Un problema más grave que el fiscal

Luciana Díaz Frers Directora del Programa de Política Fiscal de CIPPEC
La situación fiscal no es la que era antes. En 2011, a pesar de que la economía todavía venía disfrutando de un alto crecimiento económico -casi un 9% real según datos oficiales-, los números fiscales a nivel nacional arrojaron un déficit financiero del 1,66% del Producto Bruto Interno (PBI). El superávit fiscal se consumió debido a que los gastos crecieron más rápido que los ingresos.
Concretamente, en 2011 el gasto corriente aumentó un 36,5% anual, mientras que los ingresos corrientes solo aumentaron un 24%. En un año de desaceleración económica como 2012 no es aconsejable una política fiscal contractiva, pero no haber ahorrado en años de alto crecimiento -sumado al hecho de que no hay acceso a los mercados internacionales- obliga al sector público a ajustar el gasto. De allí la justificada necesidad de recortar subsidios. Hasta aquí lo nacional. En el nivel provincial el panorama es en promedio peor, con algunas excepciones de provincias que sí ahorraron más durante los años de alto crecimiento.
En este contexto, hay algo más preocupante: acceder a información pública fiscal es cada vez más complejo. Por ejemplo, hasta fines de 2011, existía un sitio de internet para consultar la ejecución del presupuesto. La información se actualizaba aproximadamente cada dos semanas y permitía saber cuánto gastaba cada jurisdicción del gobierno nacional, en cada programa de gasto, e incluso su distribución geográfica. Se podía saber, por ejemplo, cuánto se había gastado en el Fondo de Incentivo Docente en cualquier provincia. Desde el 18 de diciembre de 2011, esa información dejó de actualizarse.
El gobierno nacional también hacía un importante esfuerzo por consolidar la información de los niveles nacional, provincial y municipal de gobierno. Pero desde marzo de 2011 ya no publica nueva información. Hasta hace poco se podía acceder a datos para el período 1980-2009. Desde esta semana, ya no están disponibles ni siquiera las series históricas.
La información que se publica sobre las provincias tiene algunos baches. Por ejemplo, no se publica la situación fiscal en el último trimestre de 2010, sí se publica la primera mitad de 2011, pero nada posterior a ese período. Eso dificulta analizar el cierre de cada año.
Adicionalmente, por una ‘revisión metodológica‘, ya no están disponibles los Boletines Estadísticos de la Seguridad Social. Estos informes trimestrales antes desplegados prolijamente en la web permitían conocer el gasto en jubilaciones y pensiones, los ingresos del sistema, los haberes mínimos y medios y otros temas relacionados. Ya no están más.
La ANSES también publicaba informes mensuales sobre el estado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el que concentra los ahorros traspasados desde las AFJP. Pero la última información publicada es de diciembre de 2011.
No es la única información faltante. Es conocida la intervención del Indec y la poca credibilidad del índice de precios al consumidor. Pero antes, ya había desaparecido la valiosa información que publicaba el Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (Siempro). Nunca se publicaron los datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de 2004/2005, que serviría para conocer los patrones de consumo de la población y reconstruir genuinamente el índice de precios al consumidor. Tampoco se dan a conocer los datos completos del Censo 2010, realizado hace más de un año y medio.
Este retroceso de la transparencia de la información es mucho más preocupante que el resultado fiscal. Los fondos públicos son públicos y por lo tanto requieren que el público los pueda conocer. De lo contrario, es mucho más posible que se transformen en fondos “privados”. Sobre todo en un contexto de crecimiento del sector público consolidado, que hasta 2011 alcanzaría un nivel récord en torno del 40% del PBI.
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