Cristina Kirchner pronunció el jueves pasado un discurso que tal vez pase a la historia del oficialismo como uno de sus grandes documentos. No sólo porque expuso con gran transparencia las razones a las que atribuye sus dificultades económicas. También, y sobre todo, porque a la luz de ese texto es fácil advertir los problemas que ella no consigue detectar, las preguntas que no puede formularse.
La Presidenta terminó de definir un fenómeno cada vez más evidente: el enojo con Hugo Moyano es la anécdota de un conflicto más amplio con el sindicalismo en su conjunto. Ese jueves, el metalúrgico Antonio Caló encabezó un paro general para conseguir un aumento de salarios del 31%. Caló fue a la huelga a pesar de que la señora de Kirchner le había ordenado, a través del teléfono manos libres de Carlos Tomada, un arreglo del 21%. Caló era el candidato del Gobierno a conducir la CGT en reemplazo de Moyano.
¿Por qué los dirigentes sindicales se han convertido en una dificultad? Para la señora de Kirchner, la razón hay que buscarla afuera. Según ella, «durante unos cuantos meses, desde los medios de comunicación monopólica intentaron ocultar lo que pasaba con el mundo, pero ya es inocultable». Es decir, la crisis internacional exige mayor responsabilidad de los actores sociales porque «nosotros no nos caímos del mundo, sino que el mundo se cayó sobre nosotros».
Esta visión dispara varios interrogantes: ¿por qué «el mundo» no se cayó también sobre Brasil, Colombia o Perú, que crecerán este año más del 4%? ¿Por qué no aplastó a Rusia, Turquía o Polonia, que se expandirán al mismo ritmo? ¿Por qué el derrumbe nos afecta este año y no el anterior, si el crecimiento internacional será el mismo? Y el acertijo principal: ¿por qué los demás gobiernos de la región no están afectados en el frente sindical? Al contrario: el brasileño más famoso es un sindicalista.
Estas incógnitas se despejan cuando se incorpora una variable que la Presidenta no consigue mencionar: la inflación. Es la inflación, y no «el mundo», la que explica que la Argentina sea el único país de América latina en el que los gremialistas son noticia.
Empeñados, como buenos populistas, en maximizar el presente con una excitante fiesta de consumo, los Kirchner menospreciaron la inflación. Corrían con ventaja: encontraron un país que venía de una recesión de cuatro años; la capacidad ociosa de la economía era superior al 50%, y la pobreza había alcanzado al 55% de la población. Desde un punto de partida tan bajo, cualquier estrategia expansiva tardaría en encontrar un límite.
Pero ese límite llegó. La inflación fue quitándole competitividad al aparato productivo y exigiendo subsidios cada vez más insostenibles para las cuentas públicas. Los costos en dólares se volvieron una mochila insoportable para las empresas. El superávit comercial se redujo más y más, con la consecuente escasez de divisas.
Para abordar este problema, el Gobierno no recurrió al mercado de deuda ni incrementó la tasa de devaluación. Prefirió una tercera vía: bloquear las importaciones, impedir la repatriación de dividendos e intervenir el mercado de cambios. Es decir, montó un corralito más sofisticado que el de Domingo Cavallo. Aquél bloqueaba el acceso a los pesos para impedir la demanda de dólares. En el actual, los pesos están disponibles porque se suprimió la oferta de dólares.
El conflicto con los sindicalistas se alimenta de esta política. La clausura de la economía induce a una mayor inflación. Y la ortopedia cambiaria dispara el dólar paralelo y, con él, los precios de reposición de las mercaderías. Son factores que se agregan a los que el Gobierno ya había desplegado: incremento sideral del gasto público, que en abril fue del 34% interanual; expansión de la base monetaria, que crecerá otro 40% este año, y remuneración de los ahorros con una tasa que, al ser la mitad de la inflación, obliga al gasto. Amado Boudou tuvo claro este proceso, al que sus amigos se asociaron imprimiendo billetes con Ciccone.
La inversión, mientras tanto, se retrae. El jueves la Presidenta les pidió a los empresarios que inviertan , recordándoles los subsidios y exenciones fiscales que ella ofrece. No se le ocurrió preguntarse por qué, con esas ventajas, ellos se resisten a invertir. Tampoco indaga por qué las empresas quieren remitir sus utilidades al exterior cuando «el mundo» se derrumba y la Argentina es un edén.
El ciclo económico que permitió al kirchnerismo alcanzar sus grandes marcas ingresa en el otoño por su propia dinámica. Ese agotamiento convierte a la inflación en un problema inocultable.
Las empresas ya no podrán acompañar la carrera de los precios con mejoras en los sueldos, porque la economía comienza a desganarse. También la pública: entre marzo y abril, los fondos de coparticipación que recibieron las provincias tuvieron una caída del 6%. Moderar la escalada salarial y mantener la vitalidad del mercado interno serán en adelante objetivos incompatibles.
Si se pretende mantener el salario real, es decir, conceder aumentos nominales por encima de la inflación, habrá que destruir puestos de trabajo. Si se pretende mantener los puestos de trabajo, habrá que reducir el salario real. El Gobierno ya no podrá aspirar a mejorar el poder adquisitivo de los asalariados y a incrementar el nivel de empleo al mismo tiempo. Esta es la noticia que la Presidenta no terminó de formular el jueves pasado. Aunque estuvo cerca de hacerlo, al recordar que «no hay mayor disciplinador social que la desocupación». Un minuto después presentó al «Centauro» Andrés Rodríguez, el representante de los empleados públicos, como un dirigente ejemplar, ya que se conformó con un 21% de incremento salarial.
Cristina Kirchner está irritada porque el sindicalismo entorpece sus operaciones más relevantes. A los petroleros privados no les interesa integrar el directorio de la nueva YPF. Prefieren ceder ese lugar a Antonio Cassia, del viejo SUPE, y quedar libres para las disputas de salarios. En Santa Cruz, Chubut y Neuquén exigen un aumento del 31%. Un gran problema para Miguel Galuccio, el nuevo CEO de YPF.
En Aerolíneas los gremios no quieren aprobar los balances a Mariano Recalde. La disputa originó una ruptura en la conducción de la empresa. Los sindicalistas dialogan con Gustavo Marconato, el vicepresidente de la empresa, un ex diputado ajeno a La Cámpora.
En el sector de la distribución eléctrica, las pretensiones de Luz y Fuerza forzarán a un aumento de subsidios o a una suba de las tarifas. La opción de estatizar las compañías ha quedado descartada, salvo en el caso de Transener, que pertenece a Marcelo Mindlin y a Gerardo Ferreyra, amigo de Carlos Zannini y propietario de Electroingeniería.
Las nuevas condiciones de la economía sepultaron la posibilidad de una CGT oficialista. El discurso del jueves fue la última palada de tierra sobre ese sueño. Sólo el taxista Omar Viviani, antigua sombra de Moyano, mantiene la quimera postulándose en lugar de Caló. El resto debatirá cómo enfrentar el conflicto que anticipó la Presidenta. Todos los formatos están en consideración, lo que incluye poner la central bajo un triunvirato integrado por el ultra-antikirchnerista Luis Barrionuevo, o postergar el congreso de julio para definir la nueva conducción a fin de año.
Además de redefinir el vínculo sindical, Cristina Kirchner tendrá que revisar su hoja de ruta política en el marco del nuevo contexto económico. Daniel Scioli se postuló a la Presidencia teniendo en cuenta las dificultades materiales del Gobierno. En la Casa Rosada, hay quienes aconsejan dar ya la batalla de la reelección, antes de que el malhumor colectivo aumente. El objetivo sería enviar el proyecto de reforma al Congreso y elegir constituyentes en las legislativas del año que viene. Diana Conti debería cambiar su eslogan «Cristina eterna» por «Cristina, ahora o nunca».
El momento es interesantísimo. El kirchnerismo debe encarar el ajuste desde la cima de su hegemonía. Es habitual que de ese par de dimensiones, ajuste y hegemonía, brote un impulso autoritario. También esa inclinación estuvo presente en el discurso del jueves. Cristina Kirchner concluyó su elogio a las tareas de espionaje de la Gendarmería con esta frase: «Así que quédense tranquilos. Salvo que estén haciendo algo que no corresponda, ahí si puede ser que estén en el proyecto X». Fue una broma, de esas que suelen envolver una amenaza.
El senador del Frente para la Victoria (FPV) Aníbal Fernández sostuvo que «ningún gobierno interpretó» a Juan Domingo Perón como los encabezados por Néstor y Cristina Kirchner. «No hay nadie en este país que pueda interpretar a Juan Perón como lo han hecho y lo hacen Néstor y Cristina Kirchner. Nadie», aseguró el ex jefe de Gabinete en una entrevista con el diario Perfil. «El peronismo pasa hoy por la política que Néstor y Cristina llevaron a la práctica, porque ellos no se olvidaron ninguna de las materias que enseñaba Juan Perón», apuntó..
La Presidenta terminó de definir un fenómeno cada vez más evidente: el enojo con Hugo Moyano es la anécdota de un conflicto más amplio con el sindicalismo en su conjunto. Ese jueves, el metalúrgico Antonio Caló encabezó un paro general para conseguir un aumento de salarios del 31%. Caló fue a la huelga a pesar de que la señora de Kirchner le había ordenado, a través del teléfono manos libres de Carlos Tomada, un arreglo del 21%. Caló era el candidato del Gobierno a conducir la CGT en reemplazo de Moyano.
¿Por qué los dirigentes sindicales se han convertido en una dificultad? Para la señora de Kirchner, la razón hay que buscarla afuera. Según ella, «durante unos cuantos meses, desde los medios de comunicación monopólica intentaron ocultar lo que pasaba con el mundo, pero ya es inocultable». Es decir, la crisis internacional exige mayor responsabilidad de los actores sociales porque «nosotros no nos caímos del mundo, sino que el mundo se cayó sobre nosotros».
Esta visión dispara varios interrogantes: ¿por qué «el mundo» no se cayó también sobre Brasil, Colombia o Perú, que crecerán este año más del 4%? ¿Por qué no aplastó a Rusia, Turquía o Polonia, que se expandirán al mismo ritmo? ¿Por qué el derrumbe nos afecta este año y no el anterior, si el crecimiento internacional será el mismo? Y el acertijo principal: ¿por qué los demás gobiernos de la región no están afectados en el frente sindical? Al contrario: el brasileño más famoso es un sindicalista.
Estas incógnitas se despejan cuando se incorpora una variable que la Presidenta no consigue mencionar: la inflación. Es la inflación, y no «el mundo», la que explica que la Argentina sea el único país de América latina en el que los gremialistas son noticia.
Empeñados, como buenos populistas, en maximizar el presente con una excitante fiesta de consumo, los Kirchner menospreciaron la inflación. Corrían con ventaja: encontraron un país que venía de una recesión de cuatro años; la capacidad ociosa de la economía era superior al 50%, y la pobreza había alcanzado al 55% de la población. Desde un punto de partida tan bajo, cualquier estrategia expansiva tardaría en encontrar un límite.
Pero ese límite llegó. La inflación fue quitándole competitividad al aparato productivo y exigiendo subsidios cada vez más insostenibles para las cuentas públicas. Los costos en dólares se volvieron una mochila insoportable para las empresas. El superávit comercial se redujo más y más, con la consecuente escasez de divisas.
Para abordar este problema, el Gobierno no recurrió al mercado de deuda ni incrementó la tasa de devaluación. Prefirió una tercera vía: bloquear las importaciones, impedir la repatriación de dividendos e intervenir el mercado de cambios. Es decir, montó un corralito más sofisticado que el de Domingo Cavallo. Aquél bloqueaba el acceso a los pesos para impedir la demanda de dólares. En el actual, los pesos están disponibles porque se suprimió la oferta de dólares.
El conflicto con los sindicalistas se alimenta de esta política. La clausura de la economía induce a una mayor inflación. Y la ortopedia cambiaria dispara el dólar paralelo y, con él, los precios de reposición de las mercaderías. Son factores que se agregan a los que el Gobierno ya había desplegado: incremento sideral del gasto público, que en abril fue del 34% interanual; expansión de la base monetaria, que crecerá otro 40% este año, y remuneración de los ahorros con una tasa que, al ser la mitad de la inflación, obliga al gasto. Amado Boudou tuvo claro este proceso, al que sus amigos se asociaron imprimiendo billetes con Ciccone.
La inversión, mientras tanto, se retrae. El jueves la Presidenta les pidió a los empresarios que inviertan , recordándoles los subsidios y exenciones fiscales que ella ofrece. No se le ocurrió preguntarse por qué, con esas ventajas, ellos se resisten a invertir. Tampoco indaga por qué las empresas quieren remitir sus utilidades al exterior cuando «el mundo» se derrumba y la Argentina es un edén.
El ciclo económico que permitió al kirchnerismo alcanzar sus grandes marcas ingresa en el otoño por su propia dinámica. Ese agotamiento convierte a la inflación en un problema inocultable.
Las empresas ya no podrán acompañar la carrera de los precios con mejoras en los sueldos, porque la economía comienza a desganarse. También la pública: entre marzo y abril, los fondos de coparticipación que recibieron las provincias tuvieron una caída del 6%. Moderar la escalada salarial y mantener la vitalidad del mercado interno serán en adelante objetivos incompatibles.
Si se pretende mantener el salario real, es decir, conceder aumentos nominales por encima de la inflación, habrá que destruir puestos de trabajo. Si se pretende mantener los puestos de trabajo, habrá que reducir el salario real. El Gobierno ya no podrá aspirar a mejorar el poder adquisitivo de los asalariados y a incrementar el nivel de empleo al mismo tiempo. Esta es la noticia que la Presidenta no terminó de formular el jueves pasado. Aunque estuvo cerca de hacerlo, al recordar que «no hay mayor disciplinador social que la desocupación». Un minuto después presentó al «Centauro» Andrés Rodríguez, el representante de los empleados públicos, como un dirigente ejemplar, ya que se conformó con un 21% de incremento salarial.
Cristina Kirchner está irritada porque el sindicalismo entorpece sus operaciones más relevantes. A los petroleros privados no les interesa integrar el directorio de la nueva YPF. Prefieren ceder ese lugar a Antonio Cassia, del viejo SUPE, y quedar libres para las disputas de salarios. En Santa Cruz, Chubut y Neuquén exigen un aumento del 31%. Un gran problema para Miguel Galuccio, el nuevo CEO de YPF.
En Aerolíneas los gremios no quieren aprobar los balances a Mariano Recalde. La disputa originó una ruptura en la conducción de la empresa. Los sindicalistas dialogan con Gustavo Marconato, el vicepresidente de la empresa, un ex diputado ajeno a La Cámpora.
En el sector de la distribución eléctrica, las pretensiones de Luz y Fuerza forzarán a un aumento de subsidios o a una suba de las tarifas. La opción de estatizar las compañías ha quedado descartada, salvo en el caso de Transener, que pertenece a Marcelo Mindlin y a Gerardo Ferreyra, amigo de Carlos Zannini y propietario de Electroingeniería.
Las nuevas condiciones de la economía sepultaron la posibilidad de una CGT oficialista. El discurso del jueves fue la última palada de tierra sobre ese sueño. Sólo el taxista Omar Viviani, antigua sombra de Moyano, mantiene la quimera postulándose en lugar de Caló. El resto debatirá cómo enfrentar el conflicto que anticipó la Presidenta. Todos los formatos están en consideración, lo que incluye poner la central bajo un triunvirato integrado por el ultra-antikirchnerista Luis Barrionuevo, o postergar el congreso de julio para definir la nueva conducción a fin de año.
Además de redefinir el vínculo sindical, Cristina Kirchner tendrá que revisar su hoja de ruta política en el marco del nuevo contexto económico. Daniel Scioli se postuló a la Presidencia teniendo en cuenta las dificultades materiales del Gobierno. En la Casa Rosada, hay quienes aconsejan dar ya la batalla de la reelección, antes de que el malhumor colectivo aumente. El objetivo sería enviar el proyecto de reforma al Congreso y elegir constituyentes en las legislativas del año que viene. Diana Conti debería cambiar su eslogan «Cristina eterna» por «Cristina, ahora o nunca».
El momento es interesantísimo. El kirchnerismo debe encarar el ajuste desde la cima de su hegemonía. Es habitual que de ese par de dimensiones, ajuste y hegemonía, brote un impulso autoritario. También esa inclinación estuvo presente en el discurso del jueves. Cristina Kirchner concluyó su elogio a las tareas de espionaje de la Gendarmería con esta frase: «Así que quédense tranquilos. Salvo que estén haciendo algo que no corresponda, ahí si puede ser que estén en el proyecto X». Fue una broma, de esas que suelen envolver una amenaza.
El senador del Frente para la Victoria (FPV) Aníbal Fernández sostuvo que «ningún gobierno interpretó» a Juan Domingo Perón como los encabezados por Néstor y Cristina Kirchner. «No hay nadie en este país que pueda interpretar a Juan Perón como lo han hecho y lo hacen Néstor y Cristina Kirchner. Nadie», aseguró el ex jefe de Gabinete en una entrevista con el diario Perfil. «El peronismo pasa hoy por la política que Néstor y Cristina llevaron a la práctica, porque ellos no se olvidaron ninguna de las materias que enseñaba Juan Perón», apuntó..
