«En las últimas 48 horas parece que las cosas se encauzan y esperemos que siga así», ha declarado el ministro de Industria, José Manuel Soria, en relación con la amenaza de nacionalización de Repsol-YpF en Argentina por parte del Gobierno de Cristina Fernández Kirchner.
El ministro, que ha hecho estas declaraciones a su entrada a la reunión que mantienen todos los barones regionales del PP con el presidente del Gobierno en la sede del partido, se ha mostrado optimista sobre la solución de la crisis.
«España desea tener las mejores relaciones con todos los países, desde luego también y sobre todo con los países de Latinoamérica y ése debe ser un camino de ida y vuelta», ha recalcado.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al Gobierno argentino frente a lo que puede ser «una equivocación histórica» y le ha emplazado a «meditar».
La estrategia del Gobierno español en los últimos días para frenar los controvertidos planes del Gobierno argentino se ha traducido en una intensa actividad diplomática en Buenos Aires del nuevo embajador, Román Oyarzún, que ha acompañado durante la última semana al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y se ha reunido con empresarios españoles y con embajadores europeos.
Pérdidas bursátiles
Medios afines al Gobierno de Fernández advertía ayer que la presidenta podría hacer un anuncio sobre el futuro de la petrolera la próxima semana, a su regreso de Cartagena de Indias (Colombia) donde participa en la Cumbre de las Américas.
Pero, para tomar la decisión final, Fernández tendrá que vencer las resistencias internas planteadas por algunos de los gobernadores de las provincias petroleras que, según empresarios del sector, aspiran a una mayor participación en los beneficios del petróleo y a influir en la gestión de la compañía en caso de nacionalización.
La única declaración sobre el asunto colgada en la página del Gobierno argentino en internet es un comentario del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no menciona a la petrolera pero insiste en que el objetivo es «lograr el autoabastecimiento de petróleo».
En las últimas semanas, YPF ha perdido una quincena de licencias de explotación y exploración en seis de las diez provincias petroleras de Argentina.
Analistas consultados por Efe no dudan de que el gobierno argentino aspira a tomar el control de la petrolera, pero admiten que hay varias vías para lograrlo, desde la negociación con los accionistas -Repsol (57,43 por ciento) y la familia argentina Ezkenazi (25,46)-, hasta la tramitación parlamentaria de una ley que declare a la empresa de interés publico.
Mientras Cristina Fernández toma una decisión sobre YPF tras cuatro meses de acoso que han hecho perder a la compañía alrededor del 30% de su valoración bursátil, los empresarios extranjeros con intereses en Argentina siguen con atención el proceso y se tientan los bolsillos. El pasado viernes, la incertidumbre provocó la caída de las acciones de la petrolera argentina un 3,33% en la Bolsa de Buenos Aires.
La política proteccionista argentina ha levantado quejas entre sus socios en Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) y de algunos asociados, como Chile.
Además, la UE y otros trece países, entre ellos México y Estados Unidos, presentaron el pasado 30 de marzo ante la Organización Mundial del Comercio una declaración conjunta en la que manifiestan su «gran preocupación» por las restricciones al comercio impuestas por Argentina desde 2008.
El ministro, que ha hecho estas declaraciones a su entrada a la reunión que mantienen todos los barones regionales del PP con el presidente del Gobierno en la sede del partido, se ha mostrado optimista sobre la solución de la crisis.
«España desea tener las mejores relaciones con todos los países, desde luego también y sobre todo con los países de Latinoamérica y ése debe ser un camino de ida y vuelta», ha recalcado.
Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido al Gobierno argentino frente a lo que puede ser «una equivocación histórica» y le ha emplazado a «meditar».
La estrategia del Gobierno español en los últimos días para frenar los controvertidos planes del Gobierno argentino se ha traducido en una intensa actividad diplomática en Buenos Aires del nuevo embajador, Román Oyarzún, que ha acompañado durante la última semana al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y se ha reunido con empresarios españoles y con embajadores europeos.
Pérdidas bursátiles
Medios afines al Gobierno de Fernández advertía ayer que la presidenta podría hacer un anuncio sobre el futuro de la petrolera la próxima semana, a su regreso de Cartagena de Indias (Colombia) donde participa en la Cumbre de las Américas.
Pero, para tomar la decisión final, Fernández tendrá que vencer las resistencias internas planteadas por algunos de los gobernadores de las provincias petroleras que, según empresarios del sector, aspiran a una mayor participación en los beneficios del petróleo y a influir en la gestión de la compañía en caso de nacionalización.
La única declaración sobre el asunto colgada en la página del Gobierno argentino en internet es un comentario del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no menciona a la petrolera pero insiste en que el objetivo es «lograr el autoabastecimiento de petróleo».
En las últimas semanas, YPF ha perdido una quincena de licencias de explotación y exploración en seis de las diez provincias petroleras de Argentina.
Analistas consultados por Efe no dudan de que el gobierno argentino aspira a tomar el control de la petrolera, pero admiten que hay varias vías para lograrlo, desde la negociación con los accionistas -Repsol (57,43 por ciento) y la familia argentina Ezkenazi (25,46)-, hasta la tramitación parlamentaria de una ley que declare a la empresa de interés publico.
Mientras Cristina Fernández toma una decisión sobre YPF tras cuatro meses de acoso que han hecho perder a la compañía alrededor del 30% de su valoración bursátil, los empresarios extranjeros con intereses en Argentina siguen con atención el proceso y se tientan los bolsillos. El pasado viernes, la incertidumbre provocó la caída de las acciones de la petrolera argentina un 3,33% en la Bolsa de Buenos Aires.
La política proteccionista argentina ha levantado quejas entre sus socios en Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay) y de algunos asociados, como Chile.
Además, la UE y otros trece países, entre ellos México y Estados Unidos, presentaron el pasado 30 de marzo ante la Organización Mundial del Comercio una declaración conjunta en la que manifiestan su «gran preocupación» por las restricciones al comercio impuestas por Argentina desde 2008.
