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Festejos con muchas dudas en el Gobierno
Las evidencias de un Estado dominante
Después de casi 20 años de estimular la concentración del sistema de medios en el período 1989-2008, tres actores protagonistas de ese proceso digieren sus efectos: dos poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial) y un poder económico (el Grupo Clarín). La Corte Suprema tiende a percibirse equidistante de los otros dos, hoy antagonistas. Era esperable que emitiera un fallo para disponer un plazo límite para la medida cautelar sobre la aplicación del más sensible de los artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA).
Pero el texto de la Corte contiene pistas claras sobre el futuro de la disputa iniciada en 2008 que marca los tiempos de la política en el país. El fallo critica al Gobierno y a Clarín y, en una lectura pragmática, permite que ambos se aprovisionen para nuevas batallas.
Quien lea el fallo de ayer entenderá que las posibilidades de que el Grupo Clarín triunfe en su litigio contra la ley SCA se reducen. No obstante, salomónica, la Corte dedicó párrafos ácidos para el Gobierno por su modorra en la aplicación de la ley y compensa las malas nuevas para el multimedio con una fundamental: podrá ganar tiempo.
¿Para qué necesita Clarín ganar tiempo? Para llevar la definición final de su adecuación a la ley, es decir, los detalles de la desconcentración, lo más cerca posible de 2015, cuando, si el escenario de sucesores fuese el que hoy asoma, tendrá en el vestíbulo de la Casa Rosada a un presidente que evitará el conflicto con el principal grupo de medios. Ese plazo se hubiera acortado drásticamente si la Corte se hubiera expedido sobre la cuestión de fondo. Pero la Corte extiende la cautelar hasta diciembre y presagia nuevos fallos y apelaciones.
Sobre el futuro inmediato hay dos párrafos con gran sustancia, dedicados a cada uno de los contendientes: al Gobierno porque la Corte recuerda que para los demás operadores de medios audiovisuales el plazo de adecuación concluyó a fines de 2011, mientras que «la propia autoridad de aplicación no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones». Hay multimedios que superan también el límite de concentración regulado por la ley SCA, como los de Daniel Hadad/Cristóbal López, Vila-Manzano-De Narváez, o Garfunkel/Moneta, que eluden además otros artículos, como la prohibición de transferir licencias.
A Clarín la Corte le retruca que, lejos de dañar la «libertad de expresión», «la propia pretensión de los demandantes ubica la cuestión dentro del campo patrimonial», interpretación que resulta medular y que augura un mal desenlace para el Grupo Clarín, toda vez que el derecho patrimonial en mercados concentrados no puede invocarse como superior al interés general que supone la desconcentración. Sobre todo porque los magistrados añaden que «en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico»..
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Después de casi 20 años de estimular la concentración del sistema de medios en el período 1989-2008, tres actores protagonistas de ese proceso digieren sus efectos: dos poderes del Estado (Ejecutivo y Judicial) y un poder económico (el Grupo Clarín). La Corte Suprema tiende a percibirse equidistante de los otros dos, hoy antagonistas. Era esperable que emitiera un fallo para disponer un plazo límite para la medida cautelar sobre la aplicación del más sensible de los artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual (SCA).
Pero el texto de la Corte contiene pistas claras sobre el futuro de la disputa iniciada en 2008 que marca los tiempos de la política en el país. El fallo critica al Gobierno y a Clarín y, en una lectura pragmática, permite que ambos se aprovisionen para nuevas batallas.
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¿Para qué necesita Clarín ganar tiempo? Para llevar la definición final de su adecuación a la ley, es decir, los detalles de la desconcentración, lo más cerca posible de 2015, cuando, si el escenario de sucesores fuese el que hoy asoma, tendrá en el vestíbulo de la Casa Rosada a un presidente que evitará el conflicto con el principal grupo de medios. Ese plazo se hubiera acortado drásticamente si la Corte se hubiera expedido sobre la cuestión de fondo. Pero la Corte extiende la cautelar hasta diciembre y presagia nuevos fallos y apelaciones.
Sobre el futuro inmediato hay dos párrafos con gran sustancia, dedicados a cada uno de los contendientes: al Gobierno porque la Corte recuerda que para los demás operadores de medios audiovisuales el plazo de adecuación concluyó a fines de 2011, mientras que «la propia autoridad de aplicación no se ha mostrado demasiado apresurada en el proceso de implementación de la normativa en cuestión y ha prorrogado los plazos y suspendido las licitaciones». Hay multimedios que superan también el límite de concentración regulado por la ley SCA, como los de Daniel Hadad/Cristóbal López, Vila-Manzano-De Narváez, o Garfunkel/Moneta, que eluden además otros artículos, como la prohibición de transferir licencias.
A Clarín la Corte le retruca que, lejos de dañar la «libertad de expresión», «la propia pretensión de los demandantes ubica la cuestión dentro del campo patrimonial», interpretación que resulta medular y que augura un mal desenlace para el Grupo Clarín, toda vez que el derecho patrimonial en mercados concentrados no puede invocarse como superior al interés general que supone la desconcentración. Sobre todo porque los magistrados añaden que «en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico»..
