Una explosión de nacionalismo

Hubo una diputada que votó ayer entre lágrimas. La vida, dijo, había sido demasiado generosa con ella como para permitirle participar de la expropiación de YPF. El nacionalismo ha hecho estragos en la historia de la humanidad, pero sigue siendo una bandera predominante entre los políticos latinoamericanos. En cualquier caso, el kirchnerismo ratificó ayer que conserva el poder de la iniciativa política. Es un mago que se está quedando sin conejos y sin galera, pero sus opositores están aún peor, porque nunca han tenido el arte de la magia.
La Argentina es un país de símbolos. Las Malvinas estremecen cada tanto el corazón de gran parte de los argentinos, aunque nadie (mucho menos sus políticos) se planteó nunca una estrategia seria para acercarse a esas islas en el confín del mundo. YPF exacerba ahora las emociones, aunque sólo controla el 30% del mercado argentino de petróleo y gas. Más todavía: la propiedad constitucional del petróleo y el gas es de las provincias argentinas, que concesionan su explotación a empresas privadas. La soberanía petrolera, declamada ahora por el kirchnerismo, es una noticia que no existe.
Es notable que una porción importante de la oposición se haya dejado llevar por la estrategia del kirchnerismo, que consiste en hacerse de recursos ajenos cuando ya no le quedan recursos propios. A la alianza que lideran los socialistas le ha sido siempre difícil la oposición al kirchnerismo: son democráticos y prolijos, pero en el fondo les gusta la melodía que tocan los que mandan ahora. La reacción más inexplicable es la de los radicales, sobre todo porque el kirchnerismo no respetó ninguno de los pasos constitucionales de una expropiación y, encima, intervino por decreto una empresa por primera vez en la historia.
¿Qué les pasó a los radicales? ¿Fueron víctimas de un «chantaje emocional», como lo calificó el diputado Oscar Aguad, el líder de la media docena de diputados radicales que se sublevaron entre 40 obedientes? Había muchos más diputados radicales dispuestos a desobedecer la increíble orden partidaria. Uno a uno fueron cayendo seducidos por promesas de que podrán nombrar en la Cámara de Diputados a más empleados que los que ya tienen.
La práctica es innoble, pero no explica la decisión del radicalismo. Podría haber hecho un proyecto propio de expropiación respetando los mecanismos de la Constitución. Podría también haber votado por el proyecto de Ricardo Gil Lavedra, que promovía que las provincias le quitaran a YPF la concesión de los pozos en los que no se invirtió y los licitara de inmediato con otras petroleras. El valor de YPF está en sus pozos. Sin ellos, la petrolera no valdría un dólar.
A radicales y socialistas les fue imposible descifrar una conclusión elemental del conflicto. Si fuera cierto todo lo que el Gobierno dice de la conducción privada de YPF, los funcionarios serían cómplices del vaciamiento y de la falta de inversión. El Gobierno avaló la gestión de Repsol y de la familia Eskenazi hasta hace apenas cuatro meses. Si no fuera cierto, entonces se estaría ante una monumental arbitrariedad del Estado cometida contra una empresa privada. El núcleo del problema era ése y no la explosión melodramática del nacionalismo.
El bloque de senadores radicales (y, sobre todo, el senador Gerardo Morales) se llevó hacia el apoyo al kirchnerismo a la conducción del partido y, luego, al bloque de diputados. Ricardo Alfonsín dijo un discurso con palabras que parecían pronosticar, durante su desarrollo, que votaría por el rechazo, pero al final votó a favor del proyecto oficial. «El de mi partido fue un negocio que nadie entiende, salvo que alguien haya hecho un negocio», deslizó, enigmático, un diputado del radicalismo.
El peronismo disidente tuvo menos deserciones (tres o cuatro de un total de 23 diputados). El Pro, de Mauricio Macri, concretó el anunció de su jefe, el primero en advertir la enorme trascendencia negativa de la decisión de confiscar YPF. No fue casual que ayer mismo muchos legisladores del peronismo disidente comenzaran a trabajar en una alianza electoral con Macri para las legislativas del próximo año. Elisa Carrió mostró lo que ya se sabe de ella: estando sola es cuando mejor lucen su oratoria y su coraje.
Sin embargo, la lección de la aritmética parlamentaria es implacable con la patética impotencia opositora, incapaz de construir una posición común, aunque en cualquier caso hubiera sido sólo testimonial. El kirchnerismo tiene votos suficientes como para aprobar con mayoría simple cualquier ley en el Congreso.
Lejos del nacionalismo y de las lágrimas, el Gobierno se movía ayer con algunos mensajes significativos. En oficinas gubernamentales de Washington se recibió la inquietud de Cristina Kirchner de que ella quiere que sean empresas petroleras norteamericanas las que se hagan cargo de la explotación de los yacimientos de gas no convencional de Vaca Muerta o de parte de ellos.
En una nueva vuelta de tuerca al relato (en la que España es ahora el imperio y los Estados Unidos son los hermanos americanos), el kirchnerismo llegó a una conclusión obvia: tiene la propiedad de YPF y de sus pozos, pero no tiene plata para hacer nada. La eclosión de la crisis energética está en la próxima esquina.
¿Habrá empresas norteamericanas dispuestas a invertir en petróleo y gas en la Argentina? «Están pidiendo el oro y el moro para poner un dólar en el país», confió un funcionario oficial. Esas empresas, como cualquier otra, tienen cuatro problemas en el país de los Kirchner: imprevisibilidad impositiva, limitaciones para liquidar sus ganancias, trabas en el mercado cambiario para hacerse de dólares y, además, la teoría de Axel Kicillof de que las empresas sólo deben tener un pequeño margen de ganancias.
Las petroleras norteamericanas estarían pidiendo un régimen especial para ellas, como el que se les dio en su momento a las mineras. Es cierto que no se puede invertir fácilmente en un país en el que hasta los empresarios nacionales están sacando su capital fuera del país, pero ¿el kirchnerismo podría hablar de soberanía petrolera si accediera a ese régimen especial para las petroleras norteamericanas?
Empresas distribuidoras de gas y de electricidad podrían estar entre las próximas expropiadas. El Gobierno recurriría a ese procedimiento antes de que las compañías se declararan en bancarrota. Todas las distribuidoras de energía están muy cerca de la quiebra y, en algunos casos, sólo tienen recursos para un par de meses más.
Están cayendo empujadas por una marea de casi nueve años de tarifas subsidiadas, de intervencionismo estatal y de populismo electoral. El Gobierno no quiere empresas sin caja (YPF sí la tiene), pero preferiría una nueva ola de epopeya nacionalista antes que enfrentarse con la certidumbre del fracaso..