En días recientes, cuando volvió a discutirse la posibilidad de una reforma constitucional, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, sostuvo que la misma no era necesaria, porque “la parte de los derechos, que es lo que le interesa a la gente, está más que reconocida.” La afirmación del Dr. Lorenzetti es importante, y conviene analizarla con algún detalle, por más que ella me suscite, en lo personal, algún desacuerdo.
Ante todo, cabe aclarar que la declaración del presidente de la Corte se basa en lo siguiente: la Constitución de la Argentina, como cualquier constitución del mundo, se divide en dos partes. La primera se relaciona con los derechos de las personas (allí se reconocen, por caso, la libertad de expresión, la libertad de reunión, los derechos económicos y sociales, etc.); y la segunda se refiere a la organización del poder (esta parte organiza la “maquinaria democrática”, y establece el funcionamiento de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
El Dr. Lorenzetti, entonces, tiene razón en una parte central de sus dichos: la Constitución argentina, como la mayoría de las Constituciones latinoamericanas, es muy generosa en materia de derechos.
Alguien podría decir al respecto, con bastante razón, que si en el país existen hoy masivos derechos violados, ello no se debe a la ausencia de respaldo constitucional a los derechos de las personas, sino más bien al hecho de que los gobiernos de turno ofenden cotidianamente a la Constitución . Eso es, en definitiva, lo que dijo el presidente de la Corte: esa parte de la Constitución (“la que más le interesa a la gente” ya que es la que se relaciona más directamente con la vida cotidiana de las personas), ya está bastante completa.
Lo que deben hacer los gobiernos, ahora, es cumplir con la Constitución.
Mi desacuerdo con los dichos del Dr. Lorenzetti, sin embargo, se vinculan con lo no-dicho por él -con lo que su discurso omitió. Y es que la Argentina, como todos los países latinoamericanos, ha venido introduciendo reformas muy generosas en la parte de los derechos constitucionales , pero se ha olvidado o ha optado por dejar de lado (otra vez, junto a todos los países de la región), toda reflexión seria sobre la necesidad de reformar la otra parte de la Constitución, esto es decir, la parte en la que se organiza el poder (la “sala de máquinas” de la Constitución). En efecto, si uno mira todas las reformas constitucionales realizadas en América Latina en los últimos 100 años, lo que encuentra es la insistencia con una misma idea: las reformas han venido a ampliar más y más la parte de los derechos, pero a la vez han mantenido cerrada la puerta que lleva a la organización del poder.
La “sala de máquinas” de la Constitución no se ha tocado, salvo para reforzar los poderes presidenciales, o para facilitar la reelección presidencial.
El resultado de todas estas reformas es muy curioso. Ello porque, por un lado, las mismas han venido a proclamar, a los gritos, la voluntad de democratizar el poder, agregando más derechos individuales, siendo políticamente más inclusivas, incorporando nuevos derechos sociales. Sin embargo, a la vez, ellas han mantenido cerrado el acceso a la “sala de máquinas, ” que todavía hoy organiza un poder verticalista, centralizado geográficamente, concentrado en una persona. Por lo dicho, nos encontramos en todos estos casos con reformas esquizofrénicas , que por un lado dicen querer ampliar la democracia, pero por otro lado no nos permiten acceder al control efectivo del poder.
Democracia en materia de derechos, autoritarismo respecto de la organización del poder .
Cabe notar, por lo demás, que la situación es bastante peor que lo señalada. Porque no se trata, simplemente, de que ahora tenemos más derechos, aunque lamentablemente el poder de decisión siga estando tan concentrado como antes.
La situación es peor porque quien queda a cargo de la implementación y custodia de nuestros derechos es el mismo poder concentrado que, naturalmente, tiende a ver al mayor poder popular como una amenaza.
De allí que resulte tan habitual, en todo el mundo, que los mismos presidentes que, por caso, proponen un día mayores derechos laborales, derechos políticos expandidos y más sólidos derechos indígenas, terminen al día siguiente fomentando el trabajo precario, espiando a los militantes sociales y reprimiendo a los aborígenes.
En definitiva, puede ser cierto que a “la gente” le interese más la parte de la Constitución que se refiere a los derechos, como puede serlo que luego de sucesivas reformas ya tengamos una Constitución generosa al respecto. Sin embargo, no debemos olvidarnos nunca de lo que esa afirmación omite: el poder político se ha cuidado siempre de escapar de esas reformas, a las que ha recurrido, muy habitualmente, pero sólo para reforzar su propio poder . Una mala noticia, porque no hay peor amenaza para los derechos que el poder económico y político, concentrado como lo está hoy.
Ante todo, cabe aclarar que la declaración del presidente de la Corte se basa en lo siguiente: la Constitución de la Argentina, como cualquier constitución del mundo, se divide en dos partes. La primera se relaciona con los derechos de las personas (allí se reconocen, por caso, la libertad de expresión, la libertad de reunión, los derechos económicos y sociales, etc.); y la segunda se refiere a la organización del poder (esta parte organiza la “maquinaria democrática”, y establece el funcionamiento de los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
El Dr. Lorenzetti, entonces, tiene razón en una parte central de sus dichos: la Constitución argentina, como la mayoría de las Constituciones latinoamericanas, es muy generosa en materia de derechos.
Alguien podría decir al respecto, con bastante razón, que si en el país existen hoy masivos derechos violados, ello no se debe a la ausencia de respaldo constitucional a los derechos de las personas, sino más bien al hecho de que los gobiernos de turno ofenden cotidianamente a la Constitución . Eso es, en definitiva, lo que dijo el presidente de la Corte: esa parte de la Constitución (“la que más le interesa a la gente” ya que es la que se relaciona más directamente con la vida cotidiana de las personas), ya está bastante completa.
Lo que deben hacer los gobiernos, ahora, es cumplir con la Constitución.
Mi desacuerdo con los dichos del Dr. Lorenzetti, sin embargo, se vinculan con lo no-dicho por él -con lo que su discurso omitió. Y es que la Argentina, como todos los países latinoamericanos, ha venido introduciendo reformas muy generosas en la parte de los derechos constitucionales , pero se ha olvidado o ha optado por dejar de lado (otra vez, junto a todos los países de la región), toda reflexión seria sobre la necesidad de reformar la otra parte de la Constitución, esto es decir, la parte en la que se organiza el poder (la “sala de máquinas” de la Constitución). En efecto, si uno mira todas las reformas constitucionales realizadas en América Latina en los últimos 100 años, lo que encuentra es la insistencia con una misma idea: las reformas han venido a ampliar más y más la parte de los derechos, pero a la vez han mantenido cerrada la puerta que lleva a la organización del poder.
La “sala de máquinas” de la Constitución no se ha tocado, salvo para reforzar los poderes presidenciales, o para facilitar la reelección presidencial.
El resultado de todas estas reformas es muy curioso. Ello porque, por un lado, las mismas han venido a proclamar, a los gritos, la voluntad de democratizar el poder, agregando más derechos individuales, siendo políticamente más inclusivas, incorporando nuevos derechos sociales. Sin embargo, a la vez, ellas han mantenido cerrado el acceso a la “sala de máquinas, ” que todavía hoy organiza un poder verticalista, centralizado geográficamente, concentrado en una persona. Por lo dicho, nos encontramos en todos estos casos con reformas esquizofrénicas , que por un lado dicen querer ampliar la democracia, pero por otro lado no nos permiten acceder al control efectivo del poder.
Democracia en materia de derechos, autoritarismo respecto de la organización del poder .
Cabe notar, por lo demás, que la situación es bastante peor que lo señalada. Porque no se trata, simplemente, de que ahora tenemos más derechos, aunque lamentablemente el poder de decisión siga estando tan concentrado como antes.
La situación es peor porque quien queda a cargo de la implementación y custodia de nuestros derechos es el mismo poder concentrado que, naturalmente, tiende a ver al mayor poder popular como una amenaza.
De allí que resulte tan habitual, en todo el mundo, que los mismos presidentes que, por caso, proponen un día mayores derechos laborales, derechos políticos expandidos y más sólidos derechos indígenas, terminen al día siguiente fomentando el trabajo precario, espiando a los militantes sociales y reprimiendo a los aborígenes.
En definitiva, puede ser cierto que a “la gente” le interese más la parte de la Constitución que se refiere a los derechos, como puede serlo que luego de sucesivas reformas ya tengamos una Constitución generosa al respecto. Sin embargo, no debemos olvidarnos nunca de lo que esa afirmación omite: el poder político se ha cuidado siempre de escapar de esas reformas, a las que ha recurrido, muy habitualmente, pero sólo para reforzar su propio poder . Una mala noticia, porque no hay peor amenaza para los derechos que el poder económico y político, concentrado como lo está hoy.
