La amenaza sobrevuela a la Justicia desde hace tiempo, pero ahora el Gobierno está a punto de darle forma: está listo para viajar al Congreso un proyecto de ley que establece no sólo la derogación de los regímenes jubilatorios especiales para los judiciales y diplomáticos, como adelantó Diego Bossio esta semana en el Senado, sino también la eliminación de la exención del Impuesto a las Ganancias que gozan hoy los jueces. El proyecto está listo al punto que la Casa Rosada les anunció a los jefes de bloque que el envío es inminente.
La intención de eliminar esos dos privilegios no es nueva: de hecho, hubo intentos en todos los Gobiernos para derogar esa exención a Ganancias, la única que permanece vigente para un sector específico, y ninguno tuvo éxito.
Raúl Alfonsín como Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde lo intentaron sin éxito. Uno de esos casos fue en 1996, cuando se aprobó la ley y luego una acordada de la Corte Suprema la declaró inválida argumentando no sólo una violación a la intangibilidad de los sueldos, sino también que «la obligación de afrontar dicho impuesto representaba una disminución de la compensación correspondiente a los jueces por el ejercicio de sus funciones». Como si lo mismo no le sucediera a cualquier otro mortal de la Argentina que sufre mensualmente una retención sobre su salario para aplicar al pago de Ganancias en la Cuarta Categoría. Diez años después, la Corte emitió otra acordada ratificando ese principio.
De hecho, los propios jueces de la Corte ratificaron en varias ocasiones que haría falta hasta una reforma constitucional y fracasaron constantemente en la intención de avanzar sobre la obligación para que los jueces paguen Ganancias y en el recorte del sistema de indexación de las jubilaciones de los magistrados y los empleados del Poder Judicial. Siempre hasta ahora «la familia» judicial logró que finalmente la Corte Suprema de Justicia determinara la inconstitucionalidad de cualquier embestida de este tipo, bajo la fórmula de la intangibilidad de los salarios de la Justicia por parte del Poder Ejecutivo o el Legislativo. Según la Corte, la posibilidad de que los jueces liquiden Ganancias o que se modifique su sistema de liquidación de jubilaciones sólo puede ser modificado con una reforma constitucional. Cruces similares se repitieron durante toda la era democrática.
Pero el Gobierno ahora ensaya otra estrategia. Cristina de Kirchner lo envió a Bossio al Senado con el claro mensaje, no tanto para los diputados y senadores (que pagan Ganancias sobre sus dietas desde hace tiempo), sino para los jueces de que esta vez al menos deberán negociar.
De ahí que el jefe de la ANSES relatara con puntillosidad el esquema de jubilaciones máximas, de hasta $ 112.000 mensuales, que ayer corrió por la prensa.
Para Cristina de Kirchner el tema es una obsesión desde hace tiempo. Basta repasar su discurso de despedida del Senado, cuando renunció a su banca bonaerense en 2007 para asumir la presidencia: «Nos falta todavía algo que debemos los dos poderes a los ciudadanos, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo; esto es, que finalmente los jueces paguen el Impuesto a las Ganancias, como corresponde a todos los ciudadanos», les dijo a sus todavía pares por entonces.
Ahora la estrategia es abrir un frente doble para, al menos, lograr una batalla. Al decirle a la Justicia que derogará la exención a Ganancias y al mismo tiempo el régimen especial de jubilación que les garantiza a jueces y empleados un retiro temprano con el 82% móvil, el Gobierno está anunciando que deberán aceptar por las buenas ceder los dos beneficios o soportar más publicidad sobre esos privilegios.
No hay negociaciones abiertas, pero la Corte ya analiza una contrapropuesta: aceptar la eliminación de Ganancias contra la garantía de mantener las condiciones especiales para el retiro dorado de los jueces.
