BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea examinarán este lunes las posibilidades del bloque para responder a la expropiación de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, si bien no se esperan decisiones concretas porque el estudio de medidas y de su viabilidad es un proceso «lento» en el que se trabaja a nivel técnico, han informado distintas fuentes europeos.
Los jefes de las diplomacias europeas se reúnen el lunes en Luxemburgo y el titular español, José Manuel García-Margallo, aprovechará la ocasión para pedir el apoyo de sus socios en la crisis abierta con Argentina. También expondrá las medidas de retorsión en las que ha pensado España, como la limitación de las importaciones de biodiesel argentino anunciada el viernes por el Gobierno.
La discusión a Veintisiete se producirá a petición de España, pero fuentes europeas advierten de que no se espera un debate en profundidad ni decisiones concretas porque no es el marco en el que se discute habitualmente la política comercial europea. El próximo consejo de ministros de Comercio está previsto para el mes de mayo.
Con todo, apuntan que el objetivo de esta primera discusión a alto nivel se produce en paralelo al trabajo que tiene lugar a nivel de expertos de la UE para identificar las medidas que puedan ser «factibles y oportunas» y que podrían pactarse sin esperar al final del próximo mes.
Se ha especulado con represalias como suprimir ventajas arancelarias, dificultar las negociaciones con los países de Mercosur –entre los que está Argentina– para un acuerdo de libre comercio, pasos que vayan más allá de lo comercial o elevar la disputa a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En Bruselas, sin embargo, piden prudencia y señalan que no está clara si existe base jurídica que avale este tipo de acciones y explican que en el caso de la OMC, en donde España está representada por la UE, no hay instrumentos para abrir un panel contra Argentina por una cuestión relacionada con las inversiones.
El caso YPF sí podría servir para «activar otros paneles» que se han lanzado en la OMC contra Argentina por otras disputas comerciales, matizan fuentes diplomáticas.
«Hay una voluntad clara de no apresurarse y de no tomar medidas de las que luego se tenga que arrepentir», señalan fuentes conocedoras de las gestiones a escala europea. Las mismas fuentes descartan «tibieza» en el apoyo de la UE e insisten en la necesidad de evaluar «si merece la pena» iniciar un procedimiento de medidas, porque podría provocar en el Gobierno argentino una nueva ofensiva contra intereses europeos.
LA UE, «DEL LADO DE ESPAÑA».
Desde que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció su decisión de nacionalizar YPF se abrió una crisis con España en la que las distintas instituciones europeas se han colocado «del lado de España».
El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso; su vicepresidente responsable de Industria, Antonio Tajani; y la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton; así como la presidencia de turno de la UE que este semestre ocupa Dinamarca, han censurado la actuación de Argentina y han apuntado que la expropiación podría ir en contra de las normas del derecho internacional.
Los servicios de la Comisión Europea –institución que debe proponer en un primer momento las medidas europeas, si las hay– recalcan que «no se descarta ninguna opción» y que se trabaja «mano a mano» con Madrid para buscar medidas posibles que cuenten con base jurídica fuerte.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa a finales de 2009, el Ejecutivo comunitario ganó competencias para defender los intereses de los inversores europeos en terceros países, pero los instrumentos para tal protección no se han desarrollado. Por ello, la base jurídica en esta crisis se apoya en un acuerdo bilateral de protección de las inversiones firmado entre Argentina y España.
El Parlamento Europeo también ha criticado a Buenos Aires y ha pedido a Bruselas que suspenda las ventajas arancelarias que la Unión Europea concede a productos importados de Argentina. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) se enmarca en las medidas que la Unión Europea ofrece a países pobres como apoyo a su desarrollo y que, en el caso de Argentina, expirará el 1 de enero de 2014 porque ya no se considera un país en desarrollo.
Alrededor del 27% del total de las exportaciones de Argentina a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales, según datos de 2010. En particular, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumos de cítricos, tabaco, mandarinas y uva de mesa.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea examinarán este lunes las posibilidades del bloque para responder a la expropiación de la petrolera YPF, filial de la española Repsol, si bien no se esperan decisiones concretas porque el estudio de medidas y de su viabilidad es un proceso «lento» en el que se trabaja a nivel técnico, han informado distintas fuentes europeos.
Los jefes de las diplomacias europeas se reúnen el lunes en Luxemburgo y el titular español, José Manuel García-Margallo, aprovechará la ocasión para pedir el apoyo de sus socios en la crisis abierta con Argentina. También expondrá las medidas de retorsión en las que ha pensado España, como la limitación de las importaciones de biodiesel argentino anunciada el viernes por el Gobierno.
La discusión a Veintisiete se producirá a petición de España, pero fuentes europeas advierten de que no se espera un debate en profundidad ni decisiones concretas porque no es el marco en el que se discute habitualmente la política comercial europea. El próximo consejo de ministros de Comercio está previsto para el mes de mayo.
Con todo, apuntan que el objetivo de esta primera discusión a alto nivel se produce en paralelo al trabajo que tiene lugar a nivel de expertos de la UE para identificar las medidas que puedan ser «factibles y oportunas» y que podrían pactarse sin esperar al final del próximo mes.
Se ha especulado con represalias como suprimir ventajas arancelarias, dificultar las negociaciones con los países de Mercosur –entre los que está Argentina– para un acuerdo de libre comercio, pasos que vayan más allá de lo comercial o elevar la disputa a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En Bruselas, sin embargo, piden prudencia y señalan que no está clara si existe base jurídica que avale este tipo de acciones y explican que en el caso de la OMC, en donde España está representada por la UE, no hay instrumentos para abrir un panel contra Argentina por una cuestión relacionada con las inversiones.
El caso YPF sí podría servir para «activar otros paneles» que se han lanzado en la OMC contra Argentina por otras disputas comerciales, matizan fuentes diplomáticas.
«Hay una voluntad clara de no apresurarse y de no tomar medidas de las que luego se tenga que arrepentir», señalan fuentes conocedoras de las gestiones a escala europea. Las mismas fuentes descartan «tibieza» en el apoyo de la UE e insisten en la necesidad de evaluar «si merece la pena» iniciar un procedimiento de medidas, porque podría provocar en el Gobierno argentino una nueva ofensiva contra intereses europeos.
LA UE, «DEL LADO DE ESPAÑA».
Desde que la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, anunció su decisión de nacionalizar YPF se abrió una crisis con España en la que las distintas instituciones europeas se han colocado «del lado de España».
El presidente del Ejecutivo comunitario, José Manuel Durao Barroso; su vicepresidente responsable de Industria, Antonio Tajani; y la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Catherine Ashton; así como la presidencia de turno de la UE que este semestre ocupa Dinamarca, han censurado la actuación de Argentina y han apuntado que la expropiación podría ir en contra de las normas del derecho internacional.
Los servicios de la Comisión Europea –institución que debe proponer en un primer momento las medidas europeas, si las hay– recalcan que «no se descarta ninguna opción» y que se trabaja «mano a mano» con Madrid para buscar medidas posibles que cuenten con base jurídica fuerte.
Con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa a finales de 2009, el Ejecutivo comunitario ganó competencias para defender los intereses de los inversores europeos en terceros países, pero los instrumentos para tal protección no se han desarrollado. Por ello, la base jurídica en esta crisis se apoya en un acuerdo bilateral de protección de las inversiones firmado entre Argentina y España.
El Parlamento Europeo también ha criticado a Buenos Aires y ha pedido a Bruselas que suspenda las ventajas arancelarias que la Unión Europea concede a productos importados de Argentina. El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) se enmarca en las medidas que la Unión Europea ofrece a países pobres como apoyo a su desarrollo y que, en el caso de Argentina, expirará el 1 de enero de 2014 porque ya no se considera un país en desarrollo.
Alrededor del 27% del total de las exportaciones de Argentina a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales, según datos de 2010. En particular, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumos de cítricos, tabaco, mandarinas y uva de mesa.
