La citación a indagatoria del presidente y de un ex gerente general de Ledesma SA, una de las empresas argentinas más antiguas e importantes, ha conferido notoriedad a este nuevo frente de acción judicial por los hechos de violencia ocurridos en los años 70. La acusación es la de haber presuntamente prestado colaboración a fuerzas policiales en redadas en cercanías de la planta industrial jujeña, que implicaron el apresamiento, la tortura y, en algunos casos, la desaparición o la muerte de personas. La citación comprendió a dos directivos que pueden no haber participado directamente en los episodios, pero a quienes se supone responsables por su posición en la compañía.
La presión política sobre la Justicia de ciertos sectores del oficialismo para que condene a dirigentes empresarios en casos referidos a la violencia de los setenta ha crecido enormemente. A esa presión suman su voz varias organizaciones de derechos humanos y otros grupos de activistas. En el caso de Ledesma, la agrupación local Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, ha mostrado un particular empeño en lograr condenas.
En forma paralela, con el liderazgo de Axel Kicillof; la coordinación de Esteban Kiper, del Centro de Estudios Políticos de La Cámpora, y la participación de Juan Manuel Vázquez Blanco (USAM, Conicet), se ha desarrollado una investigación sobre supuestos delitos económicos que podrían haberse cometido entre 1976 y 1983. También fue creado, en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores, un grupo que trabaja con idénticos objetivos.
Desde 2010 funciona la Dirección de Delitos Económicos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora se propone crear la Secretaría de Delitos Económicos, para que continúe sistemáticamente con estas indagaciones.
Existe una lista que abarca a varias empresas y a sus directivos, entre las que se encuentran Loma Negra, Ledesma, Ford, Mercedes-Benz, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Perez Companc, Alpargatas, Celulosa, Socma y el Banco de Italia. Son empresas que tuvieron muertos o desaparecidos entre su personal. Se ha hecho saber que se las investigará para esclarecer si en su momento sus directivos elaboraron listas que hicieran llegar a las autoridades policiales o militares. Esta nueva avanzada se relaciona con la intención de sectores radicalizados del entorno de la Presidenta de hacer llegar la acción punitiva a los funcionarios civiles del Proceso y a los líderes empresarios o intelectuales que le hubieran manifestado oportunamente su adhesión. También se estaría investigando si las medidas aplicadas desde el Banco Central por Domingo Cavallo, en 1982, generaron beneficios exagerados a grupos económicos fuertemente endeudados. Al mismo tiempo, se pretende analizar la conducta de directores de empresas estatales durante el gobierno militar.
Ninguna de estas iniciativas oficiales ni otras apuntan, sin embargo, a investigar la actuación violenta de las organizaciones armadas contra la sociedad civil. Debe recordarse que hubo durante los años setenta miles de víctimas civiles inocentes causadas por la acción terrorista y sus crímenes, entre ellas los asesinatos de directivos de empresas, jefes de personal y empleados administrativos. Era frecuente en aquellos años que empresas argentinas desplazaran sus administraciones centrales al Uruguay o al Brasil por temor a los ataques terroristas. Casi todos los atentados se planificaban con información elaborada internamente en las empresas por empleados que, en ciertos casos, eran miembros o adherentes de los grupos armados. No es extraño por lo tanto que en defensa de su personal se hubieran creado o contratado servicios de seguridad y que se hiciera algún grado de investigación dentro de su propio personal. Tampoco debería sorprender que las empresas compartieran esa información con las fuerzas de seguridad o con las Fuerzas Armadas, a las que un gobierno constitucional había encomendado oficialmente la tarea de enfrentar al terrorismo. Los excesos, las muertes y las desapariciones ilegales fueron conocidos en fecha muy posterior. Los funcionarios civiles del gobierno tampoco eran informados sobre las acciones y los procedimientos de la lucha antisubversiva. Es difícil, por lo tanto, poder emitir un juicio sobre estas situaciones antes de demostrar, más allá de toda duda razonable, el pleno conocimiento y la connivencia concreta y directa de los funcionarios civiles y de las empresas acusadas con los crímenes y delitos de la represión. Esto es, haber conocido y compartido inequívocamente el objetivo criminal de las conductas que conformaron las posteriores violaciones inhumanas. El marco de las amenazas, agresiones y ataques criminales sufridos los ponía necesariamente a la defensiva ante los grupos armados terroristas.
Las distintas comisiones y grupos que actualmente trabajan desde el Gobierno en la confección de listas de empresas y personas con el fin de llevarlas ante la Justicia condenan de antemano. Parecería que el objetivo perseguido es la venganza y el revanchismo. No la búsqueda sincera y objetiva de la verdad y la justicia. Para ello se demoniza a quienes promueven la reconciliación, se siembran sin descanso los resentimientos y se moviliza permanentemente a la opinión pública, al tiempo que hasta se transforman las acusaciones en verdades presuntamente incontrovertibles, que se predican incluso en escuelas, universidades y medios.
Los jueces y magistrados reciben esta fortísima carga, a la que se agregan manifestaciones, presiones y escraches en sus juzgados cada vez que deben realizar una indagatoria o dictar una sentencia. El grado de intimidación y acoso que existe sobre la Justicia es tan evidente como difícil de soportar. Ante él, la necesaria imparcialidad de los juzgadores puede ceder o claudicar frente al miedo. En un país que debería respetar el Estado de Derecho, esto no debería ocurrir. Por otro lado, la reciente extensión del juzgamiento de empresas y personas civiles demuestra la existencia de la misma asimetría y absoluta parcialidad que se ha venido aplicando en el juzgamiento de militares y policías por la violencia de los setenta..
La presión política sobre la Justicia de ciertos sectores del oficialismo para que condene a dirigentes empresarios en casos referidos a la violencia de los setenta ha crecido enormemente. A esa presión suman su voz varias organizaciones de derechos humanos y otros grupos de activistas. En el caso de Ledesma, la agrupación local Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, ha mostrado un particular empeño en lograr condenas.
En forma paralela, con el liderazgo de Axel Kicillof; la coordinación de Esteban Kiper, del Centro de Estudios Políticos de La Cámpora, y la participación de Juan Manuel Vázquez Blanco (USAM, Conicet), se ha desarrollado una investigación sobre supuestos delitos económicos que podrían haberse cometido entre 1976 y 1983. También fue creado, en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores, un grupo que trabaja con idénticos objetivos.
Desde 2010 funciona la Dirección de Delitos Económicos dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora se propone crear la Secretaría de Delitos Económicos, para que continúe sistemáticamente con estas indagaciones.
Existe una lista que abarca a varias empresas y a sus directivos, entre las que se encuentran Loma Negra, Ledesma, Ford, Mercedes-Benz, Acindar, Astarsa, Fiat, Tensa, Techint, Bridas, Perez Companc, Alpargatas, Celulosa, Socma y el Banco de Italia. Son empresas que tuvieron muertos o desaparecidos entre su personal. Se ha hecho saber que se las investigará para esclarecer si en su momento sus directivos elaboraron listas que hicieran llegar a las autoridades policiales o militares. Esta nueva avanzada se relaciona con la intención de sectores radicalizados del entorno de la Presidenta de hacer llegar la acción punitiva a los funcionarios civiles del Proceso y a los líderes empresarios o intelectuales que le hubieran manifestado oportunamente su adhesión. También se estaría investigando si las medidas aplicadas desde el Banco Central por Domingo Cavallo, en 1982, generaron beneficios exagerados a grupos económicos fuertemente endeudados. Al mismo tiempo, se pretende analizar la conducta de directores de empresas estatales durante el gobierno militar.
Ninguna de estas iniciativas oficiales ni otras apuntan, sin embargo, a investigar la actuación violenta de las organizaciones armadas contra la sociedad civil. Debe recordarse que hubo durante los años setenta miles de víctimas civiles inocentes causadas por la acción terrorista y sus crímenes, entre ellas los asesinatos de directivos de empresas, jefes de personal y empleados administrativos. Era frecuente en aquellos años que empresas argentinas desplazaran sus administraciones centrales al Uruguay o al Brasil por temor a los ataques terroristas. Casi todos los atentados se planificaban con información elaborada internamente en las empresas por empleados que, en ciertos casos, eran miembros o adherentes de los grupos armados. No es extraño por lo tanto que en defensa de su personal se hubieran creado o contratado servicios de seguridad y que se hiciera algún grado de investigación dentro de su propio personal. Tampoco debería sorprender que las empresas compartieran esa información con las fuerzas de seguridad o con las Fuerzas Armadas, a las que un gobierno constitucional había encomendado oficialmente la tarea de enfrentar al terrorismo. Los excesos, las muertes y las desapariciones ilegales fueron conocidos en fecha muy posterior. Los funcionarios civiles del gobierno tampoco eran informados sobre las acciones y los procedimientos de la lucha antisubversiva. Es difícil, por lo tanto, poder emitir un juicio sobre estas situaciones antes de demostrar, más allá de toda duda razonable, el pleno conocimiento y la connivencia concreta y directa de los funcionarios civiles y de las empresas acusadas con los crímenes y delitos de la represión. Esto es, haber conocido y compartido inequívocamente el objetivo criminal de las conductas que conformaron las posteriores violaciones inhumanas. El marco de las amenazas, agresiones y ataques criminales sufridos los ponía necesariamente a la defensiva ante los grupos armados terroristas.
Las distintas comisiones y grupos que actualmente trabajan desde el Gobierno en la confección de listas de empresas y personas con el fin de llevarlas ante la Justicia condenan de antemano. Parecería que el objetivo perseguido es la venganza y el revanchismo. No la búsqueda sincera y objetiva de la verdad y la justicia. Para ello se demoniza a quienes promueven la reconciliación, se siembran sin descanso los resentimientos y se moviliza permanentemente a la opinión pública, al tiempo que hasta se transforman las acusaciones en verdades presuntamente incontrovertibles, que se predican incluso en escuelas, universidades y medios.
Los jueces y magistrados reciben esta fortísima carga, a la que se agregan manifestaciones, presiones y escraches en sus juzgados cada vez que deben realizar una indagatoria o dictar una sentencia. El grado de intimidación y acoso que existe sobre la Justicia es tan evidente como difícil de soportar. Ante él, la necesaria imparcialidad de los juzgadores puede ceder o claudicar frente al miedo. En un país que debería respetar el Estado de Derecho, esto no debería ocurrir. Por otro lado, la reciente extensión del juzgamiento de empresas y personas civiles demuestra la existencia de la misma asimetría y absoluta parcialidad que se ha venido aplicando en el juzgamiento de militares y policías por la violencia de los setenta..
