Parecía una medida bien recibida por todos. Sólo algunos alumnos, según contó ayer Clarín , se quejaron porque además de estudiar en la UBA trabajan para poder sustentarse económicamente y entonces consideran que el trabajo solidario obligatorio se convertirá en una carga más. Pero ayer las críticas a la iniciativa oficial cobraron otro calibre. Los principales referentes políticos de los estudiantes universitarios porteños salieron a cruzarlo con munición gruesa.
La medida fue lanzada formalmente el lunes por el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallu (aunque había sido votada en 2010): dice que a partir de 2013 todos los estudiantes de esa casa de estudios deberán cumplir 40 horas de trabajo solidario en zonas vulnerables para poder obtener su título.
Alejandro Lipcovich, uno de los dos presidentes que tiene la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), le dijo a este diario que “están disfrazando de solidario el trabajo gratuito de los estudiantes. Es una idea que empezó con el menemismo y que en la era kirchnerista se intensificó como nunca antes”. Lipcovich, del Partido Obrero, fue contundente: “Rechazamos de plano esta medida y vamos a iniciar una campaña con movilizaciones y presentaciones para denunciar lo que está ocurriendo”.
Igal Kejsefman, el otro conductor de la FUBA –pertenece a la agrupación estudiantil La Mella– fue más puntual en las críticas: “No estamos en contra del espíritu de la iniciativa. Acordamos con que la UBA debe cumplir una función social, pero estamos en contra de la normativa. Nosotros en su momento exigimos que fuera más acotada y que el trabajo solidario sólo se pudiera cumplir en ONG’s y organizaciones sociales. En cambio, tal como fue aprobada, cabe la posibilidad de que los estudiantes tengan que ir a trabajar a cualquier empresa con fines de lucro que tenga convenio con la universidad para cubrir la pata de responsabilidad social de esas compañías”.
Hallu volvió a defender ayer la iniciativa: “Es una manera de devolverle a la sociedad algo de todo lo que nos da, especialmente en los sectores más vulnerables. Queremos que los estudiantes apliquen el conocimiento, a la vez aprender. Permitirá enriquecer la práctica universitaria con el contacto con el medio social y los sectores populares”, señaló a la agencia Télam. Aunque por el momento no aclaró cuál será el abanico de destinos a los que los estudiantes deberán concurrir.
Lipcovich opinó que “en vez de hacer trabajar gratis a los alumnos debería hacerlo el rector, que gana 400 mil pesos anuales, mientras 10.000 docentes de la UBA dan clases ad honorem”. Kejsefman puso una luz de alerta en que “no sean esos ayudantes de cátedra los que terminen como coordinadores de esos proyectos solidarios. Hallu tiene que decir de dónde saldrá el dinero para pagarles”.
La medida fue lanzada formalmente el lunes por el rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallu (aunque había sido votada en 2010): dice que a partir de 2013 todos los estudiantes de esa casa de estudios deberán cumplir 40 horas de trabajo solidario en zonas vulnerables para poder obtener su título.
Alejandro Lipcovich, uno de los dos presidentes que tiene la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), le dijo a este diario que “están disfrazando de solidario el trabajo gratuito de los estudiantes. Es una idea que empezó con el menemismo y que en la era kirchnerista se intensificó como nunca antes”. Lipcovich, del Partido Obrero, fue contundente: “Rechazamos de plano esta medida y vamos a iniciar una campaña con movilizaciones y presentaciones para denunciar lo que está ocurriendo”.
Igal Kejsefman, el otro conductor de la FUBA –pertenece a la agrupación estudiantil La Mella– fue más puntual en las críticas: “No estamos en contra del espíritu de la iniciativa. Acordamos con que la UBA debe cumplir una función social, pero estamos en contra de la normativa. Nosotros en su momento exigimos que fuera más acotada y que el trabajo solidario sólo se pudiera cumplir en ONG’s y organizaciones sociales. En cambio, tal como fue aprobada, cabe la posibilidad de que los estudiantes tengan que ir a trabajar a cualquier empresa con fines de lucro que tenga convenio con la universidad para cubrir la pata de responsabilidad social de esas compañías”.
Hallu volvió a defender ayer la iniciativa: “Es una manera de devolverle a la sociedad algo de todo lo que nos da, especialmente en los sectores más vulnerables. Queremos que los estudiantes apliquen el conocimiento, a la vez aprender. Permitirá enriquecer la práctica universitaria con el contacto con el medio social y los sectores populares”, señaló a la agencia Télam. Aunque por el momento no aclaró cuál será el abanico de destinos a los que los estudiantes deberán concurrir.
Lipcovich opinó que “en vez de hacer trabajar gratis a los alumnos debería hacerlo el rector, que gana 400 mil pesos anuales, mientras 10.000 docentes de la UBA dan clases ad honorem”. Kejsefman puso una luz de alerta en que “no sean esos ayudantes de cátedra los que terminen como coordinadores de esos proyectos solidarios. Hallu tiene que decir de dónde saldrá el dinero para pagarles”.
