La vivienda, de bien de cambio a bien de uso

, es toda una novedad en un país en el que las políticas de vivienda tradicionalmente estuvieron dirigidas a fomentar la oferta y frente a la cual rara vez los futuros habitantes pudieron ejercer el derecho a opinar cómo y dónde querían vivir. En una primera etapa del gobierno –signada por la necesidad de regenerar rápidamente el aparato productivo expandiendo el mercado interno, creando una cantidad significativa de puestos de trabajo con una reducción drástica del desempleo y recuperando el salario de los trabajadores–, la formulación de una agresiva política de construcción de viviendas públicas (casi 900 mil en ocho años) a través de un proceso de toma de decisiones altamente centralizado y a partir de un conjunto de programas muy rígidos en su ejecución, permitieron el acceso a la vivienda largamente relegado de casi 4 millones de personas de los sectores más humildes y la movilización de una industria paralizada.
El sector privado, fundamentalmente el agroexportador, encontró también en la inversión inmobiliaria un canal para encauzar sus excedentes financieros aportando millones de metros cuadrados en todos los centros urbanos y sus periferias, provocando una enorme alza especulativa del valor de la tierra disponible, a la vez que una fragmentación territorial que dificulta a la mayoría de la población el acceso en igualdad de condiciones al “derecho a la ciudad”.
El imposible acceso a la tierra es hoy el mayor obstáculo para seguir implementando políticas públicas que se propongan llegar a los sectores más postergados y aun a las clases medias. La vivienda se ha convertido así en un bien de cambio, en un refugio financiero alejado de todo objetivo social, y para modificar esto –y reconstituirla como bien de uso– se necesitaba de una fuerte acción por parte del Estado Nacional que movilizara a la vez recursos monetarios y físicos. A estos objetivos se dirige el nuevo plan que, según cómo se implemente, presenta la posibilidad de actuar no sólo sobre el aspecto más evidente del déficit habitacional (la necesidad de nuevas unidades) sino sobre el cuantitativamente más importante que es el mejoramiento del parque existente y el hacinamiento y la cohabitación de núcleos familiares.
El accionar sobre esto último permitiría también sortear en una primera etapa la necesidad de dotar de infraestructura a las propiedades fiscales que se pongan a disposición del plan, ya que se accionaría sobre lotes urbanos que ya poseen los servicios necesarios y se encuentran integrados en la trama urbana; es decir que se aprovecharía el hábitat construido densificando y consolidando estructuras físicas y culturales existentes. A la vez, estas operaciones permitirían diversificar la utilización de empresas constructoras de distintos tamaños, especialmente las pequeñas, y lo mismo sucede con la provisión local de materiales.
En cuanto al aprovechamiento de las propiedades estatales a incorporarse sería interesante que las mismas sirvieran de base para el desarrollo de diferentes propuestas de ejecución, integrando a formas cooperativas y organizaciones de la comunidad que permitan avanzar con un criterio de Producción Social del Hábitat, a través de la participación de los destinatarios en las distintas etapas de la planificación y ejecución de las soluciones habitacionales diversificadas por regiones y de acuerdo con las formas culturales que adopta el habitar en nuestro territorio.
Por último es necesario remarcar la recuperación del Banco Hipotecario como partícipe de la gestión de la operatoria, pensando en una posible reconversión del mismo, a futuro, en agente financiero especializado del Estado como lo fuera en otras épocas.