Martín Piqué
mpique@tiempoargentino.com
La donación realizada por la Embajada de los Estados Unidos de un galpón y un edificio contiguo con varias salas en el aeropuerto internacional de la ciudad de Resistencia, cuyo costo habría sido de 6 millones de pesos, disparó una fuerte polémica que todavía involucra al gobierno de la provincia del Chaco y al Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM, según su abreviatura en inglés). La construcción es el resultado de la firma de un acuerdo entre la gobernación y la embajada estadounidense con el objeto de poner en funciones un Centro de Respuesta a Emergencias.
Pero la noticia trascendió las fronteras: en toda América Latina se comenzó a hablar de una nueva base del Comando Sur, estratégica, que se levantaría a pocos kilómetros de la Triple Frontera. Las denuncias llegaron al Congreso de la Nación, donde un grupo de diputados presentó un pedido de informes al Ejecutivo. La gobernación del Chaco rechazó las acusaciones y organizó una recorrida por el edificio para demostrar que no se trata de una instalación con fines bélicos. La discusión, sin embargo, sigue abierta. Todavía falta ingresar equipamiento que está previsto en el acuerdo con los Estados Unidos y que sigue a la espera de la aprobación del trámite de importación.
Según información oficial de la gobernación del Chaco, las instalaciones que son el centro de la polémica están conformadas por dos construcciones. Se trata de “un amplio galpón para almacenar y recibir elementos destinados a la ayuda humanitaria”, por un lado, y “un edificio con salas de situaciones, de reuniones para diagramar acciones conjuntas interministeriales y atención a la prensa”, por otro. Ambos edificios formarán, según el convenio de cooperación firmado con la embajada estadounidense, un Centro de Operaciones y Almacenamiento para Emergencias. La construcción fue posible gracias a una donación de 6 millones de pesos por parte de los Estados Unidos. Desde el gobierno del Chaco informaron que la secretaria de Asuntos Internacionales y Promoción del gobierno provincial, Theresa Durnbeck, fue quien consiguió el donativo de la embajada estadounidense.
En el gobierno provincial aguardan por el equipamiento que sería utilizado dentro de las instalaciones. Aún no está claro si se trata de muebles, computadoras, software o el soporte tecnológico para realizar comunicaciones satelitales. “Se trata de equipamiento inmobiliario. Y cada silla tiene cinco misiles”, ironizó el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, con la intención de alejar las suspicacias. “Yo no tengo ningún convenio ni tratado con Estados Unidos. ¿Alguien puede pensar que hay un acuerdo de tipo militar? Es una locura lo que están diciendo, yo sigo asombrado por las estupideces que a veces se escriben en la Argentina”, se quejó el gobernador Capitanich, con evidente fastidio, ante la consulta de Tiempo Argentino.
El equipamiento que esperan en el Chaco forma parte del convenio con la embajada estadounidense. Se supone que está incluido dentro de la donación de 6 millones. Y más allá de cuáles sean los artículos que lo componen, todavía debe pasar el trámite de importación. En la actualidad, el material permanece en los Estados Unidos. Hace un mes, los diputados Claudio Lozano, Liliana Parada, Roy Cortina, Víctor De Gennaro y Victoria Donda presentaron un pedido de informes al Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre la letra chica del acuerdo entre Chaco y la embajada.
Las propuestas de Washington para colaborar con tecnología y fondos frescos ante casos de desastres naturales o catástrofes humanitarias vienen siendo observadas con desconfianza por ciertos gobiernos latinoamericanos. En Bolivia, por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, de acuerdo con sus siglas en inglés) fue acusada de injerencia en los asuntos internos y expulsada del territorio.
También generan desconfianza las propuestas de la Junta Interamericana de Defensa (JID), el órgano castrense con sede en la ciudad de Washington que agrupa a las Fuerzas Armadas del hemisferio. Hace 20 días, en la reunión preparatoria de la cumbre de ministros de Defensa de las Américas, el gobierno argentino volvió a rechazar un plan elaborado por la JID para que sean los militares de todo el continente –coordinados desde Washington– quienes intervengan ante casos de desastres. La Argentina incluso viene cuestionando la utilidad de la JID, porque sus principios son contradictorios con la doctrina de la Ley de Defensa Nacional, que establece la conducción política de las Fuerzas Armadas (ver aparte).
Más allá de las discusiones, y del revuelo que generó en la prensa latinoamericana, el acuerdo para poner en funcionamiento un Centro de Emergencias Humanitarias en el aeropuerto de Resistencia sigue en pleno curso. El jueves pasado, el ministro de Gobierno chaqueño, Juan Manuel Pedrini, inauguró en un acto público los dos edificios: serán la sede de la Dirección de Defensa Civil de la provincia. Durante el acto, el ministro se encargó de aclarar que en el predio sólo trabajarán funcionarios y empleados públicos, y que no habrá presencia de extranjeros. “Entre los empleados públicos no hay cipayos. Hay compromiso para trabajar por la provincia y los chaqueños”, insistió el ministro de Gobierno de la provincia de Chaco. <
La clave
DESCONFIANZA. Las propuestas de los Estados Unidos para colaborar con tecnología o dinero en casos de desastres naturales generan desconfianza en varios países latinoamericanos, a la luz de incidentes ocurridos con la USAID y la JID, por ejemplo.
mpique@tiempoargentino.com
La donación realizada por la Embajada de los Estados Unidos de un galpón y un edificio contiguo con varias salas en el aeropuerto internacional de la ciudad de Resistencia, cuyo costo habría sido de 6 millones de pesos, disparó una fuerte polémica que todavía involucra al gobierno de la provincia del Chaco y al Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM, según su abreviatura en inglés). La construcción es el resultado de la firma de un acuerdo entre la gobernación y la embajada estadounidense con el objeto de poner en funciones un Centro de Respuesta a Emergencias.
Pero la noticia trascendió las fronteras: en toda América Latina se comenzó a hablar de una nueva base del Comando Sur, estratégica, que se levantaría a pocos kilómetros de la Triple Frontera. Las denuncias llegaron al Congreso de la Nación, donde un grupo de diputados presentó un pedido de informes al Ejecutivo. La gobernación del Chaco rechazó las acusaciones y organizó una recorrida por el edificio para demostrar que no se trata de una instalación con fines bélicos. La discusión, sin embargo, sigue abierta. Todavía falta ingresar equipamiento que está previsto en el acuerdo con los Estados Unidos y que sigue a la espera de la aprobación del trámite de importación.
Según información oficial de la gobernación del Chaco, las instalaciones que son el centro de la polémica están conformadas por dos construcciones. Se trata de “un amplio galpón para almacenar y recibir elementos destinados a la ayuda humanitaria”, por un lado, y “un edificio con salas de situaciones, de reuniones para diagramar acciones conjuntas interministeriales y atención a la prensa”, por otro. Ambos edificios formarán, según el convenio de cooperación firmado con la embajada estadounidense, un Centro de Operaciones y Almacenamiento para Emergencias. La construcción fue posible gracias a una donación de 6 millones de pesos por parte de los Estados Unidos. Desde el gobierno del Chaco informaron que la secretaria de Asuntos Internacionales y Promoción del gobierno provincial, Theresa Durnbeck, fue quien consiguió el donativo de la embajada estadounidense.
En el gobierno provincial aguardan por el equipamiento que sería utilizado dentro de las instalaciones. Aún no está claro si se trata de muebles, computadoras, software o el soporte tecnológico para realizar comunicaciones satelitales. “Se trata de equipamiento inmobiliario. Y cada silla tiene cinco misiles”, ironizó el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, con la intención de alejar las suspicacias. “Yo no tengo ningún convenio ni tratado con Estados Unidos. ¿Alguien puede pensar que hay un acuerdo de tipo militar? Es una locura lo que están diciendo, yo sigo asombrado por las estupideces que a veces se escriben en la Argentina”, se quejó el gobernador Capitanich, con evidente fastidio, ante la consulta de Tiempo Argentino.
El equipamiento que esperan en el Chaco forma parte del convenio con la embajada estadounidense. Se supone que está incluido dentro de la donación de 6 millones. Y más allá de cuáles sean los artículos que lo componen, todavía debe pasar el trámite de importación. En la actualidad, el material permanece en los Estados Unidos. Hace un mes, los diputados Claudio Lozano, Liliana Parada, Roy Cortina, Víctor De Gennaro y Victoria Donda presentaron un pedido de informes al Ejecutivo para que brinde explicaciones sobre la letra chica del acuerdo entre Chaco y la embajada.
Las propuestas de Washington para colaborar con tecnología y fondos frescos ante casos de desastres naturales o catástrofes humanitarias vienen siendo observadas con desconfianza por ciertos gobiernos latinoamericanos. En Bolivia, por ejemplo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, de acuerdo con sus siglas en inglés) fue acusada de injerencia en los asuntos internos y expulsada del territorio.
También generan desconfianza las propuestas de la Junta Interamericana de Defensa (JID), el órgano castrense con sede en la ciudad de Washington que agrupa a las Fuerzas Armadas del hemisferio. Hace 20 días, en la reunión preparatoria de la cumbre de ministros de Defensa de las Américas, el gobierno argentino volvió a rechazar un plan elaborado por la JID para que sean los militares de todo el continente –coordinados desde Washington– quienes intervengan ante casos de desastres. La Argentina incluso viene cuestionando la utilidad de la JID, porque sus principios son contradictorios con la doctrina de la Ley de Defensa Nacional, que establece la conducción política de las Fuerzas Armadas (ver aparte).
Más allá de las discusiones, y del revuelo que generó en la prensa latinoamericana, el acuerdo para poner en funcionamiento un Centro de Emergencias Humanitarias en el aeropuerto de Resistencia sigue en pleno curso. El jueves pasado, el ministro de Gobierno chaqueño, Juan Manuel Pedrini, inauguró en un acto público los dos edificios: serán la sede de la Dirección de Defensa Civil de la provincia. Durante el acto, el ministro se encargó de aclarar que en el predio sólo trabajarán funcionarios y empleados públicos, y que no habrá presencia de extranjeros. “Entre los empleados públicos no hay cipayos. Hay compromiso para trabajar por la provincia y los chaqueños”, insistió el ministro de Gobierno de la provincia de Chaco. <
La clave
DESCONFIANZA. Las propuestas de los Estados Unidos para colaborar con tecnología o dinero en casos de desastres naturales generan desconfianza en varios países latinoamericanos, a la luz de incidentes ocurridos con la USAID y la JID, por ejemplo.
