La crisis energética es el argumento que más se ha reiterado para explicar el motivo de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF en manos de Repsol. No existe tal crisis entendida como cortes generalizados por insuficiencia de infraestructura o como problemas graves de abastecimiento de combustible para la industria y el consumo general. En estos años se pasaron inviernos de fríos polares y veranos de temperaturas muy elevadas y el sistema no colapsó, operando bajo tensión máxima. No es casualidad que quienes enfatizan la existencia de una crisis energética sean economistas de la ortodoxia, expertos vinculados con grandes compañías del sector y ex secretarios de Energía que tienen más fracasos que logros en su haber. En realidad, lo que se ha desplegado en toda su dimensión con el déficit de la balanza comercial en el rubro combustibles es la crisis de un modelo energético que ha tenido a ese grupo de especialistas como principales abanderados. Recién ahora, cuando ese modelo expuso sus límites en un esquema de crecimiento económico con la consiguiente demanda creciente de energía y precios internacionales muy elevados, el kirchnerismo decide cuestionarlo al poner fin a la existencia de la YPF privada y a la libre disponibilidad de los hidrocarburos que gozaban todas las petroleras, tras el objetivo del autoabastecimiento.
Antes de las privatizaciones existía un sistema energético integrado y centralizado, con dos grandes subsistemas, uno eléctrico y otro de combustibles. De un lado estaba Agua y Energía Eléctrica que se asemejaba a una YPF de la energía eléctrica, Hidronor (El Chocón) y Segba. Y del otro, YPF y Gas del Estado. Era un sistema que funcionaba, con sus más y sus menos, en forma ordenada y eficiente. Una vez que se determinaba la proyección del consumo anual, se establecía un plan de producción de energía desde la más barata hasta la más cara, empezando por el aporte de la hidroelectricidad, después las usinas atómicas, siguiendo el gas que es menos contaminante y había muchas más reservas que en la actualidad y finalmente el petróleo. No había saldos exportables porque no había reservas suficientes, y además se privilegiaba el abastecimiento interno. De esa forma, la energía estaba al servicio del desarrollo del país, con el menor costo en cada una de esas fuentes energéticas y un cuadro tarifario más equilibrado que el actual. Esa organización se destruyó con las privatizaciones. Se la cambió por la voracidad de lucro del mercado.
El modelo energético de los 90 desestructuró ese esquema integrado. El kirchnerismo no lo reconstruyó, pero tampoco lo mantuvo del mismo modo. Lo transformó en uno híbrido, donde los privados hicieron poco y nada para expandirlo, y el Estado fue realizando intervenciones de emergencia para mantenerlo a flote. De esa forma gestionó ese modelo energético, interviniendo en la fijación de precios y en la definición de inversiones. Sirvió para la recuperación económica luego de la crisis de la convertibilidad. Ese camino ha revelado sus restricciones con el sector privado administrador, operador y responsable del mantenimiento de la red energética, incluyendo la producción hidrocarburífera, mientras el Estado define el nivel de tarifas y, ante la ausencia privada, concreta inversiones para la expansión del sistema, diseñando un marco de subsidios abultados para controlar los precios y liderando la importación de combustibles.
El relevamiento realizado por Ricardo De Dicco, del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, muestra que en el período 20042011 el gobierno nacional ha gestionado inversiones por 73.448 millones de pesos, equivalente a unos 22.100 millones de dólares en obras ya finalizadas de infraestructura energética. El 74 por ciento de ese total corresponde a inversiones públicas, entre las que se destacan la finalización de Yacyretá y Atucha II, la construcción de nuevas usinas termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y solares, gasoductos regionales, la interconexión eléctrica del país. De Dicco afirma que se encuentran obras en ejecución e inversiones prometidas por un total de 12 mil millones de dólares adicionales. Por eso no hay crisis energética.
En la actividad de exploración, extracción, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos no hubo inversiones del Estado porque desde 1992 se encuentra bajo total gestión del sector privado. YPF es la petrolera principal del mercado argentino. Por eso es tan influyente en el destino del sector si no lidera una estrategia expansiva de inversión. Como los españoles de Repsol no tenían intención de proyectarla, el Estado, como en otros eslabones de ese modelo energético privado, decide asumir la responsabilidad de impulsar un plan de inversiones, tomando el control de la compañía.
La política predatoria de los recursos no ha sido patrimonio exclusivo de la española Repsol. El resto de las petroleras tiene igual comportamiento porque se rigen por la maximización de las ganancias, lo que implica la explotación de los pozos lo más rápido posible, con lógica financiera, que responde al modelo energético neoliberal. Por ese motivo es tan importante, como la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, el artículo 1º de ese proyecto de ley que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, lo que implica que el petróleo y el gas dejan de ser considerados un commodity, de libre disponibilidad para las firmas que lo extraen, para adquirir la categoría de bien estratégico bajo intervención del Estado. Se trata de un primer paso fundamental para empezar a desarticular el modelo energético privado en crisis.
No es una labor sencilla eludir el bombardeo reduccionista de realidades complejas, más aún en un escenario donde se desarrollan negocios millonarios y actúan protagonistas centrales del poder económico. La verdadera crisis es la de ese modelo energético, que pese a contabilizar ganancias importantes no ha realizado inversiones de magnitud para mantener o incrementar reservas. Se desmorona así el argumento preferido de la ortodoxia que dice que no hubo inversiones porque no hubo aumento de los precios. Las compañías ganaron mucha plata y no realizaron inversiones de riesgo considerables. Las petroleras actúan en un mercado globalizado, por lo cual la rentabilidad extraordinaria obtenida en un país puede ser destinada a inversiones en otro distinto. Eso es lo que hizo Repsol. El funcionamiento libre del mercado de hidrocarburos no asegura el abastecimiento. Roberto Kozulj, especialista de la Fundación Bariloche, explicó en una exposición que realizó hace pocos días en la Universidad Nacional de Río Negro que debe quedar en claro que la inversión de riesgo fue descartada no sólo por un tema de precios desalineados de los internacionales sino por razones de riesgo geológico y estrategias empresarias adversas a tomar riesgos. YPF estatal asumía riesgos porque tenía objetivos de sostener la autosuficiencia. Kozulj señala que la recuperación del concepto de interés público sobre los hidrocarburos permitirá definir políticas más adecuadas para un espacio nacional en el mundo actual. Precisa que como mínimo, con YPF estatal, se podrá manejar el downstream (refinación y comercialización) y capturar las rentas en el upstream (producción). Por otra parte, se podrá tener un mayor control del comercio exterior de hidrocarburos, un mayor control fiscal y una mayor participación en la posible explotación de las reservas no convencionales, apunta.
El control estatal de YPF, como así también el fin a la libre disponibilidad, no será suficiente si no se diseña una estrategia de desarrollo en el sector energético en función de las necesidades del país, y menos de la lógica rentista y mercantil de las petroleras y otras firmas privadas. Esto significa profundizar la intervención pública en el sector energético. La caída de reservas, la remisión de crecientes utilidades, la menor producción de petróleo y gas y el déficit de la balanza comercial sectorial son la causa de la crisis del modelo energético. Ya se dio el primer paso para cambiarlo.azaiat@pagina12.com.ar
Antes de las privatizaciones existía un sistema energético integrado y centralizado, con dos grandes subsistemas, uno eléctrico y otro de combustibles. De un lado estaba Agua y Energía Eléctrica que se asemejaba a una YPF de la energía eléctrica, Hidronor (El Chocón) y Segba. Y del otro, YPF y Gas del Estado. Era un sistema que funcionaba, con sus más y sus menos, en forma ordenada y eficiente. Una vez que se determinaba la proyección del consumo anual, se establecía un plan de producción de energía desde la más barata hasta la más cara, empezando por el aporte de la hidroelectricidad, después las usinas atómicas, siguiendo el gas que es menos contaminante y había muchas más reservas que en la actualidad y finalmente el petróleo. No había saldos exportables porque no había reservas suficientes, y además se privilegiaba el abastecimiento interno. De esa forma, la energía estaba al servicio del desarrollo del país, con el menor costo en cada una de esas fuentes energéticas y un cuadro tarifario más equilibrado que el actual. Esa organización se destruyó con las privatizaciones. Se la cambió por la voracidad de lucro del mercado.
El modelo energético de los 90 desestructuró ese esquema integrado. El kirchnerismo no lo reconstruyó, pero tampoco lo mantuvo del mismo modo. Lo transformó en uno híbrido, donde los privados hicieron poco y nada para expandirlo, y el Estado fue realizando intervenciones de emergencia para mantenerlo a flote. De esa forma gestionó ese modelo energético, interviniendo en la fijación de precios y en la definición de inversiones. Sirvió para la recuperación económica luego de la crisis de la convertibilidad. Ese camino ha revelado sus restricciones con el sector privado administrador, operador y responsable del mantenimiento de la red energética, incluyendo la producción hidrocarburífera, mientras el Estado define el nivel de tarifas y, ante la ausencia privada, concreta inversiones para la expansión del sistema, diseñando un marco de subsidios abultados para controlar los precios y liderando la importación de combustibles.
El relevamiento realizado por Ricardo De Dicco, del Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas, muestra que en el período 20042011 el gobierno nacional ha gestionado inversiones por 73.448 millones de pesos, equivalente a unos 22.100 millones de dólares en obras ya finalizadas de infraestructura energética. El 74 por ciento de ese total corresponde a inversiones públicas, entre las que se destacan la finalización de Yacyretá y Atucha II, la construcción de nuevas usinas termoeléctricas, hidroeléctricas, parques eólicos y solares, gasoductos regionales, la interconexión eléctrica del país. De Dicco afirma que se encuentran obras en ejecución e inversiones prometidas por un total de 12 mil millones de dólares adicionales. Por eso no hay crisis energética.
En la actividad de exploración, extracción, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos no hubo inversiones del Estado porque desde 1992 se encuentra bajo total gestión del sector privado. YPF es la petrolera principal del mercado argentino. Por eso es tan influyente en el destino del sector si no lidera una estrategia expansiva de inversión. Como los españoles de Repsol no tenían intención de proyectarla, el Estado, como en otros eslabones de ese modelo energético privado, decide asumir la responsabilidad de impulsar un plan de inversiones, tomando el control de la compañía.
La política predatoria de los recursos no ha sido patrimonio exclusivo de la española Repsol. El resto de las petroleras tiene igual comportamiento porque se rigen por la maximización de las ganancias, lo que implica la explotación de los pozos lo más rápido posible, con lógica financiera, que responde al modelo energético neoliberal. Por ese motivo es tan importante, como la expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF, el artículo 1º de ese proyecto de ley que declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarburos, lo que implica que el petróleo y el gas dejan de ser considerados un commodity, de libre disponibilidad para las firmas que lo extraen, para adquirir la categoría de bien estratégico bajo intervención del Estado. Se trata de un primer paso fundamental para empezar a desarticular el modelo energético privado en crisis.
No es una labor sencilla eludir el bombardeo reduccionista de realidades complejas, más aún en un escenario donde se desarrollan negocios millonarios y actúan protagonistas centrales del poder económico. La verdadera crisis es la de ese modelo energético, que pese a contabilizar ganancias importantes no ha realizado inversiones de magnitud para mantener o incrementar reservas. Se desmorona así el argumento preferido de la ortodoxia que dice que no hubo inversiones porque no hubo aumento de los precios. Las compañías ganaron mucha plata y no realizaron inversiones de riesgo considerables. Las petroleras actúan en un mercado globalizado, por lo cual la rentabilidad extraordinaria obtenida en un país puede ser destinada a inversiones en otro distinto. Eso es lo que hizo Repsol. El funcionamiento libre del mercado de hidrocarburos no asegura el abastecimiento. Roberto Kozulj, especialista de la Fundación Bariloche, explicó en una exposición que realizó hace pocos días en la Universidad Nacional de Río Negro que debe quedar en claro que la inversión de riesgo fue descartada no sólo por un tema de precios desalineados de los internacionales sino por razones de riesgo geológico y estrategias empresarias adversas a tomar riesgos. YPF estatal asumía riesgos porque tenía objetivos de sostener la autosuficiencia. Kozulj señala que la recuperación del concepto de interés público sobre los hidrocarburos permitirá definir políticas más adecuadas para un espacio nacional en el mundo actual. Precisa que como mínimo, con YPF estatal, se podrá manejar el downstream (refinación y comercialización) y capturar las rentas en el upstream (producción). Por otra parte, se podrá tener un mayor control del comercio exterior de hidrocarburos, un mayor control fiscal y una mayor participación en la posible explotación de las reservas no convencionales, apunta.
El control estatal de YPF, como así también el fin a la libre disponibilidad, no será suficiente si no se diseña una estrategia de desarrollo en el sector energético en función de las necesidades del país, y menos de la lógica rentista y mercantil de las petroleras y otras firmas privadas. Esto significa profundizar la intervención pública en el sector energético. La caída de reservas, la remisión de crecientes utilidades, la menor producción de petróleo y gas y el déficit de la balanza comercial sectorial son la causa de la crisis del modelo energético. Ya se dio el primer paso para cambiarlo.azaiat@pagina12.com.ar
