Julio De Vido ganó finalmente la pulseada. Su propuesta de avanzar sobre YPF moderadamente, avalada por gran parte del gabinete y la mayoría de los legisladores consultados por el Gobierno, fue la que finalmente Cristina de Kirchner aceptó y hoy anunciaría ante los gobernadores de provincias petroleras. El ministro de Planificación, que siempre tuvo buena relación con el Gobierno español y los directivos europeos de Repsol, defendió la idea de abrir un frente negociador en lugar de una ruptura directa. En otras palabras, por recomendación de De Vido, el avance sobre la petrolera será para adquirir la mayoría societaria de la empresa, que pasará a ser controlada por el Estado. La compañía futura será de capitales mixtos, con lo cual no necesariamente implicaría una retirada total de Repsol o la prohibición de la llegada de nuevos accionistas privados que se sumen al paquete. Lo que sí quedará asegurado en la estrategia oficial es que una vez terminado el proceso de avance sobre las acciones de la compañía, la mayoría del directorio será ocupado por la Nación y las provincias.
La jefa de Estado eligió durante el fin de semana en su estadía patagónica la opción del ministro de Planificación, por sobre la del frente joven oficial, encabezado por el secretario de Programación Económica, Axel Kicillof, que proponía directamente una nacionalización lisa y llana, aunque esta decisión traiga luego consecuencias negativas (o más negativas que la de De Vido), en el frente internacional. Acompañaron a De Vido en su posición negociadora con Repsol la mayoría de los funcionarios, como el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el vicepresidente, Amado Boudou; el titular de la ANSES, Diego Bossio; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Según esta posición, a partir de ahora se iniciará un proceso negociador con Repsol para discutir la compra de un porcentaje accionario lo suficientemente importante como para terminar de controlar la mayoría del paquete de la petrolera. Antes habrá una operación de oferta al Grupo Petersen (familia Eskenazi), que debería terminar en la compra por parte del sector público del 25,46% que el grupo posee de la compañía. De concretarse esta compra, terminaría (al menos como segundo accionista) con la presencia del grupo argentino que ingresó en diciembre de 2007 con la compra de un 14,9% del paquete y se completó el 4 de mayo de 2011 con la compra de acciones hasta llegar al 25,46%.
El Estado sumaría a este porcentaje algún nivel de acciones que ya tendría de la compañía por recientes operaciones de compra (no más del 4%, hechas en el más absoluto secreto desde hace aproximadamente un mes). Oficialmente, el Gobierno tendría unas 1.000 acciones sobre un total de 393,3 millones. Finalmente, comenzaría un proceso negociador con los españoles de Repsol. Para esto, De Vido recomendó no avanzar con violencia, ni verbal ni ejecutiva, sobre las acciones, para iniciar un proceso prolijo de negociaciones con España.
El precio que será tenido en cuenta para la operación de compra de las acciones sería discutido. Pero según los últimos precios de valor de la compañía en sus cotizaciones en la Bolsa de Comercio, legaría a los $ 45.032 millones (unos u$s 10.200 millones). Para avanzar en la operación de toma de la mayoría accionaria, el Gobierno necesitaría a precios de ayer unos u$s 5.100 millones. Esto explica además el porqué del embate oficial sobre la empresa de los tres meses, proceso en el cual el precio final de la petrolera perdió unos u$s 6.000 millones de su valor. Todo esto sería plasmado en un proyecto de ley.
El último capítulo discutido dentro del Gobierno fue quizás el más importante: de dónde saldrá el dinero para realizar la operación. Tal como había adelantado este diario, la opción principal será utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES de Bossio, y que a marzo de 2012 sumaba aproximadamente unos $ 203.000 millones (u$s 46.100 millones). De este dinero, unos $ 24.000 millones están colocados en plazos fijos (u$s 5.455 millones), éste es teóricamente de libre disponibilidad para la operación, y unos $ 116.000 millones (u$s 26.363 millones) en títulos públicos de deuda argentina. En otras palabras, el FGS alcanzaría para realizar la operación, sólo con los fondos de los plazos fijos, que incluso podrían ampliarse con la venta de al menos una pequeña parte de las tenencias en bonos de la deuda.
Un último capítulo que resta definir será la forma en que las provincias petroleras pueden llegar a participar en la operación para que completen la presencia pública en el futuro paquete accionario de la empresa. La decisión oficial es que ninguna de las gobernaciones pueda tener una importancia suficiente como para poder influir decisivamente en la estrategia de la empresa. Para esto el criterio que se utilizaría es invitar a las empresas a que en conjunto pasen una parte del paquete. El dinero para esta operación también sería un préstamo oficial, que luego las provincias deberían ir liquidando ya cuando estén sentados en los sillones del directorio.
Altas fuentes del oficialismo definieron la compleja operación que encararía desde hoy el Gobierno, la más importante desde la llegada de los Kirchner al poder luego de la salida del default en 2005, como una estrategia basada en cuestiones fiscales más que políticas. La decisión se toma «porque en el primer semestre del año tenemos que gastar un piso de u$s 7.000 millones en importación de combustible, teniendo nuestros recursos como para poder autoabastecernos». Según la fuente, «se terminará el tiempo donde las ganancias de YPF se invertían en Libia, Marruecos, Angola o Guinea Ecuatorial».
La jefa de Estado eligió durante el fin de semana en su estadía patagónica la opción del ministro de Planificación, por sobre la del frente joven oficial, encabezado por el secretario de Programación Económica, Axel Kicillof, que proponía directamente una nacionalización lisa y llana, aunque esta decisión traiga luego consecuencias negativas (o más negativas que la de De Vido), en el frente internacional. Acompañaron a De Vido en su posición negociadora con Repsol la mayoría de los funcionarios, como el ministro de Economía, Hernán Lorenzino; el vicepresidente, Amado Boudou; el titular de la ANSES, Diego Bossio; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Según esta posición, a partir de ahora se iniciará un proceso negociador con Repsol para discutir la compra de un porcentaje accionario lo suficientemente importante como para terminar de controlar la mayoría del paquete de la petrolera. Antes habrá una operación de oferta al Grupo Petersen (familia Eskenazi), que debería terminar en la compra por parte del sector público del 25,46% que el grupo posee de la compañía. De concretarse esta compra, terminaría (al menos como segundo accionista) con la presencia del grupo argentino que ingresó en diciembre de 2007 con la compra de un 14,9% del paquete y se completó el 4 de mayo de 2011 con la compra de acciones hasta llegar al 25,46%.
El Estado sumaría a este porcentaje algún nivel de acciones que ya tendría de la compañía por recientes operaciones de compra (no más del 4%, hechas en el más absoluto secreto desde hace aproximadamente un mes). Oficialmente, el Gobierno tendría unas 1.000 acciones sobre un total de 393,3 millones. Finalmente, comenzaría un proceso negociador con los españoles de Repsol. Para esto, De Vido recomendó no avanzar con violencia, ni verbal ni ejecutiva, sobre las acciones, para iniciar un proceso prolijo de negociaciones con España.
El precio que será tenido en cuenta para la operación de compra de las acciones sería discutido. Pero según los últimos precios de valor de la compañía en sus cotizaciones en la Bolsa de Comercio, legaría a los $ 45.032 millones (unos u$s 10.200 millones). Para avanzar en la operación de toma de la mayoría accionaria, el Gobierno necesitaría a precios de ayer unos u$s 5.100 millones. Esto explica además el porqué del embate oficial sobre la empresa de los tres meses, proceso en el cual el precio final de la petrolera perdió unos u$s 6.000 millones de su valor. Todo esto sería plasmado en un proyecto de ley.
El último capítulo discutido dentro del Gobierno fue quizás el más importante: de dónde saldrá el dinero para realizar la operación. Tal como había adelantado este diario, la opción principal será utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSES de Bossio, y que a marzo de 2012 sumaba aproximadamente unos $ 203.000 millones (u$s 46.100 millones). De este dinero, unos $ 24.000 millones están colocados en plazos fijos (u$s 5.455 millones), éste es teóricamente de libre disponibilidad para la operación, y unos $ 116.000 millones (u$s 26.363 millones) en títulos públicos de deuda argentina. En otras palabras, el FGS alcanzaría para realizar la operación, sólo con los fondos de los plazos fijos, que incluso podrían ampliarse con la venta de al menos una pequeña parte de las tenencias en bonos de la deuda.
Un último capítulo que resta definir será la forma en que las provincias petroleras pueden llegar a participar en la operación para que completen la presencia pública en el futuro paquete accionario de la empresa. La decisión oficial es que ninguna de las gobernaciones pueda tener una importancia suficiente como para poder influir decisivamente en la estrategia de la empresa. Para esto el criterio que se utilizaría es invitar a las empresas a que en conjunto pasen una parte del paquete. El dinero para esta operación también sería un préstamo oficial, que luego las provincias deberían ir liquidando ya cuando estén sentados en los sillones del directorio.
Altas fuentes del oficialismo definieron la compleja operación que encararía desde hoy el Gobierno, la más importante desde la llegada de los Kirchner al poder luego de la salida del default en 2005, como una estrategia basada en cuestiones fiscales más que políticas. La decisión se toma «porque en el primer semestre del año tenemos que gastar un piso de u$s 7.000 millones en importación de combustible, teniendo nuestros recursos como para poder autoabastecernos». Según la fuente, «se terminará el tiempo donde las ganancias de YPF se invertían en Libia, Marruecos, Angola o Guinea Ecuatorial».
