El martes pasado, Repsol acusó a la Argentina en los tribunales de Nueva York de haber expropiado YPF violando la ley y los estatutos de la empresa. La petrolera española fue acompañada en su demanda por otro accionista, Texas Yale Capital Corporation, una firma de asesoramiento financiero con sede en Spicewood, Texas.
La causa cayó en el juzgado de un argentinólogo: Thomas Griesa, el juez ante el que reclaman los tenedores de bonos en default.
«Además de buenos ingenieros, los petroleros debemos tener buenos abogados; a menudo nos toca reemplazar a unos por otros», suele decir Alejandro Bulgheroni. Repsol eligió el patrocinio de Davis Polk & Wardwell, uno de los estudios más importantes de Manhattan, que, además, está de moda: el flamante presidente de la Bar Association neoyorquina salió de su staff.
El argumento central de la petrolera es que Cristina Kirchner capturó el 51% de las acciones de YPF sin formular una oferta por el 100%, como se exigía a quien quisiera adquirir más del 15% del paquete. Ese requisito fue establecido por el propio Estado cuando privatizó la compañía y también figuraba en los estatutos societarios.
Repsol señala que esa cláusula prometía proteger a los inversores de YPF de lo que sucedió: una reestatización. Esa garantía, recuerda, fue reiterada cada vez que la empresa se financió en el mercado de capitales. Agrega que el representante del Gobierno en el directorio de YPF convalidó siempre ese criterio.
El segundo argumento de la demanda es que hasta fin de 2011 la Presidenta y sus colaboradores se cansaron de elogiar la conducta de YPF. El texto cita reuniones con bancos de inversión de noviembre pasado, en las que Julio De Vido habría sido un entusiasta defensor de la empresa.
La tercera acusación es que a partir del último enero el oficialismo se propuso destruir la acción de YPF. La presentación ante Griesa subraya declaraciones del gobernador de Chubut, Martín Buzzi, celebrando ese derrumbe. También acusa al Gobierno de haber filtrado datos negativos al diario Página 12, caracterizado como «portavoz de la administración».
Al final, Repsol y Texas Capital afirman que el Estado argentino actuó con «mala fe», una acusación recurrente en las sentencias de Griesa sobre la deuda impaga. El escrito remite a palabras de Axel Kicillof ante el Senado. Allí el viceministro sostuvo que el Estado sería tonto si respetara el estatuto de YPF ofreciendo una suma muy costosa por el 100% de las acciones.
Kicillof apeló entonces al «interés nacional», la excusa por la cual el Gobierno pasó por encima de los estatutos de la empresa. Sin embargo, los españoles aducen que es difícil demostrar que el interés de una nación está cifrado ya no en una actividad, ni siquiera en una empresa, sino en el patrimonio de un determinado accionista.
Desde el punto de vista político, los razonamientos de Repsol son menos costosos para el kirchnerismo que para la oposición que acompañó la captura de YPF dejando pasar las transgresiones legales.
La presentación ante Griesa forma parte de una profunda ruptura entre España y la Argentina. Nunca hubo entre los dos países una distancia tan inmensa como la de ahora. Un indicio: el rey Juan Carlos realizará una gira por América latina para preparar la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Cádiz en noviembre (y también para ver si recompone un poco su castigada imagen). En junio estará en Brasil. Pero no tiene pensado visitar Buenos Aires.
En Madrid los diplomáticos se preguntan si la Presidenta ha abierto un conflicto con Repsol o con España. La incógnita se activó con la multa aplicada a Telefónica por un apagón de Movistar que la Justicia había atribuido a un sabotaje. En la Moncloa preferirían que la señora de Kirchner no asistiera a la cumbre de Cádiz, para no forzar gestos amigables que caerían mal en la opinión pública peninsular.
A la Presidenta tal vez le importe poco. La peripecia que desembocó en la estatización de YPF demostró que su único límite es Brasil. Lógico: del banco de desarrollo de ese país proviene el principal financiamiento a sus proyectos energéticos. Tampoco sobre esta orientación monovalente de la política exterior la oposición abre la boca.
Los españoles no consiguen reponerse de un golpe que ni los Eskenazi, expertos en mercados regulados, previeron. En efecto, el 27 de diciembre pasado, la Presidenta despidió de su despacho a Sebastián Eskenazi con un «a vos no te recibo nunca más». Días después, reunidos en Punta del Este, los Eskenazi concluyeron que el Gobierno podría romper con ellos, pero jamás con Repsol. Hoy pagan ese error. No sólo entrarán en cesación de pagos. En el Banco Central hay directores que ofrecen en el mercado los bancos provinciales de Eskenazi.
Además del nuevo pleito en lo de Griesa, es muy probable que Cristina Kirchner deba resignarse a que YPF deje de cotizar en la Bolsa de Nueva York. De Vido, cuyo mandato como interventor de la empresa fue prorrogado por otros treinta días, lo advirtió en un strip tease ante la SEC, sobre el que informó este diario el viernes pasado.
La autocrítica de De Vido revela hasta qué punto los funcionarios menosprecian a la opinión pública local -se podría decir, «al pueblo»- con ocultamientos y medias razones que son insostenibles a la hora de estampar la propia firma en declaraciones juradas ante organismos extranjeros. De Vido está inquieto con la operación YPF. Sobre todo desde que el catalán Antonio Brufau, como si le leyera la mano, vaticinó: «Un día no estarás más en el cargo, pero deberás responder en los tribunales por lo que estás haciendo». Una versión de fuente inmejorable indica que De Vido, hace no más de 60 días, pidió a la Presidenta autorización para abandonar el Gobierno. La respuesta habría sido: «De acá te vas preso o muerto».
Más allá de las habladurías, las autoincriminaciones de De Vido ante la SEC no sólo benefician a Repsol en lo de Griesa. También perjudican a Miguel Galuccio, el CEO de YPF. Sustraída del control de la SEC, YPF estará más expuesta a ser politizada.
Esa politización no se refiere a la anécdota de cuántos militantes de La Cámpora ingresaron en la empresa. En ese campo Galuccio tiene bastante autonomía. Consiguió reemplazar a Exequiel Espinosa por Juan Martín Gandolfo, otro ex Schlumberger, en Exploración y Producción; en Planificación ubicó a Fernando Giliberti, un ex Pride, y retuvo a Carlos Colo a cargo de Contratos. Hasta ahora De Vido sólo le vetó dos candidatos.
Las verdaderas restricciones del kirchnerismo a Galuccio son más inflexibles: se las impone la política económica, como a cualquier otro empresario. En busca de socios tecnológicos, el CEO de YPF lanzó licitaciones de servicios por tres o cuatro años. Pero en las empresas predomina el miedo a terminar como el propio Galuccio: la semana pasada tuvo que mendigar ante Débora Giorgi y Guillermo Moreno por unos carreteles de acero retenidos en el puerto.
Para la operación financiera, hasta ahora a cargo de Kicillof, Galuccio intentó seducir, sin éxito, al ex gerente general de una telefónica. Los bancos han restringido el crédito de corto plazo. Y, si YPF deja de cotizar en Nueva York, será más complicado financiarse o emitir deuda.
Las grandes petroleras también están retraídas para entrar en los negocios que les ofrece el nuevo CEO. Temen no poder repatriar dividendos o que, por el mismo interés nacional que puso a Galuccio al frente de la empresa, les cambien las condiciones del contrato de la noche a la mañana. Un detalle: muchos ejecutivos del sector se sienten perjudicados porque ellos mismos habían comprado acciones de YPF, atraídos por los altos dividendos que pagaba ese papel.
La dinámica económica tampoco ayuda. El aumento de los costos en dólares amenaza con devorar la rentabilidad del sector en sólo dos años. Es la razón por la que Galuccio no habla de salarios, sino de productividad.
El nuevo CEO pretende rejuvenecer los pozos maduros de YPF y explotar los recursos no convencionales de Vaca Muerta, la gran formación de roca madre de Neuquén. El jueves pasado visitó esa provincia, a la que volverá esta semana para asistir a una presentación del gobernador Jorge Sapag y del presidente de la empresa provincial de petróleo y gas, Rubén Etcheverry. Sapag y Etcheverry lanzarán un plan para convertir a Neuquén en un cluster energético, sobre el modelo de lo que ha sido Silicon Valley para la electrónica.
Si el petróleo y el gas no convencionales de aquella geología se desarrollaran -dicen los expertos-, la Argentina volvería a autoabastecerse de hidrocarburos en menos de una década. Pero ese objetivo demandaría perforar mil pozos por año, no unos pocos como ahora. Harían falta, para esa meta, inversiones anuales de US$ 10.000 millones. Es decir, haría falta otra política energética. Son coordenadas muy distintas de las que en estos días encierran a Galuccio..
La causa cayó en el juzgado de un argentinólogo: Thomas Griesa, el juez ante el que reclaman los tenedores de bonos en default.
«Además de buenos ingenieros, los petroleros debemos tener buenos abogados; a menudo nos toca reemplazar a unos por otros», suele decir Alejandro Bulgheroni. Repsol eligió el patrocinio de Davis Polk & Wardwell, uno de los estudios más importantes de Manhattan, que, además, está de moda: el flamante presidente de la Bar Association neoyorquina salió de su staff.
El argumento central de la petrolera es que Cristina Kirchner capturó el 51% de las acciones de YPF sin formular una oferta por el 100%, como se exigía a quien quisiera adquirir más del 15% del paquete. Ese requisito fue establecido por el propio Estado cuando privatizó la compañía y también figuraba en los estatutos societarios.
Repsol señala que esa cláusula prometía proteger a los inversores de YPF de lo que sucedió: una reestatización. Esa garantía, recuerda, fue reiterada cada vez que la empresa se financió en el mercado de capitales. Agrega que el representante del Gobierno en el directorio de YPF convalidó siempre ese criterio.
El segundo argumento de la demanda es que hasta fin de 2011 la Presidenta y sus colaboradores se cansaron de elogiar la conducta de YPF. El texto cita reuniones con bancos de inversión de noviembre pasado, en las que Julio De Vido habría sido un entusiasta defensor de la empresa.
La tercera acusación es que a partir del último enero el oficialismo se propuso destruir la acción de YPF. La presentación ante Griesa subraya declaraciones del gobernador de Chubut, Martín Buzzi, celebrando ese derrumbe. También acusa al Gobierno de haber filtrado datos negativos al diario Página 12, caracterizado como «portavoz de la administración».
Al final, Repsol y Texas Capital afirman que el Estado argentino actuó con «mala fe», una acusación recurrente en las sentencias de Griesa sobre la deuda impaga. El escrito remite a palabras de Axel Kicillof ante el Senado. Allí el viceministro sostuvo que el Estado sería tonto si respetara el estatuto de YPF ofreciendo una suma muy costosa por el 100% de las acciones.
Kicillof apeló entonces al «interés nacional», la excusa por la cual el Gobierno pasó por encima de los estatutos de la empresa. Sin embargo, los españoles aducen que es difícil demostrar que el interés de una nación está cifrado ya no en una actividad, ni siquiera en una empresa, sino en el patrimonio de un determinado accionista.
Desde el punto de vista político, los razonamientos de Repsol son menos costosos para el kirchnerismo que para la oposición que acompañó la captura de YPF dejando pasar las transgresiones legales.
La presentación ante Griesa forma parte de una profunda ruptura entre España y la Argentina. Nunca hubo entre los dos países una distancia tan inmensa como la de ahora. Un indicio: el rey Juan Carlos realizará una gira por América latina para preparar la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Cádiz en noviembre (y también para ver si recompone un poco su castigada imagen). En junio estará en Brasil. Pero no tiene pensado visitar Buenos Aires.
En Madrid los diplomáticos se preguntan si la Presidenta ha abierto un conflicto con Repsol o con España. La incógnita se activó con la multa aplicada a Telefónica por un apagón de Movistar que la Justicia había atribuido a un sabotaje. En la Moncloa preferirían que la señora de Kirchner no asistiera a la cumbre de Cádiz, para no forzar gestos amigables que caerían mal en la opinión pública peninsular.
A la Presidenta tal vez le importe poco. La peripecia que desembocó en la estatización de YPF demostró que su único límite es Brasil. Lógico: del banco de desarrollo de ese país proviene el principal financiamiento a sus proyectos energéticos. Tampoco sobre esta orientación monovalente de la política exterior la oposición abre la boca.
Los españoles no consiguen reponerse de un golpe que ni los Eskenazi, expertos en mercados regulados, previeron. En efecto, el 27 de diciembre pasado, la Presidenta despidió de su despacho a Sebastián Eskenazi con un «a vos no te recibo nunca más». Días después, reunidos en Punta del Este, los Eskenazi concluyeron que el Gobierno podría romper con ellos, pero jamás con Repsol. Hoy pagan ese error. No sólo entrarán en cesación de pagos. En el Banco Central hay directores que ofrecen en el mercado los bancos provinciales de Eskenazi.
Además del nuevo pleito en lo de Griesa, es muy probable que Cristina Kirchner deba resignarse a que YPF deje de cotizar en la Bolsa de Nueva York. De Vido, cuyo mandato como interventor de la empresa fue prorrogado por otros treinta días, lo advirtió en un strip tease ante la SEC, sobre el que informó este diario el viernes pasado.
La autocrítica de De Vido revela hasta qué punto los funcionarios menosprecian a la opinión pública local -se podría decir, «al pueblo»- con ocultamientos y medias razones que son insostenibles a la hora de estampar la propia firma en declaraciones juradas ante organismos extranjeros. De Vido está inquieto con la operación YPF. Sobre todo desde que el catalán Antonio Brufau, como si le leyera la mano, vaticinó: «Un día no estarás más en el cargo, pero deberás responder en los tribunales por lo que estás haciendo». Una versión de fuente inmejorable indica que De Vido, hace no más de 60 días, pidió a la Presidenta autorización para abandonar el Gobierno. La respuesta habría sido: «De acá te vas preso o muerto».
Más allá de las habladurías, las autoincriminaciones de De Vido ante la SEC no sólo benefician a Repsol en lo de Griesa. También perjudican a Miguel Galuccio, el CEO de YPF. Sustraída del control de la SEC, YPF estará más expuesta a ser politizada.
Esa politización no se refiere a la anécdota de cuántos militantes de La Cámpora ingresaron en la empresa. En ese campo Galuccio tiene bastante autonomía. Consiguió reemplazar a Exequiel Espinosa por Juan Martín Gandolfo, otro ex Schlumberger, en Exploración y Producción; en Planificación ubicó a Fernando Giliberti, un ex Pride, y retuvo a Carlos Colo a cargo de Contratos. Hasta ahora De Vido sólo le vetó dos candidatos.
Las verdaderas restricciones del kirchnerismo a Galuccio son más inflexibles: se las impone la política económica, como a cualquier otro empresario. En busca de socios tecnológicos, el CEO de YPF lanzó licitaciones de servicios por tres o cuatro años. Pero en las empresas predomina el miedo a terminar como el propio Galuccio: la semana pasada tuvo que mendigar ante Débora Giorgi y Guillermo Moreno por unos carreteles de acero retenidos en el puerto.
Para la operación financiera, hasta ahora a cargo de Kicillof, Galuccio intentó seducir, sin éxito, al ex gerente general de una telefónica. Los bancos han restringido el crédito de corto plazo. Y, si YPF deja de cotizar en Nueva York, será más complicado financiarse o emitir deuda.
Las grandes petroleras también están retraídas para entrar en los negocios que les ofrece el nuevo CEO. Temen no poder repatriar dividendos o que, por el mismo interés nacional que puso a Galuccio al frente de la empresa, les cambien las condiciones del contrato de la noche a la mañana. Un detalle: muchos ejecutivos del sector se sienten perjudicados porque ellos mismos habían comprado acciones de YPF, atraídos por los altos dividendos que pagaba ese papel.
La dinámica económica tampoco ayuda. El aumento de los costos en dólares amenaza con devorar la rentabilidad del sector en sólo dos años. Es la razón por la que Galuccio no habla de salarios, sino de productividad.
El nuevo CEO pretende rejuvenecer los pozos maduros de YPF y explotar los recursos no convencionales de Vaca Muerta, la gran formación de roca madre de Neuquén. El jueves pasado visitó esa provincia, a la que volverá esta semana para asistir a una presentación del gobernador Jorge Sapag y del presidente de la empresa provincial de petróleo y gas, Rubén Etcheverry. Sapag y Etcheverry lanzarán un plan para convertir a Neuquén en un cluster energético, sobre el modelo de lo que ha sido Silicon Valley para la electrónica.
Si el petróleo y el gas no convencionales de aquella geología se desarrollaran -dicen los expertos-, la Argentina volvería a autoabastecerse de hidrocarburos en menos de una década. Pero ese objetivo demandaría perforar mil pozos por año, no unos pocos como ahora. Harían falta, para esa meta, inversiones anuales de US$ 10.000 millones. Es decir, haría falta otra política energética. Son coordenadas muy distintas de las que en estos días encierran a Galuccio..
