos en libertad condicional, sujetos al arbitrio del poder de turno. Urge que se ponga fin a esta iniquidad mediante una solución política y jurídica adecuada a la magnitud de los daños que ya ha producido y seguirá produciendo. La superación de los hechos de los ?70 exige una solución política inmediata. © La Nacion.
La nueva mayoría de la Corte instalada a partir de 2003 se encargó de «remover los obstáculos» que se presentaban para la concreción de esta política, y a partir de allí poder juzgar hechos ocurridos hace 35 años. Para ello arrasó con el principio de legalidad -pilar de las libertades en el mundo occidental- aplicando con retroactividad tipos y condiciones de delitos que no existían al momento de los hechos. Empleó además retroactivamente, en perjuicio de los imputados, leyes más gravosas; desconoció el instituto de la cosa juzgada y el de la prescripción, mientras que privó al Legislativo y al Ejecutivo de los dos instrumentos soberanos -y por ende revisables- que la Constitución les dio para consolidar la paz interior, esto es, la amnistía y los indultos para cualquier clase de delitos, especialmente los cometidos en escenarios políticos. La «política de Estado» fijada en la era Kirchner es aplicada sólo a sus enemigos, una de las partes de aquella violencia, tomando el cariz de venganza, sin justicia. No se justifica de ninguna manera el remanido alegato de que en su momento, en el plano de una guerra revolucionaria, quienes son ahora juzgados omitieran respetar las garantías de la defensa en juicio. La sociedad fue atacada sin contemplaciones, con prescindencia de cual fuera el carácter del gobierno de turno, constitucional o de facto. Si la derrota militar del ataque terrorista hizo posible que finalmente rija la Constitución y el estado de derecho, es obligación de quienes hoy gobiernan asegurarlo plenamente.
Los precedentes judiciales resueltos por la Corte, útiles para esta llamada «política de Estado», abrieron las puertas para la persecución ilimitada de los opositores. Así es como estableció una sinuosa jurisprudencia, mediante la cual sólo los actos protagonizados por los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad constituirían delitos de lesa humanidad y por ende imprescriptibles e imperdonables. No así los cometidos por los terroristas del ERP, Montoneros, ETA, cualquiera fuera la aberración de sus acciones; sólo éstos fueron prescriptibles y perdonados.
Esta «política de Estado» está encaminada no sólo a encarcelar a cientos de oficiales, suboficiales y hasta soldados y policías, sino también a civiles que formaron parte del gobierno militar. Por ello se abrieron causas sobre quienes actuaron como gobernadores, ministros o secretarios de Estado, aunque jamás hayan participado de la lucha antiterrorista, únicamente por haber formado parte de aquel gobierno. La amenaza se ha extendido al mundo laboral y a la Iglesia. Sindicalistas fueron acusados de pertenecer en su juventud a la Triple A, mientras obispos y sacerdotes desfilan en los Tribunales como imputados o testigos para responder preguntas incriminantes, como presuntos colaboradores o encubridores. Todas estas personas representan hoy una minoría vulnerable y discriminada a la cual no sólo se la ha privado de las garantías elementales que asegura la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y el Código Penal de la Nación, sino que se los juzga con un proceso hecho a su medida y en su perjuicio. Así, se les niega la detención domiciliaria a quienes tienen más de 70 años. Se los mantiene sine die , por cuatro, cinco y hasta nueve años en prisión preventiva sin condena. Se los juzga y pena no por su actuación sino simplemente por el destino que revistaban en sus legajos, es decir la supuesta función cumplida en su puesto sin importar si tenían o no el dominio de los hechos. Se condena a guardiacárceles y agentes de policía por cumplir órdenes de custodia hace 35 años. Se mantiene en la cárcel o en proceso a personas discapacitadas, mental y físicamente, de 80 y más años de edad. Muchos de ellos padecen cáncer, o siendo cardíacos se los lleva a juicio con oxígeno o con suero. Ya se elevan a 147 los presos en estas condiciones que han muerto en cautiverio sin haber recibido condena. Se impide que quienes ya cumplieron sobradamente los requisitos obtengan la libertad condicional, sometiéndolos a nuevos procesos constantemente, máxime si se trata de presos «emblemáticos». Ellos saben que con esta justicia están condenados a morir en la cárcel.
La llamada «política de Estado» se ha extendido inevitablemente a la prensa. A la permanente amenaza que sufrió la señora Ernestina Herrera de Noble se agregaron las denuncias y pedidos de detención para los titulares de los medios más importantes del país, por hechos acaecidos aún antes del golpe militar. Tal es el caso Papel Prensa, en el cual algunos jueces han evitado la disparatada calificación de delito de lesa humanidad, resistiendo las presiones con la mínima independencia que les queda.
Toda esta tarea requirió disciplinar a la magistratura federal, acusando, apartando y relegando de ascensos y nombramientos a jueces que no garantizaran la continuidad de esta «política de Estado». Mientras tanto, la Justicia Federal, responsable en todo el territorio de investigar -entre otros graves delitos- la corrupción de los funcionarios nacionales y perseguir el narcotráfico que se enseñorea impunemente en nuestra sociedad, se encuentra ocupada casi en su totalidad por audiencias que duran y continuarán durando años enteros para juzgar hechos ocurridos hace 35 años.
No ha surgido entre nosotros un Adenauer, ni un Mandela, ni senadores y diputados como los que celebraron el Pacto de la Moncloa. Ellos les dieron a sus países un punto de apoyo desde donde comenzar la convivencia pacífica posible, la reconciliación, la concordia verdadera, la amistad política, como legado para los hijos y nietos que no vivieron el odio, el enfrentamiento y la violencia.
El resultado de la ausencia del principio de legalidad es que todos los ciudadanos estamos en libertad condicional, sujetos al arbitrio del poder de turno. Urge que se ponga fin a esta iniquidad mediante una solución política y jurídica adecuada a la magnitud de los daños que ya ha producido y seguirá produciendo. La superación de los hechos de los ?70 exige una solución política inmediata. © La Nacion.
