Una docena de pueblos y ciudades del interior cordobés ya tiene normas propias para regular, con más restricciones que las que exige la ley provincial, las pulverizaciones con agroquímicos sobre campos pegados a áreas urbanas. Son 12 sobre 427 municipios y comunas. A la vez, el tema se debate en al menos otra docena de municipios.
Donde no hay ordenanzas, los pueblos y ciudades se deben regir por la ley provincial de agroquímicos 9164, vigente desde 2004, pero que en numerosas localidades no ha alcanzado para evitar los reclamos y denuncias de vecinos afectados por aplicaciones a metros de sus hogares.
La última ciudad en sumar restricciones fue Oliva, qdispuso crear una “zona de resguardo ambiental” de 250 metros de la planta urbana, en la cual no se puede ya fumigar con ningún tipo de producto químico o biológico, a excepción de los “autorizados para la práctica de agricultura orgánica” y a las aplicaciones “que obedezcan a razones de sanidad pública”.
En barrio Ituzaingó Anexo, de Capital, esa restricción surgió por orden judicial.
La ley provincial vigente prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas. Y a las terrestres las restringe parcialmente, estipulando que en los 500 metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos aunque sí otros, considerados por el ente nacional Senasa como de menor riesgo tóxico. Entre esos productos autorizables está el glifosato, el más utilizado en la práctica rural actual.
Para esas pulverizaciones terrestres pegadas a áreas pobladas la ley exige que se cumplan varios requisitos (climáticos, técnicos y de aplicación mediante un profesional autorizado y con maquinarias habilitadas), más un control de la comuna o municipio.
Vecinos de numerosas localidades reclaman que esas exigencias de la ley no siempre son cumplidas y que el control resultaría insuficiente.
La docena. Hasta ahora, han dictado normas propias con mayores restricciones San Francisco, Mendiolaza, Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque, Las Calles, Jesús María, San Marcos Sierras, Anisacate, Oncativo, Estación Juárez Celman, Huinca Renancó y Oliva.
En varias localidades más el tema está en discusión desde hace varios meses. Entre ellas, aparecen General Cabrera, Bell Ville, San Marcos Sud, Leones, Marcos Juárez, Morrison, Ballesteros, Río Cuarto, Morteros y Río Ceballos. En algunas más ese debate es aún incipiente.
Debate legislativo. Mientras, sigue abierto el debate sobre una posible modificación de la ley provincial de agroquímicos. En la Legislatura se presentaron tres proyectos el año pasado para establecer prohibiciones más estrictas de fumigaciones en campos pegados a áreas urbanas y cursos de agua. Pero no fueron tratados.
Las modificaciones propuestas apuntan a crear zonas de resguardo en áreas urbanas donde no se permita ninguna fumigación. Esa distancia difiere según las propuestas entre los 200 y los 1.500 metros.
En este marco, el año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial creó una comisión para evaluar eventuales cambios en la reglamentación existente. Sus conclusiones no fueron hasta ahora difundidas. La postura de la Provincia fue retocar la reglamentación antes que la ley.
La discusión está planteada entre quienes creen que sólo se deben mejorar los controles que impone la ley existente, y los que reclaman cambios con restricciones más marcadas para prevenir riesgos para la salud humana.
Causa “madre”
Al margen del juicio que se desarrolla en Tribunales II, el fiscal Carlos Matheu imputó a dos productores y a un aeroaplicador en la denominada “causa madre” de Ituzaingó. Allí se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en esa zona, que habría causado unas 100 muertes por cáncer. El fiscal ordenó investigar la relación entre los agroquímicos y esas muertes.
Otra causa judicial
El caso de barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba Capital, no es el único con denuncias judiciales por fumigaciones pegadas a áreas urbanas que llegó a la Justicia. Otra causa abierta, en etapa inicial de investigación, está en los Tribunales de Deán Funes. Allí, un productor rural y un aplicador aéreo están imputados, por una denuncia de fumigaciones fuera de ley en Villa de María del Río Seco.
Más información
-La hora del “principio precautorio”
-Para un especialista, es difícil adjudicar las enfermedades a los agroquímicos
Donde no hay ordenanzas, los pueblos y ciudades se deben regir por la ley provincial de agroquímicos 9164, vigente desde 2004, pero que en numerosas localidades no ha alcanzado para evitar los reclamos y denuncias de vecinos afectados por aplicaciones a metros de sus hogares.
La última ciudad en sumar restricciones fue Oliva, qdispuso crear una “zona de resguardo ambiental” de 250 metros de la planta urbana, en la cual no se puede ya fumigar con ningún tipo de producto químico o biológico, a excepción de los “autorizados para la práctica de agricultura orgánica” y a las aplicaciones “que obedezcan a razones de sanidad pública”.
En barrio Ituzaingó Anexo, de Capital, esa restricción surgió por orden judicial.
La ley provincial vigente prohíbe toda fumigación aérea a menos de 1.500 metros de zonas pobladas. Y a las terrestres las restringe parcialmente, estipulando que en los 500 metros vecinos a viviendas no pueden aplicarse algunos productos aunque sí otros, considerados por el ente nacional Senasa como de menor riesgo tóxico. Entre esos productos autorizables está el glifosato, el más utilizado en la práctica rural actual.
Para esas pulverizaciones terrestres pegadas a áreas pobladas la ley exige que se cumplan varios requisitos (climáticos, técnicos y de aplicación mediante un profesional autorizado y con maquinarias habilitadas), más un control de la comuna o municipio.
Vecinos de numerosas localidades reclaman que esas exigencias de la ley no siempre son cumplidas y que el control resultaría insuficiente.
La docena. Hasta ahora, han dictado normas propias con mayores restricciones San Francisco, Mendiolaza, Villa General Belgrano, Villa Ciudad Parque, Las Calles, Jesús María, San Marcos Sierras, Anisacate, Oncativo, Estación Juárez Celman, Huinca Renancó y Oliva.
En varias localidades más el tema está en discusión desde hace varios meses. Entre ellas, aparecen General Cabrera, Bell Ville, San Marcos Sud, Leones, Marcos Juárez, Morrison, Ballesteros, Río Cuarto, Morteros y Río Ceballos. En algunas más ese debate es aún incipiente.
Debate legislativo. Mientras, sigue abierto el debate sobre una posible modificación de la ley provincial de agroquímicos. En la Legislatura se presentaron tres proyectos el año pasado para establecer prohibiciones más estrictas de fumigaciones en campos pegados a áreas urbanas y cursos de agua. Pero no fueron tratados.
Las modificaciones propuestas apuntan a crear zonas de resguardo en áreas urbanas donde no se permita ninguna fumigación. Esa distancia difiere según las propuestas entre los 200 y los 1.500 metros.
En este marco, el año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería provincial creó una comisión para evaluar eventuales cambios en la reglamentación existente. Sus conclusiones no fueron hasta ahora difundidas. La postura de la Provincia fue retocar la reglamentación antes que la ley.
La discusión está planteada entre quienes creen que sólo se deben mejorar los controles que impone la ley existente, y los que reclaman cambios con restricciones más marcadas para prevenir riesgos para la salud humana.
Causa “madre”
Al margen del juicio que se desarrolla en Tribunales II, el fiscal Carlos Matheu imputó a dos productores y a un aeroaplicador en la denominada “causa madre” de Ituzaingó. Allí se investigan eventuales responsabilidades por la contaminación en esa zona, que habría causado unas 100 muertes por cáncer. El fiscal ordenó investigar la relación entre los agroquímicos y esas muertes.
Otra causa judicial
El caso de barrio Ituzaingó Anexo, de Córdoba Capital, no es el único con denuncias judiciales por fumigaciones pegadas a áreas urbanas que llegó a la Justicia. Otra causa abierta, en etapa inicial de investigación, está en los Tribunales de Deán Funes. Allí, un productor rural y un aplicador aéreo están imputados, por una denuncia de fumigaciones fuera de ley en Villa de María del Río Seco.
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