La mayor preocupación de los argentinos –sin dudas, y desde los ciudadanos de a pie hasta los que toman las grandes decisiones– es la marcha de la economía. Hay incertidumbre y todas las miradas apuntan a preguntarse qué tanta importancia tiene la cuestión del dólar paralelo o su contrario; o sea, la decisión del gobierno de fortalecer el peso nacional. Una observación, de un periodista no especializado en economía como quien escribe estas líneas: si se devaluara el peso, muchos precios internos crecerían de modo automático. Esto es, la decisión oficial de no ceder ante las presiones de quienes quieren depreciar el peso ayuda a evitar el impacto inflacionario. Sin embargo, muchos precios crecieron de manera notable en los últimos meses. Por dar un solo ejemplo, muy argentino, a principios de diciembre pasado, la política de precios sostenía que se iba a poder conseguir el kilo de asado a 20 pesos. Hoy, el precio de supermercados Coto es de 43,90 pesos por kilo. Casi diez dólares. Y acá la asociación con el dólar no es por colonizado cultural sino que, históricamente, la carne argentina tiene sus precios internos asociados a los precios de exportación. Es decir que cualquier devaluación presionaría en el precio de la carne. Lo mismo sucedería con muchos otros productos de consumo popular.
Todo indica que el gobierno no va a desdoblar el mercado cambiario por lo cual, es lógico entender el reclamo de algunos exportadores que piden una paridad más competitiva; o sea, los estímulos deberían llegar por vía fiscal o financiera. O sea, reducción de impuestos y, sobre todo, líneas de crédito subsidiadas. Si bien la presidenta dio algunas señales en este sentido y la ministra de Industria dispone de un fondo para créditos pyme, la situación de restricción del dólar parece generar algunas dudas extras respecto de los problemas económicos que implican a todos los argentinos. Es cierto que se han hecho cosas. Concretamente, los créditos del Bicentenario tuvieron plazos y tasas muy generosos. Claro que 2011 no sólo fue un año electoral si no que tuvo un clima económico despejado. En la Argentina y, en general, en el mundo. Además de un crecimiento del 9% del PIB, la inversión sobre el producto llegó al 24%, un nivel histórico. Se daba con un mercado interno potente y un nivel de financiamiento adecuado. El gran problema es que, salvo los créditos otorgados por líneas especiales, la banca privada tiene la mitad de su cartera de créditos destinados al consumo inmediato: automóviles y bienes durables. Bancos con mucha liquidez, sin una normativa estricta (todavía rige la ley de la última dictadura), altísimos costos de intermediación (sobre todo cuando se trata del negocio de las tarjetas de crédito, que les agregan tasas usurarias), dentro de un mercado de préstamos pequeño, que representa el 15% del PIB, uno de los índices más bajos de América latina (ver cuadro 1).
Este año, las previsiones de crecimiento del PIB son muchísimo menores. Sobre todo, por factores externos. Pero, la pregunta sin fácil respuesta es por qué a un ritmo menor del crecimiento económico se le agrega un crecimiento de los precios. Desde hace años en la Argentina no se oye hablar de la inflación por expectativas. Es preciso aclarar que ese concepto de inflación por expectativas era propio de las etapas de valorización financiera y de mucho peso de la especulación. Pero pese a ello, en estos días se pusieron en juego muchos elementos que resultan indicativos de incertidumbre y especulación. El retiro sostenido de los plazos fijos en dólares por parte de los ahorristas impacta sobre los dólares que salen del circuito legal y van al colchón. Según datos del Banco Central, a fines de 2011 había casi 15 mil millones de depósitos en dólares y ahora hay 10 mil. Es preciso destacar (ver cuadro 2) que la “pesificación” no es algo repentino ni surgido artificialmente: en estos años crecieron en forma sustantiva los depósitos en pesos y disminuyeron notablemente los depósitos en dólares. Hasta ahora se cumplió realmente que mantener plazos fijos en dólares o dejarlos en el colchón no resultó rentable en términos financieros.
No faltan los especialistas –o analistas financieros– que asocian estos retiros con “los traumas de la salida de la Convertibilidad”. Otros dicen, sencillamente, que se trata de una visión cortoplacista: sacar dólares que en el mercado oficial valen 4,50 pesos para ver si los pueden vender en el ilegal o paralelo a cerca de 5,70 pesos. Hay que subrayar algo: los controles del Central pueden llegar a detectar el paso del circuito legal a uno que no lo es. Sin embargo, acá es preciso ponderar si un cambio cultural de pesos a dólares se debe o se puede hacer con una vara coercitiva o con más y mejor información, con más y mejores alternativas para quienes tienen ahorros y no quieren que se deprecien.
Al respecto, mucho podría hacerse con la comunicación oficial. Por ejemplo, poniendo información en los portales de varias secretarías de Estado o bien promoviendo que los responsables de la banca pública y de los ministerios y secretarías se brinden en los diversos medios de comunicación, no como informantes en off (es decir, con reserva de nombrar la fuente), sino como voceros de información oficial. Es decir, de información pública. En concreto, sobre el dólar, todo indica que el mercado no legal es pequeño y que está bajo control. Pero también es cierto que hasta Brasil está devaluando el real. Más allá de que durante mucho tiempo lo revaluó, en los últimos meses lo depreció. Fue, tanto por la presión de los grandes empresarios paulistas, como por el aumento impresionante del sector financiero por aportes externos a Brasil. Algunos llaman a eso aumento de la inversión externa. Sin embargo, con la intoxicación financiera de Europa y los Estados Unidos, mucho del dinero que llega también puede ser parte de los negocios de bancos que hacen movimientos demasiado tóxicos como para bautizarlos inversiones.
No se puede desconocer que el clima de estos días está alimentado por las grandes operaciones del Grupo Clarín, más que preocupado por el fallo de la Corte que pone fin (el 7 de diciembre próximo) a la multiplicidad de licencias (verbigracia, monopolio puro y duro). Pero también es cierto que hay por lo menos una desaceleración en varios segmentos, que hay todavía algún grado de incertidumbre sobre algunos convenios colectivos de trabajo, y que la mayoría de los que se firmaron están muy por encima del rasero del 18% que el gobierno estimaba para la actualización salarial. Varias cámaras empresarias justifican “la adecuación de los precios” al supuesto impacto del costo laboral. En las grandes industrias y en los productos de origen agropecuario, eso es poco creíble y fácilmente rebatible. Sin embargo, en los sectores de mano de obra intensiva o empresas pequeñas y medianas, la afectación puede existir. Con un agravante: el trabajo no registrado, cuyo aumento es eventual y de difícil seguimiento censal, tiene más incidencia en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, si existen desequilibrios entre salarios, precios y competitividad, es más difícil de evaluarlos en los sectores con alto grado de informalidad. A criterio de quien escribe estas líneas, es mucho más grave la informalidad –o ilegalidad– en la contratación de trabajo que en el mercado de divisas. En este último caso, se trata del color de los papeles, en el anterior se trata de seres humanos que hacen una tarea a cambio de un salario y que tienen derechos consagrados por la Constitución y las leyes.
Un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien ante la presión de los hechos está en la nacionalización del 51% de las acciones de YPF. Al día siguiente de la constitución del directorio, su presidente electo, Miguel Galuccio, dio a conocer los lineamientos de los próximos cinco años. A poco de hacer pública esa estrategia, Galuccio dio los nombres de bancos (extranjeros y muy poderosos) que estarían interesados en asociarse en las inversiones. Para alguna parte de la sociedad podrá resultar chocante que la banca financiera sea socia de la nueva YPF, pero no se financia siempre con lo que se quiere sino con lo que se puede. Y lo bueno es que no se oculte el origen de los posibles socios. Sería extraordinario que tuviéramos un Banco de Desarrollo. Es más, es un buen momento para debatir su importancia, pero, ¿con qué se fondearían los créditos subsidiados y a largo plazo? ¿Está la silenciosa oposición o algunos oficialistas no tan fieles dispuestos a alentar una redistribución de ingresos con impuestos especiales para sectores que tienen rentas extraordinarias y podrían ser la columna vertebral de un banco de fomento? ¿Lo apoyarían para fondear un gran plan de viviendas populares? Es evidente que, por más que el oficialismo evite el tema, el superávit fiscal ya no está en el menú de este año y de los próximos. Habrá que hacer “sintonía fina”, una forma no agresiva para llamar lo poco agradable que es explicitar que no hay fondos de sobra ni mucho menos. Por eso es importante que la readecuación de las tarifas energéticas no quede librada a una demarcación catastral. Hay que tener presente que hasta ahora son muy pocos los usuarios que recibieron las facturas sin los subsidios, pero el impacto del cambio es muy fuerte. No caben dudas de que este año el Estado deberá restringir fuertemente esos subsidios. La manera en que se haga no es menor: tanto por el impacto en el bolsillo como en la manera por la cual cada uno reciba la información –previa– en tiempo y forma. <
Todo indica que el gobierno no va a desdoblar el mercado cambiario por lo cual, es lógico entender el reclamo de algunos exportadores que piden una paridad más competitiva; o sea, los estímulos deberían llegar por vía fiscal o financiera. O sea, reducción de impuestos y, sobre todo, líneas de crédito subsidiadas. Si bien la presidenta dio algunas señales en este sentido y la ministra de Industria dispone de un fondo para créditos pyme, la situación de restricción del dólar parece generar algunas dudas extras respecto de los problemas económicos que implican a todos los argentinos. Es cierto que se han hecho cosas. Concretamente, los créditos del Bicentenario tuvieron plazos y tasas muy generosos. Claro que 2011 no sólo fue un año electoral si no que tuvo un clima económico despejado. En la Argentina y, en general, en el mundo. Además de un crecimiento del 9% del PIB, la inversión sobre el producto llegó al 24%, un nivel histórico. Se daba con un mercado interno potente y un nivel de financiamiento adecuado. El gran problema es que, salvo los créditos otorgados por líneas especiales, la banca privada tiene la mitad de su cartera de créditos destinados al consumo inmediato: automóviles y bienes durables. Bancos con mucha liquidez, sin una normativa estricta (todavía rige la ley de la última dictadura), altísimos costos de intermediación (sobre todo cuando se trata del negocio de las tarjetas de crédito, que les agregan tasas usurarias), dentro de un mercado de préstamos pequeño, que representa el 15% del PIB, uno de los índices más bajos de América latina (ver cuadro 1).
Este año, las previsiones de crecimiento del PIB son muchísimo menores. Sobre todo, por factores externos. Pero, la pregunta sin fácil respuesta es por qué a un ritmo menor del crecimiento económico se le agrega un crecimiento de los precios. Desde hace años en la Argentina no se oye hablar de la inflación por expectativas. Es preciso aclarar que ese concepto de inflación por expectativas era propio de las etapas de valorización financiera y de mucho peso de la especulación. Pero pese a ello, en estos días se pusieron en juego muchos elementos que resultan indicativos de incertidumbre y especulación. El retiro sostenido de los plazos fijos en dólares por parte de los ahorristas impacta sobre los dólares que salen del circuito legal y van al colchón. Según datos del Banco Central, a fines de 2011 había casi 15 mil millones de depósitos en dólares y ahora hay 10 mil. Es preciso destacar (ver cuadro 2) que la “pesificación” no es algo repentino ni surgido artificialmente: en estos años crecieron en forma sustantiva los depósitos en pesos y disminuyeron notablemente los depósitos en dólares. Hasta ahora se cumplió realmente que mantener plazos fijos en dólares o dejarlos en el colchón no resultó rentable en términos financieros.
No faltan los especialistas –o analistas financieros– que asocian estos retiros con “los traumas de la salida de la Convertibilidad”. Otros dicen, sencillamente, que se trata de una visión cortoplacista: sacar dólares que en el mercado oficial valen 4,50 pesos para ver si los pueden vender en el ilegal o paralelo a cerca de 5,70 pesos. Hay que subrayar algo: los controles del Central pueden llegar a detectar el paso del circuito legal a uno que no lo es. Sin embargo, acá es preciso ponderar si un cambio cultural de pesos a dólares se debe o se puede hacer con una vara coercitiva o con más y mejor información, con más y mejores alternativas para quienes tienen ahorros y no quieren que se deprecien.
Al respecto, mucho podría hacerse con la comunicación oficial. Por ejemplo, poniendo información en los portales de varias secretarías de Estado o bien promoviendo que los responsables de la banca pública y de los ministerios y secretarías se brinden en los diversos medios de comunicación, no como informantes en off (es decir, con reserva de nombrar la fuente), sino como voceros de información oficial. Es decir, de información pública. En concreto, sobre el dólar, todo indica que el mercado no legal es pequeño y que está bajo control. Pero también es cierto que hasta Brasil está devaluando el real. Más allá de que durante mucho tiempo lo revaluó, en los últimos meses lo depreció. Fue, tanto por la presión de los grandes empresarios paulistas, como por el aumento impresionante del sector financiero por aportes externos a Brasil. Algunos llaman a eso aumento de la inversión externa. Sin embargo, con la intoxicación financiera de Europa y los Estados Unidos, mucho del dinero que llega también puede ser parte de los negocios de bancos que hacen movimientos demasiado tóxicos como para bautizarlos inversiones.
No se puede desconocer que el clima de estos días está alimentado por las grandes operaciones del Grupo Clarín, más que preocupado por el fallo de la Corte que pone fin (el 7 de diciembre próximo) a la multiplicidad de licencias (verbigracia, monopolio puro y duro). Pero también es cierto que hay por lo menos una desaceleración en varios segmentos, que hay todavía algún grado de incertidumbre sobre algunos convenios colectivos de trabajo, y que la mayoría de los que se firmaron están muy por encima del rasero del 18% que el gobierno estimaba para la actualización salarial. Varias cámaras empresarias justifican “la adecuación de los precios” al supuesto impacto del costo laboral. En las grandes industrias y en los productos de origen agropecuario, eso es poco creíble y fácilmente rebatible. Sin embargo, en los sectores de mano de obra intensiva o empresas pequeñas y medianas, la afectación puede existir. Con un agravante: el trabajo no registrado, cuyo aumento es eventual y de difícil seguimiento censal, tiene más incidencia en las pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, si existen desequilibrios entre salarios, precios y competitividad, es más difícil de evaluarlos en los sectores con alto grado de informalidad. A criterio de quien escribe estas líneas, es mucho más grave la informalidad –o ilegalidad– en la contratación de trabajo que en el mercado de divisas. En este último caso, se trata del color de los papeles, en el anterior se trata de seres humanos que hacen una tarea a cambio de un salario y que tienen derechos consagrados por la Constitución y las leyes.
Un buen ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas bien ante la presión de los hechos está en la nacionalización del 51% de las acciones de YPF. Al día siguiente de la constitución del directorio, su presidente electo, Miguel Galuccio, dio a conocer los lineamientos de los próximos cinco años. A poco de hacer pública esa estrategia, Galuccio dio los nombres de bancos (extranjeros y muy poderosos) que estarían interesados en asociarse en las inversiones. Para alguna parte de la sociedad podrá resultar chocante que la banca financiera sea socia de la nueva YPF, pero no se financia siempre con lo que se quiere sino con lo que se puede. Y lo bueno es que no se oculte el origen de los posibles socios. Sería extraordinario que tuviéramos un Banco de Desarrollo. Es más, es un buen momento para debatir su importancia, pero, ¿con qué se fondearían los créditos subsidiados y a largo plazo? ¿Está la silenciosa oposición o algunos oficialistas no tan fieles dispuestos a alentar una redistribución de ingresos con impuestos especiales para sectores que tienen rentas extraordinarias y podrían ser la columna vertebral de un banco de fomento? ¿Lo apoyarían para fondear un gran plan de viviendas populares? Es evidente que, por más que el oficialismo evite el tema, el superávit fiscal ya no está en el menú de este año y de los próximos. Habrá que hacer “sintonía fina”, una forma no agresiva para llamar lo poco agradable que es explicitar que no hay fondos de sobra ni mucho menos. Por eso es importante que la readecuación de las tarifas energéticas no quede librada a una demarcación catastral. Hay que tener presente que hasta ahora son muy pocos los usuarios que recibieron las facturas sin los subsidios, pero el impacto del cambio es muy fuerte. No caben dudas de que este año el Estado deberá restringir fuertemente esos subsidios. La manera en que se haga no es menor: tanto por el impacto en el bolsillo como en la manera por la cual cada uno reciba la información –previa– en tiempo y forma. <
