Este trabajo constituye una mirada de la actual problemática del dólar desde un no economista, es decir, una mirada política.
Para ello, debo partir del amplio marco de referencia que brinda la situación internacional. Frente a esta, el gobierno que iniciara Néstor Kirchner en 2003, tomó tres decisiones fundamentales. La primera, el desendeudamiento, tanto respecto de los acreedores privados con un canje que redujo el capital adeudado en alrededor de un 70%, como el pago anticipado al FMI, de modo de salir de su monitoreo permanente. La segunda fue la negativa de la región a integrar el ALCA, es decir, a ingresar orgánicamente al área de negocios de los EE UU. La tercera es la recuperación de los aportes previsionales, de modo de aplicarlos al estímulo de nuestro mercado interno.
El segundo marco de referencia está dado por el pleno control que ejerce el gobierno nacional sobre los fundamentos de nuestra economía: relación deuda-producto, superávit fiscal y comercial, tipo de cambio administrado, volumen de reservas, tasa de crecimiento, tasas de interés. Este concepto resulta central a la hora de analizar la solvencia con que el gobierno ha venido enfrentando los sucesivos intentos de golpes de mercado con que las corporaciones buscan desestabilizarlo. Un gobierno, que, además, no vacila en tocar los intereses que debe tocar, cada vez que una encrucijada lo obliga a elegir entre complacer a los mercados, o defender los intereses populares. En definitiva, se trata de un contexto general que le permite a la Argentina sustraerse a los efectos más devastadores de la crisis internacional.
No obstante, ninguna economía, por más pertrechada que se encuentre, podría permanecer inmune a la crisis en términos absolutos. La necesidad de las casas matrices en el exterior de que las sucursales argentinas les giren sus utilidades para sostenerlas frente a la crisis de Europa, altera el ritmo de reinversión en el país, propio de las etapas de normalidad. Si el desarrollo de la industria automotriz y de autopartes explica buena parte de nuestro crecimiento fabril, convengamos que en medio de esta crisis, los mercados compradores no renuevan su parque automotor con el mismo ritmo de las etapas normales. Y, por último, vemos cómo se retiran capitales de los mercados financieros de nuestras commodities, para dirigirse a comprar los alicaídos títulos públicos de los países en crisis, de modo de hacer grandes diferencias cuando dichas economías se recuperen.
Todo esto explica la necesidad de nuestro modelo de preservar por todos los medios posibles el stock de dólares que le permita sostener el manejo de las principales variables macroeconómicas. De aquí que las corporaciones opositoras vienen intentando, infructuosamente, sucesivos golpes de mercado como la disputa de Martín Redrado en el Banco Central, la sanción de la cínica ley del 82% móvil, el no votar el Presupuesto 2011, y la presente movida alrededor del dólar. El objetivo central de esos intentos es, a mi entender, presionar a la Argentina para que vuelva a endeudarse en el circuito financiero internacional.
A mi humilde entender, y no desde la economía, sino desde la política, en estos parámetros debe inscribirse la presente polémica por el tipo de cambio. Una polémica, que, para comenzar, involucra a muchos más argentinos y argentinas desde lo cultural, por lo que arrastramos como memoria histórica y reciente de inestabilidades y corridas, que por lo que realmente incide en nuestras economías cotidianas. Y los medios hegemónicos saben muy bien cómo explotar esos miedos tan arraigados.
Pero, ante el marco descripto, la brecha cambiaria no es un problema que ocupe la centralidad del momento económico. Primero, porque el mercado informal del dólar es extremadamente pequeño si se lo compara con el mercado regular, y, además, porque la brecha es un eje que instala el establishment para alarmar y confundir, es decir, una nueva intentona para conspirar y desestabilizar. De otro modo, no se explica que los mismos que hasta hace poco criticaban la ‘fuga de capitales’, hoy critican los controles impuestos para evitarla.
La aceleración del dólar ilegal cumple, además, el objetivo de los poderes financieros de marcar una referencia para una eventual devaluación del peso, que, tendría, desde mi punto de vista, dos consecuencias negativas. Una, para el gobierno, que es hacerlo salir de la política de flotación administrada, y otra para el salario de los trabajadores.
Daría la impresión, además, que el gobierno no busca disminuir la brecha, sino dejar correr la cotización del dólar ilegal, para encarecerlo tanto que pierda atractivo para sus eventuales compradores.
Lo que sí es cierto –una vez más– es que esta batalla cambiaria tiene un costado muy importante en revertir la cultura de las argentinas y argentinos, habituados a ahorrar en dólares. Contra lo cual, creo que ayudaría mucho si la compraventa de inmuebles y rodados se efectuara obligatoriamente en nuestra moneda nacional. Esto descomprimiría la presión sobre el dólar, y recuperaría el sentido de ahorrar en nuestra moneda, desde el momento que la moneda nacional constituye uno de los componentes principales de la soberanía de un país. <
Para ello, debo partir del amplio marco de referencia que brinda la situación internacional. Frente a esta, el gobierno que iniciara Néstor Kirchner en 2003, tomó tres decisiones fundamentales. La primera, el desendeudamiento, tanto respecto de los acreedores privados con un canje que redujo el capital adeudado en alrededor de un 70%, como el pago anticipado al FMI, de modo de salir de su monitoreo permanente. La segunda fue la negativa de la región a integrar el ALCA, es decir, a ingresar orgánicamente al área de negocios de los EE UU. La tercera es la recuperación de los aportes previsionales, de modo de aplicarlos al estímulo de nuestro mercado interno.
El segundo marco de referencia está dado por el pleno control que ejerce el gobierno nacional sobre los fundamentos de nuestra economía: relación deuda-producto, superávit fiscal y comercial, tipo de cambio administrado, volumen de reservas, tasa de crecimiento, tasas de interés. Este concepto resulta central a la hora de analizar la solvencia con que el gobierno ha venido enfrentando los sucesivos intentos de golpes de mercado con que las corporaciones buscan desestabilizarlo. Un gobierno, que, además, no vacila en tocar los intereses que debe tocar, cada vez que una encrucijada lo obliga a elegir entre complacer a los mercados, o defender los intereses populares. En definitiva, se trata de un contexto general que le permite a la Argentina sustraerse a los efectos más devastadores de la crisis internacional.
No obstante, ninguna economía, por más pertrechada que se encuentre, podría permanecer inmune a la crisis en términos absolutos. La necesidad de las casas matrices en el exterior de que las sucursales argentinas les giren sus utilidades para sostenerlas frente a la crisis de Europa, altera el ritmo de reinversión en el país, propio de las etapas de normalidad. Si el desarrollo de la industria automotriz y de autopartes explica buena parte de nuestro crecimiento fabril, convengamos que en medio de esta crisis, los mercados compradores no renuevan su parque automotor con el mismo ritmo de las etapas normales. Y, por último, vemos cómo se retiran capitales de los mercados financieros de nuestras commodities, para dirigirse a comprar los alicaídos títulos públicos de los países en crisis, de modo de hacer grandes diferencias cuando dichas economías se recuperen.
Todo esto explica la necesidad de nuestro modelo de preservar por todos los medios posibles el stock de dólares que le permita sostener el manejo de las principales variables macroeconómicas. De aquí que las corporaciones opositoras vienen intentando, infructuosamente, sucesivos golpes de mercado como la disputa de Martín Redrado en el Banco Central, la sanción de la cínica ley del 82% móvil, el no votar el Presupuesto 2011, y la presente movida alrededor del dólar. El objetivo central de esos intentos es, a mi entender, presionar a la Argentina para que vuelva a endeudarse en el circuito financiero internacional.
A mi humilde entender, y no desde la economía, sino desde la política, en estos parámetros debe inscribirse la presente polémica por el tipo de cambio. Una polémica, que, para comenzar, involucra a muchos más argentinos y argentinas desde lo cultural, por lo que arrastramos como memoria histórica y reciente de inestabilidades y corridas, que por lo que realmente incide en nuestras economías cotidianas. Y los medios hegemónicos saben muy bien cómo explotar esos miedos tan arraigados.
Pero, ante el marco descripto, la brecha cambiaria no es un problema que ocupe la centralidad del momento económico. Primero, porque el mercado informal del dólar es extremadamente pequeño si se lo compara con el mercado regular, y, además, porque la brecha es un eje que instala el establishment para alarmar y confundir, es decir, una nueva intentona para conspirar y desestabilizar. De otro modo, no se explica que los mismos que hasta hace poco criticaban la ‘fuga de capitales’, hoy critican los controles impuestos para evitarla.
La aceleración del dólar ilegal cumple, además, el objetivo de los poderes financieros de marcar una referencia para una eventual devaluación del peso, que, tendría, desde mi punto de vista, dos consecuencias negativas. Una, para el gobierno, que es hacerlo salir de la política de flotación administrada, y otra para el salario de los trabajadores.
Daría la impresión, además, que el gobierno no busca disminuir la brecha, sino dejar correr la cotización del dólar ilegal, para encarecerlo tanto que pierda atractivo para sus eventuales compradores.
Lo que sí es cierto –una vez más– es que esta batalla cambiaria tiene un costado muy importante en revertir la cultura de las argentinas y argentinos, habituados a ahorrar en dólares. Contra lo cual, creo que ayudaría mucho si la compraventa de inmuebles y rodados se efectuara obligatoriamente en nuestra moneda nacional. Esto descomprimiría la presión sobre el dólar, y recuperaría el sentido de ahorrar en nuestra moneda, desde el momento que la moneda nacional constituye uno de los componentes principales de la soberanía de un país. <
