Juan Alemann Economista
En nuestro ordenamiento jurídico los salarios y sueldos se fijan por discusión entre las partes afectadas directamente, esto es, los representantes de los sindicatos y de las asociaciones empresarias. Esto es así en todos los países con economías de mercado, pero no en China y otros países que vienen del comunismo. Este sistema funciona en base a ciertas premisas. Que haya una economía abierta y fuertemente competitiva y una política monetaria restrictiva, y que los empresarios estén protegidos frente a medidas de fuerza que les causen grave daño. En general las huelgas en servicios públicos están prohibidas o sólo permitidas con fuertes limitaciones. Además, tanto para empresarios como trabajadores, la estabilidad debe ser un valor importante.
Con estas condiciones, los empresarios sólo podrían conceder aumentos a costa de sus ganancias o por mejoras de productividad y eficiencia, pero no por traslado a los precios.
Estas premisas no se dan en la Argentina, de modo que los empresarios tienen una actitud permisiva frente a pedidos de aumentos de salarios, ya que saben que la resistencia tiene un alto costo, con huelgas y otras medidas de fuerza muy agresivas, y porque la experiencia indica que al final tienen que ceder. Prefieren entonces presionar al Gobierno para lograr una mayor devaluación, más protección frente a importaciones o bien reducción de derechos de exportación. Como para el Gobierno una política monetaria restrictiva está fuera de toda discusión, el esquema no cierra. Además, el Ministerio de Trabajo está a favor de los sindicatos. Desde el propio Gobierno se alientan los aumentos del salario real. Claro que en esto el Gobierno tampoco acepta el índice de precios del Indec, sino que se atiene a los cálculos de consultores privados y de los servicios estadísticos de algunas provincias.
El problema se agrava cuando hay bajas del salario real, por aumento de precios (carne, energía y de servicios públicos en general). Con esto se lleva a una carrera de precios y salarios, que termina en hiperinflación. Así fue en 1975, cuando se llegó al 50% de aumento en marzo de 1976, y otro tanto en abril.
En 1989, con Alfonsín, y un año después con Menem, pasó lo mismo, llegándose al 200% de aumento de precios un mes. A Isabel Perón y a Raúl Alfonsín esto les costó el Gobierno, en el primer caso por golpe militar y en el segundo por renuncia. Menem, en cambio reaccionó endureciendo la política económica y la salarial, hasta llegar a la convertibilidad, con privatizaciones generalizadas y desregulación.
En realidad las partes en esta discusión no son dos, sino cuatro. Falta la representación de los consumidores, que son los que pagan la cuenta cuando los aumentos de salarios se trasladan a precios. También falta el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, cuando los aumentos implican mayores subsidios y cuando los aumentos afectan la competitividad y exigen devaluación.
La ley de convenciones paritarias debe reformarse, transformándose en una de convenciones cuatritarias, o sea, con cuatro partes. Debe haber también un representante de las asociaciones de defensa del consumidor y otro del Ministerio de Economía. Las decisiones se tomarían por mayoría, es decir tres contra uno, pero con poder de veto por parte del Ministerio de Economía.
Hace unos meses la Presidenta Cristina Kirchner se expresó en este sentido, insinuando la participación de un representante del Ministerio de Economía por el tema de la competitividad. Dijo que cuando los aumentos se absorbían, era una cosa, pero cuando trasladaban o requerían subsidios otra diferente. Pero luego no pasó nada. Es que si un representante del Ministerio de Economía aparece en una paritaria, le dirán que no tiene nada que hacer allí. En el mejor de los casos será un convidado de piedra. Tiene que haber una ley (o un decreto de necesidad y urgencia) para establecer la participación de un representante del Ministerio de Economía. Y si además hay un representante de los consumidores, mejor.
La Presidenta se esforzó en comprometer a la dirigencia sindical en una contención de los aumentos. El año pasado se fijó una pauta en 24%, que Moyano aceptó y cumplió para los camioneros. Pero los demás dirigentes no hicieron caso y lograron aumentos del 30% y más, y en curtiembres e industria azucarera, del 45%. Los sindicatos aplicaron su conocida estrategia, de lograr aumentos importantes en algún sector, para luego avanzar en su generalización. Los dirigentes sindicales moderados tienen una gran dificultad en imponerse, ya que están sometidos a una gran presión de las bases. Todos los trabajadores quieren lo mismo que se ha concedido a otros. Además los dirigentes se ven expuestos a la competencia de otros aspirantes a su cargo. En definitiva, no tienen la fuerza suficiente como para imponer la moderación. Esto es lo que le pasó a Moyano, quien este año no quiere repetir la experiencia del año pasado, en que hizo el papel del hijo de la pavota.
El Gobierno tiene una política de inflación administrada, que es parte del modelo. Quiere mantener los aumentos de precios entre el 20% y el 25% por año, a lo que la sociedad argentina está acostumbrada y con lo que la gente sabe manejarse. Tal vez piense que en el futuro el aumento sea menor, pero no se propone la estabilidad. Esto debe encajar dentro de la política de ingresos, con la cual se maneja. Este Gobierno no quiere estabilizar o siquiera combatir la inflación con política monetaria. La expansión monetaria, medida como M2 (billetes en manos del público más depósitos en cuenta corriente y de ahorro) se ajusta a la pauta de inflación, siendo algo inferior al PBI estimado a precios corrientes. La inflación se maneja entonces con el tipo de cambio, los derechos de importación y de exportación y otras medidas. Pero este esquema no cierra si la evolución de salarios no acompaña. Y para esto es indispensable aplicar la propuesta expuesta más arriba.
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Con estas condiciones, los empresarios sólo podrían conceder aumentos a costa de sus ganancias o por mejoras de productividad y eficiencia, pero no por traslado a los precios.
Estas premisas no se dan en la Argentina, de modo que los empresarios tienen una actitud permisiva frente a pedidos de aumentos de salarios, ya que saben que la resistencia tiene un alto costo, con huelgas y otras medidas de fuerza muy agresivas, y porque la experiencia indica que al final tienen que ceder. Prefieren entonces presionar al Gobierno para lograr una mayor devaluación, más protección frente a importaciones o bien reducción de derechos de exportación. Como para el Gobierno una política monetaria restrictiva está fuera de toda discusión, el esquema no cierra. Además, el Ministerio de Trabajo está a favor de los sindicatos. Desde el propio Gobierno se alientan los aumentos del salario real. Claro que en esto el Gobierno tampoco acepta el índice de precios del Indec, sino que se atiene a los cálculos de consultores privados y de los servicios estadísticos de algunas provincias.
El problema se agrava cuando hay bajas del salario real, por aumento de precios (carne, energía y de servicios públicos en general). Con esto se lleva a una carrera de precios y salarios, que termina en hiperinflación. Así fue en 1975, cuando se llegó al 50% de aumento en marzo de 1976, y otro tanto en abril.
En 1989, con Alfonsín, y un año después con Menem, pasó lo mismo, llegándose al 200% de aumento de precios un mes. A Isabel Perón y a Raúl Alfonsín esto les costó el Gobierno, en el primer caso por golpe militar y en el segundo por renuncia. Menem, en cambio reaccionó endureciendo la política económica y la salarial, hasta llegar a la convertibilidad, con privatizaciones generalizadas y desregulación.
En realidad las partes en esta discusión no son dos, sino cuatro. Falta la representación de los consumidores, que son los que pagan la cuenta cuando los aumentos de salarios se trasladan a precios. También falta el Gobierno, a través del Ministerio de Economía, cuando los aumentos implican mayores subsidios y cuando los aumentos afectan la competitividad y exigen devaluación.
La ley de convenciones paritarias debe reformarse, transformándose en una de convenciones cuatritarias, o sea, con cuatro partes. Debe haber también un representante de las asociaciones de defensa del consumidor y otro del Ministerio de Economía. Las decisiones se tomarían por mayoría, es decir tres contra uno, pero con poder de veto por parte del Ministerio de Economía.
Hace unos meses la Presidenta Cristina Kirchner se expresó en este sentido, insinuando la participación de un representante del Ministerio de Economía por el tema de la competitividad. Dijo que cuando los aumentos se absorbían, era una cosa, pero cuando trasladaban o requerían subsidios otra diferente. Pero luego no pasó nada. Es que si un representante del Ministerio de Economía aparece en una paritaria, le dirán que no tiene nada que hacer allí. En el mejor de los casos será un convidado de piedra. Tiene que haber una ley (o un decreto de necesidad y urgencia) para establecer la participación de un representante del Ministerio de Economía. Y si además hay un representante de los consumidores, mejor.
La Presidenta se esforzó en comprometer a la dirigencia sindical en una contención de los aumentos. El año pasado se fijó una pauta en 24%, que Moyano aceptó y cumplió para los camioneros. Pero los demás dirigentes no hicieron caso y lograron aumentos del 30% y más, y en curtiembres e industria azucarera, del 45%. Los sindicatos aplicaron su conocida estrategia, de lograr aumentos importantes en algún sector, para luego avanzar en su generalización. Los dirigentes sindicales moderados tienen una gran dificultad en imponerse, ya que están sometidos a una gran presión de las bases. Todos los trabajadores quieren lo mismo que se ha concedido a otros. Además los dirigentes se ven expuestos a la competencia de otros aspirantes a su cargo. En definitiva, no tienen la fuerza suficiente como para imponer la moderación. Esto es lo que le pasó a Moyano, quien este año no quiere repetir la experiencia del año pasado, en que hizo el papel del hijo de la pavota.
El Gobierno tiene una política de inflación administrada, que es parte del modelo. Quiere mantener los aumentos de precios entre el 20% y el 25% por año, a lo que la sociedad argentina está acostumbrada y con lo que la gente sabe manejarse. Tal vez piense que en el futuro el aumento sea menor, pero no se propone la estabilidad. Esto debe encajar dentro de la política de ingresos, con la cual se maneja. Este Gobierno no quiere estabilizar o siquiera combatir la inflación con política monetaria. La expansión monetaria, medida como M2 (billetes en manos del público más depósitos en cuenta corriente y de ahorro) se ajusta a la pauta de inflación, siendo algo inferior al PBI estimado a precios corrientes. La inflación se maneja entonces con el tipo de cambio, los derechos de importación y de exportación y otras medidas. Pero este esquema no cierra si la evolución de salarios no acompaña. Y para esto es indispensable aplicar la propuesta expuesta más arriba.
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