La calidad institucional es un insumo fundamental para la actividad agropecuaria porque de él depende la seguridad jurídica, sostén ineludible de la confianza y la previsibilidad que impulsan la inversión. Sin inversión, no hay evolución posible del negocio agropecuario ni de cualquier otra empresa.
Nuestro país sufre de una escasez crónica de capitales. No nos podemos dar el lujo de ahuyentar inversiones .
Pensemos que sólo en 2011, el campo invirtió en la producción agrícola, ganadera, lechera y en las producciones regionales más de 41 mil millones de dólares.
Por eso, el concepto de seguridad jurídica no es “un fantasma que se agita” , como se expresa desde las más altas jerarquías del Ministerio de Economía. Lejos de eso, es la condición mínima para que cualquier negocio prospere. Pero se ve permanentemente amenazada.
En lo que hace a nuestro sector, la intervención a los mercados, el cierre de las exportaciones, y la constante discrecionalidad en las reglas de juego nos generan sobrecostos y condiciones competitivas desfavorables respecto de nuestros pares de otros países.
Esto se ve reflejado también en el caso de YPF.
Su abusiva apropiación por parte del Estado Nacional y el proyecto de ley que intenta expropiar selectivamente el 51% de sus acciones dejan al país en una zona de marcada incertidumbre. Como productores agropecuarios, nos interesa el tema porque uno de los principales derivados del petróleo, el gasoil, es para nosotros tan esencial como el agua para nuestros cultivos.
No se trata, en esta instancia, de plantear como se intenta, si una empresa de energía debe ser privada, estatal o mixta. Recordemos YPF de Mosconi y también la gestión de Estenssoro. En la actualidad, muchos estados poseen empresas petroleras y se ocupan de la energía. También existen modelos privados exitosos.
El problema no es ese. Se trata de las políticas energéticas, de la necesidad de planificar una estrategia de largo plazo con normas claras.
Se trata de lograr eficiencia en una gestión pública, o bien en el control por parte del Estado de una gestión privada o mixta que garanticen la provisión de energía para la producción y para el uso cotidiano de la población.
En última instancia, el responsable de la política energética es siempre el Estado , con empresas públicas, mixtas o privadas, ya sea a través de la gestión o del control.
Es por las desatinadas políticas públicas que hoy la Argentina está obligada a importar combustibles por 14 mil millones de dólares anuales , una necesidad que comenzó en 2004 con el fin del autoabastecimiento, que fue ampliamente anticipada por ex secretarios de energía y que nos provoca un marcado deterioro de la balanza comercial así como de la economía en general. No es inusual transitar los caminos, las rutas y las autopistas del interior de la Argentina e ir de estación de servicio en estación de servicio sin conseguir una gota de gasoil o nafta.
En el mundo civilizado las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo.
Por eso, hoy la discusión relevante no es si YPF es estatal o no lo es. La discusión pasa por la calidad institucional y por la forma en que en la Argentina se realizan las cosas.
Como se hizo con las AFJP, o con Aerolíneas Argentinas, el relato del Gobierno instala el debate fuera de su verdadero foco, que disimula exacerbando un sano pero a veces equivocado fervor nacionalista. Digamos la verdad. Aquí ha fallado la política energética de este Gobierno, y además YPF es una caja apetecible a la que se buscó echar mano . Vale aquí recordar la célebre frase de Juan Bautista Alberdi, “el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco”.
Porque mucho se ha puesto en riesgo luego de la decisión del Poder Ejecutivo de nacionalizar YPF a través de la expropiación del 51% del capital que estaba en poder de Repsol. Tras esta decisión, el Gobierno español anunció una serie de medidas “claras y contundentes”, que ya comenzaron con la suspensión de la importación de biodiesel de origen argentino. Y esa es la primera medida que conocemos. Solo España el último año compró 1106 millones de dólares en biodiesel y 550 millones de harina de soja.
Hoy, como productores agropecuarios y como ciudadanos argentinos, parecería que solo nos queda desear que la gestión que inicia esta intervención sea más exitosa que la de Aerolíneas Argentinas.
Nuestro país sufre de una escasez crónica de capitales. No nos podemos dar el lujo de ahuyentar inversiones .
Pensemos que sólo en 2011, el campo invirtió en la producción agrícola, ganadera, lechera y en las producciones regionales más de 41 mil millones de dólares.
Por eso, el concepto de seguridad jurídica no es “un fantasma que se agita” , como se expresa desde las más altas jerarquías del Ministerio de Economía. Lejos de eso, es la condición mínima para que cualquier negocio prospere. Pero se ve permanentemente amenazada.
En lo que hace a nuestro sector, la intervención a los mercados, el cierre de las exportaciones, y la constante discrecionalidad en las reglas de juego nos generan sobrecostos y condiciones competitivas desfavorables respecto de nuestros pares de otros países.
Esto se ve reflejado también en el caso de YPF.
Su abusiva apropiación por parte del Estado Nacional y el proyecto de ley que intenta expropiar selectivamente el 51% de sus acciones dejan al país en una zona de marcada incertidumbre. Como productores agropecuarios, nos interesa el tema porque uno de los principales derivados del petróleo, el gasoil, es para nosotros tan esencial como el agua para nuestros cultivos.
No se trata, en esta instancia, de plantear como se intenta, si una empresa de energía debe ser privada, estatal o mixta. Recordemos YPF de Mosconi y también la gestión de Estenssoro. En la actualidad, muchos estados poseen empresas petroleras y se ocupan de la energía. También existen modelos privados exitosos.
El problema no es ese. Se trata de las políticas energéticas, de la necesidad de planificar una estrategia de largo plazo con normas claras.
Se trata de lograr eficiencia en una gestión pública, o bien en el control por parte del Estado de una gestión privada o mixta que garanticen la provisión de energía para la producción y para el uso cotidiano de la población.
En última instancia, el responsable de la política energética es siempre el Estado , con empresas públicas, mixtas o privadas, ya sea a través de la gestión o del control.
Es por las desatinadas políticas públicas que hoy la Argentina está obligada a importar combustibles por 14 mil millones de dólares anuales , una necesidad que comenzó en 2004 con el fin del autoabastecimiento, que fue ampliamente anticipada por ex secretarios de energía y que nos provoca un marcado deterioro de la balanza comercial así como de la economía en general. No es inusual transitar los caminos, las rutas y las autopistas del interior de la Argentina e ir de estación de servicio en estación de servicio sin conseguir una gota de gasoil o nafta.
En el mundo civilizado las formas son tanto o más importantes que las cuestiones de fondo.
Por eso, hoy la discusión relevante no es si YPF es estatal o no lo es. La discusión pasa por la calidad institucional y por la forma en que en la Argentina se realizan las cosas.
Como se hizo con las AFJP, o con Aerolíneas Argentinas, el relato del Gobierno instala el debate fuera de su verdadero foco, que disimula exacerbando un sano pero a veces equivocado fervor nacionalista. Digamos la verdad. Aquí ha fallado la política energética de este Gobierno, y además YPF es una caja apetecible a la que se buscó echar mano . Vale aquí recordar la célebre frase de Juan Bautista Alberdi, “el peor enemigo de la riqueza del país es la riqueza del fisco”.
Porque mucho se ha puesto en riesgo luego de la decisión del Poder Ejecutivo de nacionalizar YPF a través de la expropiación del 51% del capital que estaba en poder de Repsol. Tras esta decisión, el Gobierno español anunció una serie de medidas “claras y contundentes”, que ya comenzaron con la suspensión de la importación de biodiesel de origen argentino. Y esa es la primera medida que conocemos. Solo España el último año compró 1106 millones de dólares en biodiesel y 550 millones de harina de soja.
Hoy, como productores agropecuarios y como ciudadanos argentinos, parecería que solo nos queda desear que la gestión que inicia esta intervención sea más exitosa que la de Aerolíneas Argentinas.
¡Éste es ‘nuestro’ Biolcati! Ya lo estábamos extrañando.
¿Alguien lo ‘llamó al orden’ por sus declaraciones anteriores?