A una semana de una marcha que reunió a más de 60 mil personas en todo el país para pedir por el fin de las detenciones, los procesos penales y las condenas de prisión a usuarios de drogas y cultivadores de marihuana, el lunes pasado se reunieron por primera vez los representantes de las tres fuerzas políticas mayoritarias en la Cámara de Diputados para zanjar las diferencias entre los proyectos que circulaban para reformar la ley de drogas. Y de la chimenea salió fumata blanca. En una reunión donde primó la razón, la información y el diálogo democrático, Diana Conti (FPV), Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Victoria Donda (FAP) acordaron terminar de una vez por todas con uno de los capítulos más negros de la joven democracia argentina.
Los diputados aceptaron una realidad que muestra las consecuencias de poner a la policía a perseguir al que tiene y consume drogas y no al que vende: el crecimiento obsceno del narcotráfico, la persecución sistemática a los usuarios de drogas y cultivadores y la desasistencia sanitaria y social de las personas con problemas de consumo, para cerrar un círculo altamente vicioso que atascó los juzgados federales con causas a perejiles.
El proyecto consensuado deja de penalizar abiertamente la tenencia de drogas, por la que más de 8000 usuarios son detenidos todos los años y procesados hasta que demuestran que esa tenencia es para su consumo. En la nueva propuesta, se sostiene que toda tenencia de drogas es para consumo personal salvo que el fiscal o el juez, antes de detener a una persona y armarle una causa penal, demuestren que es para otro fin, como el comercio. Además, el proyecto dejaría de penar el consumo en la vía pública salvo que se esté induciendo a un menor de edad a consumir drogas. Por ende, la policía podrá interrumpir ese consumo y retener la sustancia (que continúa siendo ilegal), pero no detener a la persona. Y en lo que respecta al autocultivo de cannabis, los legisladores escucharon el reclamo masivo y decidieron dejar de penar la siembra de cannabis cuando no sea para vender. Es decir que los jueces no podrán allanar a un cultivador si no tienen pruebas de comercio.
El consenso que ya había adelantado el senador Aníbal Fernández –el primer funcionario en aceptar que era tiempo de cambiar hacia un modelo que descriminalizara al usuario y enfrentara realmente al narcotráfico– es, sobre todo, un acto de responsabilidad hacia un Estado que pretende avanzar en vías de una soberanía real. Despenalizar no es un capricho, es empezar a pensar políticas de drogas propias para nuestra realidad y objetivos como Nación, algo que una ley parida por el menemismo y la política de drogas estadounidense, claramente, no nos permitió.
En un país que ha hecho de la lucha por los Derechos Humanos una causa innegociable ya no se puede seguir violando los de un sector importante de la población.
Los diputados aceptaron una realidad que muestra las consecuencias de poner a la policía a perseguir al que tiene y consume drogas y no al que vende: el crecimiento obsceno del narcotráfico, la persecución sistemática a los usuarios de drogas y cultivadores y la desasistencia sanitaria y social de las personas con problemas de consumo, para cerrar un círculo altamente vicioso que atascó los juzgados federales con causas a perejiles.
El proyecto consensuado deja de penalizar abiertamente la tenencia de drogas, por la que más de 8000 usuarios son detenidos todos los años y procesados hasta que demuestran que esa tenencia es para su consumo. En la nueva propuesta, se sostiene que toda tenencia de drogas es para consumo personal salvo que el fiscal o el juez, antes de detener a una persona y armarle una causa penal, demuestren que es para otro fin, como el comercio. Además, el proyecto dejaría de penar el consumo en la vía pública salvo que se esté induciendo a un menor de edad a consumir drogas. Por ende, la policía podrá interrumpir ese consumo y retener la sustancia (que continúa siendo ilegal), pero no detener a la persona. Y en lo que respecta al autocultivo de cannabis, los legisladores escucharon el reclamo masivo y decidieron dejar de penar la siembra de cannabis cuando no sea para vender. Es decir que los jueces no podrán allanar a un cultivador si no tienen pruebas de comercio.
El consenso que ya había adelantado el senador Aníbal Fernández –el primer funcionario en aceptar que era tiempo de cambiar hacia un modelo que descriminalizara al usuario y enfrentara realmente al narcotráfico– es, sobre todo, un acto de responsabilidad hacia un Estado que pretende avanzar en vías de una soberanía real. Despenalizar no es un capricho, es empezar a pensar políticas de drogas propias para nuestra realidad y objetivos como Nación, algo que una ley parida por el menemismo y la política de drogas estadounidense, claramente, no nos permitió.
En un país que ha hecho de la lucha por los Derechos Humanos una causa innegociable ya no se puede seguir violando los de un sector importante de la población.
