Lucas Poy tiene 30 años y es profesor de Historia. Se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2008 con un promedio de 9,66, el mejor de ese año, lo que le valió una medalla de la Academia Nacional de la Historia. Desde entonces, dicta clases en las facultades de Filosofía y Letras, y de Ciencias Sociales de la UBA. Sin embargo, nunca tuvo un sueldo. Nunca cobró por dedicarse a uno de los trabajos más dignos: educar. Sucede que, pese a ser una de las instituciones educativas más importantes de Latinoamérica, la UBA está cruzada por las desigualdades. El caso de Poy, como el de tantos otros docentes ad honorem –en latín, “por el honor”–, es una constante histórica en la UBA, que en las últimas semanas se sumó a la polémica decisión del Rectorado de cesantear a un grupo de profesores que cumplieron los 65 años, aun cuando la ley no lo permite (ver recuadro). Esta situación, junto al reiterado reclamo de los gremios para eliminar el trabajo gratuito al interior de las facultades, muestran la precaria situación laboral en la que se encuentran los docentes de la Universidad, tanto los más jóvenes como los que poseen mayor antigüedad y prestigio.
Tiempo Argentino pudo comprobar que cada autoridad de la cúpula universitaria –22 personas, entre rector, vicerrector, decanos y secretarios– percibe un promedio de 200 mil pesos anuales en concepto de salario, mientras unos 10 mil docentes –casi el 27% de los profesores– no cobran un peso por su trabajo.
El contraste surge de las últimas declaraciones juradas de las máximas autoridades de la UBA, solicitadas por este diario, donde se detallan sus remuneraciones de 2010: un monto global de
$ 4.586.521. En el caso de uno de los decanos, que no había presentado la documentación, se le asignó un monto promedio.
Dentro del Rectorado hay diez funcionarios jerárquicos, que en conjunto perciben 2 millones y medio de pesos al año. El rector Rubén Hallú, quien ocupa ese cargo desde diciembre de 2006, es el que más gana: $ 381.475 anuales. La lista no sigue con el vicerrector, Alberto Barbieri, que cobra
$ 277.562, sino con el denunciado José Luis Giusti, secretario de Hacienda, con $ 299.552, y 13 decanos más con salarios que suman dos millones de pesos al año.
Pero las aulas de la UBA no sólo están pobladas por profesores ad honorem, sino también por casi
10 mil docentes que cobran un salario diez veces menor que la cúpula, según datos de 2010 del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de los “ayudantes de primera con dedicación simple”, el escalafón más bajo, que por entonces eran 9218 en toda la universidad y apenas tenían un sueldo de $ 1759, contra los $ 17.406 promedio de las autoridades. Estos profesores y los ad honorem constituyen el 50% de todo el plantel docente.
“El mayor despropósito de estas cifras es que terminan formando una casta que se distancia de la situación real de los docentes. Esto no quiere decir que las autoridades deban cobrar menos, sino que hay una brecha muy desigual”, sostuvo Santiago Gándara, titular de la Asociación Gremial Docente (AGD), enfrentada a la actual conducción universitaria.
Tiempo se contactó con la UBA para conocer la postura del Rectorado, pero al cierre de este artículo no hubo una respuesta.
La desproporción se observa también en los montos presupuestarios globales de la casa de estudios. En el anteproyecto de Presupuesto de 2011, las autoridades pidieron al Estado Nacional
$ 894.425.600 para cubrir los sueldos de 27.205 profesores rentados, es decir, $ 2739 mensuales por docente. Al mismo tiempo, se solicitaron $ 58.421.207 para amortizar los salarios de 308 cargos jerárquicos, lo que significa $ 15.806 por funcionario. Esto supone que el pago mensual promedio de un profesor representa apenas el 17% del de una autoridad. Otro dato a tener en cuenta es que el aumento en los sueldos jerárquicos corre por fuera de las paritarias generales de los docentes. Lo establece el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todos los rectores del país. De esa forma, cada rectorado de cada universidad fija sus propias mejoras salariales.
En el caso de los ad honorem, no se cuenta con cifras actuales que detallen su situación, a pesar de que este año se realizó un censo. “Los datos están en procesamiento”, se excusaron en la UBA. Los únicos números oficiales datan de 2004, cuando representaban el 34,9% del total de cargos: unos 12.988 profesores. La mayoría se concentraban en las facultades de Medicina y Derecho. Muy diferente era la situación en el Rectorado, donde apenas el 0,1% de los empleados no cobraba salario. Ya en 2007, un informe parcial realizado por la AGD y el Rectorado mostró una fuerte alza. Según el documento, la Universidad tenía 21.981 ad honorem, de los cuales 9494 correspondían a Medicina.
Por esta razón, los gremios y las autoridades del Ministerio de Educación firmaron un acta de compromiso para rentar a todos los docentes no pagos de las distintas universidades nacionales. En una primera etapa, concluida en 2007, se logró que unas 2000 personas comenzaran a cobrar. Pero, según los dirigentes gremiales consultados, desde entonces no hubo avances significativos. “El programa se inició con una primera etapa, aunque nunca hubo segunda ni tercera”, denunció Néstor Correa, ex secretario general de AGD. En tanto, el titular de la Asociación Docentes de la UBA (ADUBA), Daniel Ricci, aseguró: “Fue positivo, pero el problema sigue sin resolverse. Las autoridades no han dado pasos para que la situación cambie.” Un ejemplo es el de Martín Trombetta, que en 2004 empezó a dar clases ad honorem en el CBC. En 2008, cambió de aulas: pasó a la Facultad de Ciencias Económicas, pero siguió sin cobrar.
Por otra parte, al no haber datos oficiales sobre el fenómeno, todas son aproximaciones. Para la AGD, hoy existen 15 mil casos de ad honorem, mientras que ADUBA estima entre seis y siete mil. El promedio de estas dos cifras arroja unos 10 mil trabajadores en esa situación. Para Gándara, “la raíz del problema es fundamentalmente presupuestaria”. En cambio, Pedro Sanllorenti, secretario adjunto de CONADU –un gremio más cercano al rector Hallú–, sostuvo: “Hay docentes que deciden tomar profesores ad honorem, y eso no es una decisión de un consejo académico. Así, tenemos la paradoja de que haya docentes que deciden la precarización de otros docentes.” El cálculo de Sanllorenti, a diferencia de todas las otras fuentes consultadas, es que sólo habría mil profesionales de la UBA que no cobran.
Pero, además de lo salarial, ¿qué otros perjuicios acarrea esta condición? Lucas Poy, con sus cuatro años de experiencia como profesor no rentado de Historia, los detalla: “No tenemos jubilación. No hay antigüedad. Si queremos pedir un crédito, no podemos. Para presentarnos a concurso en otras universidades, el cargo no cuenta o cuenta menos. No entramos en el sistema de incentivos del Ministerio de Educación y no tenemos obra social. Tampoco tenemos ART.”
Esa es la realidad que viven los docentes ad honorem de la UBA, en su mayoría, jóvenes educadores que en época de exámenes trabajan incansablemente para sostener el funcionamiento de las cátedras. Por eso, hasta que el problema no sea resuelto, las aulas estarán llenas de profesores que tienen el “honor” de trabajar gratis. <
La jubilación forzada de los profesores
La Ley Nº 26.508, sancionada en 2009, establece que los docentes universitarios, al llegar a los 65 años, pueden jubilarse o, en cambio, optar por continuar en sus funciones durante un lustro, con el fin de completar el tiempo de servicio necesario para acceder al 82% móvil. La norma rige para todas las altas casas de estudio del país. Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) es la única que no la cumple.
El año pasado, el Consejo Superior de la institución emitió la Resolución Nº 2067, dejando fuera de esta legislación a ciertos casos: profesores interinos y regulares con concursos vencidos. Es una masa de entre 700 y 1000 trabajadores, según denunciaron los tres gremios con representación entre los docentes de la UBA.
En marzo pasado, el Rectorado planteó el cesanteo de todos los profesionales de 65 años. Ahora, luego de las muestras generalizadas de rechazo, se comprometió a que cada facultad eleve un listado de los docentes que quieren seguir trabajando, aunque sólo por un año.
“Se hace abandono de persona de miles de colegas, se destruyen cátedras, equipos de investigación y saberes irremplazables. Es una resolución ilegal y arbitraria por donde se la mire”, sostuvo Santiago Gándara, titular de Asociación Gremial Docente (AGD). Por su parte, las autoridades de la UBA adujeron que el derecho otorgado por la ley “violenta la autonomía universitaria”. Para el rector Rubén Hallú, “lo marca el estatuto desde el año ’58, no es nada nuevo”.
El gremio ADUBA ya presentó ante la justicia un pedido de inconstitucionalidad para la reglamentación de la UBA. “Entendemos que el derecho que otorgó el Congreso tiene que ser tanto para docentes interinos como regulares”, reclamó el secretario general de ADUBA, Daniel Ricci.
El 22 de marzo último, el incumplimiento de las autoridades universitarias decantó en un paro con alto grado de adhesión. Por el momento, los gremios lograron frenar el retiro de muchos docentes. Pero será la justicia, finalmente, la que dirima el conflicto.
Números
La cúpula de la Universidad se compone de 22 altos cargos, cada uno de ellos con un sueldo promedio de $ 200 mil anuales. En total, son casi $ 4,6 millones.
No existen datos oficiales sobre docentes ad honorem. Según los gremios consultados, hay 10 mil profesionales en esa situación, es decir, casi el 27% del plantel de profesores.
Estos trabajadores, además de no tener un salario, tampoco perciben aportes jubilatorios, no tienen antigüedad, obra social ni ART.
En 2011, 308 autoridades de la UBA tuvieron sueldos 17 veces más altos que los 27.205 profesores rentados. De ellos, 9218 cobraron $ 1759 por mes.
Sin datos oficiales- Censo 2012
Si bien este año la UBA censó a sus docentes, aún no están disponibles los resultados.
Denuncia – José Luis Giusti
El 21 de agosto de 2011, Tiempo Argentino publicó la denuncia de un empresario de la construcción sobre supuestas irregularidades en la UBA por la contratación de obras millonarias. La acusación apuntó al secretario de Hacienda, José Luis Giusti.
Tiempo Argentino pudo comprobar que cada autoridad de la cúpula universitaria –22 personas, entre rector, vicerrector, decanos y secretarios– percibe un promedio de 200 mil pesos anuales en concepto de salario, mientras unos 10 mil docentes –casi el 27% de los profesores– no cobran un peso por su trabajo.
El contraste surge de las últimas declaraciones juradas de las máximas autoridades de la UBA, solicitadas por este diario, donde se detallan sus remuneraciones de 2010: un monto global de
$ 4.586.521. En el caso de uno de los decanos, que no había presentado la documentación, se le asignó un monto promedio.
Dentro del Rectorado hay diez funcionarios jerárquicos, que en conjunto perciben 2 millones y medio de pesos al año. El rector Rubén Hallú, quien ocupa ese cargo desde diciembre de 2006, es el que más gana: $ 381.475 anuales. La lista no sigue con el vicerrector, Alberto Barbieri, que cobra
$ 277.562, sino con el denunciado José Luis Giusti, secretario de Hacienda, con $ 299.552, y 13 decanos más con salarios que suman dos millones de pesos al año.
Pero las aulas de la UBA no sólo están pobladas por profesores ad honorem, sino también por casi
10 mil docentes que cobran un salario diez veces menor que la cúpula, según datos de 2010 del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de los “ayudantes de primera con dedicación simple”, el escalafón más bajo, que por entonces eran 9218 en toda la universidad y apenas tenían un sueldo de $ 1759, contra los $ 17.406 promedio de las autoridades. Estos profesores y los ad honorem constituyen el 50% de todo el plantel docente.
“El mayor despropósito de estas cifras es que terminan formando una casta que se distancia de la situación real de los docentes. Esto no quiere decir que las autoridades deban cobrar menos, sino que hay una brecha muy desigual”, sostuvo Santiago Gándara, titular de la Asociación Gremial Docente (AGD), enfrentada a la actual conducción universitaria.
Tiempo se contactó con la UBA para conocer la postura del Rectorado, pero al cierre de este artículo no hubo una respuesta.
La desproporción se observa también en los montos presupuestarios globales de la casa de estudios. En el anteproyecto de Presupuesto de 2011, las autoridades pidieron al Estado Nacional
$ 894.425.600 para cubrir los sueldos de 27.205 profesores rentados, es decir, $ 2739 mensuales por docente. Al mismo tiempo, se solicitaron $ 58.421.207 para amortizar los salarios de 308 cargos jerárquicos, lo que significa $ 15.806 por funcionario. Esto supone que el pago mensual promedio de un profesor representa apenas el 17% del de una autoridad. Otro dato a tener en cuenta es que el aumento en los sueldos jerárquicos corre por fuera de las paritarias generales de los docentes. Lo establece el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todos los rectores del país. De esa forma, cada rectorado de cada universidad fija sus propias mejoras salariales.
En el caso de los ad honorem, no se cuenta con cifras actuales que detallen su situación, a pesar de que este año se realizó un censo. “Los datos están en procesamiento”, se excusaron en la UBA. Los únicos números oficiales datan de 2004, cuando representaban el 34,9% del total de cargos: unos 12.988 profesores. La mayoría se concentraban en las facultades de Medicina y Derecho. Muy diferente era la situación en el Rectorado, donde apenas el 0,1% de los empleados no cobraba salario. Ya en 2007, un informe parcial realizado por la AGD y el Rectorado mostró una fuerte alza. Según el documento, la Universidad tenía 21.981 ad honorem, de los cuales 9494 correspondían a Medicina.
Por esta razón, los gremios y las autoridades del Ministerio de Educación firmaron un acta de compromiso para rentar a todos los docentes no pagos de las distintas universidades nacionales. En una primera etapa, concluida en 2007, se logró que unas 2000 personas comenzaran a cobrar. Pero, según los dirigentes gremiales consultados, desde entonces no hubo avances significativos. “El programa se inició con una primera etapa, aunque nunca hubo segunda ni tercera”, denunció Néstor Correa, ex secretario general de AGD. En tanto, el titular de la Asociación Docentes de la UBA (ADUBA), Daniel Ricci, aseguró: “Fue positivo, pero el problema sigue sin resolverse. Las autoridades no han dado pasos para que la situación cambie.” Un ejemplo es el de Martín Trombetta, que en 2004 empezó a dar clases ad honorem en el CBC. En 2008, cambió de aulas: pasó a la Facultad de Ciencias Económicas, pero siguió sin cobrar.
Por otra parte, al no haber datos oficiales sobre el fenómeno, todas son aproximaciones. Para la AGD, hoy existen 15 mil casos de ad honorem, mientras que ADUBA estima entre seis y siete mil. El promedio de estas dos cifras arroja unos 10 mil trabajadores en esa situación. Para Gándara, “la raíz del problema es fundamentalmente presupuestaria”. En cambio, Pedro Sanllorenti, secretario adjunto de CONADU –un gremio más cercano al rector Hallú–, sostuvo: “Hay docentes que deciden tomar profesores ad honorem, y eso no es una decisión de un consejo académico. Así, tenemos la paradoja de que haya docentes que deciden la precarización de otros docentes.” El cálculo de Sanllorenti, a diferencia de todas las otras fuentes consultadas, es que sólo habría mil profesionales de la UBA que no cobran.
Pero, además de lo salarial, ¿qué otros perjuicios acarrea esta condición? Lucas Poy, con sus cuatro años de experiencia como profesor no rentado de Historia, los detalla: “No tenemos jubilación. No hay antigüedad. Si queremos pedir un crédito, no podemos. Para presentarnos a concurso en otras universidades, el cargo no cuenta o cuenta menos. No entramos en el sistema de incentivos del Ministerio de Educación y no tenemos obra social. Tampoco tenemos ART.”
Esa es la realidad que viven los docentes ad honorem de la UBA, en su mayoría, jóvenes educadores que en época de exámenes trabajan incansablemente para sostener el funcionamiento de las cátedras. Por eso, hasta que el problema no sea resuelto, las aulas estarán llenas de profesores que tienen el “honor” de trabajar gratis. <
La jubilación forzada de los profesores
La Ley Nº 26.508, sancionada en 2009, establece que los docentes universitarios, al llegar a los 65 años, pueden jubilarse o, en cambio, optar por continuar en sus funciones durante un lustro, con el fin de completar el tiempo de servicio necesario para acceder al 82% móvil. La norma rige para todas las altas casas de estudio del país. Sin embargo, la Universidad de Buenos Aires (UBA) es la única que no la cumple.
El año pasado, el Consejo Superior de la institución emitió la Resolución Nº 2067, dejando fuera de esta legislación a ciertos casos: profesores interinos y regulares con concursos vencidos. Es una masa de entre 700 y 1000 trabajadores, según denunciaron los tres gremios con representación entre los docentes de la UBA.
En marzo pasado, el Rectorado planteó el cesanteo de todos los profesionales de 65 años. Ahora, luego de las muestras generalizadas de rechazo, se comprometió a que cada facultad eleve un listado de los docentes que quieren seguir trabajando, aunque sólo por un año.
“Se hace abandono de persona de miles de colegas, se destruyen cátedras, equipos de investigación y saberes irremplazables. Es una resolución ilegal y arbitraria por donde se la mire”, sostuvo Santiago Gándara, titular de Asociación Gremial Docente (AGD). Por su parte, las autoridades de la UBA adujeron que el derecho otorgado por la ley “violenta la autonomía universitaria”. Para el rector Rubén Hallú, “lo marca el estatuto desde el año ’58, no es nada nuevo”.
El gremio ADUBA ya presentó ante la justicia un pedido de inconstitucionalidad para la reglamentación de la UBA. “Entendemos que el derecho que otorgó el Congreso tiene que ser tanto para docentes interinos como regulares”, reclamó el secretario general de ADUBA, Daniel Ricci.
El 22 de marzo último, el incumplimiento de las autoridades universitarias decantó en un paro con alto grado de adhesión. Por el momento, los gremios lograron frenar el retiro de muchos docentes. Pero será la justicia, finalmente, la que dirima el conflicto.
Números
La cúpula de la Universidad se compone de 22 altos cargos, cada uno de ellos con un sueldo promedio de $ 200 mil anuales. En total, son casi $ 4,6 millones.
No existen datos oficiales sobre docentes ad honorem. Según los gremios consultados, hay 10 mil profesionales en esa situación, es decir, casi el 27% del plantel de profesores.
Estos trabajadores, además de no tener un salario, tampoco perciben aportes jubilatorios, no tienen antigüedad, obra social ni ART.
En 2011, 308 autoridades de la UBA tuvieron sueldos 17 veces más altos que los 27.205 profesores rentados. De ellos, 9218 cobraron $ 1759 por mes.
Sin datos oficiales- Censo 2012
Si bien este año la UBA censó a sus docentes, aún no están disponibles los resultados.
Denuncia – José Luis Giusti
El 21 de agosto de 2011, Tiempo Argentino publicó la denuncia de un empresario de la construcción sobre supuestas irregularidades en la UBA por la contratación de obras millonarias. La acusación apuntó al secretario de Hacienda, José Luis Giusti.
