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Plaini intenta evitar una confrontación
Balean la casa de un sindicalista petrolero
Se reaviva la pelea entre Moyano y Caló
A partir de hoy comenzará a modificarse un rasgo sobresaliente del paisaje político de la última década. El sindicalismo ya no se agrupará en una sola CGT. La central obrera volverá a dividirse, como tantas veces, en dos entidades que reclaman para sí la representación oficial de los trabajadores.
En una estará Hugo Moyano. En la otra, los que pretenden desplazarlo por el metalúrgico Antonio Caló. La estrategia de Cristina Kirchner frente a esta reconfiguración de la escena económica y social todavía es una incógnita. Pero si se examinan las adversidades que enfrenta el «modelo productivo con inclusión social», lo más probable es que el Gobierno cambie de candidato para tratar con el movimiento obrero. Para debilitar la resistencia a las incomodidades de la economía el caos es más eficiente que Caló.
Los dirigentes sindicales que pretenden reemplazar a Moyano volverán a reunirse hoy en la sede porteña de Luz y Fuerza, que conduce Oscar Lescano. Allí aprobarán una impugnación a la reunión de consejo directivo que presidió Moyano el último 24 de abril. La excusa es que ese día no se alcanzó el quórum, ya que los consejeros fueron sustituidos por otros representantes de sus organizaciones, una práctica irregular pero admitida desde siempre. Con la objeción se pretende anular lo que se resolvió en aquel encuentro: el llamado al Comité Central Confederal, que, el próximo 23, convocaría para el 12 de julio a un congreso que elegiría al nuevo secretario general. Con la impugnación de hoy todo ese proceso quedará en tela de juicio.
Los inspiradores de esta estrategia son «los Gordos» -Lescano, Armando Cavalieri y Carlos West Ocampo- y los «independientes» -Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias)-. Ellos acusan a Moyano de estar adulterando los padrones con incorporaciones de última hora para imponer la junta que controle la elección. «En estas condiciones el congreso terminará a los tiros», pronostican, con un brillo en los ojos, varios pistoleros sindicales.
Los conjurados de Luz y Fuerza dicen contar con los delegados necesarios para consagrar una nueva conducción. Por esa razón están seguros de que el Ministerio de Trabajo y la Justicia respaldarán sus pretensiones. La hipótesis sobre la que trabajan es que la Presidenta quiere contar con una CGT dialoguista conducida por ellos.
Algunos indicios obligan a dudar de esa premisa. Por ejemplo, al abogado de los rebeldes que adelantó a la viceministra Noemí Rial que recibiría la impugnación, ella lo previno: «Mejor agoten la instancia de la propia CGT y después diríjanse al Ministerio». Es la señal de un interés comprensible: al Gobierno le convendría que la sucesión de Moyano se eternizara en una pelea entre facciones que se niegan una a otra la representación para formular reclamos.
«Los Gordos» y los «independientes» creen también que Cristina Kirchner se niega a recibir a la dirigencia sindical llevada por su fastidio con Moyano. A partir de esa convicción, han solicitado a través de Carlos Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Tomada y Florencio Randazzo una reunión en la que la Presidenta se comprometería a satisfacer sus reclamos una vez que ellos llegaran a la conducción de la CGT. Es lo que les vienen reclamando Luis Barrionuevo y sus aliados, que tienen tanta antipatía por el Gobierno como por Moyano: «Asegúrense de que ella esté dispuesta a pagarnos por voltear al «Negro»», aconsejó Barrionuevo, que aprendió de Vicente Saadi a cobrar en efectivo.
Sólo De Vido respondió a las exigencias de los adversarios de Moyano. El miércoles pasado notificó a un «gordo» prominente: «Olvidate. Ella no les va a dar nada hasta que Hugo esté fuera de la CGT».
La sentencia de De Vido obliga a un interrogante: ¿por qué la Presidenta estaría interesada en que el camionero sea desplazado, si eso significa comenzar a pagar facturas? La incógnita es muy realista porque casi todas las demandas de la CGT están referidas a fondos que el Tesoro debería proveer o resignar: más subsidios para las obras sociales, reducción del mínimo no imponible de Ganancias, aumento de las asignaciones familiares, actualización de los reintegros del PAMI a los jubilados que se atienden en su antigua agremiación.
El Estado tiene cada vez menos recursos para atender a las pretensiones de la organización sindical. Una prueba: el aumento de recaudación de abril fue el más bajo desde febrero de 2010.
A partir de este choque de intereses, la información disponible puede organizarse de otra manera. Tal vez la genuina animadversión hacia Moyano haya servido a la Presidenta para sustraerse de la presión de todo el gremialismo. ¿Por qué renunciará a esa ventaja? Para mantenerla le alcanza con que ninguna CGT tenga una conducción legitimada. Los dirigentes que se reunirán hoy en Luz y Fuerza pondrán en sus manos esa posibilidad.
Cuando la economía languidece no hay sindicalismo amigo. Para percibirlo conviene echar un vistazo a la paritaria de la UOM. Caló no pudo mantener la ficción de ser un candidato a la CGT confiable para el Gobierno y, al mismo tiempo, un representante idóneo de los afiliados de la UOM. A pesar de que, obediente a las instrucciones de Tomada, Caló se allanó a reclamar en público sólo 22% de incremento salarial, los empresarios metalúrgicos advirtieron que la combinación de aumentos de sueldos y asimilación de sumas fijas arroja un incremento del 31% anual. Según la entidad que los reúne, Adimra, el 30% del sector carece hoy de la rentabilidad suficiente para satisfacer ese reclamo.
La metalúrgica expresa, como una reducción a escala, un drama de toda la economía. Hay indicadores muy fiables que revelan el enfriamiento del nivel de actividad. Las importaciones, que en marzo habían disminuido un 8%, en abril se retrajeron el 15% interanual. ¿Cuánto tuvieron que ver las intervenciones de Guillermo Moreno en ese descenso? Es intrascendente. Más relevante es advertir que la caída está impactando en los ingresos del fisco.
En abril la producción de autos fue 24% menos que en abril de 2011. Y el consumo de gasoil, que refleja la vitalidad de la industria, cae un 9% interanual.
Las profecías de los economistas convergen hacia el número que Nicolás Dujovne, solitario, adelantó en noviembre pasado en este diario: el PBI no crecerá en 2012 más de 2%. Pero la inflación aumentará. No sólo porque se financiará con emisión un déficit fiscal más abultado, sino porque el aumento del dólar paralelo ensombrece las expectativas y se traslada a los precios. Es lo que sucede con los desdoblamientos informales del mercado de cambios: ofrecen los perjuicios de las devaluaciones, pero no sus ventajas.
Mientras la retórica oficial «va por todo», la economía se muestra cada vez más frágil. Menos crecimiento y más inflación significan malestar y tensión laboral. Con Moyano o con Caló. Es comprensible, entonces, que la Presidenta quiera romper el frente sindical y reducir el trato con los gremios a un formato miniaturista. El objetivo es claro: que ninguna facción de la CGT reúna la masa crítica suficiente como para sostener una estrategia independiente.
Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el turbulento sector energético. De Vido negoció la semana pasada con los dirigentes sindicales de petróleo y gas -Antonio Cassia y Oscar Mangone son los principales-para incorporarlos al nuevo orden de YPF. Ofreció espacios de cogobierno a cambio de asegurar a Cristina Kirchner y a Miguel Galuccio la gobernabilidad de la empresa.
Axel Kicillof intentó, por su parte, desbaratar el frente de tormenta de las distribuidoras de energía. Su colaborador Augusto Costa, secretario de Competitividad, se reunió con empresarios y gremios en el Ministerio de Trabajo. Para evitar la quiebra de Edenor y Edesur, les garantizó que el Estado se haría cargo de los aumentos de sueldos de los empleados. Lescano volvió así a ser un empleado público, como le ocurrió hace tiempo a Roberto Fernández, el líder de los colectiveros, cuyas remuneraciones también están subsidiadas.
Al plan de feudalización sindical sólo le falta un capítulo: Moyano. Más allá de la complicidad con «los Gordos» y de ciertas prebendas que se les retiraron a los camioneros, Cristina Kirchner no ha terminado de romper con el secretario general de la CGT. «Hay pactos inquebrantables: vaya al puerto o revise el transporte de combustibles», aconseja un gremialista suspicaz. ¿Y las causas judiciales? ¿No lo tienen acorralado en tribunales? La respuesta de un habitué de los juzgados federales: «Desconfíe. El «Negro» ha sido socio de kirchneristas muy pesados. Sabe mucho. No va a ir preso»..
Plaini intenta evitar una confrontación
Balean la casa de un sindicalista petrolero
Se reaviva la pelea entre Moyano y Caló
A partir de hoy comenzará a modificarse un rasgo sobresaliente del paisaje político de la última década. El sindicalismo ya no se agrupará en una sola CGT. La central obrera volverá a dividirse, como tantas veces, en dos entidades que reclaman para sí la representación oficial de los trabajadores.
En una estará Hugo Moyano. En la otra, los que pretenden desplazarlo por el metalúrgico Antonio Caló. La estrategia de Cristina Kirchner frente a esta reconfiguración de la escena económica y social todavía es una incógnita. Pero si se examinan las adversidades que enfrenta el «modelo productivo con inclusión social», lo más probable es que el Gobierno cambie de candidato para tratar con el movimiento obrero. Para debilitar la resistencia a las incomodidades de la economía el caos es más eficiente que Caló.
Los dirigentes sindicales que pretenden reemplazar a Moyano volverán a reunirse hoy en la sede porteña de Luz y Fuerza, que conduce Oscar Lescano. Allí aprobarán una impugnación a la reunión de consejo directivo que presidió Moyano el último 24 de abril. La excusa es que ese día no se alcanzó el quórum, ya que los consejeros fueron sustituidos por otros representantes de sus organizaciones, una práctica irregular pero admitida desde siempre. Con la objeción se pretende anular lo que se resolvió en aquel encuentro: el llamado al Comité Central Confederal, que, el próximo 23, convocaría para el 12 de julio a un congreso que elegiría al nuevo secretario general. Con la impugnación de hoy todo ese proceso quedará en tela de juicio.
Los inspiradores de esta estrategia son «los Gordos» -Lescano, Armando Cavalieri y Carlos West Ocampo- y los «independientes» -Gerardo Martínez (Uocra), Andrés Rodríguez (UPCN) y José Luis Lingeri (Obras Sanitarias)-. Ellos acusan a Moyano de estar adulterando los padrones con incorporaciones de última hora para imponer la junta que controle la elección. «En estas condiciones el congreso terminará a los tiros», pronostican, con un brillo en los ojos, varios pistoleros sindicales.
Los conjurados de Luz y Fuerza dicen contar con los delegados necesarios para consagrar una nueva conducción. Por esa razón están seguros de que el Ministerio de Trabajo y la Justicia respaldarán sus pretensiones. La hipótesis sobre la que trabajan es que la Presidenta quiere contar con una CGT dialoguista conducida por ellos.
Algunos indicios obligan a dudar de esa premisa. Por ejemplo, al abogado de los rebeldes que adelantó a la viceministra Noemí Rial que recibiría la impugnación, ella lo previno: «Mejor agoten la instancia de la propia CGT y después diríjanse al Ministerio». Es la señal de un interés comprensible: al Gobierno le convendría que la sucesión de Moyano se eternizara en una pelea entre facciones que se niegan una a otra la representación para formular reclamos.
«Los Gordos» y los «independientes» creen también que Cristina Kirchner se niega a recibir a la dirigencia sindical llevada por su fastidio con Moyano. A partir de esa convicción, han solicitado a través de Carlos Zannini, Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Tomada y Florencio Randazzo una reunión en la que la Presidenta se comprometería a satisfacer sus reclamos una vez que ellos llegaran a la conducción de la CGT. Es lo que les vienen reclamando Luis Barrionuevo y sus aliados, que tienen tanta antipatía por el Gobierno como por Moyano: «Asegúrense de que ella esté dispuesta a pagarnos por voltear al «Negro»», aconsejó Barrionuevo, que aprendió de Vicente Saadi a cobrar en efectivo.
Sólo De Vido respondió a las exigencias de los adversarios de Moyano. El miércoles pasado notificó a un «gordo» prominente: «Olvidate. Ella no les va a dar nada hasta que Hugo esté fuera de la CGT».
La sentencia de De Vido obliga a un interrogante: ¿por qué la Presidenta estaría interesada en que el camionero sea desplazado, si eso significa comenzar a pagar facturas? La incógnita es muy realista porque casi todas las demandas de la CGT están referidas a fondos que el Tesoro debería proveer o resignar: más subsidios para las obras sociales, reducción del mínimo no imponible de Ganancias, aumento de las asignaciones familiares, actualización de los reintegros del PAMI a los jubilados que se atienden en su antigua agremiación.
El Estado tiene cada vez menos recursos para atender a las pretensiones de la organización sindical. Una prueba: el aumento de recaudación de abril fue el más bajo desde febrero de 2010.
A partir de este choque de intereses, la información disponible puede organizarse de otra manera. Tal vez la genuina animadversión hacia Moyano haya servido a la Presidenta para sustraerse de la presión de todo el gremialismo. ¿Por qué renunciará a esa ventaja? Para mantenerla le alcanza con que ninguna CGT tenga una conducción legitimada. Los dirigentes que se reunirán hoy en Luz y Fuerza pondrán en sus manos esa posibilidad.
Cuando la economía languidece no hay sindicalismo amigo. Para percibirlo conviene echar un vistazo a la paritaria de la UOM. Caló no pudo mantener la ficción de ser un candidato a la CGT confiable para el Gobierno y, al mismo tiempo, un representante idóneo de los afiliados de la UOM. A pesar de que, obediente a las instrucciones de Tomada, Caló se allanó a reclamar en público sólo 22% de incremento salarial, los empresarios metalúrgicos advirtieron que la combinación de aumentos de sueldos y asimilación de sumas fijas arroja un incremento del 31% anual. Según la entidad que los reúne, Adimra, el 30% del sector carece hoy de la rentabilidad suficiente para satisfacer ese reclamo.
La metalúrgica expresa, como una reducción a escala, un drama de toda la economía. Hay indicadores muy fiables que revelan el enfriamiento del nivel de actividad. Las importaciones, que en marzo habían disminuido un 8%, en abril se retrajeron el 15% interanual. ¿Cuánto tuvieron que ver las intervenciones de Guillermo Moreno en ese descenso? Es intrascendente. Más relevante es advertir que la caída está impactando en los ingresos del fisco.
En abril la producción de autos fue 24% menos que en abril de 2011. Y el consumo de gasoil, que refleja la vitalidad de la industria, cae un 9% interanual.
Las profecías de los economistas convergen hacia el número que Nicolás Dujovne, solitario, adelantó en noviembre pasado en este diario: el PBI no crecerá en 2012 más de 2%. Pero la inflación aumentará. No sólo porque se financiará con emisión un déficit fiscal más abultado, sino porque el aumento del dólar paralelo ensombrece las expectativas y se traslada a los precios. Es lo que sucede con los desdoblamientos informales del mercado de cambios: ofrecen los perjuicios de las devaluaciones, pero no sus ventajas.
Mientras la retórica oficial «va por todo», la economía se muestra cada vez más frágil. Menos crecimiento y más inflación significan malestar y tensión laboral. Con Moyano o con Caló. Es comprensible, entonces, que la Presidenta quiera romper el frente sindical y reducir el trato con los gremios a un formato miniaturista. El objetivo es claro: que ninguna facción de la CGT reúna la masa crítica suficiente como para sostener una estrategia independiente.
Es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el turbulento sector energético. De Vido negoció la semana pasada con los dirigentes sindicales de petróleo y gas -Antonio Cassia y Oscar Mangone son los principales-para incorporarlos al nuevo orden de YPF. Ofreció espacios de cogobierno a cambio de asegurar a Cristina Kirchner y a Miguel Galuccio la gobernabilidad de la empresa.
Axel Kicillof intentó, por su parte, desbaratar el frente de tormenta de las distribuidoras de energía. Su colaborador Augusto Costa, secretario de Competitividad, se reunió con empresarios y gremios en el Ministerio de Trabajo. Para evitar la quiebra de Edenor y Edesur, les garantizó que el Estado se haría cargo de los aumentos de sueldos de los empleados. Lescano volvió así a ser un empleado público, como le ocurrió hace tiempo a Roberto Fernández, el líder de los colectiveros, cuyas remuneraciones también están subsidiadas.
Al plan de feudalización sindical sólo le falta un capítulo: Moyano. Más allá de la complicidad con «los Gordos» y de ciertas prebendas que se les retiraron a los camioneros, Cristina Kirchner no ha terminado de romper con el secretario general de la CGT. «Hay pactos inquebrantables: vaya al puerto o revise el transporte de combustibles», aconseja un gremialista suspicaz. ¿Y las causas judiciales? ¿No lo tienen acorralado en tribunales? La respuesta de un habitué de los juzgados federales: «Desconfíe. El «Negro» ha sido socio de kirchneristas muy pesados. Sabe mucho. No va a ir preso»..
